La Europa que no quisieron: mineros y metalúrgicos franceses contra el Plan Schuman (1950-1954)

Por Boris Differ

Mucho antes de que la Unión Europea se contara a sí misma como una fábula de paz perpetua, hubo quien la vio nacer y no le gustó lo que vio. Esta es esa historia, reconstruida desde los archivos sindicales franceses: la de los mineros y los metalúrgicos que se opusieron, fábrica por fábrica, a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y al rearme alemán que traía debajo del brazo.

El 9 de mayo de 1950, en el Quai d’Orsay, el ministro de Asuntos Exteriores francés Robert Schuman anunció al mundo un «pool del carbón y el acero» entre Francia y Alemania Occidental. La fecha no era inocente: el 9 de mayo es el Día de la Victoria que celebran soviéticos y aliados del Este; en Francia, la victoria sobre el nazismo se festeja el 8, una fecha tan disputada que los sucesivos gobiernos intentaron suprimirla entre 1953 y 1975, hasta que François Mitterrand la restableció en 1981. Elegir el día siguiente para lanzar el proyecto que acabaría siendo la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) fue, como mínimo, un gesto. La historia oficial lo recuerda como el acta de nacimiento de Europa: la Declaración Schuman, primer paso de una unificación continental «por etapas». Lo que casi nadie cuenta es que, mientras los diplomáticos brindaban, cientos de miles de mineros y metalúrgicos franceses ya habían decidido que aquello tenía gato encerrado.

No exageraban. Robert Schuman —como Jean Monnet, como Léon Blum— tenía una relación estrecha y bien documentada con Washington: perteneció al Comité Estadounidense para la Unificación de Europa (ACUE), fundado por William Donovan y Allen Dulles, hermano menor de John Foster Dulles, director de la recién creada CIA. Hasta 1953, la ACUE financió hasta la mitad de su presupuesto a través de fundaciones como la Ford o la Rockefeller, un hecho documentado por el especialista británico en relaciones internacionales Scott Lucas¹. Schuman no era una excepción. El historiador estadounidense Richard Kuisel, estudiando al equipo que diseñó el plan de modernización francesa, fue todavía más lejos: su principal asesor externo era Robert Nathan, antiguo presidente del comité de planificación de la Oficina de Producción de Guerra en Washington, y Monnet, escribió Kuisel, «actuaba de hecho como si se hubiera autoproclamado representante de la política económica estadounidense»². La construcción europea, contada así, deja de ser un mito fundacional inmaculado y empieza a parecer lo que fue para buena parte del movimiento obrero de la época: la marca de fábrica del Plan Marshall, con sello de garantía anticomunista incluido.

El memorándum que nadie cita

La reacción sindical fue casi inmediata. La Federación Nacional de Trabajadores del Subsuelo (FNTSS) y la Federación de Trabajadores de la Metalurgia (FTM), ambas afiliadas a la CGT y, a través de ella, a la Federación Sindical Mundial, redactaron un memorándum conjunto que hablaba en nombre de 1.200.000 afiliados. El texto no se andaba con rodeos:

«Los mineros y los metalúrgicos aman la paz y odian la guerra. Desde hace más de un siglo lo han demostrado con sus luchas … Empezaron a creer en una paz justa y duradera cuando, en Potsdam, retomando los acuerdos de Yalta, los dirigentes de los gobiernos aliados sentaron sus bases… que ustedes violan hoy. El plan del señor Schuman es la antítesis de los acuerdos de Yalta y Potsdam y, por ello, supone un paso más en la preparación de una nueva guerra mundial»³.

La acusación de «violación de Potsdam» no era retórica suelta: los sindicalistas señalaban en concreto el incumplimiento de las cláusulas de desnazificación y de desconcentración económica de la industria alemana pactadas por los aliados en 1945, cláusulas que el propio Plan Schuman, al legitimar la reconstrucción de los grandes consorcios del Ruhr, contribuía a enterrar.

