Los derechos de las mujeres y la equidad de género en el programa del PIP
Comenzaremos por el área de seguridad. El PIP se aleja de las medidas punitivas y hace un llamado para que se aumente el personal de la conducta de forma que haya un mayor enfoque hacia la rehabilitación. En lo particular se compromete a considerar las necesidades de las confinadas.
Al tema de la agresión sexual (AS) contra las mujeres le dedican mucha atención y consideran que hay una «crisis sanitaria de proporciones alarmantes» para la cual los servicios son «nulos». Proponen la creación de los «Servicios Clínicos Forenses Comprensivos» (SCFC) desde donde se trabajaría la recopilación efectiva de datos, las estrategias de prevención mediante el desarrollo de un modelo de prevención desde la perspectiva salubrista con atención médica y psicológica; el apoyo a estudiantes para evitar la deserción escolar de las sobrevivientes; erradicar las condiciones que propician la violencia sexual. Se refieren también al aspecto del procesamiento del delito para lo que establecerían un protocolo uniforme para la recopilación de datos, el manejo clínico de las víctimas y familiares así como servicios de ginecología forense. Incluyen propuestas para mejorar la intervención de la Policía y fiscales en las Unidades de Delitos Sexuales, así como acuerdos con las escuelas de derecho para que los futuros profesionales que manejen los casos tengan una mejor preparación. Con este mismo propósito también se refieren a las escuelas de medicina, particularmente a las rotaciones de estudiantes de ginecología y obstetricia. Hacen una propuesta muy vaga sobre apoyo a jueces y fiscales.
En el tema de la salud, abundan las recomendaciones para la atención de las mujeres. Se menciona de forma específica que el personal debe tener el adiestramiento necesario para intervenir con las adictas y las adictas embarazadas. Incluyen que en la formación de profesionales de la salud y en los cursos de educación continua la perspectiva de género debe formar parte de la agenda. La salud sexual y reproductiva es abordada en detalle. Consideran parte de ella el disfrute de una vida sexual satisfactoria; ejercer el derecho a procrear o no; a decidir cuántos hijos o hijas tener y cuándo, así como el derecho a obtener información para que las decisiones sean tomadas de forma libre y voluntaria. Se comprometen a enfocar dentro de las políticas públicas de salud la eliminación de la violencia doméstica y la agresión sexual, la detección y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y que las mujeres tengan acceso a cuidado y atenciones durante el embarazo. En cuanto a la población joven, el PIP propone, además de la abstinencia, otros acercamientos sobre el sexo seguro y la prevención de embarazos no deseados. El Programa de Salud que presentan establece los Centros Comunitarios de Atención Primaria (CCAP) y plantean que a través de éstos, las jóvenes tengan acceso a clínicas especializadas para su primera visita a especialistas en ginecología, recibir información sobre sexo seguro y anticonceptivos. También pondrían a disposición de las que están activas sexualmente la prueba de Clamidia y el tratamiento que conlleva.
Según el modelo pipiolo, los programas de educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos estarán accesibles a toda la población con énfasis en las personas más empobrecidas. En cuanto a la maternidad segura se hacen compromisos que están asociados con reclamos de las mujeres y de quienes apoyan la equidad de género. Plantean que tomarán medidas para bajar la tasa de cesáreas que ya sabemos es extremadamente alta en Puerto Rico. Retoman la aprobación de la legislación para tener acceso a la información sobre las estadísticas, la cual no fue aprobada debido al cabildeo
de la clase médica. Se comprometen con respaldar la preparación de enfermeras parteras, garantizar acceso a servicios adecuados prenatales, durante el parto y post natales, tomando en consideración las necesidades sociales, económicas y geográficas; la desmedicalización del parto y que las mujeres tengan acceso a las opciones de salud reproductiva, prevención de embarazo, aborto, prácticas sexuales seguras, orientación, consejería, exámenes médicos, medicamentos, diagnósticos y tratamientos para las ETS, con o sin plan médico.
