La opinión pública y el cambio climático

El cambio climático es un problema socio-ecológico importante cuyo manejo requiere acciones urgentes. Puerto Rico, como el resto de las islas del Caribe, es vulnerable a muchos de los posibles efectos adversos de ese fenómeno. Uno de esos efectos es un alza en el nivel del mar, lo que afectaría enormemente nuestras costas y las comunidades allí. Otra consecuencia es el aumento en la intensidad de ciclones o huracanes, esto atado a la creciente erosión costera. Otra consecuencia del cambio climático es un aumento en la temperatura de la superficie del mar y del aire, lo que intensificaría el blanqueamiento de los arrecifes y corales. El cambio climático también significaría cambios dramáticos en los patrones de lluvia, lo que afectaría los abastecimientos de agua (Robinson 2018). Aparte de las consecuencias ambientales, las secuelas sociales para los puertorriqueños serían demoledoras. Más aún, la vulnerabilidad de la población puertorriqueña a esos efectos ya es una realidad. Pero, los puertorriqueños aún no estamos preparados para enfrentar y mitigar las consecuencias del cambio climático, efectos identificados y examinados por diversos científicos en varios estudios, estos apenas tomados en cuenta por el gobierno del Estado Libre Asociado (ELA).

Concuerdo con Estrada y Rivera (2018) en que hay una lamentable falta de seriedad y compromiso con el problema del cambio climático entre los responsables de originar e instituir la política pública del ELA. Esta falta de seriedad y compromiso no se limita al gobierno local. En Estados Unidos, la administración de Donald Trump es dominada por aquellos que como él niegan la existencia del cambio climático y con ello la premura de atenderlo. Peor aún, la estrategia de su administración es confrontar directamente al movimiento ambientalista y concretar políticas que prometen un lamentable retroceso en las regulaciones y gestiones ambientales. Por supuesto, esa regresión también se haría sentir en Puerto Rico, una colonia regida por las legislación ambiental federal. En la colonia, las políticas económicas de la Junta de Control Fiscal y del gobierno, en sus esfuerzos para manejar la depresión económica y la crisis fiscal, esto para favorecer el capital, prometen un retroceso similar. Sus políticas económicas están abiertamente dirigidas no únicamente a pagar la deuda del gobierno sino también a desregular y privatizar la economía puertorriqueña con el anhelo de estimular la acumulación de capital. Las regulaciones ambientales son desde esa perspectiva, una evidentemente economicista, desarrollista y neoliberal, un obstáculo a sus planes. Para ellos, la protección ambiental es tan solo un detrimento para el capital. Podemos esperar, en el futuro inmediato, y ante la ausencia de una oposición ambientalista generalizada, bien organizada y capaz de movilizar a otros sectores de la sociedad civil, una prolongación de la falta de compromiso gubernamental con el desarrollo de un plan para mitigar los efectos del cambio climático. Un retroceso en la legislación y protección ambiental intensificaría y extendería las condiciones para empeorar el cambio climático, así como nuestra vulnerabilidad al mismo.

Un indicador de la falta de compromiso gubernamental es la lamentable ausencia de un plan de adaptación al cambio climático (Estrada y Rivera 2018). Aunque se han presentado diversos proyectos o planes para ello ninguno se ha concretado. En cierta medida, esta evolución fallida de las políticas públicas con respecto al cambio climático está reñida con la expectativa ciudadana, bastante generalizada, de que el gobierno tome la iniciativa en la implementación de esas políticas a nivel nacional, aun cuando mitigar el cambio climático requiera de esfuerzos y políticas globales o internacionales. Pero, como ya señalé, la expectativa de un compromiso serio por parte del gobierno del ELA es en este momento ilusorio.

La falta de compromiso gubernamental con el desarrollo de un plan de adaptación al cambio climático plantea además la cuestión de cómo el público percibe el cambio climático y la acciones del gobierno respecto a este problema socio-ambiental. Es decir, debemos preguntarnos cómo el público lo discierne y qué acciones apoya. Otro importante indicador de la falta de compromiso estatal con la mitigación del cambio climático es precisamente la poca atención que el gobierno le  presta a la opinión y percepción pública de este fenómeno, contrario a lo que ocurre en otros países, incluyendo a Estados Unidos. Por supuesto, el poquísimo interés en la opinión pública no se circunscribe al cambio climático; lo mismo ocurre con numerosos problemas sociales en el país.

Examinar la percepción pública es importante porque existe una relación entre el apoyo público a las propuestas de política pública y la aprobación de las mismas; a mayor el apoyo público a una propuesta de política pública mayor es la probabilidad de que se apruebe (Stoutenborough, Bromley-Trujillo y Vedlitz 2014). Más allá de conocer la opinión pública con respecto al cambio climático y de políticas relacionados a este fenómeno, es también necesario entender los factores que configuran las preferencias y opiniones del público con respecto al cambio climático y las acciones del gobierno al respecto. Lamentablemente, los científicos sociales locales apenas han examinado metódicamente la opinión y percepción del cambio climático entre los ciudadanos, producto quizás de la falta de recursos para concretar las encuestas necesarias para ello. Por otro lado, y contrario a lo que ocurre en Estados Unidos, en Puerto Rico el cambio climático no se ha convertido todavía en una controversia política o en un asunto altamente polarizado. En Estados Unidos, la polarización, particularmente entre los republicanos y los demócratas, o entre conservadores y liberales, se ha intensificado enormemente (Dunlap, McCright, Yarosh 2016; McCright and Dunlap 2011; Dunlap y McCright 2008).

