Para el 2020
Para el 2020, los electores deberían condicionar su voto a que el partido ganador se comprometa a llevar el caso de la descolonización de Puerto Rico al tribunal internacional, los tribunales federales y/o el Congreso.
Descolonizar a Puerto Rico es requisito indispensable para un proyecto de desarrollo económico que permita la prosperidad y la estabilidad al país.
Seguir evadiendo el asunto nos está costando la vida.
Convencer a los que votan de que ese es nuestro único camino es la tarea que tenemos los más informados. Manos a la obra.
Ya hay demasiada evidencia acumulada para un caso internacional contra Estados Unidos por haber escondido a sabiendas la condición colonial de Puerto Rico y no proveer para su descolonización. Mas allá de las resoluciones que siempre se citan para sostener el caso de Puerto Rico en ese foro, Estados Unidos ha violado la Carta misma de las Naciones Unidas que firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco. La relación de amor y odio de USA con la ONU vino después. En 1945 USA fue firmante entusiasta con otros cincuenta países de la Carta de las Naciones Unidas y se comprometió con ella.
Por años nos hemos enfrascado en la discusión de las Resoluciones 1541 y 1514. Ambas son las que establecen los parámetros específicos para la descolonización. Pero el compromiso original que establece el deber fiduciario de Estados Unidos sobre Puerto Rico está ahí desde la Carta de la ONU de 1945.
Específicamente el Artículo 73 de esa carta que se refiere a los territorios no autónomos. La responsabilidad de las potencias administradoras sobre sus colonias para llevar su descolonización a buen fin estaba ahí. Para entonces la ONU identificó más de noventa colonias. Ochenta de ellas se han independizado.
Las violaciones originales a la Carta de la ONU trataron de se ocultadas en 1952 con el anuncio de la concesión de un gobierno propio que sesenta y cuatro años más tarde, en 2016, admitieron públicamente que se trató de una simulación.
Una tesis sobre estas violaciones ha sido publicada por un abogado y académico puertorriqueño. No es la primera ni será la última, pero me topé con ella buscando argumentos sobre la responsabilidad sobre la deuda pública de Puerto Rico y concluí que se trata de uno de los documentos más sencillos y directos sobre el tema. Permítanme presentarles la tesis de Steven Lausell Recurt.
Como periodista, voy primero a lo que creo es el meollo de la controversia sobre la deuda pública de Puerto Rico: ¿Es o no es responsabilidad de una clase política inepta e irresponsable y por ende de los electores que elección tras elección eligen esa clase política? ¿Tienen razón el Congreso y los acreedores al decir que los puertorriqueños se buscaron el problema a sabiendas, por irresponsables y por vivir más allá de lo que le permiten sus recursos? ¿Tienen razón los apologistas de la Junta de Control Fiscal – analistas con micrófono para defender los intereses que les son afines – al insistir en que la deuda hay que pagarla en su totalidad porque es nuestra y las deudas se pagan?
El análisis de Lausell Recurt concluye que aunque ciertamente la clase política ha sido un factor en la deuda, no es el factor principal. El factor principal de la crisis económica de la colonia es la políticase fiscal de la potencia administradora hacia la colonia que no ha cumplido con el compromiso de defender los intereses del país intervenido hasta su desarrollo sustentable como figura en el acuerdo que firmó en 1945. Por el contrario ha partido siempre de defender sus propios intereses y ha restringido el desarrollo económico de Puerto Rico para satisfacción de sus intereses, colocando al territorio en una posición indefendible.
Estados Unidos tiene el deber fiduciario sobre la colonia como potencia administradora y ha creado las condiciones que hacen inevitable la presente situación económica de la colonia. El deber fiduciario es la responsabilidad legal y moral de la potencia administradora sobre el manejo de la colonia tal y como está consignada en la Carta de Derechos de la ONU.
La meta de ese deber fiduciario está establecida bien clara. La potencia administradora tiene que defender los intereses de la colonia como requisito primario para crear las condiciones que le permitan dejar de ser colonia. Estados Unidos nunca ha defendido los intereses de Puerto Rico. La colonia siempre ha estado subordinada a los intereses de la potencia administradora.
Estados Unidos tenía que haber promovido sistemas y estructuras independientes de auto gobierno para Puerto Rico, con honestidad y transparencia. Tenía que reducir su dominio sobre la colonia hasta soltarla. Tenía que proveerle la estabilidad económica independiente que le permitiera existir por sí misma.
Nunca lo hizo. Fomentó y fomenta la dependencia de Puerto Rico en la potencia administradora. Impuso una economía favorable a los intereses de la potencia administradora. Promovió premeditadamente los enredos económicos que nos han llevado a la situación actual.