Detrás de la retórica de guerra fría había, además, un argumento económico de una precisión casi quirúrgica. Alemania Occidental, rica en carbón bueno para los altos hornos pero pobre en mineral de hierro, había codiciado durante generaciones las riquezas francesas —«esta codicia fue una de las causas de las dos últimas guerras», sostenía el memorándum⁴— y ahora el pool del carbón y el acero volvía a poner esa codicia sobre la mesa, esta vez con sello de legalidad internacional. Las minas francesas, argumentaban, no podían competir en igualdad de condiciones con las de la cuenca del Ruhr, de modo que la futura Alta Autoridad se vería obligada a exigir su cierre. Cuando redactaron el memorándum, el proceso ya estaba en marcha: 60 minas cerradas, 60.000 mineros fuera de producción, 250 despidos siderúrgicos en Homécourt y 120 más en Neuves-Maisons⁵. Solo las cuencas del Norte y el Este, dominadas por los grandes grupos Wendel y Schneider, saldrían beneficiadas de la fusión industrial; el resto del país, auguraban, asistiría a una desindustrialización en toda regla. No estaban prediciendo el futuro: estaban describiendo lo que ya tenían delante de los ojos.

El memorándum cerraba con un llamamiento que desbordaba lo estrictamente gremial: movilizar no solo a mineros y metalúrgicos, sino a campesinos, comerciantes y clases medias. La ambición era mayor que el sector, y así se organizó. Entre julio y agosto de 1950, la oficina federal de la FTM impulsó una serie de conferencias regionales por toda Francia, con resultados muy desiguales: éxito notable en el Loira, el Ródano y la región Centro —donde la movilización sumó a veteranos de guerra, concejales y hasta diputados de partidos oficialmente favorables a la CECA, como la SFIO o el MRP—, y fracaso casi total en Mosela, Meurthe-et-Moselle, el Norte y Le Creusot, donde la represión patronal frenó buena parte de la agitación sindical⁶. El objetivo declarado, según las propias notas de la federación, era «impulsar la lucha por los salarios, que siguen siendo muy bajos», y enlazarla con el rechazo al proyecto de nivelación salarial a la baja que traía la CECA⁷.

Esas conferencias regionales desembocaron en asambleas nacionales celebradas en septiembre de 1950, y apenas una semana después, entre el 22 y el 24 de ese mes, en la Conferencia Internacional de París: 442 delegados e invitados, 50 oyentes y ocho periodistas de medios tan distintos como Le Monde, L’Humanité, Libération o Associated Press⁸. La oposición a la CECA, en otras palabras, nunca fue un asunto exclusivamente francés ni exclusivamente comunista: fue, desde el primer día, una respuesta obrera a escala europea —con delegaciones de Bélgica, Italia, el Sarre, Alemania Occidental, Luxemburgo y Gran Bretaña, incluido un representante de los metalúrgicos de Berlín— frente a un proyecto diseñado en clave atlántica.

Del papel a la ley: la ratificación (1951-1953)

Nada de esto impidió que el Tratado de París se firmara en abril de 1951, bajo presión estadounidense según las propias fuentes sindicales, ni que la Asamblea Nacional lo ratificara tras un debate parlamentario que se prolongó del 6 al 13 de diciembre de ese año. El resultado —377 votos a favor y 233 en contra— decía mucho de la falta de consenso real que los defensores del proyecto, dentro del propio Gobierno de Bidault, hubiesen preferido ocultar⁹. La puesta en marcha efectiva de la CECA, de hecho, se retrasó hasta mayo de 1952: no solo por la resistencia obrera, sino porque la propia cámara sindical de la siderurgia francesa libró, «en vano», su propia batalla contra el tratado entre septiembre de 1951 y abril de 1952, hasta quedar aislada dentro de la patronal¹⁰. La UIMM, núcleo duro del sindicato empresarial, terminó aceptando el acuerdo a cambio de una conversión de créditos a medio plazo en créditos a treinta años, con el interés rebajado del 7 % al 4,5 %¹¹. La CECA no entró en vigor por convicción generalizada de nadie: entró en vigor porque, entre concesiones financieras y presión política, Washington y París tenían prisa.

