Descriminalización de las drogas: nueva ola de viejas propuestas
La mayoría de las propuestas recientes para atender la alta incidencia de crímenes violentos promueven la limitación de nuestros derechos democráticos. Así resurge la idea de eliminar el derecho a quedar en libertad bajo fianza, rechazada ampliamente por el país en más de una ocasión. Insisten en crear nuevos delitos y aumentar las penas, han propuesto de nuevo activar a la guardia nacional y aumentar la vigilancia y la represión en los residenciales, barrios y urbanizaciones populares. Igual que en el pasado, el gobierno vuelve a responsabilizar a la juventud y la música que escuchan, los bailes, a los inmigrantes, los derechos como la fianza y la asistencia económica y la pérdida de los valores religiosos como los causantes de la violencia criminal. Pero las verdaderas causas de la violencia y la criminalidad tienen raíces profundas en la pobreza y la desigualdad producto del capitalismo y el colonialismo.
Hace mucho que en Puerto Rico se vienen adoptando distintas políticas de mano dura, de ley y orden. Los partidos que se han alternado en el gobierno han ocupado los residenciales públicos con la policía y la guardia nacional, han establecido toques de queda, han promovido la censura de la música urbana, han permitido juzgar a niños como adultos, han establecido códigos de orden público, han aumentado las penas de cárcel y han aumentado la vigilancia con el uso de tecnología. Ninguna de estas medidas, por sí solas o en su conjunto, ha logrado disminuir, mucho menos resolver, el problema de violencia que enfrentamos.
Una guerra perdida
La mayoría de los asesinatos y homicidios en Puerto Rico están relacionados a la ilegalidad de las drogas: la violencia que genera el tráfico de drogas es producto de su ilegalidad. Pueden identificarse por lo menos tres instancias en las cuales se producen muertes relacionadas al tráfico de drogas ilegales.[3] La primera instancia es por el control de los centros de distribución al detal conocidos como puntos. El segundo escenario en el que se producen es por el cobro de deudas y el tercero, es para silenciar a los “chotas”. Según el Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas del Departamento de Justicia de Estados Unidos el uso de la violencia está muy generalizado entre los distribuidores al detal en Puerto Rico quienes utilizan habitualmente la intimidación y la violencia, incluyendo asesinatos, para obtener y retener el control de los mercados de distribución al detal de drogas ilegales. Según su análisis del mercado, la violencia de los narcotraficantes en la región se ha vuelto indiscriminada, poniendo en peligro las vidas de los vecinos de los barrios y residenciales públicos. El documento señala que según la DEA cuando se desarticulan las grandes organizaciones que controlan el tráfico de drogas ilegales se desatan guerras violentas entre organizaciones más pequeñas que luchan entre sí para ganar el control de esos puntos, aumentando así los niveles de violencia en Puerto Rico.[4]
Al enfocarse en reducir la oferta de drogas en el mercado, este modelo provoca las acciones que busca prevenir. La ofensiva contra los traficantes en la guerra contra las drogas y la incautación de grandes cargamentos de cocaína o heroína puede reducir la oferta disponible en la calle, lo que a su vez, sube los precios y desencadena guerras por el control de la distribución. La ocupación de los puntos de drogas en las zonas metropolitanas por la policía y la guardia nacional en la década de 1990, suscitó el establecimiento de puntos de drogas en los pueblos del interior del país. Luego de la retirada de la policía y la guardia nacional de los puntos metropolitanos, el negocio se restableció en estos lugares sin abandonar los nuevos mercados conquistados. El narcotráfico es una actividad económica como otra cualquiera, por eso, como consecuencia del aumento en la oferta, los precios de las drogas disminuyeron. Este fue el preámbulo de la proliferación de asesinatos en lugares donde hasta entonces no ocurrían.[5] Hoy día es imposible negar que la guerra contra las drogas se perdió hace mucho tiempo. El marco prohibicionista propicia la corrupción, tanto en el sector público —funcionarios en posiciones claves—, como en el sector privado con el lavado de dinero. Según la DEA las organizaciones de narcotráfico lavan las ganancias de las drogas ilícitas en Puerto Rico utilizando instituciones financieras, como bancos y remitentes de dinero.[6]
El narcotráfico tiene su origen en la ilegalidad de las drogas y encuentra su base productiva en la desigualdad social producto de los conflictos de clase. La falta de oportunidades para los jóvenes, el desempleo, la inseguridad laboral con jornadas parciales y empleos temporeros, el precario salario mínimo y la pobreza, hacen que el trasiego de drogas se presente como una alternativa real para satisfacer las necesidades materiales de numerosas familias que han vivido marginadas por mucho tiempo. Esto se agrava por una escala de valores distorsionada por el consumo desenfrenado impulsado por el flujo constante de nuevos productos.[7]
Alternativas
