Las escuelas, los 78 municipios y sus alcaldes/as
Es hora de que nuestros estudiantes y las comunidades asistan a escuelas bien preparadas, seguras y dotadas de materiales y equipo, con 9 estudiantes por maestra/o en sala, como exigen los protocolos más estrictos de salud pública y ocupacional ya probados en otras jurisdicciones. Los alcaldes y alcaldesas ven de primera mano y cotidianamente las desoladas y desatendidas instalaciones escolares en sus municipios. La escuela provee muchos factores de protección necesarios para la salud mental, física e intelectual en situaciones de desastres, ¡cuando tiene a todos sus componentes humanos y materiales en sinergía! Entonces, ¿por qué la tardanza en movilizarse para dar respuesta a la necesidad? Las comunidades escolares se ubican en territorios municipales por lo que los alcaldes y alcaldesas tienen responsabilidad en este asunto; tienen que reclamar, denunciar y legislar. Deben unirse a este reclamo de preparar y dotar a las escuelas con lo necesario, no abrirlas ahora, pues las tasas de contagio en todo Puerto Rico son mayores al 5%. Es un grave error abrir y poblar las escuelas en estos momentos.
Sin embargo, es el tiempo de arreglar las que tenemos. Pongamos la acción en la palabra. En Trujillo Alto cerraron la Escuela Tulio Larrinaga en 2018, a pesar de ser la única escuela elemental en el casco urbano. Para los 290 estudiantes y 30 empleados que fueron trasladados a la Escuela El Conquistador en horario alternado fue una mala decisión. Según los padres, madres, maestros/as y su directora, Yadira Colberg, es una estructura peligrosa, poco acondicionada e incómoda. ¿Cómo es posible regresar al hacinamiento y riesgo, ahora que más necesitamos espacios seguros? Hoy más que nunca tienen los gobiernos municipales el deber de intervenir a favor de sus comunidades y de las escuelas que fueron secuestradas en todo el país. La comunidad escolar de la Tulio Larrinaga está moviéndose, decidida a rescatar su escuela para ocuparla en agosto 2021. Su directora ha hecho todos los reclamos posibles al gobierno estatal sin recibir respuesta alguna desde 2018. Las autoridades estatales y el cuerpo legislativo municipal tienen que comprometerse a apoyar estos esfuerzos con respuestas y acciones afirmativas. Acciones que produzcan edificios seguros y saludables, baños equipados, espacios amplios, estructuras sismo resistentes, y altamente ventiladas, añadiendo purificadores de aire con filtro HEPA (recogedor de partículas de alta eficiencia) y ventiladores de caja (opciones prácticas y de bajo costo). Esto es serio: debemos prepararnos para la convivencia con el COVID 19. No hacerlo sería crear centros de contagios a sabiendas. Sería criminal.
No es un problema de dinero para obras, sino de burocracia, prioridades y ausencia de proyecto de país. Otro dato indignante es que el señor Manuel Laboy, director de la Oficina COR3 (Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia), reconozca públicamente que se ha fallado en tramitar de manera más ágil las solicitudes de adelanto y reembolso de fondos ya obligados a los municipios. ¿Hasta dónde puede llegar la ineptitud en plena emergencia? Anuncian la reapertura de escuelas en medio de un caos que han sido incapaces de controlar. Pero el dinero está. Hay que reclamarlo. Hay que fiscalizar su uso, pues la orden ejecutiva para “acelerar los procesos” trae consigo el germen de la corrupción. Lo sabemos.
La ciudadanía también merece información actualizada porque hay que articular la presencialidad con la seguridad. En Trujillo Alto, con una clasificación de contagio sustancial (según Informe del DS del 17 de febrero), la página web del municipio no está informando datos vitales que previamente informaban: contagios, muertes, casos por barrio, la edad de los contagiados, etc. Esta ausencia de datos públicos induce al error y perjudica las acciones que como ciudadanos debemos considerar para tomar decisiones personales y familiares. Es fundamental que el alcalde de dicho municipio y su equipo asesor en COVID 19 y su epidemióloga, atiendan estos asuntos con la urgencia y celeridad que merecen. Emplazado está. Anticiparse es tener visión para el éxito ya que la vacunación del personal escolar es una intervención para mitigar los efectos del COVID19, pero no evita el contagio, y más cuando no hay vacuna pediátrica.
Finalmente, es absolutamente necesario tener planes de acción diferenciados, bien diseñados y supervisados. Luego de que el DE públicamente quedara tan mal parado ante todos, se revelan movimientos más sensatos, dándole la razón a los gremios magisteriales como el FADEP, y psicólogas, intercesoras y abogadas, educadoras y expertas en salud pública y salud ocupacional de la Mesa Social COVID19, que han denunciado y propuesto acciones desde marzo 2020. Hay que rescatar las escuelas que nos quitaron, y tomarse el tiempo necesario para rehabilitarlas. Igualmente, fortalecer un sistema coherente para la educación a distancia, como una opción efectiva, requiere responsabilidad estatal que garantice la infraestructura y equipos para todos, especialmente las comunidades rurales y las vulneradas por la pobreza. La educación es un derecho que abre múltiples puertas de oportunidades. En la convivencia con el COVID19, la buena conectividad, equipo y recurso humano son inherentes al disfrute de ese derecho. Por ello, alcaldesas y alcaldes: ¡asuman posturas valientes!