El derecho a decidir

Esta realidad puede constatarse por cualquiera que interese informarse en cualquier volumen o trabajo contemporáneo sobre derecho internacional. Igualmente se constata al examinar el Tratado sobre los Tratados entre Estados conocido como Tratado de Viena de 1966.  Cabe preguntar por qué entonces Puerto Rico permanece aún como territorio o colonia de Estados Unidos.  La respuesta no es tan compleja ni difícil de entender: es así porque entre 1950 y 1953, Puerto Rico y Estados Unidos entraron en un acuerdo para, sin terminar la condición territorial, crear una comunidad política autónoma que se llamó en inglés Commonwealth y en español se bautizó con el confuso nombre de Estado Libre Asociado.  Confuso porque no se creó en ese proceso un verdadero estado soberano puertorriqueño sino una comunidad autónoma todavía subsumida al poder soberano de Estados Unidos.  A esa comunidad autónoma se le reconoció soberanía de Pueblo en la propia Constitución de Puerto Rico que es, además, una ley federal aprobada por el Congreso.  Se señaló así: “los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del ELA emanan de la voluntad soberana del Pueblo de Puerto Rico”.  Lo sepan o no la mayoría de los puertorriqueños, nuestro País, Puerto Rico, está ya reconocido como pueblo soberano con derecho a decidir su forma política de vivir. Lo que no se reconoció en 1952 fue que el ELA, como comunidad  política fuera un estado soberano. Puerto Rico, como Pueblo es ya soberano y tiene el derecho a auto-determinarse que le reconocen la ONU y el Derecho Internacional. Sin embargo, no ejerció ese derecho finalmente, sino que temporalmente acordó con EEUU tener la comunidad autónoma y posponer la decisión sobre el estado, es decir, sobre el estatus político de nuestro país. A estas alturas y luego de varios plebiscitos fallidos diseñados por la clase política de Puerto Rico, ni Estados Unidos ha propiciado, ni el Pueblo de Puerto Rico se ha organizado para decidir su destino político y auto-determinarse. Aunque tenemos el derecho a decidir, no hemos decidido y ello nos ha dejado en el triste derrotero de no tener poderes propios suficientes para resolver nuestros propios asuntos.  Para decidir en todo lo importante es necesario tener soberanía de estado.

Los constituyentes de 1951, en la Resolución 23, hicieron, sin embargo, una declaración de reserva de soberanía: es decir, el Pueblo de Puerto Rico se reservó el derecho de hacer modificaciones al acuerdo con  EEUU. No lo perdió. Al contrario, reafirmó ese derecho.  Por lo tanto, el Congreso tiene que admitir que Puerto Rico tiene derecho a decidir finalmente su estatus político.  El Congreso tiene que decirlo y aceptarlo públicamente porque, de lo contrario, estaría violando una norma imperativa y obligatoria del derecho internacional que el propio Estados Unidos ratificó en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1992. La responsabilidad fundamental de decidir nos corresponde a nosotros como Pueblo. Todo derecho conlleva una responsabilidad. Nadie va a decidir por nosotros.  Pero si no decidimos, continuamos en lo que hay: el territorio no incorporado, la colonia, en la cual hay más poderes para decidir en Washington que en Puerto Rico, pero Washington no dedica tiempo a Puerto Rico porque no le adjudica importancia.  Somos nosotros los puertorriqueños los llamados a otorgarle esa importancia a nuestro propio país y a nuestro bien colectivo.

Debido a la debacle económica en que nos sumieron combinadamente, decisiones y limitaciones impuestas por el Congreso a Puerto Rico y los gobiernos equivocados y fallidos montados por la clase política del PPD y del PNP, que nos llevaron a una deuda astronómica, violatoria del acuerdo de 1952, el Congreso puso en suspenso dicho acuerdo y buena parte de la propia “comunidad autónoma puertorriqueña” al crear mediante la Ley Promesa una Junta de Supervisión Fiscal.  La autonomía fiscal concedida al gobierno de Puerto Rico por la Ley Foraker de 1900 quedó suspendida.  Y el Congreso asumió el dominio directo de Puerto Rico a petición de los propios políticos del PPD y del PNP porque,  supuestamente, con ello desde Washington irían a ayudarnos a resolver el problema de la deuda. De modo que los poderes de la comunidad autónoma podrían ahora quedar interrumpidos por decisiones directas del Congreso acordes con la Ley Promesa.  De esa forma el desgobierno a que nos condenaron los miembros de la clase política interna del partido bicéfalo PPD-PNP, quedó parcialmente suspendido, aunque en 2016 elegimos un Gobernador, una Comisionado Residente y una Legislatura territorial. Digo sólo parcialmente porque el Gobierno que Preside Ricardo Rosselló sigue ahí, en funciones, y toma decisiones limitadamente.  Y porque la juez  Laura Taylor Swain decidió que no era válida la petición de la Junta Federal de Supervisión Fiscal de autoridad para nombrar un jefe de la AEE para efectos de la reconstrucción del tendido eléctrico destrozado por el huracán María, con lo cual se le confiscaba un poder más al gobierno electo de Puerto Rico.

