Injusticia y jaibería con las vacunas

En donde quiera que miremos, sobre todo en los estudios científicos sobre la política y la democracia, nos encontraremos que un concepto medular es el de “bien común”. Hay quien dice de broma que el sentido común es el menos común de los sentidos porque mucha gente “no exhibe mucho sentido común”. Y podríamos decir que en Puerto Rico, al igual que en algunos otros países, el bien común es el menos común de todos los bienes. Es así porque, desgraciadamente, dondequiera los políticos alegan que actúan a favor del “bien común”; en realidad, sin embargo, trabajan para el bien propio o el de familiares y amigos. Desde una época tan lejana como siglos antes de la era cristiana, el filósofo político Aristóteles definía en su libro La Política los regímenes políticos “puros” o bien organizados como aquellos donde los gobernantes ejercían sus poderes de gobierno en pro del bien de la comunidad política como totalidad, del bien común. Y llamó muy apropiadamente “formas corruptas” aquellas en que los gobernantes ejercían el gobierno buscando el “bien propio”.

Hace un tiempo que bajo tales criterios en Puerto Rico no tenemos sino gobiernos corruptos. Los políticos buscan una y otra vez mejorar la suerte de los que están en el gobierno, y sobre todo de ellos mismos –los que dirigen el aparato gubernamental y su claque de amigos, familiares y favorecidos– en lugar de procurar realmente el bien colectivo. Hace ya un tiempo que eso se ha convertido en el patrón dominante en nuestro país.  Algunos nos tratan de engatusar para que veamos eso como algo normal o inevitable, dicen que “eso no es ná” o que ocurre dondequiera porque “such is life”. No obstante, resulta que en muchos países del mundo se vive diferente y el gobierno sí se compromete con el bien colectivo.

Más recientemente –para empeorar más una situación que es ya de por sí inaceptable en un país que se perjura democrático– se han dado situaciones en extremo intolerables en varios temas que son esenciales para el pueblo, o que debieran de serlo. En primer lugar, no se ha trabajado por el bien común al distribuir ayudas en los desastres naturales. Y eso ha ocurrido aunque los políticos saben muy bien que el pueblo afectado por el huracán María o por los terremotos del sur ha sufrido notablemente y se ha necesitado ayuda o mitigación de los daños con carácter de urgencia. De entrada, es evidente la insensibilidad y la dudosa capacidad moral de quienes deben procurar el bien del Pueblo, al menos de los más afectados, pero prefieren ganar para sí mismos en lugar de trabajar por el bien común. No se trata de algo superfluo que se puede “dejar pasar” sino de algo tan grave como desatender una situación de emergencia mientras se crea la imagen de que el gobierno se ha movilizado. No puede quedar impune que haya irresponsables en el gobierno que guardan recursos que eran para los damnificados pero que jamás llegan a ellos por estar en un almacén. A saber con qué propósitos se hace tal cosa, la cual tampoco se investigó adecuadamente.

En segundo lugar, los políticos de este país han mancillado la pureza del proceso electoral y la democracia misma, al realizar o permitir que otros realicen –impunemente– unas elecciones como las de 2020, muy dudosas en sus resultados debido a las irregularidades y fraudes potenciales con los votos adelantados enviados por correo. En algunas circunscripciones electorales las papeletas supuestamente votadas eran más que los solicitantes del voto adelantado. Ciertos políticos inescrupulosos, que no creen realmente en la democracia –sino en usar el sistema supuestamente democrático para beneficiarse ellos mismos y a su partido político– traquetearon con papeletas y maletines, los cuales aparecían y desaparecían en la CEE como por arte de magia. Que haya habido políticos del PPD y del PNP que jugaron con las elecciones impropiamente –y por beneficio propio– no sería de extrañar habida cuenta de cómo se reitera la corrupción en los partidos tradicionales. Todavía más impactante es que partidos y grupos minoritarios, de reciente creación o de más larga existencia, hayan protestado sólo levemente, aceptando el resultado electoral porque de todas maneras el mismo les era de algún modo favorable. Son excepciones honrosas Manuel Natal de Victoria Ciudadana y el candidato independiente a alcalde de Guánica quienes lucharon en los tribunales contra la posible corrupción electoral. Ninguno de los dirigentes políticos que se sienta hoy en la Asamblea Legislativa, si aceptó circunstancias de fraude electoral, tiene un compromiso real con la democracia. Puro teatro. Lo que observamos es que el compromiso parece ser con la propia conveniencia personal o partidista.

