Las aseguradoras vs un plan de salud universal

angela hsieh
Por su parte, el presidente de la junta de directores de Lloyd’s of London[2]†, la más antigua –fundada en 1688 para asegurar el tráfico de africanos para su venta como esclavos– y la más grande de las aseguradoras del mundo – $104.4 billones en activos–, advierte que dicho cambio representaría un fatal peligro para la industria.
Por su parte, un grupo de abogados que representa asegurados en los EEUU, desafían el reclamo de que el riesgo de la pandemia no estaba cubierto por las primas. Robin Cohen, del bufete de abogados McKool Smith, plantea que «contundentemente, la cobertura que estoy viendo no tiene una exclusión de virus». De hecho, ante el alegato de la industria de que si cumpliese con las reclamaciones quedaría en bancarrota, Cohen responde: «Dicen eso en cada desastre, desde el huracán Sandy hasta el 11 de septiembre».
El artículo resalta que el costo de cubrir las reclamaciones de pequeños negocios con 100 empleados o menos, alcanzaría entre $110 a $290 billones al mes, alcanzando $900 billones al mes para empresas de 500 empleados o más. Peor aún, toda vez que la industria solo cuenta con reservas de $800 billones, esta enfrentaría una crisis de solvencia mayor que la que representó el total de reclamaciones cuando Katrina ($41 billones) y el 9/11 ($31.6 billones).
En los EEUU, hay 30.8 millones de pequeñas empresas, definidas por la Administración de Pequeños Negocios (SBA), como aquellas que emplean 500 empleados o menos. De estas, el 98.2% emplea menos de 100 personas.
No se requieren estudios graduados en matemáticas o economía para darle otra mirada al reclamo de la industria de seguros. Si las reclamaciones del 98.2% de las 30.8 millones de pequeñas empresas, promediasen unos $200 billones mensuales, en cuatro (4) meses la industria gastaría sus $800 billones en reserva.
Podríamos estar observando uno de dos escenarios: o las aseguradoras están inflando sus desembolsos tanto para pedir indemnizaciones adicionales al gobierno federal “para salvar la industria” o están inflando la cifra para reclamar que no pueden cubrir todas las reclamaciones y dejar a los pacientes sin cobertura, o están proyectando gastos reales o inflados para aumentar primas e incentivos gubernamentales. O, todas las anteriores.
Pago de primas por individuos, familias y patronos
En 2016, los patronos en EEUU pagaron un promedio de $12,865 en primas de seguro médico privado por cada empleado con una familia de cuatro que devengaba $50,000 al año. Al 2017, la fecha más reciente obtenida, el desembolso anual de patronos y familias para seguros por servicios de salud, incluyendo los gastos administrativos de las aseguradoras, ascendieron a $3.5 trillones, o $10,739 por persona.
Entre 2008 y 2018, el aumento anual promedio en el costo combinado de las aportaciones de los empleados a primas y deducibles en los EEUU, superó el aumento en el ingreso promedio de los asalariados en todos los estados. En 2018, los empleados de ingresos medios gastaron un promedio de 6.8% de sus ingresos en aportaciones a las primas del patrono. Los deducibles por persona en los planes individuales y familiares representaron el 4.7% del ingreso medio, para un total combinado de 11.5%.
En 2018, el costo promedio de primas de los planes para una sola persona fluctuó entre $5,971 en Tennessee y $8,432 en Alaska. En los planes familiares, la prima promedio más baja fue de $17,337 en Dakota del Norte y la más alta fue de $22,294 en Nueva Jersey.
Recuérdese que si los patronos contribuyen como promedio $12,865 en primas por empleado que devenga, por ejemplo, $50,000 anuales, la prima representa un 25.7% del salario del empleado. La suma de ambas aportaciones si se suman a los $12,865 que aporta el patrono a los $5,750 que aporta el empleado promedio con ingresos de $50,000, la cantidad que reciben las aseguradoras ascendería a $18,615. Esta cantidad representa aproximadamente un 37.2% de los salarios devengado por empleados que ganan $50,000 anuales.
Un caso concreto que puedo citar y que sustenta este análisis, es el de mi hija, que vive en Atlanta. Su patrono, una firma internacional con unos 250,000 empleados a nivel mundial, aporta entre 67% a 70% del costo del plan de salud para una familia de tres. La aportación de ella representa entre 30% y 33% de la prima, cifra muy cercana al 37.2% arriba mencionado y probablemente menor por el costo por escala que representa un cuarto de millón de empleados.
