Las áreas rojas son los municipios donde hay comunidades que serían impactadas por el gasoducto. Las áreas verde claro, son áreas que están en riesgo o han sido desalojadas.
Un estudio preliminar presentado el pasado año por la Coalición Cero Desalojos, Amnistía Internacional y Prensa Comunitaria demuestra que a pesar de las protecciones legales que deben impedir los desalojos de comunidades pobres en Puerto Rico, un alto número de éstas, principalmente las denominadas Comunidades Especiales, se encuentran actualmente en grave peligro. Esta cifra aumentará dramáticamente de continuar los planes gubernamentales para construir un gasoducto que afectaría a unas 48 comunidades adicionales, según la Declaración de Impacto Ambiental provista por el gobierno, explicó Yamil Corvalán, coordinador del estudio.
Teresa Vélez, representante del Comité del Norte contra el Gasoducto, que reúne comunidades de la zona de Vega Baja, Vega Alta y Manatí, expresó que: “Estamos orientando a esas comunidades que desconocen que el gasoducto será su nuevo vecino. Hay residentes recibiendo cartas de expropiación de sus hogares y otros casos en que funcionarios han estado entrando a sus propiedades, roto verjas. El gobierno ha estado engañando a esos residentes indicando que entran para otros asuntos. Nos hemos unido a la Coalición porque entendemos que tenemos una lucha común. Vamos a estar en pie de lucha”.
Vélez añadió que “si ven los mapas ven que no van a impactar urbanizaciones de gente pudiente. Sabemos que desviaron la ruta para no afectar una finca de los Fonalledas”. Se refirió a una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que confirmó que una de las alteraciones que sufrió la ruta del gasoducto temprano en el juego se debió a la solicitud directa de las Empresas Fonalledas que entendían que la tubería pasaba demasiado cerca del predio vegalteño en el que intentan desarrollar el megaproyecto Monte Rey.
Además de Fonalledas, el desarrollador Cleofe Rubí también obtuvo un desvío de ruta para que no se afectara un proyecto suyo en Dorado. Por lo menos un tercer desarrollador, que la fuente del CPI en la AEE no identificó, también obtuvo una desviación para proteger un proyecto.
Jorge Oyola, de la Comunidad Los Filtros en Guaynabo, manifestó que: “Es lamentable y vergonzoso que sean los pobres los que sigan pagando el supuesto progreso del país. Siempre somos los sacrificados. El mensaje que le queremos dar al gobernador es que estamos en época eleccionaria, y ya el tiempo de amarrar los perros con longaniza se acabó. El movimiento comunitario está cansado de que se sigan haciendo proyectos en contra de su derecho a la vivienda, a su dignidad. No se puede seguir sacrificando a los pobres. Si tenemos que hacer desobediencia civil no lo vamos a pensar dos veces”.
Una conclusión del informe preliminar de la Coalición Cero Desalojos, Amnistía Internacional y Prensa Comunitaria, es que los desalojos de comunidades se llevan a cabo en todos los casos por parte del Estado, generalmente justificando construcciones, proyectos de desarrollo e infraestructura, industriales y energéticos a gran escala, construcción de viviendas, actividades de reacondicionamiento urbano y ornato municipal, programas de reubicación, por ejemplo, a causa de proyectos de reconstrucción post-desastres naturales. También reafirma que generalmente los más que sufren procesos de desalojo son los pobres y marginados, vulnerables económica y socialmente, especialmente las mujeres, personas de edad avanzada y niños.
Representantes de las comunidades Los Filtros, Las Gladiolas, Mainé, Barrio Bocas, Río Piedras y las comunidades del G8 dijeron que de esta forma compartirán estrategias de lucha y educación ante esta violación de los derechos humanos. “Si el gobierno lograra dar paso al gasoducto estaríamos hablando de un desalojo masivo,” aseguró Colón.
Papo Christian, líder del residencial Manuel A. Pérez, anunció su respaldo a la marcha. “Los que vivimos en el caserío Manuela Pérez somos el resultado de los desalojos en las comunidades como El Monte y Tokío. Estamos también en contra del gasoducto. Los pobres son un buen negocio para los ricos y para los políticos. Aquí unos deciden por otros y siempre deciden los que tienen el poder económico. La costura se le ve. Aquí hay un crimen contra los pobres”.
“Nos reuniremos a la 1 de la tarde en la Plaza Colón del Viejo San Juan y marcharemos hacia La Fortaleza. Allí cada comunidad presentará su testimonio para denunciar las violaciones de Derechos Humanos en los procesos de desplazamiento y se hará un llamado a que cesen los desalojos. Ahora más que nunca defenderemos nuestro derecho a la vivienda, a ser tratados con dignidad y a participar en el desarrollo de nuestras comunidades,” dijo Colón.
La Marcha Cero Desalojos se celebra por tercer año consecutivo en coincidencia con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora al día siguiente, el 17 de octubre.
