“En Guaynabo los pobres no tienen cabida”: a su suerte las comunidades especiales de Guaynabo
Las comunidades especiales de Guaynabo que desde 2007 dan una batalla legal en los tribunales para defender los derechos y responsabilidades que adquirieron al ser denominadas especiales por el estado, acaban de ser traicionadas por la Oficina de Comunidades Especiales (OCE), en una acción que podría tener peligrosos resultados para el resto de las comunidades especiales del país.
La ahora denominada Oficina para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión (OFSA) ganó la primera batalla legal para defender la denominación de “comunidad especial” de los bolsillos de pobreza guaynabeños ubicados en Vietnam, Corea, Camarones, Jerusalen, Sabana y Los Filtros. Era parte demandada junto a las comunidades por parte del Municipio de Guaynabo y su alcalde Héctor Oneill, que ahora, representado por el Bufete Reichard y Escalera, impugnó en el Tribunal de Apelaciones la resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
Pero la OFSA ha cambiado su posición ante la apelación del municipio. La nueva postura de los abogados del Departamento de Justicia, que representan a la OFSA, pone en riesgo la sentencia favorable a las comunidades obtenida en el caso anteriormente. Las comunidades son representadas en el pleito por Servicios Legales de Puerto Rico.
El Municipio alegó en su demanda que la OCE nunca le consultó cuando se hizo la designación de las Comunidades Especiales de Guaynabo, pero el Estado y la OCE siempre fueron firmes en su postura de que el Alcalde sí fue consultado, al igual que planteó Servicios Legales a nombre de las comunidades. Ahora, el Departamento de Justicia cambió su postura y alega que no hubo prueba de esa consulta, y más que eso, establece que tiene que ser una “consulta sustancial”, término nuevo que traen en su alegato a nombre de la OCE y que no existe en la Ley núm. #1.
Antes, la OCE, a través de los abogados del Departamento de Justicia, alegó que el Municipio de Guaynabo no tenía “standing” para demandar porque realmente no sufrió daño alguno con la designación que se hizo de las Comunidades Especiales de Guaynabo. Ahora, la OFSA dice en su alegato que esa postura fue un error y que el Municipio sí tiene derecho a que se le escuche en un nuevo proceso en el Tribunal para que demuestre su evidencia. Es decir, la nueva postura defiende la intención del Alcalde de volver a plantear cuestiones ya resueltas a favor de las comunidades.
El Departamento de Justicia cambió su postura y alega que no hubo prueba de esa consulta, y más que eso, establece que tiene que ser una “consulta sustancial”, término nuevo que traen en su alegato a nombre de la OCE y que no existe en la Ley núm. #1.
De hecho, la OCE, a través de los abogados del Departamento de Justicia, alegó que el Municipio de Guaynabo no tenía “standing” para demandar porque realmente no sufrió daño alguno con la designación que se hizo de las Comunidades Especiales de Guaynabo. Ahora, la OFSA se allana y dice en su alegato que esa postura fue un error y que el Municipio sí tiene derecho a que se le escuche en un nuevo proceso en el Tribunal para que demuestre su evidencia. Es decir, la nueva postura defiende la intención del Alcalde de volver a plantear cuestiones ya resueltas a favor de las comunidades.
La Lcda. Hadassa Santini, de Servicios Legales de Puerto Rico, explicó que: “El Departamento de Justicia defendió la ley y ganó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Como el municipio perdió, radicó una apelación. Recibimos el alegato del Departamento de Justicia la semana pasada diciendo todo lo contrario a su posición original y apoyando al Municipio de Guaynabo y pidiendo que se devuelva el caso al Tribunal de Primera Instancia. Al Departamento de Justicia y a la OCE les correspondía defender la ley. Se cambió de lado la Oficina. Es una tremenda sorpresa e improcedente en derecho”. Los abogados de Servicios Legales ya rindieron un informe al Tribunal donde detallan toda la evidencia a su favor en un documento de más de mil páginas.
“Ahora la OCE dice que lo que diga el Alcalde en cuanto a la designación de las comunidades especiales en su Municipio es un aspecto fundamental alegando la importancia que tiene la Ley de Municipios Autónomos y dando a entender que está por encima de la Ley de Comunidades Especiales. Anteriormente la OCE dijo lo contrario y defendió la Ley Num. 1,” manifestó Santini.
El líder comunitario Jorge Oyola, de Los Filtros, dijo que: “En Guaynabo los pobres no tienen cabida. El verdadero issue es expropiar. Lo que está detrás de todo esto es la ley 232 de expropiaciones. Lo esperábamos, sabíamos que no se iba a quedar de brazos cruzados porque no ha tenido eco en la legislatura (para eliminar la ley 1 y la 232). Era predecible. El tribunal le dio todas las oportunidades para demostrar su caso. El bufete Reichard y Escalera le factura millones y eso le conviene. Es un juego político. Detrás de todo esto lo que está buscando el alcalde es robarle sus terrenos a las personas. Es un capricho personal de este señor que están pagando los contribuyentes de Guaynabo. Dios quiera y nunca tenga que pelear por un techito”.
En cuanto a la acción de la agencia, cuyo deber ministerial es hacer cumplir la Ley 1 de 2001, Oyola expresó: “¿Cuándo es que la OCE va a asumir su rol de defender a las comunidades especiales? Nos choca porque la actual administración de la oficina está, en la prédica, a favor de las comunidades especiales, pero no en la práctica. La investigación que se está llevando a cabo en la legislatura busca desacreditar y debilitar el programa, y la OCE está cooperando con eso. Es inexistente la OCE, pero aunque no la defienda, la ley está ahí. Ahora el gobierno es parte de los intentos del municipio. El mal no está en las comunidades, sino en el mismo sistema”.
Mientras, el nuevo Coordinador General de la OFSA, Giovanni Ojeda, nombrado desde agosto de 2010, ha citado una reunión el próximo 25 de abril, a las 5:30 pm, donde según dijo a los líderes, informará y responderá sus interrogantes.
Por su parte, la lideresa comunitaria del Barrio Vietnam, Mía Torres, confirmó que estarán compartiendo la información con el liderato para fijar un curso de acción. “Estamos trabajando en una ronda de reuniones para hablar sobre esto en nuestras comunidades. Vamos a ir a los medios de comunicación a informar sobre esta situación”.