En contraste, en 2014, una familia canadiense promedio pagó un promedio de $523 por su seguro de salud pública. Ese año, el 10% de las familias canadienses con un ingreso promedio anual de $57,818 pagaron un promedio de $5,522 o poco menos del 10%. Contrástese la cifra y/o el porciento de diferencia para una familia estadounidense con un ingreso familiar similar.
La tasa que se utiliza para estimar la desigualdad económica en Canadá revela que el ingreso promedio del 10% con los ingresos más altos asciende a 8.6 veces el ingreso promedio del 10% con los ingresos menores. Aquellas familias que ocupan el 10% más alto de ingreso en todo el país pagaron $37,239 por su seguro de salud pública. A base de ese estimado, esta población con ingresos de $326,800 en adelante, pagaron un 8.9% de su ingreso en contribuciones a los servicios de salud del estado.
Al comparar la eficiencia de ambos sistemas de salud, esta estadística resulta reveladora: Canadá presume de una esperanza de vida de 82.2 años y una tasa de mortalidad infantil de 4.9/1000 nacimientos vivos (NV). En los EEUU estas cifras son 79.3 años y 6.5/1000 NV.
La desigualdad social y la desigualdad sanitaria
La desigualdad social, léase socioeconómica, en los EEUU es una de las más altas del mundo, en parte como resultado de su política pública de salud. Según una encuesta realizada entre 2011 y 2013, y publicada en Health Affairs, entre las personas con ingresos familiares menores a $22,500 al año, el 38% reportó tener una salud deficiente o pobre. En contraste, solo el 12% de las personas con ingresos superiores a los $47,700 anuales, reportaron lo mismo. Durante ese periodo, la desigualdad en el cuidado de la salud en los EEUU fue la tercera peor entre treinta y dos países ricos y de ingresos medios. Solo Chile y Portugal reflejaron una brecha más amplia.
Un informe reciente de la Universidad de Harvard sobre la brecha entre los ricos y los pobres como resultado del costo de los servicios de salud reflejó que, en los países en los que sus ciudadanos no asisten a citas médicas por no poder costearlas, Filipinas ocupó el primer lugar en el mundo y los EEUU ocuparon el segundo. Un 20% de las personas en el tercio inferior de ingresos, reportaron que prescindían de tratamiento médico debido al costo, mientras que en el tercio superior, solo 1 de cada 25 estadounidenses prescindió de los servicios por la misma razón.
Otro dato significativo es la cantidad de visitas a médicos. De acuerdo con la revista “Health Care Inequality in America”, en el 2012, las personas con los mayores ingresos reportaron haber realizado 43% más visitas al médico que los que tienen los menores ingresos. Más aún, el 1% de mayor ingreso vive 15 años más que el 1% más pobre, y la brecha para las mujeres refleja 10 años de diferencia.
La desigualdad social es un resultado directo de la desigualdad económica. Por ejemplo, entre 1979 y 2007, los ingresos –después del pago de impuestos– aumentaron en un 275% para el 1% de los hogares más acaudalados. El quinto cuadrante superior aumentó sus ingresos en un 65%. Mientras tanto, el quinto cuadrante inferior lo aumentó solo en un 18%, incluso agregando los ingresos del Seguro Social, las transferencias de asistencia nutricional, Medicaid y otras transferencias del gobierno.
Más aún, tras la crisis financiera del 2008 el ingreso del 10% de los más pudientes continuó aumentando, al punto de que en el 2012, el 10% de los individuos más acaudalados recibió el 50% de todos los ingresos. Según un estudio realizado por los economistas Emmanuel Sáez y Thomas Piketty, ese es el porcentaje más alto en los últimos 100 años, incluyendo el boom de las décadas posteriores a la II Guerra Mundial y a la tercera etapa de la globalización de las empresas estadounidenses a partir de las últimas tres décadas del siglo XX.
