[dc]L[/dc]a absolución del ex juez Baltasar Garzón del delito de “prevaricación” por tratar de abrir una investigación acerca de los crímenes del franquismo trae cola. Pese a la absolución, el Tribunal Supremo de España consideró que Garzón incurrió en un error al pretender abrir una investigación sobre crímenes ya prescritos y calificarlos de lesa humanidad.
Al juez Garzón se le había acusado de prevaricación, a consecuencia de investigar en los “juicios de la verdad” crímenes del franquismo cometidos por personas cuyos fallecimientos hacen prescriptivos los delitos. Ese vericueto jurídico del Supremo de España sustenta que en España, contrario a otros países, solo es posible realizar una investigación cuando “existe una persona física a la que investigar”. En este caso, todos los ministros de Franco que Garzón incluyó como presuntos imputados en el plan sistemático de exterminio puesto en marcha durante la Guerra Civil Española están ya muertos.
Los crímenes que el Tribunal Supremo de España dice no pueden catalogarse como de lesa humanidad son igual de atroces como el que testimonia Manuela Molina.
Esta nonagenaria tenía 19 años cuando los falangistas fusilaban a republicanos y “rojos” a poca distancia de su casa, frente al cementerio de Aguilar de la Frontera en Córdoba. A su joven edad, pudo ser testigo de bárbaros crímenes a escondidas detrás de un árbol, como ella misma testimonia. La única luz era la de la Luna. Los asesinos eran cuatro y otras veces tres. Los que morían iban en grupos de siete u ocho personas. Los llevaban atados. Les hacías cavar sus propias fosas. Luego de tirarlos vivos en las fosas, les disparaban desde arriba.
Manuela Molina dice haber ido allí a hurtadillas cada noche durante varios meses. Fisgoneaba asustada, pero sin poder contener su curiosidad. No puede calcular cuántos mataron. “Pero eran muchos. Seguramente, más de 100”.
Ella fue testigo de un suceso que la impresionó. Vio cuando llevaban a una mujer, a quien le inquirían que confesara dónde estaba su marido. Allí escuchó decir a esa mujer: “Ni aunque lo supiera os lo iba a decir. Me vais a matar igual. ¿Por qué no dejáis los fusiles, desatáis a estos que traéis a matar aquí y peleáis cuerpo a cuerpo? ¡Sois unos cobardes!” Antes de que aquellos asesinos les dispararan, la mujer gritó: “¡Viva la República!”.
La sentencia que sí prevalece y que inhabilita al ex juez Garzón de la carrera judicial por once años es la del caso Gürtel. Se le imputa al ex juez Garzón autorizar la interceptación ilegal de las conversaciones que mantuvieron en prisión los imputados del caso con sus abogados defensores. Su decisión se basó en la hipótesis de que los abogados pudieran servir de enlaces con la organización delictiva.
Esta trama del caso Gürtel la encabeza el empresario Francisco Correa, cuyo apellido en alemán (Gürtel) se traduce como cinturón o correa. El caso fue destapado por el diario español El País, a cuyos investigadores les fue concedido el Premio Ortega y Gasset del Periodismo.
Junto a Francisco Correa estaban implicados tres hombres de su confianza: Álvaro Pérez, apodado “El bigotes”; Pablo Crespo y Antonie Sánchez. Este grupo estableció un conglomerado de negocios con el objeto de nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y entidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia. Gracias a sus contactos políticos, violaban, además, prohibiciones urbanísticas y medioambientales que afectaban sus negocios inmobiliarios.
La investigación judicial del caso Gürtel que Garzón llevó a cabo entre agosto de 2008 y marzo de 2009, dejó fuera de la arena política a 20 políticos del Partido Popular, cuyas prácticas corruptas quedaron demostradas mediante investigaciones policiales dirigidas por el juez de la Audiencia Nacional.
El ex juez Garzón quedó absuelto, también, de una tercera acusación relacionada con los $302,000 en fondos solicitados por él a una entidad bancaria para financiar sus coloquios sobre terrorismo en la Universidad de Nueva York durante los años 2005 y 2006. En esta acusación quedó evidenciada la frivolidad facciosa que la sustentaba.
Pedro Almodóvar, Maribel Verdú, Javier Bardem, Almudena Grandes, Juan Diego Botto, María Galiana, Carmen Machi, Juan José Millás, Aitana Sánchez-Gijón, Paco León, Pilar Bardem, José Manuel Seda, Hugo Silva, Miguel Ríos y Juan Diego dan voz a quince víctimas de la dictadura genocida franquista.
El autor es actualmente director de la Oficina de Prensa de la Unión General de Trabajadores (UGT). Fue editor de la Revista Bienes Raíces y Construcción y del periódico Obras, de temas económicos. Laboró como periodista independiente (free lance) y columnista ocasional para el desaparecido periódico El Mundo. Tuvo a cargo el área de prensa y comunicaciones de la Universidad Interamericana bajo la presidencia del doctor Ramón A. Cruz, mediante una cuenta de Relaciones Públicas a cargo de la agencia Justo Díaz y Asociados. Dirigió, además, la oficina de prensa del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico bajo la presidencia de José E. Custodio. Colabora en estos momentos con columnas para el periódico El Nuevo Día, para cuyo periódico también escribe reportajes de análisis en las páginas de noticias internacionales. Escribe, además, para el semanario Claridad, al mismo tiempo que es un activo colaborador de 80grados.