Por qué fracasa Puerto Rico
Según estos autores, el origen de la pobreza –del subdesarrollo relativo– y de la ausencia de democracia (o su deterioro y venida a menos si una vez la hubo) está en las propias instituciones económicas y políticas que, en cada momento histórico, predominan en cada sociedad. Los autores descartan hipótesis alternas que se han seguido por otros autores: la de la geografía y la del nivel de conocimiento existente en los países. Son más bien las instituciones creadas las que conducen a un camino o al otro. 1 Los autores tienen en su obra dos conceptos principales: instituciones económicas o políticas extractivas e instituciones económicas o políticas inclusivas.
Si las instituciones económicas son extractivas, es decir, si la dinámica de sus instituciones económicas favorecen el control bastante cerrado para ciertas élites –las cuales están mayormente motivadas por su ambición de dinero y poder– ello resulta en un país con una economía poco favorable o contraria al desarrollo económico sostenible, es decir, al bien común, y en grandes limitaciones económicas y pobreza para la mayoría de sus habitantes. Esos son los países que los autores consideran fracasados económicos, los cuales están sumidos en círculos viciosos que prolongan su situación históricamente. El círculo vicioso que los mantiene en esa condición, a veces por siglos, es que son países que también tienen instituciones políticas extractivas, dominadas por una elite ambiciosa de poder, por lo que la mayoría de sus habitantes no tiene acceso a la participación democrática y la sociedad no tiene la capacidad de limitar o ponerle controles al poder económico y político de las élites. El escritor español César Molinas describe así las élites extractivas de España, pero es obvio que su descripción se ajusta también a las que padece Puerto Rico:
A partir de una Administración hipertrofiada, la nueva clase política… había asegurado un sistema de captura de rentas -es decir un sistema que no crea riqueza nueva, sino que se apodera de la ya creada por otros- por cuyas alcantarillas circulaba la financiación de los partidos. 2
Las instituciones económicas extractivas no sólo se basan en la extracción de recursos económicos o trabajo de las mayorías, sino también en características tales como la inseguridad en cuanto a la propiedad material e intelectual. Cuando existe esa inseguridad, se desestimula la inversión pues no hay motivación para quien se esfuerce y que pueda, de seguro, poseer el fruto de su trabajo. Tales sociedades extractivas carecen también de mercados libres, o si los tienen, son parciales, ya que los mercados están muy reglamentados por tradiciones y reglas sociales (cuando no existe el Estado) o por las leyes de un Estado despótico que los limita.
Lo contrario a todo eso lo son los países más desarrollados en sus capacidades productivas. Son aquellos que evidencian riqueza y prosperidad, no sólo para sus élites, sino para la generalidad de sus ciudadanos. Los autores atribuyen esta gran diferencia entre países distintos a que los más prósperos han logrado desarrollar instituciones económicas inclusivas y también instituciones políticas con esa cualidad. Esos países tienen instituciones las cuales permiten la situación de prosperidad económica con un nivel aceptable de pluralismo y participación política dinámica para sus sociedades. Por un lado, las instituciones económicas inclusivas dan acceso a la propiedad y a la acumulación económica a cada vez más miembros de la sociedad. No es una economía para beneficio único de una pequeña elite extractiva. Por otro lado, las instituciones políticas inclusivas abren la participación política y los cargos de poder a cada vez más amplios sectores sociales. Por esa razón, el Estado, en lugar de ser un mero garante de la extracción económica por las élites, rinde servicios y beneficios para todos los ciudadanos, tales como mantener el orden y el respeto a las leyes, dar servicios públicos y crear avenidas crecientes de participación política democrática. Por supuesto un Estado así, provee acceso a que los ciudadanos se sientan escuchados y atendidos por los gobernantes, justamente lo que casi no ocurre en el Puerto Rico de hoy.
