Las personas sin hogar: abandonadas por el gobierno

Hay miles de personas tratando de sobrevivir en las calles. Son como tú y yo, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, a menudo carecen de recursos económicos y quizás han perdido su trabajo; pueden tener alguna adicción o problema mental; se encuentran alejados de familiares y faltos de apoyo emocional. Pero hay una enorme diferencia: no tienen hogar. Nosotros tenemos este espacio de paz y seguridad donde tratar de resolver problemas personales, pero las Personas sin Hogar (PSH) solo tienen la inestable y peligrosa calle, que lo que hace es agravar los suyos.

Aunque nunca he estado sin hogar, conozco algo del desprecio y discriminación que sufren estas personas a manos de la gente y también de las empresas y el gobierno, porque desde que me jubilé he trabajado como voluntario con el Comité de Justicia Social de La Fondita de Jesús.

En 2007, nuestro país montó un notable esfuerzo colectivo para atender el problema de las PSH, aprobando la Ley 130, la cual creó el Concilio Multisectorial en Apoyo a las Personas sin Hogar. Este Concilio agrupaba en su Junta representantes de todos los sectores de la sociedad que proveían servicios o entraban en contacto con las PSH: los albergues privados; agencias del gobierno como los Departamentos de Familia, Vivienda, Salud y la Policía; los municipios; y no menos importante de la misma comunidad de las PSH. El Concilio tenía la encomienda de coordinar los esfuerzos de todos estos distintos grupos en pro de las PSH, con la meta final de reducir la incidencia del sinhogarismo al mínimo. También la Ley 130 dio al Concilio la responsabilidad de velar por los derechos de las PSH basándose en una innovadora Carta de Derechos que la misma Ley creó, que incluso sirvió de modelo para documentos similares que estaban formulando algunos estados de Estados Unidos.

Yo serví de voluntario en el Concilio por varios años, trabajando por ejemplo en esfuerzos para asegurar que las agencias del gobierno tuvieron protocolos requiriendo a sus empleados entrenamiento y conducta de sensibilidad para con las PSH; o también para que los municipios eliminaran de sus ordenanzas las provisiones que criminalizan a las PSH por conductas como pedir dinero en las luces o dormir en los bancos del parque.

El nuevo e innovador Concilio naturalmente tenía deficiencias, incluyendo notablemente la falta de verdadera autonomía por estar ubicado administrativamente dentro de una importante agencia de gobierno que tenía otras prioridades (condición que me hace pensar en el mismo Puerto Rico). Se hubiesen podido remediar esas deficiencias pero con el tiempo, el gobierno iba marginando al Concilio, finalmente transfiriéndolo a otra agencia. Hace poco, el Concilio murió. Pienso que hubiese sido particularmente útil para las PSH durante los últimos cuatro años cuando el país fue golpeado por huracanes, terremotos y pandemia.

Hablando de pandemia, al principio del brote de Covid-19 en marzo del año pasado Wanda Vázquez, la entonces Gobernadora, emitió la Orden Ejecutiva-25 “para atender las necesidades de la población de PSH ante la amenaza de propagación del coronavirus (Covid-19)”. Ordenó que el Secretario de la Familia, en coordinación con los Secretarios de la Vivienda y de Salud establecieran centros de asistencia para las PSH, que debían incluir cuidados médicos básicos, instalaciones para el aseo personal, lavado de ropa, alimentación y otros servicios para evitar la propagación de Covid-19. También ordenó que Familia trabajara con Salud y Vivienda para establecer un protocolo para la provisión de servicios médicos a las PSH con Covid-19 y espacios de cuarentena para ellos.

Qué yo sepa, la OE-25 nunca se implementó.

Ahora, las PSH están experimentando un nuevo problema que tal junte de agencias hubiese podido ayudar a resolver: hacerles llegar los cheques federales de $1,400 de compensación por la pandemia. Es obvio que ese dinero haría una enorme diferencia en la calidad de vida de las PSH hundidas en la calle. Sin embargo, la evidencia es que a muchos no les está llegando. Algunos no se enteran y a otros –por desconocimiento– no les interesa; en todo caso, la mayoría carece de apartado postal, correo electrónico, cuenta bancaria o transportación propia, todo lo cual les complica o imposibilita el acceso a estos fondos. Albergues como La Fondita de Jesús hacen lo que pueden con sus propios participantes. Un Concilio Multisectorial en vida y activo hubiese podido hacer un gran aporte al respecto.

La ausencia del Concilio se hace sentir aún más ahora que va a haber una inundación de dineros federales. Según el Secretario de la Vivienda, esos fondos incluirán un programa de vivienda de interés social que “asigna fondos a entidades sin fines de lucro que ayudan a los sectores vulnerables como las personas sin hogar…” El Concilio hubiese podido desarrollar y coordinar un plan a nivel isla para aprovechar estos nuevos recursos.

A mi juicio cualquier plan para el uso de fondos de vivienda para las PSH debería tomar como propia la prioridad de la misma HUD (Vivienda Federal): “Housing First”. Significa que el gobierno,  al utilizar los fondos, debe empezar por proveerles a las PSH una vivienda, y solo después atender sus otras necesidades personales y de salud.

Es irónico que esta idea de “vivienda primera” que originó en Estados Unidos ha inspirado a otro país, Finlandia, a priorizar la creación e inversión en vivienda al atender su propia población sin hogar.  Desde este hogar seguro y tranquilo asegurado por el gobierno, las PSH de Finlandia pueden tratar de resolver sus problemas personales. O si no quieren, no tienen que hacerlo; el gobierno finlandés no es paternalista y les deja libres y sin presión, a pesar de que les tiene disponible ayuda especializada si la necesitan o desean. Creo que Finlandia es el país europeo que se destaca en toda Europa por su éxito en lidiar con el sinhogarismo. Pienso que Puerto Rico podría implementar algo similar dada la prioridad federal y la inminente llegado de fondos para vivienda. Pero es poco probable que suceda sin un organismo central para desarrollar un protocolo para coordinar para el bien de toda la comunidad los esfuerzos de las entidades particulares a quienes se asignarán los fondos.

El año pasado nuestra legislatura produjo un nuevo proyecto de ley sobre las PSH para reemplazar la Ley 130 y su Concilio. El proyecto no fue aprobado, pero aparentemente se volverá a presentar. Aunque me complace esta muestra de interés de la legislatura en la problemática del sinhogarismo, me pregunto: ¿por qué reinventar la rueda? A mi juicio, lo que había que hacer era mejorar e implementar la buena ley existente.  Solo faltaba la voluntad política.