Es justamente por eso que en 2016 hubo una abstención muy elevada agrandada aún más para los comicios de 2020. A mucha gente del Pueblo se le quitaron las ganas de votar o de dejar que los políticos los cogieran de tontos. Por eso se descontaron de la participación electoral que solía ser en otros tiempos muy elevada. Los políticos y los gobiernos –con todo lo sucedido–pierden crecientemente la legitimidad ante los ojos del Pueblo. Un organismo central en el proceso como la CEE ha sido incapaz de dar a conocer los resultados finales de las elecciones de 2020 en todas las candidaturas. La ausencia de transparencia de ese organismo es también inaceptable si vamos a llamarnos “democracia”. Para colmo de males, también los de la CEE se colaron y se vacunaron fuera de turno, con la honrosa excepción de los comisionados del PIP y de Proyecto Dignidad (PD).

En tercer lugar, precisamente con lo otro que se ha jugado desde las altas esferas políticas es con la salud del pueblo y el bien común al enfrentar la pandemia del COVID 19. No sólo no se ha planificado correctamente, al hacer pruebas y en el rastreo de los infectados, sino que se ha prolongado la duración de este mal en el país, por medidas erráticas que se han tomado en la distribución de las vacunas. Para empezar, se le encargó la distribución a la Guardia Nacional cuerpo que carece de peritaje en tales procesos, en lugar de poner a decidir sobre ello a los expertos en administración de salud. A menudo se han cambiado las directrices del gobierno y hasta las prioridades en la vacunación. Un día dicen que los turnos se darán por turnos PR.com y al día siguiente admiten que no está listo ese sistema. También, como se ha mencionado, los políticos y ciertas instituciones se han beneficiado impropiamente de las vacunas.

En lugar de terminar adecuadamente con los sanitarios y médicos y las personas de mayor edad, se ha estado permitiendo todo tipo de violaciones a las prioridades, afectando negativamente con ello la justicia. Recordemos que este asunto debió ser uno que buscara el mayor bien colectivo protegiendo la salud de los más vulnerables. Sin embargo, políticos de agencias del gobierno y legisladores han tomado turnos para vacunarse cuando apenas se comenzaba con las personas de 65 años o más, que son las más propensas a complicaciones y muerte por el virus. Empleados de la banca han conseguido turnos especiales para personas de menor edad cuando se suponía que se vacunara a los mayores. Y muchos políticos han colado a vacunarse a parientes y amigos, a base de sus contactos en el gobierno, o de su poder, violentando los turnos acordados. Últimamente los políticos han utilizado el supuesto criterio de que se trata de empleados gubernamentales que dan “primera respuesta a los ciudadanos”, aunque no son médicos ni sanitarios con primera respuesta ante el Covid. ¿Qué razón hay para vacunar a los jueces miembros del Tribunal Supremo y su personal de apoyo, cuando estos jueces no deciden casos como “primera respuesta” sino que se encargan mayormente de casos que vienen en apelación desde otros tribunales y además atienden en sus funciones a muy poco público? Ha sido decisión de los que dirigen el gobierno conferir tan inauditos privilegios en el proceso de vacunación. Encima del error, tratan de eludir responsabilidad culpando a la Guardia Nacional. Esta organización interesada e irresponsable en el reparto de las vacunas arriesga a ciertas personas mayores a no obtener una segunda dosis después de haberse puesto una primera.

Ante todo lo ocurrido, como en general ha pasado con las políticas para enfrentar la pandemia, ni los funcionarios públicos han sido debidamente transparentes en sus decisiones, ni ha habido tampoco una rendición de cuentas e información adecuada para todos los ciudadanos. ¿Por qué razón o causas justificables se ha vacunado más intensamente en San Juan mientras hay pueblos del interior de la Isla en los cuales sus propios Alcaldes han protestado por la lentitud en la llegada de las vacunas? Estas decisiones obviamente tienen el potencial de discriminar contra ciudadanos vulnerables y de hacer inevitables decesos que pudieron haberse evitado. Estamos tratando con asuntos que pueden ser de vida o muerte. Un gobierno realmente orientado por el bien común no recurre a dar privilegios a los políticos y sus familiares, o a los funcionarios de ciertas agencias públicas, cuando esto puede redundar en perjuicio de ciudadanos comunes pero que están en alto riesgo en su salud en las diversas comunidades.