Los países prósperos suelen tener sociedades sólidas y colaborativas, de modo que sus aparatos estatales están controlados por la sociedad. Es por eso que el Estado no es sólo un Leviatán 3 que impone su voluntad con la coerción (el rostro feroz del Estado), sino que también resuelve conflictos entre ciudadanos, provee servicios públicos como los de educación y salud y muestra su cara amable en la protección contra las guerras y mediante acciones a favor del bienestar ciudadano. El propósito del control participativo social es precisamente que los aparatos políticos estatales no se puedan tornar dictatoriales o despóticos –mostrando solamente su rostro feroz– y que ese poder político más accesible impida, a su vez, mediante leyes y políticas públicas, que las élites económicas se tornen más y más extractivas. Si eso ocurriera, se afectarían negativamente las instituciones económicas inclusivas para volver a un ciclo hacia la predominante extracción. Los autores demuestran, por lo tanto, que estas condiciones no son del todo irreversibles. Países que fueron ricos y prósperos en una época pueden ser más adelante ejemplo de países pobres y fracasados.
En los países prósperos en lugar de un círculo vicioso hacia la pobreza hay un círculo virtuoso hacia la prosperidad. Esto sólo es posible mediante controles sociales sobre un Estado democrático que tiene limitados sus poderes. Este es el “poder social” del que habló a sus compatriotas Eugenio María de Hostos. 4 Generalmente en estos países se lucha por mantener lo que se conoce como el Estado de Derecho, de modo que los dirigentes políticos del estado cumplen las leyes igual que todos los demás ciudadanos. La igualdad de los ciudadanos ante la ley, no es sólo para los ciudadanos, es también para los políticos que han llegado a los cargos del poder. Esto significa que –al contrario de lo que existe en los países fracasados y pobres– en los países de la prosperidad, ésta se sostiene, por medio de una sociedad activa y fuerte que le pone límites a las elites económicas y también a las políticas. Sin esos controles, las élites políticas buscarían perpetuarse en el poder, acrecentar su poder, y podrían convertirse o en un desgobierno corrupto (reduciendo o abandonando su protección a la generalidad de los ciudadanos) o en una entidad despótica que se ponga demasiado fuerte y restrictiva.
Una diferencia fundamental entre ambos tipos de países es que en los países pobres y fracasados las élites extractivas, para poder mantener sus privilegios y la extracción de recursos del país –y del trabajo de los demás ciudadanos, ya sea mediante salarios excesivamente bajos o impuestos muy elevados– suelen oponerse a lo que los autores llaman la “destrucción creativa”. 5 Este es un proceso –llamado así por el economista Joseph Schumpeter– mediante el cual las formas económicas de organización y producción son lo suficientemente flexibles como para cambiar hacia el uso efectivo de los nuevos inventos y las nuevas tecnologías que se van descubriendo, las cuales son necesarias para la evolución y el progreso económicos, aunque perjudiquen los intereses de las elites del país. En los países exitosos y constructivos se usa la “destrucción creativa” para darle continuidad a la productividad de la economía mediante inventos tecnológicos, para ensanchar las avenidas del progreso económico del conjunto (del País, del bien común), aunque se afecten negativamente ciertos intereses económicos. Si esto no se permite ni se estimula, si hay elites egoístas que bloquean las nuevas tecnologías para defender sus intereses, entonces no se le da continuidad al crecimiento económico sostenido y el crecimiento logrado en el pasado se va agotando hasta que el país deja de crecer y luego desciende en su productividad, aumentando con ello la pobreza.
Las sociedades de los países pobres y fracasados suelen ser débiles y ello lleva a dos tipos de situaciones: o el poder político no está lo suficientemente centralizado y afianzado como para tener el control de todo el país (como ha sucedido en regiones selváticas de Colombia, por ejemplo) o el Estado se torna muy fuerte y despótico para proteger los privilegios de las élites dominantes. En el primer caso, incluso el gobierno está ausente, o es muy débil, como en los países del África subsahariana dominados por élites extractivas y tribus antagónicas que se la pasan guerreando entre sí y que viven “sin estado” o con uno muy poco centralizado y débil. El otro extremo son las sociedades extractivas débiles que no logran desde la sociedad y sus instituciones evitar que el Estado se ponga demasiado fuerte y despótico.