En el área de salud, también atienden la situación especial de Vieques y Culebra, los niveles de contaminación que allí existen y el impacto que tienen sobre las mujeres. Se comprometen a tomar medidas sobre el particular, aunque no se especifican cuáles.
Siendo la agresión sexual y la violencia doméstica problemas de salud pública, hacen énfasis en la necesidad de que el Instituto de Ciencias Forenses recopile la evidencia necesaria para el procesamiento de los casos y garantizan el cumplimiento con los protocolos que se han establecido para preservar la evidencia. Pero, además incluyen como una necesidad que se tome en consideración la diversidad de género en las salas de emergencia a donde llegan las sobrevivientes. La propuesta parece responder a la doble victimización que enfrentan las mujeres cuando acuden a los centros hospitalarios luego de haber sufrido violencia sexual o doméstica.
De forma más general se obligan a articular una política enérgica de investigación epidemiológica sobre la salud de las mujeres para establecer programas de prevención y tratamiento, atender la perspectiva de género, promover el acceso a información mediante campañas educativas y fiscalizar el trabajo de las agencias en su obligación de viabilizar que las mujeres tomen decisiones informadas sobre procedimientos y tratamientos médicos. Incluyen especialmente a las mujeres sin hogar.
Es significativo que el PIP incluya una sección sobre los compromisos que hacen en el área de salud con la comunidad LGBTT. Señalan que los servicios tienen que tomar en cuenta los factores que influencian sus vidas. Reiteran una vez más la necesidad de recoger información sobre datos demográficos. Suponemos que este énfasis tiene que ver con la realidad existente en Puerto Rico de falta de sistematización en este tipo de información. Se refieren a la inequidad en la provisión de servicios de salud y enfatizan en la población transexual. Se comprometen a incluir en los protocolos de intervención los tratamientos de hormonas y su seguimiento.
Es interesante la propuesta de crear un Centro de Estudios de la Familia (CEF) partiendo de la diversidad de familias existentes y el reconocimiento de los derechos humanos que le corresponden a cada una. Estaría integrado por distintas agencias, incluyendo el Observatorio de Género que entendemos sustituiría a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). Hacen una lista de temas que parten de que la familia puede ser un agente de cambio. Plantean la necesidad de armonizar las relaciones familiares con las laborales para lo cual incorporan estrategias como trabajar desde la casa, el horario flexible sin perder beneficios, el establecimiento de un programa nacional de centros de cuido de niñas y niños, programas de respiro para las familias que tienen menores con diversidad funcional, considerando también horarios no tradicionales. Creemos que estas medidas requieren mayor evaluación para prevenir que las mujeres trabajadoras puedan resultar perjudicadas. La meta debe ser la distribución de responsabilidades en la familia y descartar los estereotipos según los cuales se asignan tareas. Sobre los currículos escolares proponen la introducción de cursos sobre la evolución de las familias y la construcción social del
género con modelos alternos que han sido exitosos. No los mencionan. También se proponen establecer medidas para desarraigar la violencia en el noviazgo. Consignan su preocupación en torno a los jóvenes entre las edades de 18 a 21 años, cuando ya no cualifican para recibir servicios del Departamento de la Familia, pero no se establecen las opciones.
Señalan que las mujeres de mayor edad son las más empobrecidas e incluyen entre sus principales áreas de necesidad la soledad, falta de acceso a servicios sociales y médicos, el aumento en el costo de la vida y la insuficiencia en los planes de pensiones. Las propuestas son que se consideren sus necesidades particulares en el área de salud, la promoción de programas que incentiven la actividad física y los servicios de salud a nivel municipal y regional, su integración a actividades comunitarias de empleo, voluntariado y desarrollo empresarial. Para las mujeres sin techo proponen estructurar un proyecto colectivo entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil que trabajan con la población para atender los casos con un enfoque salubrista y desarrollar una red de servicios.