Con la debacle mayor causada por el fenómeno atmosférico del Huracán María, los poderes de un supuesto gobierno autónomo han quedado todavía más diluidos. Más bien hemos vivido el desgobierno de la incompetencia combinada de las autoridades locales del gobierno central interno dominadas por el PNP y la Junta de Supervisión Fiscal legislada por Promesa en el Congreso, y las autoridades militares estadounidenses que han llegado a canalizar actividades de ayuda a Puerto Rico para recoger escombros, repartir alimentos y agua y enfrentar las necesidades de una población muy seriamente afectada por la caída del sistema eléctrico del país y la suspensión de las telecomunicaciones.  Para la incompetencia, y para abonar al sufrimiento de las familias boricuas, no ha habido distinción entre ni entre gobiernos (estatal y federal) ni entre gobierno y empresa privada. Todos han demostrado lentitud e incompetencia. Vean si no como Liberty, una empresa privada que provee servicios de telecomunicaciones y de internet, ha sido tan incapaz en proveer acceso a la red como lo ha sido también incapaz la AEE en proveer energía eléctrica a la mayoría del Pueblo a más de 50 días de ocurrido el huracán.  Hemos sido testigos de la generosidad de algunos para con el Pueblo de Puerto Rico, pero al mismo tiempo, hemos atestiguado la incompetencia e insensibilidad de la clase política acomodada para con el Pueblo que sufre, y de los propios federales que han atendido el caso mucho más lentamente y mucho menos efectiva y eficientemente que en los sucesos acaecidos recientemente o en el pasado en Estados Unidos. El gobierno de Rosselló, al mismo tiempo que posa de activo en la defensa de los puertorriqueños, arrastra los pies y administra muy mal la gestión de la recuperación eléctrica.  Así lo reconoció la propia juez Taylor Swain quien en su opinión judicial prácticamente regañó al gobierno de Puerto Rico por mantener en la oscuridad por tanto tiempo a tantos ciudadanos. ¿Quién decide qué hoy en Puerto Rico?  Estamos viviendo el pandemónium de un proceso en que no está claro quien habrá de decidir y, en todo caso, quien menos decide es el propio Pueblo de Puerto Rico. Al seguir como territorio estamos permitiendo que decida el Congreso estadounidense. ¡Una violación flagrante a nuestro derecho a decidir!

Toda la lenta y errática intervención federal en Puerto Rico, es, por otro lado, una prueba palmaria más de que los estadounidenses no nos consideran parte de Estados Unidos, como sí lo  habían creído ingenuamente algunos puertorriqueños, principalmente seguidores del PPD y del PNP.  Y es que hay que ser muy ingenuo para creer tal cosa aun cuando el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos nos designó legalmente como un territorio NO incorporado.  Muchos puertorriqueños, lamentablemente, cayeron por años en la ilusión de que somos parte integrante de Estados Unidos.  Pues no.  Y no es así desde principios del siglo XX. Mediante diversos Casos Insulares Estados Unidos aclaró en decisiones de su Tribunal Supremo que Puerto Rico se considera un territorio no incorporado lo cual significa que pertenece como posesión externa, o ultramarina, a Estados Unidos, pero NO es parte integrante de Estados Unidos. El último y más importante de esos casos fue el de Balzac de 1922 en que el Juez Presidente William Howard Taft explicó claramente el significado de “territorio NO incorporado”.

La importancia de ser “territorio NO incorporado y la diferencia con Cataluña

Es precisamente la designación como territorio NO INCORPORADO lo que hace que el derecho a decidir de los puertorriqueños, nuestro derecho inalienable a la autodeterminación, sea compatible con el derecho que tiene Estados Unidos a mantener su integridad territorial esencial.  Ese es precisamente el derecho que reclama el gobierno central español ante el reto independentista en Cataluña. Según España, los catalanes no tienen un derecho a la autodeterminación por su cuenta, ya que se han auto-determinado antes como una parte integrante del Estado Español (el Reino de España) y, sobre todo, porque en la transición post-franquismo y en la Constitución de 1978 los catalanes aceptaron ser una comunidad autónoma de España, bajo los términos de dicha Constitución.  Es esa la razón por la cual ni el Gobierno español ni la Unión Europea reconocen como legítima la república de Cataluña proclamada por el President del Govern autónomo catalán Carles Puigdemont.  De hecho, el primer ministro de España, Mariano Rajoy, del derechista Partido Popular, destituyó a todo el Govern autónomo de los catalanes.  Algo todavía más drástico que la reacción del Congreso ante la gran deuda de Puerto Rico mediante la ley llamada PROMESA.