Es imperativo entonces partir de la responsabilidad de Estados Unidos sobre la crisis y sobre la deuda para poder identificar las soluciones a la crisis y la deuda. Esas soluciones desafían obviamente la estructura colonial. Y nos regresan al compromiso original de Estados Unidos hacia su colonia. A su deber fiduciario como potencia administradora. Es preciso determinar realmente cuáles son los recursos que tiene que hacer disponibles Estados Unidos para que Puerto Rico salga de la crisis. Desde los intereses de Puerto Rico. No desde los intereses de Estados Unidos. Ese fue el compromiso que no se ha cumplido.
De no hacerlo, Puerto Rico está en posición de acudir a la comunidad internacional a reclamar lo que le corresponde. El problema es que lo tendrían que hacer los delegados electos del pueblo de Puerto Rico y todos sabemos que ninguno de los dos partidos coloniales que han mantenido la confianza del elector en la administración de la colonia está dispuesto a ello.
De ahí mi contención inicial de que los más informados tenemos la tarea de convencer a los que votan de que condicionen su voto a la descolonización de Puerto Rico. Comprometer de antemano a los que piden su voto en las elecciones a perseguir una ruta concreta para la descolonización de Puerto Rico.
80grados es una publicación para lectores exigentes. No basta lo que yo les diga sobre la tesis de Lausell Recurt. Es necesario saber de dónde salen las conclusiones de esta tesis.
El articulo 73 de la Carta de la ONU dice lo siguiente:
Los Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo, aceptan como un encargo sagrado la obligación de promover en todo lo posible, dentro del sistema de paz y de seguridad internacionales establecido por esta Carta, el bienestar de los habitantes de esos territorios, y asimismo se obligan:
1) a asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso;
2) a desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones políticas, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada territorio, de sus pueblos y de sus distintos grados de adelanto;
3) a promover la paz y la seguridad internacionales;
4) a promover medidas constructivas de desarrollo, estimular la investigación, y cooperar unos con otros y, cuando y donde fuere del caso, con organismos internacionales especializados, para conseguir la realización práctica de los propósitos de carácter social, económico y científico expresados en este Artículo; y
5) a transmitir regularmente al Secretario General, a título informativo y dentro de los límites que la seguridad y consideraciones de orden constitucional requieran, la información estadística y de cualquier otra naturaleza técnica que verse sobre las condiciones económicas, sociales y educativas de los territorios por los cuales son respectivamente responsables, que no sean de los territorios a que se refieren los Capítulos XII y XIII de esta Carta.
Es de ahí que parte la tesis de Lausell Recurt para concluir que:
• La política de Estados Unidos hacia Puerto Rico es la verdadera causa de la crisis actual.
• Estados Unidos sigue teniendo un deber fiduciario sobre Puerto Rico que le hace responsable de esta crisis.
• Contrario al deber fiduciario comprometido, Estados Unidos ha mantenido a Puerto Rico en un estado de subordinación que le impide su desarrollo.
• El deber fiduciario comprometido obliga a Estados Unidos a actuar desde los intereses exclusivos de la colonia y no de los suyos como potencia administradora.
• Estados Unidos ha actuado siempre sobre Puerto Rico en defensa de sus intereses políticos y económicos, no los de Puerto Rico.
• Hay que determinar qué recursos y qué remedios tiene que ofrecer la potencia administradora para sacar a Puerto Rico de la crisis y encaminarla en el proceso original de su compromiso y su deber fiduciario.
La Constitución de Puerto Rico de 1952 fue un mal remedio para simular el cumplimiento del deber fiduciario de Estados Unidos sobre la colonia.
Sesenta y cuatro años después negaron que esa Constitución fuera garante de un gobierno propio que nunca tuvo plenamente la colonia. Admitieron que la soberanía y el control de la colonia sigue residiendo en el Congreso de Estados Unidos como desde el primer día en 1898.
Esa Constitución nunca proveyó a Puerto Rico de autoridad legal para alterar su relación política y económica con Estado Unidos.
Es hora pues de que empecemos de cero.
La ruta internacional es una. También existe la ruta de los tribunales federales y la búsqueda de negociación directa con el Congreso. Todas pueden ser trazadas y seguidas simultáneamente.
Cada cuál puede decidir la que favorece y defiende.
Cada uno de los asuntos particulares que nos afligen y cada una de las posiciones ideológicas que sostenemos, nos debe llevar a decidir cuál es la que favorecemos.
Tratar de imponer la de cada uno nos va a seguir retrasando la meta. Permitir y promover la diversidad en este caso es lo que corresponde.
Desde la diversidad, la ruta es la misma: la de la descolonización.