Tan recientemente como el jueves 4 de febrero, El Nuevo Día, en sus páginas 4 y 5 informa sobre la “lentitud” del proceso. En días anteriores informó sobre los desórdenes en la organización y prioridades en el reparto de las vacunas. No sólo a estas alturas sólo se han vacunado unas 52,000 personas de mayor edad de un total potencial de entre 700,000 y 800,000 personas, sino que hay municipios y distribuidores oficiales que han revelado los errores en esta distribución. Resulta increíble e inaceptable que un distribuidor oficial que tiene 10,000 pacientes potenciales solo recibiera unas 1,200 vacunas. En palabras de la doctora Gloria Amador, quien preside Salud Integral de la Montaña, publicadas por El Nuevo Día el jueves 4 de febrero “eso es como engañar a un niño con un dulcecito”. (Pág. 5) Da vergüenza ajena el tipo de gobierno inepto que tenemos en el país que ha sido, además, producto de unas elecciones de dudosa limpieza electoral. Así, el último orgullo de Puerto Rico, se nos ha ido al piso.

Nos preguntamos desde hace tiempo si es que nuestros políticos no entienden lo que es el bien común o si los ciegan de tal modo sus intereses partidistas, personales y familiares, al punto de actuar habitualmente de forma contraria al bien colectivo. Cada vez que un legislador le gestiona o reserva un empleo a un pariente, o al pariente o amigo de otro legislador, el funcionario que así actúa priva de la oportunidad de un empleo en el gobierno a otros ciudadanos, probablemente mejor capacitados para el trabajo ofrecido, que la persona beneficiada. Sin embargo, ya la prensa diaria dio cuenta de cómo sigue aumentando el mal hábito del nepotismo en la Asamblea Legislativa. Un miembro de la Asamblea tuvo incluso el descaro de reclamar que no sabía que a su hijo otro legislador le había dado un empleo. No se lo creyó ni él mismo.

Tan arraigado está el mal hábito de decidir, no por méritos, sino por conveniencias personales o partidistas los empleos públicos, que la designada Secretaria de Instrucción, Elba Aponte dijo a la prensa de lo más tranquila y normalmente que había dado el cargo de Secretario Asociado al ex comisionado del PNP en la CEE: “para darle la oportunidad ya que él ha trabajado por 21 años con el departamento de Educación”. ¿Y cuántos no habrán laborado allí más tiempo y con mejor dedicación pero para ellos no hay la “oportunidad” porque carecen de la conexión partidista? Es este un ejemplo muy claro y contundente de lo que suele ocurrir en los gobiernos en que no se toma en cuenta el principio de mérito al asignar los cargos públicos. Lo más impresionante es que mientras el Senador Vargas Vidot, la Senadora del PIP y el PD votan contra de la confirmación de la Sra. Elba Aponte por su conflicto de intereses al haber sido Presidente de la Asociación de Maestros y/o por haber hecho ese nombramiento tan partidista en el DE, los senadores electos de Victoria Ciudadana se reservaron su opinión. Lamentablemente ese es otro mal en nuestra clase política: partidos de minoría que, como algunos dicen con una frase de pueblo, “les cargan las maletas” al partido que controla la rama ejecutiva del gobierno

Las dos acepciones del concepto de bien común

En la ciencia política existen dos acepciones principales de “bien común”. El bien común en general o en cualquier asunto específico que atañe a la comunidad, o al país como un todo, o el concepto de los “bienes comunes”. El primero se refiere al bien común colectivo ya sea en general o en un asunto específico. En la segunda expresión que se usa en plural “los bienes públicos” se refiere a aquellos bienes o propiedades que son del colectivo, que son de todos, y de los cuales no podemos privar a ningún ciudadano en particular, bajo condiciones normales. Por supuesto, el gobierno ha podido prohibir el uso colectivo de las playas como parte de la respuesta a la emergencia creada por los contagios en la pandemia. O puede privarse del uso de bienes públicos a personas que han perdido sus derechos por estar encarceladas. Esos, sin embargo, son ejemplos de circunstancias especiales, que no son las normales.

En nuestro sistema político se supone que son “bienes públicos” las playas, las carreteras, los puentes y los parques públicos, entre otros. El dinero público que posee el gobierno y que viene de diversas fuentes es también de todos. Es por eso que es un crimen robar el dinero de todos, el dinero público, sin embargo, indirectamente, aquí lo hacen los políticos y familiares que aprovechan dinero público para sí, sea por medios legales o por los ilegales. Las playas del país son públicas, son un bien público. Sin embargo, privamos a los ciudadanos comunes de una playa cuando el gobierno la hace disponible sólo para una empresa privada y sus clientes particulares, como ha ocurrido ya en varias ocasiones, con la protesta de los sectores más alertas y organizados.