En el tema de desarrollo integral de la mujer encontramos la siguiente agenda: promover su inclusión en el desarrollo social y en las actividades económicas mediante la articulación de las políticas públicas y los cambios en actitudes para lo que será necesario el acercamiento a la perspectiva de género en las estructuras gubernamentales; la aplicación transversal de la perspectiva de género para determinar el efecto que tienen sobre hombres y mujeres (lo colocaríamos en orden inverso) las medidas gubernamentales; favorecer con políticas e incentivos a comercios que ofrecen salarios bajos y empleos parciales para que hagan un cambio en su enfoque; establecer un programa de inserción para las migrantes que carecen de servicios con proyectos de equidad y justicia social; partiendo de la falta de representatividad de la mujer en los puestos electivos y en el Ejecutivo, promover su inclusión equitativa en espacios públicos, políticos, económicos, sociales y culturales. Sin sugerencias específicas plantean la creación de mecanismos para estimular a las mujeres que reciben beneficios gubernamentales a salir de la dependencia. Sobre el particular sería importante conocer las alternativas. Por ejemplo, ¿se mantendrían los beneficios total o parcialmente por cierto tiempo mientras el empleo se estabiliza?
También se comprometen a que toda legislación, política pública o decisiones gubernamentales incluyan la perspectiva de género; documentar las incidencias de discrimen en el gobierno y rechazar la participación de cualquier instancia gubernamental en actividades, publicaciones, programas que promuevan estereotipos por género, proyecten una imagen despectiva de la mujer, fomenten o justifiquen la violencia de género.
Sobre otros aspectos más generales, el PIP se pronuncia en contra de todo tipo de discrimen y especifican género, identidad de género, orientación sexual. Hacen una oferta de promover el acceso efectivo a la justicia de las mujeres y de la comunidad LHBTT. En su compromiso con la defensa del derecho a la intimidad asumen el reconocimiento de la igualdad plena de las diversas relaciones afectivas y recomposiciones familiares; extender los beneficios marginales que tienen las personas en el servicio público a cualquier pareja de hecho. En resumen, eliminar los vestigios de legislación que atente contra el derecho a la intimidad afectiva. También eliminar el discrimen en el derecho a adoptar. No plantean lo mismo con relación al Código Penal que mantiene la vigencia de delitos que atentan contra ese derecho. Hay una propuesta para implantar un currículo continuo en Derechos Humanos. En el aspecto de la cultura establecerían en el Observatorio de Género y Raza iniciativas para que las imágenes que se proyecten a través de los medios propicien el respeto a la diversidad de género.
A propósito del Observatorio, esta es una propuesta que parece requerir todavía más elaboración pero, que según Edda López, tiene el propósito de promover discusiones con diversos sectores sobre ambos temas, con inclusión de gobierno y entidades no gubernamentales, la Academia, comunidades; inventariar necesidades y diseñar estrategias. Se buscan las respuestas efectivas que no han podido producir en la última década organismos como la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
Hemos comparado las propuestas formuladas para el cuatrienio pasado con las actuales y encontramos que muchas se repiten, aunque con mayor detalle en esta ocasión. Desde el punto de vista ideológico, se percibe más feminista y con un lenguaje que se acerca mucho a los reclamos formulados por las organizaciones de feministas y de servicios para las mujeres.
*Este texto es parte del más reciente número de Mujeres en Marcha, una publicación de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT) sobre los programas de los partidos y su abordaje al tema de género, las mujeres y otros temas relacionados.
Índice
- Lo que pasa en el norte
- Propuestas de la Lic. Alexandra Lúgaro
- Los derechos de las mujeres y la equidad de género en el programa del PIP
- Análisis del programa del Partido del Pueblo Trabajador
- Análisis de género al plan estratégico del Partido Popular Democrático
- Análisis de género al plan del Partido Nuevo Progresista
- Análisis de las propuestas de Manuel Cidre