Si se quiere entender por qué los mineros franceses desconfiaban tanto de la «reindustrialización pacífica» de Alemania, basta con mirar el caso de Alfried Krupp. Condenado en 1948 a doce años de prisión por su papel en el régimen hitleriano, fue puesto en libertad el 4 de febrero de 1951, apenas tres años después, tras una carta de clemencia que el canciller Konrad Adenauer envió el 5 de diciembre de 1950 a John McCloy, alto comisionado estadounidense en una Alemania Occidental todavía ocupada. McCloy, que necesitaba acero alemán para sostener el esfuerzo de guerra en Corea, había levantado ya el tope de producción siderúrgica a 11 millones de toneladas. Según el historiador William L. Shirer, a Krupp se le devolvió su fortuna personal —diez millones de dólares de la época— y a cada uno de sus cuatro hermanos y a su sobrino, diez millones de marcos en efectivo o en acciones¹². En 1953, en pleno rearme alemán, Krupp recuperó el control completo del grupo; en 1963 era ya el industrial más poderoso del mercado común europeo. Cuando, en diciembre de 1959, la empresa aceptó por fin indemnizar a las víctimas de trabajo forzado, el acuerdo ascendió a 2,5 millones de dólares —el 0,2 % de la fortuna familiar—, unos 500 dólares por superviviente, y alcanzó a apenas 5.000 de las 300.000 víctimas registradas. La CECA no solo levantó los límites a la producción de acero alemán: ayudó a reciclar, con notable celeridad, a quienes la habían sostenido antes de 1945. El caso francés, con la formación de los grandes grupos Usinor y Sidélor por iniciativa del propio Estado, seguía —según denunciaban los sindicalistas de la FTM— la misma lógica de cartelización, aunque con otro nombre.

Los números detrás del acero

Las primeras consecuencias económicas y sociales de la aplicación de la CECA, según fuentes sindicales, no tardaron en confirmar el memorándum de 1950: más de 77 minas cerradas, unos 69.000 mineros despedidos, más de 13.000 trasladados a otras regiones, 11 altos hornos apagados y 153 fábricas siderúrgicas amenazadas de cierre parcial o total. Las quiebras de empresas pasaron de una media de 67 al mes a más de 527 entre 1949 y 1950¹³. El movimiento obrero, ante esa realidad, concentró buena parte de su energía en la defensa de las indemnizaciones para despedidos y trasladados, y en huelgas defensivas destinadas a impedir la venta anticipada de maquinaria antes del cierre definitivo de las plantas.

El fenómeno no era exclusivamente francés. En 1952, Italia y Alemania Occidental registraban 1.994.000 y 1.240.000 desempleados respectivamente, y Francia sumaba 389.157 desempleados en julio de ese año¹⁴. La lucha de los trabajadores italianos, documentan los archivos de la FTM, logró en algunos casos revertir cierres de fábricas y mantener la actividad productiva, frente a una Alta Autoridad acusada de emitir decretos de cierre «para favorecer a los konzern alemanes»¹⁵. Detrás de cada cifra de desempleo había, en los boletines sindicales de la época, una misma acusación: que la supuesta neutralidad técnica de la Alta Autoridad escondía una transferencia deliberada de capacidad industrial hacia Alemania.

De la CECA a la CED: cuando el rearme alemán se disfrazó de ejército europeo

El fracaso relativo de frenar la CECA no apagó la movilización; la reorientó hacia un frente todavía más explosivo. Ya en agosto de 1950, Winston Churchill había propuesto ante el Consejo de Europa la creación de un «ejército europeo unificado», idea que Washington respaldó a partir de septiembre y que Jean Monnet reformuló en una propuesta de síntesis. Harry Truman condicionó el envío de tropas estadounidenses al rearme de la RFA, en abierta contravención de los acuerdos de Potsdam. Así nació el proyecto de la Comunidad Europea de Defensa (CED): una condición impuesta por la administración Truman-Acheson para que Alemania Occidental se rearmara e integrara oficialmente el bloque atlántico. Para un país invadido por la Wehrmacht apenas diez años antes, la propuesta de rearmar a Alemania —aunque fuera bajo un paraguas nominalmente «europeo»— tocaba una fibra que trascendía con mucho la política sindical. En Francia se formó un frente contra la CED que unió, por primera vez desde la Liberación, a comunistas y gaullistas.