El supuesto socialismo despótico en Rusia bajo Stalin y el del régimen fascista de Hitler en Alemania son ejemplos modernos de sociedades políticas extractivas que favorecieron políticas económicas extractivas. Sus instituciones extractivas, económicas y políticas, pudieron lograr un crecimiento económico por un tiempo y un nivel de inclusividad política –aunque limitado– pero a la larga fracasaron, ya sea porque sucumbieron a una guerra o porque no pudieron usar adecuadamente la destrucción creativa y las nuevas tecnologías para reimpulsar el desarrollo de su economía. Bajo Stalin la URSS creció muchísimo y pasó de ser el país más pobre de Europa a ser el más rico, pero eventualmente su capacidad económica decayó porque el control comunista usó la destrucción creativa y las tecnologías para una superioridad en la carrera militar –y también en la carrera del espacio sideral– pero no para la economía en general ni en beneficio de todo el pueblo, como prometía su ideología. Como resultado, la URSS cayó con graves problemas económicos y políticos y se desmembró como Estado a finales de la década del 1980.
Aplicación de este análisis teórico al caso puertorriqueño
Esta teoría vale la pena aplicarla a la evolución económica y política de Puerto Rico. No voy a aburrir al lector con una repetición detallada de lo que sabemos todos que ocurrió –o debiéramos saber. Me limitaré a unos ejemplos de lo más importante, de modo que los lectores puedan apreciar cómo Puerto Rico se fue moviendo de la extracción económica y política máxima hacia una situación de mayor inclusividad económica y política –que fue además la época de la prosperidad y el progreso– para finalmente caer donde estamos ahora: en un aumento de la extracción económica y política, tanto por la metrópolis como por parte de las élites locales egoístas y corruptas con la consecuente pobreza creciente para nuestro Pueblo. Indudablemente, se observa hoy un gran deterioro en lo económico y social. Además, desde su gobierno interno y sus élites políticas nuestro país va moviéndose hacia algo que no es realmente democracia sino una verdadera burla de los principios democráticos que una vez se intentaron instituir en Puerto Rico.
Sabemos que durante siglos bajo el dominio español tanto la economía puertorriqueña como su vida política fueron esencialmente extractivas. Aunque en el siglo XIX hubo algunas aperturas económicas en el comercio, sobre todo a partir de la Real Cédula de Gracias de 1815, la agricultura del café, la caña y otros productos de la tierra seguía siendo muy extractiva. Los jíbaros trabajaban la tierra que era propiedad de los españoles o de puertorriqueños ricos y recibían a cambio salarios muy bajos y condiciones de gran coerción y pobreza, como en los años de la libreta. La vida política estuvo hasta el final de ese período muy limitada al control extractivo español, excepto muy al final, que con la Carta Autonómica, se pretendía abrir un tanto el control político a algunos sectores de las élites puertorriqueñas, aunque no a la masa del Pueblo.
Una vez llegó el control colonial estadounidense, la extracción económica y política por parte de los intereses y políticos norteamericanos sustituyó a la española. Al menos en lo político hubo un aumento en la extracción: dos años con un gobierno militar estadounidense, los puertorriqueños electos al gobierno bajo la Carta Autonómica española perdieron sus cargos –y quedaron fuera– y luego de 1900, con la Ley Foraker de ese año, el Congreso impuso tanto la extracción económica como la política, sobre todo esta última mediante un gobierno civil manejado por los estadounidenses desde la Gobernación y la Cámara Alta legislativa (Consejo Ejecutivo): con muy poca participación libre para los puertorriqueños. De hecho, la participación política puertorriqueña estuvo reducida principalmente a la Cámara de Delegados o cámara baja de la Legislatura Insular. Esa cámara baja estaba compuesta por puertorriqueños de la élite política interna y podría tomar iniciativas, pero no podía siquiera asegurarse que se convirtieran en leyes, ya que el Consejo Ejecutivo podría no aprobarlas, como ocurrió en 1909 con varias medidas económicas que los legisladores boricuas pasaron para proteger los intereses de los puertorriqueños frente a la avasalladora extracción económica estadounidense.