Los científicos sociales usualmente se enfocan en las actitudes hacia el cambio climático, como por ejemplo, los niveles individuales de preocupación por este y sus efectos. Otra área de interés entre los científicos sociales son las creencias con respecto al cambio climático, como por ejemplo, si las personas creen que este es un fenómeno natural o el producto de la actividad humana. Otra área estudiada por estos científicos es la conducta, si las personas realizan actividades para mitigar los efectos del cambio climático, como conservar energía, reciclar y usar la transportación colectiva, entre otras acciones. Los científicos sociales también estudian los niveles de conocimiento acerca del cambio climático entre los ciudadanos. Otros también estudian a quiénes los ciudadanos le asignan la responsabilidad de mitigar el cambio climático (individuos, gobierno, corporaciones) y sus evaluaciones de las acciones gubernamentales. Estos tipos de estudios son escasos en Puerto Rico. Uno de los pocos es el de María Santos Corrada y Rafael Méndez Tejeda (2017) sobre la percepción pública del cambio climático entre los habitantes de áreas metropolitanas y este de Puerto Rico. Estos reportaron que aunque muchos puertorriqueños estaban informados sobre el cambio climático pocos conocían las consecuencias del efecto de invernadero y el calentamiento global. También reportaron que muchos puertorriqueños no confían en que el gobierno y sus agencias pudieran manejar el cambio climático. Estos expresaron más confianza en las organizaciones ambientalistas y la comunidad científica que en el  gobierno. Los participantes del estudio también opinaron que el gobierno y las corporaciones tenían la responsabilidad de concretar acciones para solventar el cambio climático.

Una mejor comprensión de la opinión pública puertorriqueña es esencial para decidir las trayectorias de políticas públicas dirigidas a mitigar los efectos del cambio climático en el futuro. En la medida en que los gobiernos electos requieran apoyo del público, las preferencias, percepciones, opiniones, actitudes y creencias de los ciudadanos, así como su conocimiento sobre el tema y sus actividades pro-ambiente, deberían desempeñar un papel mucho más importante en el desarrollo de esas políticas y planes. Es también necesario traducir la opinión pública en acciones dirigidas a presionar al gobierno para que actúe y desarrolle un plan de mitigación. Las actividades del movimiento ambientalista y de la comunidad científica son fundamentales para lograrlo. Sin embargo, no se trata sólo de documentar y divulgar la opinión pública, de darle voz a los ciudadanos, sino de fortalecer con esta las acciones dirigidas a garantizar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales en relación al cambio climático y otros problemas ambientales, concretar lo que Daniel Faber llamó una “democracia ecológica” y lo que Gustavo García López, Carmen M. Concepción y Alejandro Torres Abreu (2018) llaman una “democracia real”. Más aún, y como estos últimos advierten en el libro Ambiente y Democracia se trata además de transformar nuestro sistema político-económico: “Ahora bien, la democracia real que se reclama desde los movimientos ciudadanos no implica solo mayor participación en espacios formales (gubernamentales) de toma de decisiones, pues esto suele devenir en dar voz a la ciudadanía  y luego soslayar sus opiniones. Más bien se trata de cambios fundamentales en el sistema político-económico para que el Gobierno funcione en beneficio de la gente y el ambiente en vez de servir al capital (P. 14).”

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Referencias

Dunlap, R. E., & McCright, A. M. (2008). A widening gap. Environment, 50(5), 26-35.

Dunlap, R. E., M., M. A., & Yarosh, J. H. (2016). The political divide on climate change. Environment, 58(5), 4-22.

Estrada López, E., & Rivera Santos, M. (2018, abril 17). Puerto Rico está lejos de un plan para enfrentar el cambio climático. Retrieved Noviembre 28, 2018, from Centro de Periodismo Investigativo: http://periodismoinvestigativo.com/2018/04/puerto-rico-esta-lejos-de-tener-un-plan-para-enfrentar-el-cambio-climatico/

Faber, D. (1998). The struggle for ecological democracy and environmental justice. In D. Faber (Ed.), The struggle for ecological democracy (pp. 1-26). New York: The Guildford Press.

García López, G., Torres Abreu, A., & Concepción, C. M. (2018). Hacia un análisis de las experiencias de gestión ambiental comunitaria en Puerto Rico. In G. G. López, C. M. Concepción, & A. T. Abreu (Eds.), Ambiente y democracia (pp. 3-43). San Juan: Editorial de la Universidad de Puerto Rico.

McCright, A. M., & E., D. R. (2011). Cool dudes. Global Environmental Change, 21(4), 1163-1172.

Robinson, S.-A. (2018). Adapting to climate change at the national level in Caribbean small island developing states. Island Studies Journal, 13(1), 79-100.

Santos-Corrada, M., & Méndez-Tejeda, R. (2017). Public perception of climate change in a period of economic crisis in. Environmental Science, 4(1), 83-93.

Stoutenboroguh, J. W., Bromley-Trujillo, R., & Vedlitz, A. (2014). Public support for climate change policy. Review of Policy Research, 31(6), 555-583.