Para reducir aceleradamente los asesinatos y los niveles de violencia en Puerto Rico es necesaria la legalización de la marihuana y la descriminalización de todas las sustancias controladas junto a alternativas viables de prevención, reducción de riesgos, tratamiento y rehabilitación. La descriminalización no es una idea nueva. Algunos países han puesto en vigor políticas de descriminalización desde principios de la década de 1970 y otros, nunca han criminalizado su consumo o posesión. Sin embargo, en años recientes, una nueva ola de países se ha encaminado hacia el modelo de descriminalización, sugiriendo que existe un creciente reconocimiento de los fracasos del enfoque prohibicionista. Los modelos de descriminalización varían: algunos países han adoptado un modelo de jure, es decir, definido por la legislación mientras que otros, han reducido la prioridad de la vigilancia y el encausamiento por la posesión de drogas, descriminalizando de facto.[8]
Portugal despenalizó la posesión para uso personal de todas las drogas en 2001. Esto quiere decir que si bien la posesión para uso personal ya no es un delito, sigue siendo una violación administrativa que se penaliza con multas o trabajo comunitario. Portugal complementó su política de despenalización con la asignación de mayores recursos para ampliar y mejorar sus programas de prevención, reducción de riesgos y daños, tratamiento y de reinserción social. La introducción de estas medidas coincidió con una expansión del estado de bienestar portugués, que incluía un ingreso mínimo garantizado. Aunque la despenalización jugó un papel importante, es probable que los resultados positivos que lograron no hubiesen sido posibles sin las reformas sociales y de salud adoptadas.[9]
Para atacar efectivamente la criminalidad y la violencia es necesario atacar la exclusión social, combatir la pobreza y crear oportunidades dignas de trabajo. Existe una relación estrecha entre el desempleo, la violencia y la criminalidad.[10] Descriminalizar es una tarea impostergable si queremos reducir dramáticamente el problema de violencia que enfrentamos. Debemos promover y apoyar los programas y las estrategias para reducir riesgos y daños, así como tratar el uso, abuso y trasiego de drogas como problemas de salud mental y social y no como problemas morales de índole criminal. La sociedad sana, igualitaria, justa y democrática a la que aspiramos exige que la reparación y la reconciliación, en lugar de la agresión y la retribución, sean las bases del sistema de justicia penal, que en lugar de mano dura, nos brinde, en palabras de Fernando Picó, “la mano blanda que se le extiende al amigo, la mano tierna con que se acaricia a la persona amada, la mano ágil del artista, la mano capaz del obrero y del oficinista.”[11]
[1] Ya en el año 1973 los homicidios violentos alcanzaron la tasa de 15 por cada 100 mil habitantes, eso es casi tres veces la tasa del mundo para el año 2015 según el Banco Mundial. En ese año la tasa de homicidios violentos en Puerto Rico alcanzó 19 por cada 100 mil habitantes, en EE.UU. fue de 5 por cada 100 mil. https://datos.bancomundial.org/indicador/vc.ihr.psrc.p5?end=2016&start=1995&view=chart
[2] Christian Parenti, Lockdown America, Verso, Londres (2000)
[3] Ver U.S. Department of Justice National Drug Intelligence Center, Drug Market Analysis 2011 https://www.justice.gov/archive/ndic/dmas/PR-VI_DMA-2011(U).pdf
[4] “Violence is widespread among the many retail-level drug distributors in the region. In Puerto Rico, […] traffickers routinely use intimidation and violence—including murder—to gain and retain control of the retail drug markets. Violence by drug traffickers in the region has become indiscriminate, endangering the lives of public housing residents and innocent bystanders. For example, instead of single acts of violence targeting specific traffickers, numerous […] traffickers now fire their weapons simultaneously at other traffickers with little regard for collateral damage. The first instance of this type of violence, the “Tombola Massacre,” occurred in October 2009[.]” https://www.justice.gov/archive/ndic/dmas/PR-VI_DMA-2011(U).pdf
[5] Esto puede observarse en los mapas del Boletín Social, Criminalidad en Puerto Rico: Serie Histórica 1900 al 2009 publicado por la Junta de Planificación en este enlace: http://gis.jp.pr.gov/Externo_Econ/Publicaciones%20Sociales/Boletin/2010.10-Boletin_Social-Criminalidad_en_Puerto_Rico_Serie_Historica_1900_al_2009_(Oct-2010).pdf
[6] Ver U.S. Department of Justice National Drug Intelligence Center, Drug Market Analysis 2011, enlace en la nota número 2.
[7] Y es que son tantos los aspectos de la vida social y económica que están diseñados bajo la asunción de que todo el mundo tiene ahora esos nuevos productos, que sobrevivir sin ellos se convierte en algo cada vez más difícil. Sobre este tema puede ver a Ursula Huws, Labor in the Digital Economy: The Cybertariat Comes of Age Monthly Review Press, 2014.
[8] Ver A Quiet Revolution: Drug Decriminalisation Across the Globe disponible en
https://www.release.org.uk/publications/drug-decriminalisation-2016
[9] Stevens, A. (2012) ‘Portuguese drug policy shows that decriminalisation can work, but only alongside improvements in health and social policies’, LSE European Politics and Policy Blog, 10/12/12 disponible en http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2012/12/10/portuguese-drug-policy-alex-stevens/
[10] Raphael, Steven, Winter-Ebmer, Rudolf. “Identifying the Effect of Unemployment on Crime.” Journal of Law and Economics, Vol. XLIV, Apribl 2001.
[11] Fernando Picó, Mano dura contra la mano dura en https://www.80grados.net/mano-dura-contra-la-mano-dura/