En cuanto a la extracción económica metropolitana, como suele ocurrir con todo orden colonial, le metrópoli le impuso al país leyes beneficiosas para la extracción estadounidense y perjudiciales para los puertorriqueños: Puerto Rico quedó como parte del sistema aduanero estadounidense y Estados Unidos era quien imponía y se beneficiaba de los impuestos aduaneros a productos extranjeros. La moneda tendría que ser el dólar estadounidense y la tasa de cambio de los pesos puertorriqueños por el dólar fue desfavorable a los boricuas (50 y más tarde 60 centavos de dólar, cuando los economistas estiman que una tasa justa hubiera sido de 75 centavos de dólar por cada peso). El comercio sería preferentemente con Estados Unidos y la metrópoli le impuso a los puertorriqueños las leyes de cabotaje para que sólo se pudieran transportar mercancías de uno a otro lugar mediante el uso de barcos estadounidenses, con las tarifas más caras del mundo. Los productos estadounidenses entrarían libres de impuestos a Puerto Rico y los de Puerto Rico a EEUU, excepto el ron al que se le impondrían impuestos aduaneros que se devolverían luego como recurso al gobierno interno de Puerto Rico. Puerto Rico tendría autonomía fiscal de modo que el gobierno interno, manejado por estadounidenses, no tuviera –sin embargo– que ser financiado por Estados Unidos sino por los impuestos que un Departamento de Hacienda les cobrara a los propios puertorriqueños. Los estadounidenses gobernaban y los puertorriqueños pagaban: así son todas las colonias y la nuestra no fue una excepción.
El gobierno interno de Puerto Rico no podría entrar en tratados comerciales con otros países, ni en tratados de condonaciones contributivas, y se tendrían que aplicar al país los tratados que hiciera Estados Unidos con los demás países. Esto, no importaba si dichos tratados estadounidenses convenían a la economía de Puerto Rico o no. 6 Nuestro país quedó así totalmente excluido de la participación internacional bajo Estados Unidos y –en aquellos tiempos– no tenía ni bandera propia.
La extracción económica de los intereses económicos estadounidenses sobre la mano de obra en Puerto Rico se escenificó mediante el pago de salarios miserables a los puertorriqueños que trabajaban en las fincas de caña, propiedad de absentistas estadounidenses. En otras ocasiones los obreros trabajaban para colonos puertorriqueños, pero en esos casos las elites boricuas también eran altamente extractivas y los jíbaros boricuas trabajaban de sol a sol por un salario muy bajo. Obviamente la pobreza era abundante. Las empresas estadounidenses absentistas –que dominaban la industria de la caña– tenían un medio adicional para extraer recursos y dejar en la pobreza a los puertorriqueños que laboraban para ellos: los endeudamientos de los boricuas con la empresa. La economía del café, muy venida a menos bajo Estados Unidos, era igualmente extractiva aunque los extractores fueran puertorriqueños o españoles, parte de unas élites internas que existían entonces en Puerto Rico. Los salarios para los trabajadores y empleados eran también bajísimos. Igual ocurrió con el sector del tabaco, controlado por las empresas absentistas estadounidenses.
