Análisis de género al plan del Partido Nuevo Progresista

Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora Publicado: 4 de noviembre de 2016

santiago salvador ascui

El Plan para Puerto Rico del Partido Nuevo Progresista (PNP) reconoce el valor para la sociedad de la protección de los derechos humanos, así como el respeto a la diversidad de ideas, razas y convicciones como principio básico del pueblo puertorriqueño. Se compromete también con una política pública de cero discrimen por razón de sexo, orientación sexual, identidad de género, ser víctima de violencia doméstica, agresión, agresión sexual o acecho, entre otras condiciones y estatus sociales. Incorpora, además, medidas para promover la equidad de género en la educación y para lidiar con la violencia doméstica. Resulta preocupante, sin embargo, que, pese a estas expresiones, el programa del PNP carece de una perspectiva de género abarcadora y participa de una interpretación distorsionada de este enfoque que resulta en promover visiones limitadas y contradictorias que implican incluso retrocesos en cuanto a los derechos de las mujeres, la equidad de género y los derechos sexuales.

El programa no aborda las condiciones de subordinación y las particularidades que subyacen la desigualdad de género y cómo estas inequidades atraviesan las más diversas estructuras e instituciones sociales. A pesar de reconocer que han sido las mujeres quienes han asumido la mayor carga en la crisis que aqueja a nuestro país, el programa no discute, por ejemplo, las condiciones que resultan en que el empobrecimiento sea mayormente femenino; el impacto particular sobre las mujeres de la pérdida de empleos y la migración que afecta a nuestra población; o que estas son la mayoría en el proceso de envejecimiento, entre otras tendencias observadas en nuestro país. Tampoco aborda la necesidad de redefiniciones sociales de género para romper con la estereotipación como masculinas de industrias de tecnología más avanzada y la agricultura, así como de una educación con mayor énfasis en ciencias, matemáticas y tecnología, que se sugieren como estrategias de desarrollo económico, de manera que estas se abran más a las mujeres.

La sección dirigida específicamente al compromiso con la mujer incluye una amplia gama de conjuntos y sectores con diversos requerimientos para un reclamo de equidad e inclusión. A las mujeres se les tiende a identificar junto a otros conjuntos que en diversos puntos del texto se definen como “vulnerables”, con su connotación de debilidad, como los niños, adultos mayores, personas con impedimentos. Otros conjuntos incluidos son la población inmigrante o la LGBTT, las poblaciones de los residenciales públicos y bajo pobreza, las personas confinadas, y personas veteranas del ejército. Como entidades para lidiar con estas poblaciones se incluyen también en esta parte al Tercer Sector y los proyectos de desarrollo comunitario, pero, además se destaca a las Comunidades de base de fe.

Sin negar el derecho a la práctica religiosa en nuestra sociedad, el énfasis en las comunidades de base de fe preocupa, sobre todo cuando el programa parte de la premisa de que “la actual administración ha implantado prácticas y políticas públicas que amenazan y/o coartan la libertad de practicar la religión de preferencia de los ciudadanos”. Se hace eco así de las posturas de los grupos religiosos más conservadores que, utilizando su poder de convocatoria, se oponen a medidas estatales que han establecido una mayor diversidad, pluralidad y autonomía en las identidades de género y orientaciones sexuales. Se trata de grupos que han pretendido imponer las visiones de género y de la sexualidad más tradicionales a través del argumento de que sus posturas representan definiciones de “la naturaleza”, o las creencias que definen a la sociedad puertorriqueña. Ahora, de manera acomodaticia y distorsionada, sugieren por otro lado, que el respeto a la diversidad en las definiciones de género en la sociedad coarta su libertad, cuando, en efecto, la separación de Iglesia y Estado supone que las medidas estatales no pueden interferir con la expresión de sus creencias en el ámbito religioso.

El programa del PNP presenta en este sentido una postura contradictoria con relación a la perspectiva de género. En diversos puntos el plan se compromete a promover la equidad entre los géneros, la equidad de género en la educación y a la eliminación del vocabulario discriminatorio, así como a la implantación de la Ley 108 del 2006 dirigida a establecer un currículo de equidad de género y prevención de la violencia doméstica. Se comprometen, en particular, a poner en vigor un plan de Escuelas Co-educativas, dirigido a que el material escolar se encuentre libre de estereotipos y se promueva la equidad entre los géneros. Estos compromisos resultan ambivalentes, sin embargo, cuando en el mismo plan se plantea derogar la Carta Circular #19 2014-2015, precisamente dirigida a establecer las medidas concretas para que el currículo incorpore la equidad entre los géneros. Fundamenta esta derogación en el argumento de que la educación sexual debe ser responsabilidad de los padres y libre de intromisiones indebidas por el Gobierno, cuando en el documento en ningún punto se alude a la sexualidad. Comparte así la distorsión en la concepción de la perspectiva de género difundida por los grupos conservadores, que la vincula principalmente con las prácticas y orientaciones sexuales, además de amenazar de manera infundada con que esta niega la libertad de creencias en el ámbito privado.

