Amnistía Internacional: Informe Anual 2012
En el 2011, los hechos han demostrado que es posible un cambio global real en términos de los derechos humanos, concluye el Informe Anual 2012, sobre el estado de los derechos humanos en Puerto Rico y en el mundo, presentado esta semana por Amnistía Internacional. Un número sin precedentes de personas en todo el mundo han rechazado el miedo y se han levantado para exigir sus derechos, a veces en medio de palizas, balas, tanques y tortura. De acuerdo con Pedro Santiago, Director Ejecutivo de la Sección de Puerto Rico de Amnistía Internacional, “se trata de una extraordinaria oportunidad para un cambio fundamental en materia de derechos humanos, aunque también asistimos a un fracaso en el liderazgo de todo el mundo, con respuestas indiferentes, violentas y a veces letales”.
Las acciones internacionales para establecer la justicia y la seguridad han sido inadecuadas y el sistema internacional de gobernanza ha carecido de rendición de cuentas y ha estado plagado de dobles raseros, estrechos intereses e hipocresía, dijo Santiago. El informe presenta varios ejemplos, como el de la autorización por Estados Unidos y Rusia del suministro de municiones, armamentos militares y armas policiales a Bahréin, Egipto, Libia, Siria y Yemen durante los años de represión brutal que propiciaron los levantamientos recientes. La falta de liderazgo se pone de relieve también en la inacción de los gobiernos a la hora de regular grandes empresas, especialmente aquellas que obtienen beneficios a costa de las comunidades locales. Desde Shell, en el delta Niger, hasta Bhopal, India, los gobiernos no garantizan que, como mínimo, los agentes empresariales respeten los derechos humanos.
Por su parte, Osvaldo Burgos, Presidente de la Sección, manifestó que “una prueba de fuego para que los gobiernos muestren su voluntad de rechazar la injusticia será el apoyo a la adopción de un tratado internacional sobre el comercio de armas, cuando la ONU se reúna en julio”. Un tratado sólido impedirá la transferencia internacional de todo tipo de armas, a países donde exista riesgo de que se utilicen para cometer violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, explicaron. También exigiría que los gobiernos lleven a cabo una evaluación rigurosa del riesgo para los derechos humanos antes de expedir licencias de exportación de armas.
El gran reto durante el 2011 ha sido defender la libertad de expresión y a los defensores y activistas de los derechos humanos. El informe documenta restricciones a la libertad de expresión en al menos 93 países, incluyendo Puerto Rico. En países como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, México y Venezuela, activistas de los derechos humanos, testigos de abusos, periodistas, abogados y jueces recibieron amenazas, y en algunos casos, perdieron la vida a causa de la labor que llevaban a cabo. También otros países como España, Estados Unidos, Chile y Puerto Rico han utilizado la fuerza, y leyes restrictivas para limitar la libertad de expresión. «Por otro lado, hemos observado también, un dramático aumento de la participación de la gente en los movimientos sociales y las plataformas de comunicación», comentaron.
Estados Unidos
«Nos preocupa que a pesar de que el Presidente Obama había prometido el cierre de Guantánamo para el 2010, en el 2012 se conmemoró su 10mo aniversario. Todavía esta cárcel alberga a más de 170 personas sin que se le hayan radicado cargos reconocibles, 12 de estas personas están desde el 2002. Además, se reactivaron las comisiones militares para enjuiciar a seis sospechosos del 9/11. Ya el gobierno de los Estados Unidos anuncio su intención de solicitar para ellos la pena de muerte,» dijo Pedro Santiago. Añadió que “el gobierno de Obama tampoco ha garantizado que las personas responsables de abusos contra los derechos humanos, incluidas la tortura y la desaparición forzada, que tuvieron lugar en el contexto de Guantánamo y la Guerra Contra el Terror, respondan ante la justicia”. En cuanto a la pena de muerte, mientras el mundo se mueve a la abolición de la misma, Estados Unidos se mantiene como el cuarto país con mas ejecuciones a nivel mundial.
Puerto Rico
Santiago y Burgos hicieron referencia a un informe del Departamento de Justicia Federal que realizó varios señalamientos sobre la policía de Puerto Rico, entre ellos intentos de limitar la libertad de expresión, uso excesivo de la fuerza, disparos injustificados teniendo como resultados numerosas heridas y muertes, y registros y confiscaciones ilegales. El informe también habló de discrimen contra la comunidad dominicana e indicios preocupantes de falta de protocolos adecuados para atender incidentes de agresión sexual y violencia familiar. «El 2011 fue el año en la historia de Puerto Rico con la mayor cantidad de asesinatos de mujeres, muchas de ellas víctimas de violencia de pareja. Como hemos visto recientemente, el acoso continuado de la comunidad LGBTTQI en Puerto Rico es un tema que igualmente debe ser atendido con seriedad. Este mismo informe también documenta un patrón de agresiones policiales contra manifestantes no violentos y periodistas concebidas para reprimir el derecho de expresión garantizado por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos», explicaron.
Otro aspecto preocupante planteado fue la consulta que propone la enmienda constitucional para limitar la fianza. El derecho a la fianza está fundamentado en el derecho constitucional a la presunción de inocencia del ciudadano y el habeas corpus. «Implicar eliminarlos va en detrimento de la responsabilidad del Estado en garantizar la justicia, afectando potencialmente a toda la ciudadanía. Cualquier enmienda a la Constitución debe ir dirigida a ampliar derechos y a reivindicarlos, hacer lo contrario constituiría un retroceso a la lucha por el respeto de los derechos. Recalcamos que la participación democrática no se limita a ir a las urnas a votar en una consulta, sino que requiere participación en toda la discusión previa a la consulta», dijeron.
Por último, los representantes de la Sección de Puerto Rico explicaron que junto con la Coalición Contra la Pena de Muerte han tenido que redoblar los esfuerzos en el 2011 para lograr que Puerto Rico siga siendo un país libre de Pena de Muerte. La eliminación de la orden ejecutiva que conservaba la jurisdicción en los casos que pudieran ser certificados para pena de muerte y el aumento de casos que pueden ser considerados federales, en la práctica ha aumentado la posibilidad para que se den casos de pena de muerte en la Isla.