El cambio de la soberanía española a la estadounidense, en resumen, fue extractivo económica y políticamente para la mayoría del Pueblo puertorriqueño. Sólo prosperaron algunos colonos boricuas de la caña (que también oprimían a sus trabajadores) y una élite nueva de comerciantes puertorriqueños o extranjeros que fundaron y evolucionaron empresas exitosas para la importación a Puerto Rico de los productos estadounidenses, comenzando por los corn flakes y otros productos alimentarios –y los del aseo como jabones y detergentes– y siguiendo más adelante por la importación de muebles que hizo quebrar a las empresas autóctonas del sector del mueble, y aún más adelante, la importación de electrodomésticos como televisores, neveras y lavadoras eléctricas y los automóviles, así como todo tipo de maquinarias. Para aquellos años de 1898 a mediados de la década del 1940 la pobreza y el estancamiento económico y político eran característicos de Puerto Rico.
Es por esa doble extracción, la colonial de la nueva metrópoli y la interna de las élites locales, que la economía de Puerto Rico se halló estancada y en pobreza durante esas décadas del 1900 a 1940. No había entonces en Puerto Rico una sociedad local fuerte con un grupo grande y activo de intereses de la sociedad civil, que participaran políticamente para ponerles límites a la clase política estadounidense o a la clase política interna. Existía ya el Colegio de Abogados – desde tiempos de España– pero no había una red de organizaciones civiles que pudieran servir de contrapeso al poder político colonial de los estadounidenses ni de las élites extractivas locales. Como habría dicho nuestro prócer Eugenio María de Hostos, el Pueblo no organizaba su poder social ante el poder político extranjero ni ante el poder político subalterno de su clase política. La clase política interna estaba dominada por pocos partidos de las élites que recurrían incluso a la compra-venta del voto con tal de mantener su posición dominante en la poca vida política que era propiamente puertorriqueña entonces, como la que ayudó a establecer los primeros sindicatos, muchos de ellos filiales boricuas de sindicatos estadounidenses y también algunos periódicos. La recién creada Universidad de Puerto Rico (1903) y la Universidad Interamericana (1912) estaban dominadas por personal extranjero y por rectores estadounidenses –incluso el personal directivo en sus niveles intermedios era extranjero, debido a la ausencia de puertorriqueños con doctorado. Unos cuantos profesores eran sí, puertorriqueños, casi todos con maestrías estudiadas en universidades de Estados Unidos.
El significado del cambio económico y político desde la década de 1940 hasta las décadas de 1970 y 1980
Una situación de cambio económico y político se inició gracias a la confluencia entre las ideas políticas liberales e innovadoras del último Gobernador estadounidense que tuvo Puerto Rico, Rexford Guy Tugwell y la ambición de un joven político puertorriqueño, hijo del prócer Luis Muñoz Rivera. 7 Por un lado, Tugwell favorecía el cambio económico en Puerto Rico mediante industrialización y progreso agrícola, fundamentalmente de propiedad del Gobierno interno de Puerto Rico. Eran los tiempos del Nuevo Trato de Roosevelt y Tugwell había sido de los jóvenes liberales demócratas pro Roosevelt en Estados Unidos. Funcionario directivo de las oficinas de planificación económica en la ciudad de Nueva York, fue perseguido y acusado de comunista por sus ideas económicas que, sin embargo, no fueron más allá del capitalismo keynesiano utilizado por Roosevelt para planificar su Nuevo Trato y tratar de acabar con la Gran Depresión estadounidense de los años treinta del siglo XX. Tras su persecución en Nueva York, Tugwell fue nombrado por Roosevelt gobernador de Puerto Rico. Sus ideas fueron fundamentales para el cambio y fue él quien facilitó la creación de las “Autoridades” gubernamentales de servicios públicos y quien con sus contactos en Estados Unidos logró que algunos jóvenes puertorriqueños talentosos se fueran a estudiar al norte para que –a su regreso– pudieran contribuir a Puerto Rico con sus conocimientos. Tanto fue así, que el programa de cambios y “revolución pacífica” resumido en la consignas de Pan Tierra y Libertad del nuevo partido político de Muñoz Marín, el Partido Popular Democrático, pudo empezar a legislarse a partir de 1941 porque –aunque el PPD no ganó totalmente las elecciones– un legislador de la Cámara controlada por el Partido Socialista de Iglesias Pantín decidió votar a favor del programa de cambios económicos y políticos del PPD y el gobernador estadounidense, en lugar de ser contrario a los cambios político-sociales –como los anteriores gobernadores que fueron nombrados por el Presidente de Estados Unidos– sí favorecía los cambios. El Senado o Cámara Alta estaba entonces presidido por Luis Muñoz Marín y el PPD había logrado mayoría en esa cámara legislativa.