El plan propone, así mismo, eliminar el inciso en la Carta Circular #16 2015-2016 que permite a los estudiantes vestir de acuerdo a su identidad de género, para que estos vistan el uniforme “que le corresponde conforme a su sexo”. Se pretende de este modo imponer las visiones más estereotipadas y rígidas de lo masculino y femenino. El programa manifiesta la misma visión contradictoria en cuanto a la equidad, con relación a la comunidad LGBTT, cuando expresa que sus creencias conllevan restringir la definición de matrimonio a la relación entre un hombre y una mujer, para luego indicar que velarán por la legislación protectora de derechos vigente para esta comunidad (que actualmente incluye el matrimonio entre personas del mismo sexo).

Las medidas dirigidas específicamente a las mujeres se refieren mayormente a la violencia doméstica, sin duda una manifestación crítica y quizás la más evidente, de la situación de subordinación en que todavía nos encontramos. El plan recoge medidas importantes y positivas -gran parte ya de alguna manera en vigor- para reforzar la protección y paliar la situación de las víctimas/sobrevivientes. Podemos resumirlas, por ejemplo, en el patrullaje preventivo a sus hogares; asistencia en el pago de su renta; ampliar los servicios de intercesoría, de personal de apoyo, y de lugares de refugio; órdenes de protección de emergencia; asegurar la protección de la ubicación de la víctima y la respuesta rápida en casos en que el agresor viole la distancia que le fuera impuesta; mayor integración interagencial de los servicios; apoyo a la familia; presencia compulsoria del ministerio público en la determinación de causa probable para juicio, y programas de rehabilitación para los agresores supervisados por el tribunal. Son menos, sin embargo, las medidas dirigidas a la prevención, como los módulos del proyecto “Noviazgo libre de violencia”, en cuya discusión, de hecho, no se alude a la inequidad de género que se encuentra en la raíz de la violencia hacia las mujeres.

Medidas en cuanto a otros asuntos también resultan limitadas. No se asume, por ejemplo, un enfoque integral para lidiar con las restricciones que la desigualdad social impone a las mujeres, y en particular a las jefas de familia, para una incorporación más plena al empresarismo o al mercado laboral. La única mención de la situación particular de las jefas de familia se hace en la propuesta de un Maletín Empresarial para la Mujer, que, sin detallarlos, ofrece una serie de incentivos para insertar a mujeres emprendedoras en el campo de la tecnología y la innovación. Para las trabajadoras, se plantea velar por el cumplimiento más efectivo de las leyes que establecen igual paga por igual trabajo, pero ignora otras formas en que se mantiene la desigualdad en los ingresos por trabajo. El reclamo de equidad tendría que incluir la redefinición en términos de género y la mayor apertura a las mujeres de los puestos de mayor rango y remuneración, usualmente estereotipadas como masculinas- así como la redefinición y equidad de género de las disciplinas educativas que dirigen a estas posiciones, incluyendo la ciencia, las matemáticas y la tecnología, resaltadas en el programa. Tendría que incluir además, la paga equitativa que mejore las condiciones de trabajo y salariales de ocupaciones definidas como “femeninas”, como el magisterio o la enfermería, y que tienden a recibir paga inferior a trabajos comparables en los que se concentran más hombres.

Así mismo, el programa resulta insuficiente en sus medidas dirigidas al apoyo y redistribución de las labores de cuido y responsabilidades domésticas. Es positivo que propone incentivar a través de beneficios los centros de cuido en instituciones privadas. No obstante, se limita a proponer la observación de las leyes con relación a la lactancia, en lugar de ampliar el periodo dispuesto para ello, así como el cumplimiento con las leyes de licencia por maternidad, en lugar de extenderla a las 14 semanas sugeridas por la Organización Internacional del Trabajo. Tampoco incluye otras responsabilidades familiares como, por ejemplo, el cuido de personas viejas. Sin una perspectiva de género clara, por otro lado, estas medidas no cuestionan la división de funciones por género establecida y mantienen la definición de las mujeres como cuidadoras, al ignorar, entre otras disposiciones posibles, el promover las licencias por paternidad o familiares para los hombres.

Por último, parece interesante que el Programa proponga la creación de un Concilio de Mujeres como cuerpo multisectorial auxiliar y de apoyo encargado de promover la participación equitativa de las mujeres y de velar por el cumplimiento de las políticas públicas e iniciativas a favor de estas. La medida nos plantea interrogantes en cuanto a lo que sería la relación de este grupo con la Procuraduría de las Mujeres. En todo caso, ambos organismos tendrían que estar abiertos a los insumos de las organizaciones y personas defensoras de los derechos de las mujeres en nuestra sociedad, para ampliar la perspectiva de género y las propuestas elaboradas en el Plan para Puerto Rico del PNP.

*Este texto es parte del más reciente número de Mujeres en Marcha, una publicación de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT) sobre los programas de los partidos y su abordaje al tema de género, las mujeres y otros temas relacionados.

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