El buen gobierno se distingue por orientar sus decisiones por el bien común general del país y por proteger los bienes públicos para que realmente estén disponibles para el uso de todos, adecuadamente. Las vacunas contra el Covid-19, aunque son producto científico de empresas privadas, se convierten en un bien público cuando el gobierno las compra para distribuirlas entre el Pueblo, siguiendo reglas justas y razonables, que tengan por objeto el bien colectivo de mejorar la salud pública. O de evitar que haya una crisis de salud pública en medio de una pandemia. En ambos sentidos el de los “bienes públicos” en plural y el del bien común general de la sociedad, el mal gobierno que estrenamos después de unas elecciones de dudosa legitimidad, nos viene fallando a los ciudadanos en Puerto Rico. Ya sea por la impericia o falta de peritaje y buena organización en el gobierno –la ineptitud– o por permitir malos manejos, ventajas jaibas o marrulleras para miembros privilegiados del propio gobierno o de la sociedad –la corrupción– la repartición de las vacunas anti pandemia ha sido en Puerto Rico un malísimo ejemplo de mal gobierno con gran perjuicio potencial y real para muchos ciudadanos, mientras los políticos y otros privilegiados se benefician.

Todo porque los políticos en Puerto Rico ignoran el bien común en aras de atender su bien propio o el de su partido. Y la metrópoli estadounidense sencillamente o detiene las ayudas –como en los tiempos de Trump– o se hace de la vista larga con el desorden que tienen Pierluisi y sus copartidarios con la distribución de las vacunas. Aterrados vivimos los ciudadanos decentes de este país con el uso que le darán tales gobernantes a los $6,284 millones que llegarán para mitigar la pandemia. El mismo periódico citado en su edición del miércoles 3 de febrero anuncia como la gran cosa, en primera plana, que “cambia la visión que Washington tiene sobre Puerto Rico”. Si el cambio no incluye fiscalizar ni castigar los miembros del gobierno de Puerto Rico que sean ineptos o corruptos, entonces sería que la propia metrópoli, con su inacción, promueve y se hace cómplice del mal gobierno en Puerto Rico.

Todo esto implica una crisis de mayores proporciones. Y la pandemia no es excusa ni para el mal gobierno ni para la ineptitud y mucho menos para la gansería y la corrupción. Tampoco podemos estar de acuerdo con el periodista Leo Aldridge que juzga que la interpelación de la legislatura ha sido prematura. (El Nuevo Día, columna “Es muy temprano para la interpelación”, 4 de febrero de 2021, Pág. 37) Ese es otro problema grave de nuestra supuesta democracia: el hecho de que un gobierno esté en su primer mes no lo exime de responsabilidad. Máxime cuando es el mismo partido del cuatrienio pasado el que dirige la rama ejecutiva. Precisamente uno de nuestros males –en cuatrienios anteriores– ha sido la ausencia casi total de fiscalización verdadera y efectiva desde el Pueblo, desde la legislatura y desde los llamados “partidos de oposición”. Cualquier momento es prudente para interpelar a los ministros de gobierno si se perciben ineptitudes crasas o corrupciones en la rama ejecutiva y más aún en medio de la emergencia de la pandemia. Hay que desterrar el “ay bendito político” so color de prudencia en el gobierno. Entendemos muy bien por qué se alega que la interpelación no se debe usar indebidamente tan temprano en un cuatrienio, y comprendemos también –al igual que el periodista Aldridge– que lo menos que se necesita es un “show mediático”. Ello, sin embargo, no obsta para que las protestas y discusiones, legislativas o no, contra las fallas de los candidatos a dirigir el gobierno se ventilen y sean efectivas. Eso hay que hacerlo bien claro. Y el periodista citado sabe que en teoría democrática la mayor representación del pueblo está en la Cámara de Representantes que no es la que pasa juicio sobre los funcionarios que nombra el Gobernador. Por lo tanto, que la Cámara interpele no ha hecho sino sacar a relucir realidades que el Pueblo debe conocer.