Fue en ese ambiente económico y político institucional, de buscar realizar cambios necesarios para extraer a Puerto Rico del estancamiento y la pobreza extrema, cuando se dieron los primeros indicadores hacia una economía más inclusiva y una vida política más inclusiva y democrática. No es que no hubiera errores y fallas antidemocráticas ya que estos procesos se dan en medio de diversas contradicciones. De hecho, los autores del libro citado, Acemoglu y Robinson, dan muchos ejemplos históricos de cómo tales cambios incluyen reveses y retrocesos, o tienen una duración bastante prolongada hasta tener sus efectos sobre la vida económica y política de un país. Una de esas fallas antidemocráticas fue la persecución despiadada de Muñoz contra Albizu y los nacionalistas, y aún contra independentistas del PIP, un partido electoral y pacífico. Otra de las grandes manchas de la época lo fue la “Ley de la Mordaza”. 8 No obstante, se efectuaron cambios hacia mayor inclusividad económica de los puertorriqueños en la propia economía del país, hacia un reparto de tierras más justo, y hacia instituciones políticas más democráticas e inclusivas, comparadas con las existentes a comienzos del siglo XX.
Los cambios realizados llevaron a mayor inclusividad económica y política –y como predice la teoría de Acemoglu y Robinson– dicho movimiento de una economía extractiva a una más inclusiva y de una política también extractiva y poco democrática a una más inclusiva, libre y democrática, fueron una combinación que llevó al “círculo virtuoso” del crecimiento económico acelerado en Puerto Rico durante las décadas de 1950, 1960 y parte de la del 1970. Puerto Rico pasó de haber sido por décadas un país agrícola, estancado y pobre a ser un país en vías de desarrollo con un crecimiento de su economía muy cercano al 10% anual. No sólo eso, sino que –al mismo tiempo– se estimularon procesos económicos y políticos que llevaron al país hacia una rápida industrialización, urbanización y modernización, a una mayor democratización de su vida política y a una mayor inclusividad, no sólo económica sino también política, que produjeron la creación de una amplia clase media con creciente importancia en la elección de los dirigentes del gobierno interno. Se creó una sociedad modernizada y de consumo. Correlativamente a lo que ocurría en lo económico, se dio por fin una mayor inclusividad política que culminó con el supuesto acuerdo del Estado Libre Asociado –que hoy sabemos que continuó como territorio colonial– pero que no cabe duda abrió las puertas a que jóvenes puertorriqueños de más estratos sociales entraran a la política y a la creciente burocracia del nuevo “gobierno autónomo”.
¿Cómo se demuestra esa mayor inclusividad económica y política en aquellos años? Nuevamente no vamos a citar aquí las estadísticas específicas ni los innumerables estudios realizados en Puerto Rico y en Estados Unidos sobre esa época del “milagro económico” puertorriqueño. Baste enumerar algunas evidencias de esa mayor inclusividad económica y política para demostrar la utilidad de la teoría de Acemoglu y Robinson al examinar nuestro devenir histórico. Hacemos primeramente una advertencia que es muy apropiada en el caso de Puerto Rico. Su rol político-militar estratégico como colonia estadounidense en el caribe –oficialmente: territorio no incorporado– todavía no cambió en aquellos tiempos. Por lo tanto, Estados Unidos continuó extrayendo recursos de las islas con bases militares por las cuales no pagaba y mediante la conscripción militar obligatoria de los boricuas para participar en guerras como la de Corea.