El COVID-19 y el juego de suma cero de las aseguradoras de servicios de salud
Ante este cuadro de desigualdad, el COVID-19 en una re-edición de la mal llamada “gripe española” (Spanish flu) del 1918, ha exacerbado la crisis de salud que un polarizado sistema de salud ha convertido en un juego de suma cero (zero sum game). Esta teoría matemática, “utiliza modelos para estudiar interacciones en estructuras formalizadas de incentivos”.[3]‡ En su modalidad de juego no cooperativo, los “jugadores”, en este caso las personas a cargo de la toma de decisiones, las ejercen específicamente para su beneficio personal, aunque en ocasiones estas no impidan que en algunos casos dichas decisiones pueda favorecer a otros. La clave del juego “suma cero” descansa en que la ganancia o pérdida de uno de los participantes se equilibra con las pérdidas o ganancias de los otros. En otras palabras, la ganancia de unos es directamente proporcional a la pérdida de los demás.
El costo de prestar servicios a toda la población ante una pandemia resulta inversamente proporcional a la solvencia de, en este caso, las aseguradoras. El desafío para el gobierno federal, llamado a responder a las necesidades de la ciudanía, reside en escoger entre prestar servicios que, en el caso del COVID-19, hacen la diferencia entre la vida y la muerte de las personas, y la solvencia de las aseguradoras que, de cubrir dichos costos, se verían condenadas a desaparecer.
Los exorbitantes costos de los servicios de salud en los EEUU y en Puerto Rico, no solo ante la pandemia sino en términos generales, necesitan ser controlados por un estado que precisa un balance entre el derecho a la vida y la salud de su ciudadanía, y el derecho a la estabilidad y las ganancias de las empresas de seguros de salud.
Los demás países desarrollados que cuentan con un sistema de salud universal, ninguno de los cuales es socialista, son: Alemania, Australia, Canadá, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, el Reino Unido, Suecia y Suiza.
Lo que han concluido la mayoría de estos países, es que la única solución es un sistema en el cual el estado se convierte en el pagador único de los servicios de salud y se elimina la industria intermediaria entre los ciudadanos y los proveedores de servicios: la aseguradora. Esta fórmula no es absoluta pues en todos los sistemas de salud de Europa, Asia y Oceanía existen proveedores privados de servicios de salud, pero la inmensa mayoría y el control de los servicios de salud residen en el sistema público.
Un Sistema de Salud Universal o Medicare para todos, la apuesta de Sanders y Warren
Y esta fue, precisamente, la opción que Elizabeth Warren y Bernie Sanders formularon en la precampaña para la candidatura a la presidencia por el Partido Demócrata: un sistema de salud universal o un “Medicare para Todos”. El modelo de Medicare está dirigido a personas retiradas o incapacitadas que hayan aportado a este fondo con sus contribuciones.
La propuesta de Elizabeth Warren impondría una contribución de 7% sobre los ingresos individuales o familiares que se sumaría a las transferencias actuales del gobierno federal a los programas de Medicare, Medicaid y otros seguros programados por los gobiernos estatales y el gobierno federal.
La totalidad de la nómina en los EEUU suma casi $13 billones en ingreso personal total para el país. Este ingreso personal se define como la cantidad de dinero que ganan todos los residentes en un año determinado. La nómina abarca desde sueldos y salarios hasta los dividendos y cheques de asistencia social. Si se le aplicase una contribución de 7% a estos $13 billones en ingreso, los ingresos al fisco representarían $910 millones. Si a esta cantidad se le añadiese una contribución de 2% a las corporaciones que obtuvieron ganancias de alrededor de $2.07 trillones de dólares en 2018, el ingreso al fisco representaría $41.4 billones adicionales. Los desembolsos de Medicare y Medicaid alcanzaron $1.1 trillones ese mismo año. Por consiguiente, la suma de estas contribuciones oscila entre $1.1 y $1.2 trillones.
En 2018, el sector de salud reportó $3.6 trillones en gastos. De estos, los costos administrativos ascendieron a 34% o $1.224 trillones. Si a los $1.1 trillones de desembolsos federales a Medicare y Medicaid, se le añaden lo $1.224 trillones en ahorros por gastos administrativos, y en vez de hacer tributar a las corporaciones a base de un 7% se les impusiera una contribución de 10% de sus ganancias ($207 billones), se alcanzarían $2.531 trillones al año o $7,909.38 por ciudadano de los EEUU. Este costo por persona representaría 61.5% del valor actual de las primas que se paga por ciudadano en los EEUU ($12,865). En otras palabras, si se reduce en un 38.5% los desembolsos por concepto de primas, a unos $1.372 trillones solo $148 billones correspondientes a costos administrativos presentes quedarían al descubierto. Esta cantidad es ínfima ante las potenciales contribuciones del sector privado que al presente no se están pagando. Por ejemplo, de las 500 corporaciones más ricas reseñadas por la revista Fortune 500, 91 de ellas, incluyendo Amazon, Starbucks y Chevron, pagaron $0 en contribuciones. Pero de esto hablaremos más adelante.
