por Laura Candelas / Centro de Periodismo Investigativo
La demanda incoada recientemente por los incidentes del 30 de junio pasado en el Capitolio va más allá de reclamar compensación por ese incidente de agresión y acusa a la cultura de impunidad que se ha desarrollado en la Policía desde la primera mitad del siglo pasado sin que ningún Superintendente haya hecho lo suficiente para atajarla.
“Por todo lo que hicieron y no hicieron (el 30 de junio en el Capitolio) los coacusados (supervisores de la Policía) le dejaron saber a los miembros de la Uniformada que sus agresiones violentas contra los manifestantes no sólo estaban siendo toleradas por ellos sino alentadas por la alta jerarquía de la Policía”, dice la demanda.
La historia de la brutalidad policíaca en Puerto Rico es larga. Podría señalarse su inicio en 1935 cuando ocurrió la Masacre de Río Piedras, en donde cinco personas murieron cerca de la Universidad de Puerto Rico durante un acto de protesta. Luego, en 1937, ocurrió la Masacre de Ponce, con 19 muertos y más de 100 heridos, también entre personas que protestaban. Ambos incidentes incluyeron muertes de inocentes que sólo estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada.
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