Y como todo territorio colonial, Puerto Rico continuó su papel como terreno económico extractivo para las empresas estadounidenses. Con el tiempo, y ante la pérdida de importancia de la producción agrícola del azúcar, los capitales estadounidenses se fueron moviendo hacia las industrias livianas. Para los puertorriqueños, la multiplicación de las industrias representaba mayores y mejor pagadas ofertas de empleo en la manufactura, sobre todo la industria textil, y se podría entender como subjetivamente una apertura económica beneficiosa, hasta para el trabajo femenino. No hay que olvidar que muchos boricuas se adiestraron entonces para el trabajo en industrias y ello también los benefició en el sentido de abrir oportunidades para la migración a Estados Unidos y el trabajo allá, ya no sólo en la agricultura sino en empresas industriales. Desde el punto de vista de los intereses estadounidenses, la mayor parte de las industrias de capital externo de Estados Unidos continuaron siendo extractivas. En primer lugar, porque llegaron para aprovechar mano de obra barata disponible y los salarios tampoco es que fueran muy elevados para la mayoría de los trabajadores. En segundo lugar, porque el propio gobierno central local comenzó mayores inversiones en salud, educación e infraestructuras, necesarias para atraer las industrias estadounidenses, lo cual era otra forma de extracción de recursos de la colonia –no ya en términos de los obreros y empleados– sino del propio gobierno local que les allanaba el camino a las industrias privadas con inversiones que ellas no tendrían que hacer. Piénsese solamente en la cantidad de fábricas que llegaron a Puerto Rico con el local ya construido por Fomento, y con exenciones del pago de agua y luz, además de las exenciones contributivas. Todo eso es prueba suficiente de que la extracción estadounidense continuó a pesar de los cambios de la agricultura absentista a las fábricas industriales, también en su mayoría absentistas.
Hecha esta aclaración, veamos algunos procesos que evidencian que para esa época de Operación Manos a la Obra, y desde un poco antes, ya la economía interna de Puerto Rico, sin terminar completamente el carácter extractivo en ciertas empresas, sí comenzó a aumentar la inclusividad económica. Veamos: 1) Con la reforma agraria de los gobiernos presididos por Tugwell, Don Jesús T. Piñero y Luis Muñoz Marín, se aplicó por fin la Ley de los 500 acres y se repartió tierra en parcelas rurales a una gran cantidad de campesinos sin tierra; 2) Mediante el programa de ayuda mutua y esfuerzo propio, mejoró notablemente la vivienda rural en Puerto Rico; 3) Más adelante, el proceso de urbanización, no sólo movió familias del campo a la ciudad y de la agricultura a la industria –o a los servicios del comercio en las ciudades– sino que con programas locales y con recursos federales de la FHA, más y más familias pudieron tener casa propia; 4) La industria local del cemento facilitó la construcción de viviendas de bajo costo en las urbanizaciones y de residenciales públicos mejor dotados para enfrentar los huracanes que frecuentemente visitan la zona; 5) la construcción de acueductos urbanos y rurales por una empresa pública como la AAA, y los alcantarillados, modernizaron las estructuras y el modo de vivir de los boricuas; 6) otra corporación pública, Fuentes Fluviales, comenzó la electrificación urbana y rural en Puerto Rico lo cual también ayudó a modernizar el país; 7) El gobierno interno de Puerto Rico no sólo era capaz de brindar agua y luz eléctrica a bajo costo y a más y más comunidades, sino que incrementó notablemente las inversiones del gobierno en educación y salud pública. La mano de obra puertorriqueña aumentó en productividad en la medida en que era más educada y saludable; 8) surgió un sector financiero autóctono, el de las cooperativas de ahorro y crédito, que además de crear nuevos