El caso de Puerto Rico es muy distinto: el derecho inalienable del Pueblo de Puerto Rico a su autodeterminación e independencia es totalmente válido sin discusión ya que  no interfiere para nada con la integridad territorial de Estados Unidos de América porque esta metrópoli jamás ha incorporado a Puerto Rico, ni Puerto Rico ha votado a favor de eso y siempre nuestro país ha quedado definido, incluso muy recientemente, como “territorio no incorporado”.  Los catalanes son, como los puertorriqueños, una nación con un idioma propio. Una nación sin estado soberano propio.  La diferencia estriba, sin embargo, en que Cataluña  no es colonia de España, pero Puerto Rico sí lo es de Estados Unidos. Cataluña es una nación dentro de un Estado que es en la práctica multinacional, pero cuyos partidos de derecha, nacionalistas españoles como son, no han querido reconocer esa multi-nacionalidad oficialmente. Estados Unidos es un estado federal, que tampoco se reconoce oficialmente como multinacional sino como “one nation under God, indivisble”.  Pero esa “indivisibilidad” no incluye a Puerto Rico que es una nación distinta en sí misma y por lo tanto no es parte ni de la one nation, ni del estado federal estadounidense, a causa precisamente de haber sido designado como territorio NO incorporado.

Puerto Rico puede pues decidir por la libre asociación con Estados Unidos, o por la independencia completa, y no tiene por qué ocurrir una controversia con  Estados Unidos como la ocurrida entre España y Cataluña. Estados Unidos lo acepta y se estructura un nuevo tipo de relaciones entre ambos estados soberanos, porque tanto en la libre asociación como en la independencia Puerto Rico dejará de ser territorio para ser, por fin, un estado soberano.  Puerto Rico entonces se gobernaría según sus propias necesidades e intereses, siempre y cuando el Pueblo elija al gobierno a un sector realmente comprometido con el bien común y no con sus propios beneficios personales o de partido. Son esas las únicas dos fórmulas de estatus que convierten a Puerto Rico en estado soberano: es decir, se reconoce internacionalmente lo que no se reconoció en 1952, su soberanía de estado y no ya solamente su soberanía popular o como Pueblo.

De la única manera en que los catalanes pueden conseguir que se reconozca para ellos un derecho a decidir por aparte, es decir, el derecho a la autodeterminación nacional, es que puedan probarle a la comunidad internacional, que son perseguidos por el Gobierno español, que no se respetan los derechos humanos que están consignados en la Constitución de 1978 y que la “democracia española” es una farsa porque en realidad a España la gobierna un partido franquista.  Eso, como sabemos, es muy difícil de probar.  Pero el Primer Ministro Rajoy hace el tonto cuando envía a la guardia civil a atropellar catalanes o cuando encarcela catalanes independentistas pues no hace sino proveerles a Puigdemont  y los suyos evidencias de persecución política, de violencia y de imposiciones anti-democráticas.  No hay que olvidar que el Parlament de Catalunya aprobó unas enmiendas al estatuto autonómico que fueron refrendadas por el Parlamento español pero que el Gobierno del PP anuló en 2010 mediante una decisión del Tribunal Constitucional Español. Es un ejemplo claro, no sólo de la ausencia de una genuina separación de poderes en España, sino de una imposición del gobierno central español contraria a lo que habían votado en su Parlament los catalanes.  Todo eso hace el caso España-Cataluña uno muy complicado y  muy difícil de predecir cómo este podrá terminar. Fue mediante la alegación de imposiciones serbias y violaciones a los derechos humanos de los eslovenos y de los kosovares que tanto Eslovenia como Kosovo lograron que sus declaraciones unilaterales de independencia fueran validadas por la comunidad internacional.  Aparte de eso, si en las elecciones del próximo diciembre, convocadas por el propio Rajoy, triunfan en Cataluña los independentistas con mayoría absoluta en el Parlament, como podría suceder, el asunto se complica más.  O el gobierno español reconoce la voluntad de independencia del pueblo catalán o se tiene que sentar a negociar con ellos otra solución, algo que el propio Rajoy ha rehuido echándole más leña al fuego del deseo independentista catalán.

