La Asamblea Legislativa que tenemos es deficiente. La que tendríamos si se aprueba la enmienda constitucional para reducir el número de legisladores/as sería peor.
La enmienda reduciría el número de legisladores/as de 78 a 56, 17 en el Senado y 39 en la Cámara de Representantes. También se disminuiría de 11 a 6 el número de representantes y senadores/as por acumulación, los únicos escaños a los que, en tiempos recientes, se ha logrado elegir candidatos/as de partidos distintos al PPD y el PNP. Igualmente, se reduciría el número de representantes de partidos de minoría en casos en que el partido mayoritario obtenga más de dos terceras partes en una cámara, lo que ocurre con frecuencia, de 9 a 6 senadores y de 17 a 13 representantes.
De las tres Ramas que comparten el poder gubernamental, la Legislativa aspira a ser la más representativa de los intereses del electorado. Por eso su composición es sustancialmente mayor a las demás, pues ostenta representación de todas las regiones de la Isla y, en teoría, persigue estar compuesta de personas de diferente clase social, ideología, raza, género y edad. Después de todo, se trata de una institución que debe propender al debate sobre los asuntos más importantes del País, y que por ello, debe dar espacio a todos los sectores que componen nuestra sociedad.
Frente a estas aspiraciones, nuestra Asamblea Legislativa fracasa rotundamente. La membresía de ambas cámaras es asequible a muy pocas personas, y la elección de sus integrantes está más condicionada por sus preferencias sobre nuestra relación política con Estados Unidos que por sus posicionamientos sobre el resto de los asuntos que nos conciernen. Peor aún, en cuatrienios recientes la sepa de legisladores/as nos ha dejado un saldo vergonzoso de corrupción, venta de influencias, violaciones flagrantes a la ley, y suma ignorancia y/o desinterés sobre los males que aquejan al País.
Lejos de proveer algún alivio, la enmienda constitucional propuesta ignora estas deficiencias.
De entrada, pese al deseo anunciado de reducir el gasto legislativo, la enmienda constitucional no provee garantía alguna de que ahorrará un centavo al fisco. Ello se debe a que la propuesta no implica que el presupuesto de la Asamblea Legislativa será reducido, o que será mejor utilizado. Después de todo, si tanta voluntad política tuvieran los/as legisladores/as para ello, ¿por qué no han legislado para eliminar sus dietas y demás beneficios? ¿Por qué no se han reducido el salario, en vez de meramente posponer aumentos futuros? ¿Por qué han reinstalado el barril de tocino?
Por otra parte, al reducir casi en la mitad los representantes y senadores por acumulación, la enmienda disminuye considerablemente las posibilidades de elegir legisladores de partidos como el PPT, el PIP, el MUS y el PPR, así como candidatos/as independientes. Estos partidos y candidatos/as no surgen por mero capricho, sino porque ofrecen visiones muy distintas a las del PPD y el PNP, con propuestas y abordajes que dan voz a sectores que no se sienten convocados por los partidos en el poder. Avalar la enmienda, pues, invisibiliza a estos sectores, que suelen dar mayor riqueza y profundidad a la discusión pública, y dificulta su participación en las esferas del poder, lo que limita la discusión de ideas y alternativas para trabajar con los grandes retos de nuestros tiempos y, porque no, deslegitima aún más nuestro modelo de democracia representativa.
Al final, tras todas sus premisas infundadas, la enmienda realmente refleja un desprecio y una desconfianza profunda en nuestra capacidad para elegir legisladores/as. Así se desprende de la expresión de que con menos escaños se disminuyen las posibilidades de que ‘el Pueblo’ elija legisladores/as mediocres. Tal eufemismo, en el que el/la interlocutor/a suele distanciarse de las deficiencias del ‘Pueblo’, es una burla a la democracia, así como una abdicación a nuestra responsabilidad de crear las condiciones políticas, sociales y económicas para que todos y todas podamos tomar decisiones informadas a la hora de elegir nuestros/as gobernantes.
Urge reformar nuestra Asamblea Legislativa para hacerla más inclusiva, más representativa de todos los intereses que componen nuestro País, así como eliminar todos sus elementos redundantes y sus expendios innecesarios. Ello se logra mediante el diálogo franco sobre propuestas como la unicameralidad, aprobada previamente por el electorado, los sistemas de representación proporcional, y mediante la eliminación de dietas y beneficios, tales como los vehículos oficiales y los celulares.
Votar a favor de la enmienda no mejora nuestra Rama Legislativa, sino todo lo contrario. No reduce sus gastos y la hace más exclusiva, un club privado en el cual cada legislador/a tendrá más poder, en vista de que necesitará menos votos para lograr una mayoría. Por todo esto, y porque cualquier propuesta de reforma constitucional sólo debe aprobarse luego de un proceso verdaderamente inclusivo, participativo y deliberativo, debemos votar NO a la propuesta de reforma legislativa este 19 de agosto.
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