Protesta contra el gasoducto. Foto por Prensa Comunitaria
Decenas de residentes de las comunidades de Utuado, Adjuntas y Arecibo están a la expectativa de que el Juez Ángel Pagán Ocasio, del Tribunal Superior de San Juan, sala 904, escuche sus testimonios en relación al propuesto gasoducto como parte de una demanda que radicaron contra el gobernador, Luis Fortuño, la Autoridad de Energía Eléctrica, (AEE), la Junta de Calidad Ambiental(JCA) y Junta de Planificación (JP). La cita será este lunes, 8 de noviembre a las 10:00 am.
Gustavo Casalduc, presidente del Comité Utuadeño en Contra del Gasoducto, manifestó que: “Los procesos de notificación para las familias que van a ser expropiadas, se están llevando a cabo de una manera intimidante, los residentes se sienten hostigados constantemente por funcionarios de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la compañía privada”. New Star Inc. es la compañía privada que está encargada de los procesos de notificación a los residentes de los hogares que delimita la tubería del gasoducto.
Los vecinos y organizaciones que conforman la demanda radicada el pasado 26 de octubre, entre los que figuran Barrio Arenas, Barrio Río Abajo, Pueblo, Colinas de San Andrés, Urbanización Carresa, Sector Alturas, Portugués y Salto Abajo, están representados legalmente por Servicios Legales de Puerto Rico y la Sección Ambiental de Clínica Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico. Los entes han radicado una sentencia declaratoria, interdicto preliminar y permanente y un mandamus.
La directora de la región de Utuado de Servicios Legales de Puerto Rico, Lic. Yolanda Bonilla, explicó que: “En el interdicto estamos solicitando que se establezca que este proceso no cae dentro del decreto de la situación de emergencia declarada por el gobernador; el gasoducto no va a estar listo en 6 meses. Basados en esa orden (de emergencia) se está haciendo todo de forma expedita y no les permite a nuestros clientes protegerse y oponerse a este proceso, no se les da la oportunidad de cuestionar, participar, llevar prueba. Todo eso que se llama debido proceso de ley se violenta al hacer este proceso tan rápido. Ya están comenzando a hacer procesos de expropiaciones. Ellos no tienen la aprobación para estar realizando procesos”.
El abogado Pedro Sadeé Lloréns, de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, se refirió por su parte a la Ley num. 82, llamada Ley de Política Pública de Diversificación Energética por Medio de la Energía Renovable Sostenible y Alterna de Puerto Rico. En su exposición de motivos, la ley establece que parte de la crisis económica del país se debe al alto costo del petróleo. El licenciado asegura que esta ley, y otras medidas de ley propuestas por la administración de turno como la 1575 (que elimina el requisito de consulta a las comunidades especiales cuando se vaya expropiar terrenos y vivienda, por parte de un municipio), violan los derechos de los ciudadanos. Como ejemplo de los derechos que se afectan, mencionó la sección 7 de nuestra Constitución, que se refiere al derecho a la vida, la libertad y el disfrute de la propiedad y la sección 9, que se refiere a la justa compensación por la propiedad privada. Otro atropello que mencionó Sadeé es la obstrucción en los procesos de consulta y de vistas públicas que se han dado como consecuencia del propuesto gasoducto.
¿Llegarán al banco de los testigos las comunidades?
La primera vista de este caso estaba pautada para este jueves, 4 de noviembre, pero fue pospuesta por acuerdo entre las partes.
“Anticipamos que el estado traiga argumentaciones para desestimar el caso. Ya nos estamos preparando para estos argumentos y para oponernos a la desestimación y que el juez nos permita entrar en los méritos del caso, pasar prueba sobre las reclamaciones de nuestros clientes. Ellos como demandantes tienen que estar en la sala. De pasar la prueba evidenciaria, se tienen que sentar a testificar. Tienen que explicar su experiencia, legitimar su participación en la demanda,” mencionó Bonilla.
Los abogados aseguraron que irán preparados para que el caso se vea en su fondo. “Si se desestima, se recurre al Tribunal Apelativo. Tal vez algunos pueden pensar que esto es una causa perdida, pero tenemos que utilizar los mecanismos que nos da la ley para que nadie diga que la lucha no se dio. Por el lado legal lo estamos haciendo porque estas personas nos pidieron esto, pero estamos claros en que ellos tienen que mover la opinión pública y el activismo comunitario. No pueden bajar la guardia, cívicamente, con actividades concertadas, como comunidad”.
Cómo se articula la participación
Una vez se anunció el proyecto del gasoducto, no hubo una actividad fuerte en contra del proceso, con excepción de la voz fuerte de la organización Casa Pueblo en Adjuntas. “Hasta que finalmente sale la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) y la gente comienza a ver los mapas y a ser hostigada por la entrada de los funcionarios a sus casas, a medir terrenos, etcétera. Luego comienzan a organizarse y a comunicarse. Se hicieron reuniones de comunidad, se les ofreció orientación, y ellos entendieron que necesitaban ayuda profesional y solicitaron formalmente nuestros servicios. Al ver en los medios que se radico la demanda, más gente se unió,” explicó Bonilla.
Por su parte, Yanina Moreno, portavoz del Frente Amplio en Contra del Gasoducto, organización que logró articular una fuerte oposición a la construcción del gasoducto en la costa sur del país y logró su paralización, dice: “Todos los frentes de lucha son válidos, máxime cuando es la seguridad de familias, la protección del medio ambiente y la protección de nuestros derechos y toma de decisión que nos confiere la constitución de nuestro país”.
Este sábado, 6 de noviembre a las 10:00 am en los municipios de Morovis, Manatí y Toa Baja, se efectuará por parte de la Junta de Planificación una Pre-Consulta de Ubicación para el proyecto Vía Verde, como un proyecto de interés público según se lee en el aviso público.
Mariela M. Rivera Pérez colaboró también en la redacción de este texto.
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