Los archivos de la FTM documentan con detalle esa segunda ola de movilización: la reunión de las fábricas del trust Sidélor en Homécourt, en octubre de 1953; la conferencia de Saint-Étienne, en febrero de 1954; una segunda Conferencia Nacional de la Siderurgia en Nancy, el 20 de marzo de 1954, que reclamaba «intensificar los preparativos de la huelga» de 24 horas junto a trabajadores de todos los gremios¹⁶. Según cifras del propio sindicato, la huelga de enero de 1954 fue histórica: cerca de once millones de huelguistas en toda Francia. Junto a las Conferencias Regionales y los Comités de Defensa de las Fábricas ya existentes, los metalúrgicos propusieron una nueva estructura, los Comités de Unidad de Acción, «que actuarán de forma conjunta en defensa de nuestras reivindicaciones y por el pleno empleo»¹⁷, aunque los propios archivos reconocen que nunca quedó del todo claro en qué se diferenciaban de las estructuras anteriores.

En junio de 1954, una conferencia sindical europea reunida en Berlín —iniciativa de la Federación Sindical Mundial, y por tanto más amplia que el bloque comunitario— denunciaba el fondo económico del asunto con una franqueza que hoy sorprende por su literalidad:

«La Guerra de Corea… provocó un auge de la siderurgia europea; las exportaciones de productos siderúrgicos franceses a Estados Unidos se multiplicaron por 13, mientras que las importaciones lo hicieron por 4. Es más, estas exportaciones a América son claramente más rentables que las producciones destinadas al mercado nacional, cuyos precios están controlados por los poderes públicos, e incluso más que las destinadas al mercado europeo, sujeto a las regulaciones de la CECA»¹⁸.

Guerra y negocio, en la posguerra europea, nunca estuvieron demasiado lejos el uno del otro. El mismo informe documentaba el aumento de los presupuestos militares entre 1951 y 1953 —de 268 a 450 millones de dólares en Bélgica, de 2.517 a 4.086 millones en Francia, de 731 a 815 millones en Italia, de 279 a 417 millones en los Países Bajos¹⁹— y advertía de que la creación de un mercado común, al suprimir aranceles y con ellos ingresos fiscales, terminaría trasladando el coste del rearme a los impuestos de los propios trabajadores. Un número especial de la revista Le Métallurgiste, publicado en mayo de 1954, iba más lejos y denunciaba una cláusula secreta del Tratado de París que otorgaba a Alemania el 34 % de los votos ponderados en la CED, frente al 27,3 % de Italia y el 23,1 % de Francia, suficiente para bloquear por sí sola cualquier decisión que requiriera mayoría de dos tercios²⁰. La denuncia sindical, leída siete décadas después, no era antieuropeísta: era antimilitarista y anticartel, y apuntaba con bastante puntería a quién se beneficiaba de cada nueva escalada.

La victoria que duró tres meses

El 30 de agosto de 1954, la Asamblea Nacional francesa rechazó por fin la CED. Fue, según el historiador Tony Judt, uno de los mayores fracasos de la construcción europea hasta el referéndum de 2005 sobre la Constitución Europea²¹. El rechazo, matiza el propio Judt, no se debió únicamente al pacifismo obrero: también pesó el temor de buena parte de la industria francesa a una reactivación demasiado brusca de la economía alemana, tal y como documenta el sociólogo Jacques Vernant²². Fue, en todo caso, una victoria compartida por comunistas, gaullistas y sindicalistas que durante cuatro años habían coincidido —desde motivaciones muy distintas— en un mismo rechazo.