En el caso de Puerto Rico nadie propone una declaración unilateral de independencia.  Cualquier cambio de estatus definitivo se espera que se logre de común acuerdo y en amistad con Estados Unidos de América. No obstante, ha pasado ya mucho tiempo de posposición de una decisión final por parte de nosotros. Demasiado tiempo.  Y sería nefasto que el huracán María y sus secuelas se utilicen como excusa para posponer una vez más nuestro derecho a decidir.

La fluida situación política tras el paso del huracán María

Es probable que la situación de aparente indefensión en que nos dejó el huracán, combinado con el mal estado de nuestro sistema eléctrico —por fallas de décadas en los malos gobiernos del PPD y del PNP— haga que muchos puertorriqueños deseen posponer una decisión final de estatus político en lo que el “país se endereza”.  Los colonizados siempre hallan una excusa para posponer la descolonización, sobre todo si hay una clase política dominante que se beneficia de la colonia en nuestro propio país, como, en efecto, ocurre. No obstante, el huracán y sus secuelas han aportado lecciones prácticas muy importantes en múltiples comunidades locales, en donde los ciudadanos se han juntado en solidaridad para resolver y mejorar lo que pueden mejorar con su esfuerzo propio, sin tener que esperar por ayuda del gobierno central de Puerto Rico ni por el gobierno federal estadounidense, y en ocasiones, hasta sin auxilios provenientes del gobierno municipal concernido. En ese sentido las comunidades locales, en muchos lugares de la geografía nacional, no sólo han experimentado en carne propia la desidia del gobierno federal estadounidense cuando se trata de Puerto Rico, y la incompetencia del gobierno central interno del País, sino también han visto en la práctica cómo el Pueblo, si se une, sí puede realizar muchas cosas sin  depender de los gobiernos.  Esa ha sido una gran lección práctica de independencia y solidaridad del Pueblo mismo.  Hemos regresado a causa del huracán y sus adversidades, en muchos lugares de nuestro país, a los viejos tiempos de la “ayuda mutua y el esfuerzo propio” que dieron fama internacional al modelo de gobierno puertorriqueño de los años cincuenta, a pesar del persistente coloniaje.  Y volvimos muchos puertorriqueños a comprobar en la práctica lo que ya decía hace mucho tiempo Luis Muñoz Rivera: “La fuerza está en el País”.

En esta situación política fluida, afectada además por la continuada emigración de familias puertorriqueñas al exterior, es necesaria la unidad de los que promueven no sólo una reconstrucción de lo bueno que tuvo el país sino una transformación de la vida política misma, una transformación que permita el buen gobierno, la recuperación económica y la descolonización.  Frente a los que quisieran posponer la descolonización porque se lucran de la colonia, y usan como excusa “enderezar al país” antes de decidir, estamos otros que sí creemos que la descolonización es una pieza fundamental en la reconstrucción y la transformación de Puerto Rico en un nuevo país.  Ese nuevo país tiene que basarse en las fuerzas coordinadas de los esfuerzos puertorriqueños, sin esperar por dependencia alguna respecto de Estados Unidos. Por supuesto, Estados Unidos tiene una obligación legal y moral de ayudar a reconstruir un país que invadió en 1898 y que ha dominado desde entonces como un “territorio NO incorporado” suyo. Nos deben mucho por haber desnaturalizado nuestra economía para coparla con sus intereses privados y hacerla moverse según las conveniencias de ellos, los inversionistas estadounidenses, y no según las conveniencias del Pueblo de Puerto Rico.  Pero esa contribución de EEUU debe ser parte de la negociación de la descolonización, no una dependencia más que impida que el Pueblo de Puerto Rico se re-edifique por sí mismo. Esa re-edificación puede recibir ayudas externas, incluso de la diáspora puertorriqueña que vive en Estados Unidos, pero el esfuerzo mayor tiene que ser nuestro, de los que nos quedamos aquí a pesar de las adversidades del huracán y del desgobierno.

Estamos pues en los albores de sustituir el viejo Puerto Rico colonial con un Puerto Rico no solo descolonizado, sino dispuesto a hacer por sí mismo, solidario en comunidad, y activo en la lucha por el bien común. Esto incluye por supuesto seguir o intensificar la tendencia observada en las elecciones de 2016: negarles el voto a los personeros de las clases políticas que nos condujeron a la debacle, sean del PPD o del PNP, y esto puede ser tanto mediante la abstención electoral como mediante el voto pro-activo por candidatos independientes.  La combinación de ambas cosas tiene el potencial de destronar el bipartidismo cerrado PPD-PNP y los malos hábitos de gobernar para lucro de los gobernantes y sus familias y de sus amigos, para volver por los fueros de una democracia real, dirigida por el propio Pueblo desde las comunidades, con una democracia participativa, además de representativa, que demande, exija y construya el buen gobierno que necesitamos para realmente construir un nuevo País.