Carmen Yulín Cruz presentó a la senadora con un llamado a un proceso de definición de nuestro estatus colonial “que sea justo” y democrático e incluya todas las fórmulas, incluyendo pero no favoreciendo el que ella apoya: la soberanía. El mensaje de Warren, según anticipado, denunció tanto las políticas discriminatorias del presidente Donald Trump, como su solidaridad para con Puerto Rico ante los dos desastres que le han azotado en los pasados dos años: el huracán María y la ley PROMESA y su brazo ejecutivo, la Junta de Supervisión y Administración Financiera. La frase que titula este artículo fue tal vez la que provocó mayor acogida por la audiencia.
En su discurso se destacaron dos mensajes medulares: el respeto a Puerto Rico y sus ciudadanos por parte del gobierno federal, tanto en sus políticas relacionadas con la recuperación del desastre natural, como en el trato igual como ciudadanos con derechos a las mismas ayudas educativas, de salud y bienestar social; y la denuncia del control de Wall Street y los cabilderos tanto del gobierno federal como de la deuda externa de Puerto Rico y sus efectos para todos los puertorriqueños. Tres planteamientos arrancaron los mayores aplausos de la audiencia: el llamado a que se “[audite] la deuda de la isla de manera completa e independiente para comprender exactamente qué tan grande es el agujero, cuánta deuda terminó siendo emitida en primer lugar, si fue emitida legalmente y qué se necesitará para solucionarla. No más jugar al escondite con la información básica sobre lo que está sucediendo”.
El segundo exigió que se ponga fin “a los recortes miopes y la privatización para complacer a los fondos buitres y vender el futuro de Puerto Rico. En lugar de destruir la Universidad de Puerto Rico, fortalezcamos esta joya de la corona y hagámosla más asequible para los puertorriqueños que desean obtener una educación y construir un futuro mejor para ellos y sus familias. No [construyamos] un futuro [que obligue] a los estudiantes a asumir más deudas de préstamos estudiantiles. [Construyamos] un futuro [que apoye] a nuestros estudiantes”. El tercero propuso “una Ley de Ayuda Territorial que le daría a esta isla la oportunidad de salir del control de los especuladores de Wall Street, un ‘Plan Marshall’ para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, un crédito fiscal completo por hijo, fondos completos de Medicaid y asistencia nutricional completa [y que] los municipios de la isla y las personas que viven aquí deben incluirse plenamente en el proceso de decidir cómo se reconstruirán sus comunidades”, esta última aseveración se la adjudicó a una recomendación de Carmen Yulín.
La senadora Warren terminó con el plato fuerte de su campaña: desligar el gobierno federal de los cabilderos y grandes intereses que dominan tanto la gestión legislativa como ejecutiva para favorecer a las grandes corporaciones y millonarios y billonarios, a costa de los servicios básicos de salud, educación y un salario ajustado al costo de vida que permita a la clase trabajadora a tener una vida digna y productiva.
Los puntos clave de su plataforma son:
- Fin del cabildeo como lo conocemos.
- Evitar que los cabilderos federales den dinero a los funcionarios electos.
- Prohibir que los miembros del Congreso y los altos funcionarios se den la vuelta y se conviertan en cabilderos, no por un año, no por dos años, sino por el resto de sus vidas.
- Bloquear la puerta giratoria entre Wall Street y Washington.
En su cierre, hizo un llamado a varios aspectos que fueron recibidos con variado entusiasmo de parte de la audiencia: “Fortalezcamos nuestros sindicatos” (reacción tibia); “aprobemos nuevas leyes dirigidas al cambio climático” (reacción entusiasta); “el respeto por Puerto Rico significa que tiene el derecho de determinar la naturaleza de su asociación con los Estados Unidos” (reacción estruendosa).
La senadora Warren también anunció que ha solicitado “una comisión independiente al estilo del 11-S, para entender cómo y por qué la respuesta de Washington a estos huracanes fue tan inadecuada, y para asegurar[se] de que nunca vuelva a suceder y [para que se realice] una rendición de cuentas por lo que salió mal” que recibió una fuerte acogida. En su cierre, sentenció: “Cuando el gobierno deja de trabajar para el pueblo, cuando el gobierno solo trabaja para los ricos y poderosos, debemos llamar a eso lo que es: corrupción, pura y simple”. La corrupción que ha arropado a Puerto Rico y que es la raíz de la billonaria deuda externa, obedece tanto a la influencia de sectores financieros y corporativos que se lucran de exenciones no ameritadas, contrataciones fraudulentas, venta de activos del gobierno a precios inferiores a su valor, como a la compra de bienes y servicios por parte del gobierno con fondos no recurrentes y que, en muchísimos casos, no cumplen con especificaciones o sencillamente no completan los trabajos.
El “revolving door” de que habla la senadora Warren ocurre en Puerto Rico entre el gobierno de turno y la Milla de Oro, apertrechada con aliados a los dos partidos políticos principales para que se continúen privilegiando los intereses de grandes corporaciones e individuos por sobre los servicios que el gobierno viene obligado constitucional y moralmente a brindar a toda la ciudadanía, no a los allegados que reciben enseres, contratos, empleos y sinecuras en la antesala y secuela de las elecciones. Los cambios que propone la senadora Warren no serán fáciles de implantar. Hay demasiado dinero de por medio y los partidos de todas la denominaciones incluyen individuos dispuestos a violar no solo su juramento de defender la Constitución y el gobierno que representan a cambio de prebendas y privilegios. Sin embargo, el ascenso meteórico de Alexandria Ocasio Cortez con sus propuestas de asegurar derechos de salud, educación, techo y empleo, con un impulso a la energía verde y un aumento en las contribuciones al 70% para todo el que gane más de $10 millones anuales, augura algún grado de apoyo a las propuestas de Warren, Bernie Sanders y el ala liberal del Partido Demócrata.
¿El efecto para Puerto Rico? Aníbal Acevedo Vilá hizo un acertado planteamiento al ser sorprendentemente escogido al azar para hacerle preguntas a la senadora al final de la actividad. Este le preguntó que si favorecería que los EE.UU. asuman un rol más proactivo en determinar qué están dispuestos a “negociar” con Puerto Rico ante las tres o cuatro opciones de cambio de estatus, pues la relación con los EE.UU. es de responsabilidad compartida, no de respuesta al consabido “respeto a la decisión de los puertorriqueños”. La respuesta de la senadora fue un inequívoco “yes”. ¿Nos acercaría más una presidenta Warren a la suprema definición de los puertorriqueños? Tal vez. De nuevo, hay demasiado dinero de por medio. Pero Puerto Rico necesita la mayor cantidad de amigos posible al lado de allá en lo que al lado de acá nos ponemos de acuerdo hacia un futuro alterno. Elizabeth Warren parece ser una necesaria amiga. El tiempo dirá.
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