La victoria duró poco. Estados Unidos convocó de inmediato una nueva ronda de negociaciones que desembocó en los Acuerdos de París de octubre de 1954 y en la creación de la Unión Europea Occidental (UEO), que amplió el Tratado de Bruselas a Alemania Occidental e Italia y entró en vigor el 6 de mayo de 1955. El rearme alemán, frenado por la puerta principal de la CED, entró por la ventana de la OTAN, donde —recuerda la especialista en derecho internacional Amélie Zima— no existe obligación de debate público ni de votación parlamentaria: el secreto es, de hecho, la práctica habitual de la institución²³. Robert Marjolin, uno de los colaboradores más cercanos de Jean Monnet, lo resumió sin adornos en sus memorias: «La incapacidad de Europa para unirse es consecuencia de una decisión tomada implícitamente por los europeos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial: la de confiar su defensa a los estadounidenses»²⁴. Setenta años después, con la guerra otra vez en el continente, la frase no ha envejecido mal.

Lo que queda cuando se apaga el alto horno

La historiografía de la construcción europea se ha escrito, mayoritariamente, desde el punto de vista de los diplomáticos y los tratados: una línea recta, sin fricciones ni contradicciones, hacia la Unión que hoy conocemos. Los archivos sindicales de la FTM y la FNTSS cuentan otra cosa: la de un movimiento obrero —con el minero y el metalúrgico como figuras centrales de la clase trabajadora francesa de posguerra, según describe el historiador Gérard Noiriel²⁵— que retrasó, cuestionó y, en el caso concreto de la CED, derrotó, aunque fuera temporalmente, un proyecto que sus impulsores presentaban como inevitable. Que las élites capitalistas, bajo presión de Washington, tuvieran que reinventar una y otra vez los envoltorios de su proyecto —CECA, CED, UEO— no fue casualidad ni cortesía: fue, en buena medida, el precio de una resistencia sostenida en fábricas y minas, no negociada en ministerios. Es posible, de hecho, que el mayor éxito del movimiento de oposición obrera haya sido precisamente ese: sentar las bases de un rechazo popular y democrático al proyecto europeísta, una marca de nacimiento de la que la construcción europea no se ha desprendido del todo hasta hoy.

Hay, además, una genealogía incómoda que este archivo permite entrever. Desde el coloquio Walter Lippmann, celebrado en París en 1938, los liberales de la escuela austriaca —derrotados ideológicamente por la crisis de 1929— reconstruyeron su doctrina bajo el nombre de «neoliberalismo»: un Estado que interviene no para reactivar la economía a la manera keynesiana, sino para despejarle el camino a las fuerzas del mercado, como explica la historiadora María Romero en su estudio sobre los orígenes de esa escuela²⁶. La prioridad de los liberales austriacos era la lucha contra el marxismo y, en menor medida, contra el propio keynesianismo, con el que no siempre entraban en contradicción total. Richard Kuisel describe la Francia de comienzos de los años cincuenta como el laboratorio de esa síntesis:

«Tras la Segunda Guerra Mundial, resultó evidente para casi todo el mundo que Gran Bretaña, Italia, Alemania Occidental, Estados Unidos y Francia se habían embarcado en una u otra forma de capitalismo dirigido … Lo que surgió en Francia a principios de los años cincuenta fue una nueva síntesis de estos elementos, que habría que definir como una economía política neoliberal … A ojos de los neoliberales, los años cincuenta se presentaban como un duelo entre la modernización y el maltusianismo, entre la expansión y las situaciones parasitarias adquiridas»²⁷.

