Comunidades contra los desalojos
Convocados por la Coalición Cero Desalojos, Capítulo de Puerto Rico, los residentes de comunidades pobres caminaron desde la Plaza Colón hasta La Fortaleza. “Denunciamos las violaciones de Derechos Humanos en los procesos de desplazamiento y hacemos un llamado a que cesen los desalojos. Ahora más que nunca defenderemos nuestro derecho a la vivienda, a ser tratados con dignidad y a participar en el desarrollo de nuestras comunidades,” dijo Mirta Colón, portavoz de la Coalición Cero Desalojos.
Representantes de comunidades como Los Filtros, Las Gladiolas, Río Piedras, Mainé, La Boca, La Perla, Manuel A. Pérez, comunidades de Utuado, Arecibo y Adjuntas amenazadas por el gasoducto, y las comunidades del G8 fueron algunas de las comunidades que se dieron cita al evento, que se realiza por tercer año consecutivo, y aprovecharon para denunciar que existe en el país una ley para conmemorar el Día Internacional contra la Pobreza, pero nunca se ha puesto en vigencia. Firmada el 22 de marzo de 2003, la Ley Núm. 87 fue una iniciativa del representante Carlos “Charlie” Hernández y designa a la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socio-Económico y la Autogestión como la agencia encargada de su implantación, promoción y celebración.
Mirta Colón explicó que la comunidad de Mainé ha sido ejemplo de tenacidad y lucha ya que desde el año 2002 miembros de la misma se opusieron a la expropiación por parte del Municipio de Guaynabo. Las tierras de la comunidad tienen un altísimo valor económico por su céntrica localización, junto al Expreso Martínez Nadal, la Avenida Las Cumbres y el Centro de Bellas Artes de Guaynabo. Miembros de dicha comunidad enfrentaron un doloroso proceso en los tribunales. Finalmente el Tribunal Supremo de Puerto Rico falló en su contra en diciembre de 2010. En el espacio que ocupaba la comunidad queda una sola familia. El resto de las familias que lucharon sus casos en los tribunales fueron desalojadas en estas pasadas semanas. Nos solidarizamos con su dolor en estos momentos. Mainé es símbolo de lucha para todas las comunidades amenazadas de desalojos en Puerto Rico. Es una de las comunidades a las cuales se le dedicó la marcha.
La Perla enfrenta su más fuerte amenaza de desalojo luego de una redada en la que fue arrestado el líder de la comunidad y fueron confiscadas alrededor de cincuenta casas por el gobierno federal. Planes de desarrollo representan un peligro para la existencia de la comunidad. La Perla es otra de las comunidades a las cuales se le dedicó la marcha.
Miembros de La Boca, en Barceloneta, están pasando por unos procesos de expropiación en los tribunales iniciados por el alcalde, Sol Luis Fontanes Olivo, quien quiere imponer un proyecto de desarrollo que haría desaparecer a la comunidad. Sin haber obtenido ningún tipo de permiso el alcalde demolió varias residencias y una pescadería de la comunidad. La marcha también se le dedicó a La Boca por la lucha y compromiso de sus miembros para evitar el desalojo.
Teresa Vélez, representante del Comité del Norte contra el Gasoducto, que reúne comunidades de la zona de Vega Baja, Barceloneta y Manatí, expresó que: “Hay residentes recibiendo cartas de expropiación de sus hogares. El gobierno ha estado engañando a esos residentes indicando que entran para otros asuntos. Nos hemos unido a la Coalición porque entendemos que tenemos una lucha común. Vamos a estar en pie de lucha”. Ya se han presentado demandas de expropiación contra comunidades en Utuado y Vega Baja sin que el proyecto tenga todos los permisos necesarios para su construcción.
Un estudio preliminar presentado el pasado año por la Coalición Cero Desalojos, Amnistía Internacional y Prensa Comunitaria demuestra que un alto número de comunidades pobres, principalmente las denominadas Comunidades Especiales, se encuentran actualmente en grave peligro. Esta cifra aumentará dramáticamente de continuar los planes gubernamentales para construir un gasoducto que afectaría a unas 48 comunidades adicionales, según la Declaración de Impacto Ambiental provista por el gobierno, explicó Yamil Corvalán, coordinador del estudio. La investigación reafirma que generalmente los más que sufren procesos de desalojo son los pobres y marginados, vulnerables económica y socialmente, especialmente las mujeres, personas de edad avanzada y niños.
El año anterior la comunidad de Villas del Sol vio recompensada su tenacidad y lucha en contra de su desalojo con acuerdos que garantizan una vivienda digna para los miembros de dicha comunidad y su participación en los planes de desarrollo de sus nuevas viviendas. Este año miembros de la comunidad de Las Gladiolas, tras una ardua lucha tanto dentro como fuera de los tribunales, lograron garantizar su regreso al nuevo complejo que se construirá en los terrenos de la comunidad y su participación en los planes de desarrollo del mismo. Experiencias como las anteriores demuestran que las comunidades amenazadas de desalojo en nuestro país no permitirán que se les arrebaten sus espacios y se destruyan los lazos de apoyo y solidaridad desarrollados a través de tantos años. Seguirán en pie de lucha con el reclamo de que no se dé ni un solo desalojo más en Puerto Rico.