El liderazgo político verdadero  

El buen liderazgo político no solamente es sensible al bien común –y elude las apariencias siquiera de que lo que se busca es el bien propio– sino que tiene que mostrar temple, dirección clara, y visión de futuro. Lamentablemente, nuestros políticos no muestran temple, ni la visión clara de un mejor futuro para el país, ni la dirección clara e ininterrumpida hacia objetivos colectivos bien explicados al Pueblo. Una metáfora excelente para proyectar las cualidades del líder efectivo la presentó en su libro clásico Masas y Poder, el antropólogo y escritor judío nacido en Bulgaria, Elias Canetti. El libro se publicó originalmente en alemán y luego en 1972 como Massa e Potere por la editorial Rizzoli de Italia y fue una consideración importante en el Nobel de literatura de 1981 otorgado en Suecia a Canetti. Existe, por supuesto, versión en castellano. En lo que el escritor italiano Davide D’ Alessandro (Huffington Post, Italia, sección sobre literatura, recuperado 3 de febrero de 2021) llama dos páginas impactantes y magistrales en la obra de Canetti, dicho autor utiliza la metáfora del director de orquesta para ilustrar el poder del líder. Como el director de orquesta, el líder efectivo conoce bien sobre lo que trabaja, conoce muy bien la pieza musical que dirige y es además una persona que en todo momento proyecta la seguridad del que sabe bien su objetivo: la perfección en la ejecución colectiva de una obra musical. Por lo tanto, todos aquellos a quienes dirige confían plenamente en su dirección y saben que él corregirá a tiempo cualquier falla o desliz. En esta metáfora el “bien común” es la ejecución perfecta de una obra musical de envergadura ante un público. Y de esa misma manera, el buen líder político busca lograr que su equipo de trabajo gubernamental esté completamente bien enfocado en la ejecución mejor posible de sus objetivos, los cuales buscan prioritariamente el bien común para el país y para los gobernados. Así se proyecta el buen líder político ante su público, que son los ciudadanos. En esa metáfora del director de orquesta, éste posee un poder prácticamente absoluto, ya que todos lo siguen a él y todos están contestes en el objetivo del bien colectivo. En un sistema político democrático el poder no es absoluto y tiene sus complejidades. Pero como el director de orquesta, el jefe máximo del gobierno inspira confianza, tiene visión, y no titubea en la ejecución en ningún momento.

Desafortunadamente, el Pueblo puertorriqueño no se ha dado a sí mismo en los últimos cuatrienios a un líder de esa naturaleza. Al contrario, por su forma de votar la gente suele conformarse con el “menos malo” de quienes aspiran al poder político. En estas últimas elecciones el poder fue fraccionado entre los dos partidos principales y el pueblo eligió caras nuevas de nuevas agrupaciones, algunas de las cuales tienen agendas no tan enfocadas en lo que necesita la mayoría o en el bien común. En unas elecciones que son hoy todavía de legitimidad dudosa. En lugar de proyectar seguridad y firmeza, nuestros dirigentes de partido titubean a menudo, no proyectan claridad sobre sus objetivos y en su ejecución demasiadas veces piensan en el bien económico propio y de partidarios, amigos, y parientes, en lugar de en lo que podría ser mejor para la maltrecha economía del país y para un beneficio, no sólo mejor sino también mejor repartido, con una mayor preocupación con la justicia social.

Este mal viene ocurriendo una y otra vez y quienes se cansan de esperar “buen gobierno” de la clase política, optan por descontarse del sistema y abstenerse de votar en las elecciones. Esa falta de seguridad y de compromiso con el bien común de los dirigentes de los partidos en Puerto Rico hace de la política un juego para que los políticos y sus seguidores inmediatos se aprovechen lo más que puedan de los dineros que puedan caer de la metrópoli. De esa manera, la dependencia y la anti democracia quedan hermanadas con la injusticia y la jaibería en nuestro sistema político. De esa manera –y con esos estilos y valores por parte de la clase política –ni podemos tener gobiernos de bien común ni un liderazgo de temple, seguridad y sin titubeos. Lograr algo que sea realmente diferente, que sería de la mayor importancia normalmente, se hace mucho más urgente en tiempos en que la salud del pueblo está en peligro por la pandemia. Ante esta realidad brillan por su ausencia las protestas de aquella juventud que se tiró a la calle en el verano de 2019 para exigir la renuncia de un gobernador. Quizá porque los más perjudicados con lo que ocurre ahora con el desbarajuste en el reparto de las vacunas pueden ser los más viejos, no los más jóvenes.