El viejo liberalismo del siglo XIX quedó liquidado, y las soluciones más radicales —socialistas, comunistas— fueron descartadas en favor de una mezcla de intervencionismo, keynesianismo moderado y reactivación del mercado capitalista: un auténtico capitalismo de Estado, construido con o sin el visto bueno de las fuerzas sindicales, y a menudo también en contra de la propia patronal tradicional, pese a las reivindicaciones de una «economía concertada» que defendían altos funcionarios como François Bloch-Lainé o Pierre Mendès France. «La planificación francesa adquirió un carácter neoliberal más que socializador o sindicalista», resume Kuisel²⁸. Una tendencia que la ampliación de la construcción europea, mucho más allá del carbón y del acero, no ha hecho sino reforzar en las siete décadas siguientes. Resulta difícil ignorar, incluso hoy, el papel que jugó la influencia estadounidense —y en particular los préstamos en dólares— en el lanzamiento de ese proyecto, tanto en su dimensión económica como en la política. Los mineros y los metalúrgicos de 1950 lo vieron venir antes que nadie. Que la historia oficial rara vez se acuerde de ellos no los hace menos acertados.

Notas

1. Scott Lucas, Freedom’s War. The American Crusade Against the Soviet Union, 1945-56, Manchester UP, 1999, p. 112; Stephen Dorril, MI6. Inside the Covert World of Her Majesty’s Secret Intelligence Service, The Free Press, 2000, pp. 464-467.
2. Richard F. Kuisel, El capitalismo y el Estado en Francia. Modernización y dirigismo en el siglo XX, Gallimard, 1984, pp. 380-385.
3. Memorándum FTM-FNTSS-CGT, n.º 446, Archivos del IHS-FTM, Montreuil.
4. Ídem, p. 3.
5. Ídem, pp. 3-4.
6. Reuniones regionales, archivo n.º 749, IHS-FTM, Montreuil.
7. Ibídem.
8. Conferencia Internacional de 1950, archivo n.º 749, IHS-FTM, Montreuil, pp. 24-28.
9. Boletín Oficial de la República Francesa, debates parlamentarios, 7-13 de diciembre de 1951, pp. 10-11.
10. Philippe Mioche, «La financiación pública de la siderurgia», en El capitalismo francés en los siglos XIX y XX, Fayard, 1987, p. 91.
11. Ibíd., p. 92.
12. William L. Shirer, El Tercer Reich, Éditions du Stock, 2007 (1.ª ed. 1963), p. 978.
13. Primeras consecuencias del Plan Schuman, archivo n.º 749, IHS-FTM, Montreuil.
14. Giuseppe Bertola y Pietro Garibaldi, «The Structure and History of Italian Unemployment», SSRN Electronic Journal, 2003, p. 3; Karl-Heinz Paqué, «Unemployment in West Germany», Kiel Working Paper n.º 407, 1990, p. 5.
15. La lucha de los trabajadores italianos contra el Plan Schuman, archivo n.º 2131, IHS-FTM, Montreuil.
16. Conferencia Nacional de la Siderurgia, 1954, archivo n.º 2131, IHS-FTM, Montreuil, p. 11.
17. Ídem, pp. 4-5.
18. Conferencia sindical europea, 1954, archivo n.º 2131, IHS-FTM, Montreuil, p. 22; cifras corroboradas en Philippe Mioche, op. cit., p. 262.
19. Ídem, pp. 26-27.
20. La Guía del metalúrgico, n.º 5 especial, 1954, archivo n.º 446, IHS-CGT, Montreuil, p. 3.
21. Tony Judt, La posguerra: Una historia de Europa desde 1945, Grand Pluriel, 2005, pp. 293-294.
22. Jacques Vernant, La Querelle de la C.E.D., Armand Colin, 1956.
23. Amélie Zima, La OTAN, Que sais-je?, 2021, pp. 31-42.
24. Robert Marjolin, El trabajo de toda una vida, Robert Laffont, 1986.
25. Gérard Noiriel, Los obreros en la sociedad francesa, siglos XIX-XX, Le Seuil, 1986, pp. 204-210.
26. María Romero, Los orígenes del neoliberalismo en México. La escuela austriaca, Fondo de Cultura Económica, 2016, pp. 15-54.
27. Richard F. Kuisel, op. cit., pp. 409-412.
28. Ibíd., p. 406.

Este artículo se basa en fondos del Instituto de Historia Social (IHS-CGT / IHS-FTM), Montreuil, y en la bibliografía histórica citada en nota.