La fórmula de Bernie Sanders es menos detallada pero persigue el mismo fin: “La tasa impositiva aumentaría a 2% sobre el ingreso neto de $50 a $250 millones, 3% de $250 a $500 millones, 4% de $500 millones a $1 billón, 5% de $1 a $2.5 billones, 6% de $2.5 a $5 billones, 7% de $5 a $10 billones, y 8% en riqueza de más de $10 billones”. Los estadounidenses con los mayores ingresos exceden el trillón de dólares.[4]§
Los 400 estadounidenses más ricos, que no es la totalidad de los billonarios, de acuerdo a la revista Forbes, tienen un capital agregado de $2.96 trillones. Al 8% que propone Bernie Sanders, sus contribuciones representarían $1,792 billones.
Si se suman estos $1.792 trillones, que no es la totalidad de este sector de personas acaudaladas, a los $1.224 trillones de gastos administrativos de las aseguradoras, y los $1.1 trillones de desembolsos federales a Medicare y Medicaid, el total asciende a $4.116 trillones, o $516 billones más que los $3.6 trillones en gastos incurridos por el sector de salud en el 2018. Estos $516 billones representan el 14% de los $3.6 trillones en gastos que, junto a los $910 billones que propone Warren mediante un 7% de contribuciones a la nómina total de los EEUU de $13 billones, suman $1.426 trillones, y un 39.6% de los $3.6 trillones de gastos anuales que, tanto exceden el 34% de gastos administrativos que las aseguradoras conceden, y representan 24.6% más de lo que el gobierno federal concede por gastos administrativos para proyectos que operan con fondos federales.
Estas cifras no incluyen las contribuciones a las principales corporaciones estadounidenses. De acuerdo con la revista homónima, “Las compañías de Fortune 500 representan dos tercios del PIB de EEUU con $13.7 billones en ingresos, $1.1 billones en ganancias, [y] $22.6 billones en valor de mercado”. Si se le aplicara la misma tasa de 8% a los ingresos de dichas corporaciones que propone Sanders, los ingresos para el fisco, solamente de estas 500 empresas, representarían $1.1 trillones adicionales a los $4.1 trillones estimados arriba. Obviamente, con esta cantidad se podrían sufragar los gastos de salud de todos los estadounidenses, sin tocar ni el presupuesto de las fuerzas armadas, de infraestructura, de subsidio a las empresas de alimentos y las petroleras, ni tan siquiera la exploración espacial.
Argumentos en contra del Sistema de Salud Universal
Los argumentos en contra del sistema de Salud Universal, que esgrimen los que lo consideran oneroso incluyen: 1) Requiere que las personas paguen por servicios que no reciben. Respuesta: ¿Cuántos servicios cubren nuestros planes de salud que cada uno de nosotros no utiliza?; 2) Podría llevar a que la gente sea menos cuidadosa con su salud porque no les cuesta. Respuesta: las diez principales motivos de hospitalización son: nacimientos vivos, pulmonía, osteoartritis, insuficiencia cardíaca congestiva no-hipertensiva, septicemia, trastornos del estado de ánimo, arritmias cardiacas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasias, complicaciones por dispositivos, implantes o injertos, y trauma obstétrico relacionado con el perineo y la vulva. ¿Cuántos de estos obedecen a conductas poco cuidadosas?; 3) Podría limitar la exactitud del cuidado del paciente. Respuesta: ¿Por qué, si el sistema continuará cobrando por sus servicios?
Otras consideraciones: 4) Puede representar largos tiempos de espera. Respuesta: esto es cierto pero, ¿cuán largas son las esperas actualmente tanto en oficinas de médicos como en salas de emergencia, y cuánto afectan estas a la productividad de los empleados que representa una reducción en el valor de las empresas? 5) Limita los pagos que reciben los médicos. Respuesta: Cierto, pero ¿debe la salud ser un negocio que esté sujeto al ingreso del proveedor y del usuario de los servicios? ¿Es la salud menos importante que la educación o la seguridad pública, en la que no hay reparos en limitar el ingreso de sus profesionales?
Finalmente, en cuanto a la reducción en las innovaciones: 6) Podría limitar nuevas tecnologías. Respuesta: Cierto, pero de acuerdo con la ONG The Commonwealth Fund, “Aunque el apoyo de la investigación y el desarrollo del sector privado por parte del gobierno federal tiene profundas raíces históricas, solo desde el final de la Segunda Guerra Mundial este apoyo se ha convertido en una función importante del gobierno. […] A medida que la escala de I + D federal creció y sus propósitos abarcaron las preocupaciones de política interna, surgió una razón conceptual relativamente clara para los respectivos roles de los sectores público y privado en el apoyo de I + D.”. O sea, mediante donativos (grants) de los Institutos Nacionales de Salud y la Fundación Nacional de las Ciencias, miles de terapias, equipos y medicamentos, están disponibles a través de empresas privadas que las patentizan y privatizan pero que fueron descubiertos y desarrollados con fondos públicos. Si el sector público retuviese esas patentes, los costos asociados por los productores y suplidores de los mismos se reduciría sustancialmente.
De hecho, en un estudio de la Academia Nacional de las Ciencias del 2018 (Contribution of NIH funding to new drug approvals 2010–2016), se pudo demostrar que los 210 medicamentos aprobados en los EEUU entre el 2010 y 2016, se beneficiaron directa o indirectamente de la investigación financiada con fondos públicos.
Conclusiones
La industria de seguros de servicios de salud nunca anticipó que tendría que cubrir las reclamaciones de personas aseguradas afectadas por la pandemia del COVID-19. De cara a la pandemia, millones de estadounidenses y puertorriqueños enfrentamos una enorme limitación en términos de pruebas diagnósticas, hospitalizaciones indispensables, y hasta de ventiladores y tratamientos que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte.
Los seres humanos rara vez cambiamos de conducta por razonamiento o convencimiento lógico o hasta emocional. Todo cambio obedece a una enorme gratificación o a un descomunal sufrimiento.
La cantidad de muertes que represente el COVID-19- puede que convenza a una mayoría de la población a ignorar los argumentos redactados por la industria de productos y servicios de salud que, a su vez, utilizarán los políticos para demonizar la universalización de dichos servicios. Las acusaciones incluirán los peligros del socialismo, comunismo, destrucción de los empleos de los cientos de miles empleos en dichas industrias y, si todo esto no fuera suficiente, el cambio provocaría una recesión, la destrucción del sistema de la libre empresa y, con ella, la democracia misma. Nada de esto ha sucedido en los dieciocho países que han adoptado un sistema de salud universal. Pero ni los políticos ni los medios de comunicación predominantemente propiedad de inversores en Wall Street, con intereses en la industria de servicios de la salud, elevarán la bandera de la equidad salubrista y la justicia social. Serán los ciudadanos los que con la amenaza con dejar de consumir los productos de las grandes empresas y de no votar por los políticos que los representan, los llamados a impulsar el cambio.
La salud de todos, depende de todos, siempre y cuando nos convenzamos de ello por sobre los argumentos de quienes nos venden sus servicios de salud. Al fin y a la postre, depende de nosotros.
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[1]* https://www.ozy.com/around-the-world/the-insurance-industry-says-coronavirus-shouldnt-be-its-problem/297253/?utm_term=OZY&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=DailyDose%20%282020-04-05%2015:33:36%29&utm_content=Final
[2]† https://www.bankrate.com/finance/insurance/world-s-biggest-insurer-takes-on-all-risks.aspx
[3]‡ De Castro Herrero, Rubén, La Realidad Inventada: Percepciones y proceso de toma de decisiones en Política Exterior, Madrid: Plaza y Valdés, 2008
[4]§ Los quince estadounidenses más ricos poseen un total de $948.9 billones. Jeff Bezos, ($114 billones), Bill Gates, ($106 billones), Warren Buffett, ($80.8 billones), Mark Zuckerberg, ($69.6 billones), Larry Ellison, ($65 billones), Larry Page, ($55.5 billones), Sergey Brin, ($53.5 billones), Michael Bloomberg, ($53.4 billones), Steve Ballmer, ($51.7 billones), Jim Walton, ($51.6 billones), Alice Walton, ($51.4 billones), S. Robson Walton, ($51.3 billones), Charles Koch, ($41 billones), Julia Koch, ($41 billones), y MacKenzie Bezos ($36.1 billones) suman $948.9 billones.