empleos facilitó crédito a bajo costo; 9) El aumento continuado en el crecimiento del gobierno central de Puerto Rico y de los gobiernos de ciertas municipalidades, amplió sustancialmente las posibilidades de obtener un empleo público. Tanto en el gobierno de Tugwell como en los de Muñoz Marín se tuvo especial cuidado en que los exámenes y el mérito fueran los criterios principales para el ingreso como empleado público; 10) la migración a Estados Unidos, promovida por el propio gobierno local, 9 facilitó el crecimiento del empleo y de la economía para quienes permanecieron en Puerto Rico; 11) el gobierno promovió también el turismo interno y externo con lo cual la economía se hizo más inclusiva para diversos sectores en términos de empleos mejor remunerados y el aeropuerto en Isla Verde llegó a convertirse por un tiempo en un “hub” importante para el transporte aéreo que conectaba a Puerto Rico no sólo con Estados Unidos sino con otros países del mundo; 12) las universidades públicas y las privadas aumentaron su presencia con diversos recintos y fueron lugar para integrar a empleo a miles de jóvenes puertorriqueños que se prepararon en el exterior con doctorados en diversas disciplinas; 13) Un Instituto de Cultura Puertorriqueña y una televisora del gobierno central promovieron no sólo las actividades culturales autóctonas, sino que también la ampliación del acceso económico de más y más personas a los empleos en comunicaciones y en las industrias creativas y las empresas culturales. 14) El “bono de navidad” legislado por la primera administración del PNP con Luis A. Ferré como Gobernador (Ley 148 de 1969) amplió los ingresos y el acceso a recursos económicos al pueblo trabajador de Puerto Rico; 15) Las ayudas económicas externas de los programas federales, aunque aumentaron la dependencia, también aseguraron la paz social y beneficiaron con alimentación, vivienda y otros beneficios a las familias bajo el nivel de pobreza.
Cuando el modelo económico de Operación Manos a la Obra comenzó a agotarse, –porque la mano de obra se tornó más costosa en Puerto Rico y los costos de la energía eléctrica se elevaron– se recurrió a dos estrategias que de momento ampliaron más la inclusividad económica: las inversiones petroquímicas en Puerto Rico y la atracción de empresas electrónicas y farmacéuticas mediante la Sección 936 del Código Federal de Rentas Internas que permitió la doble exención contributiva a esas empresas en Puerto Rico: tanto acá como en Estados Unidos. Esas estrategias económicas le dieron “un aire” a la economía puertorriqueña cuando la misma comenzó a decaer en las décadas del 1970, 1980 y 1990. Se depositaron los fondos de las empresas 936 en la banca sita en Puerto Rico y los créditos se hicieron más disponibles y a costos razonables para los puertorriqueños. Toda esa actividad benefició a muchos sectores profesionales como abogados, ingenieros, publicistas y a comerciantes como los vendedores de automóviles, mientras dichas empresas se mantuvieron o se expandieron con el Plan del Caribe auspiciado por los gobernadores Hernández Colón del PPD y Carlos Romero Barceló del PNP. 10 Puerto Rico comenzó a tener importancia en la economía regional del Caribe e incluso el país ingresó como miembro donante del Banco del Caribe, aprovechando los fondos de las empresas 936. El aumento en la dependencia en fondos federales de estos tiempos facilitó que las familias más pobres pudieran tener alimentación, salud y vivienda pública.
Durante todo ese período, que constituyó una segunda etapa en la historia de la dependencia colonial puertorriqueña luego de la cesión de la soberanía por España a Estados Unidos, la vida política puertorriqueña también se tornó más inclusiva. Algunas de las actividades y procesos que llevaron a esa mayor inclusividad fueron: 1) la exitosa campaña del PPD en sus orígenes sobre la importancia del voto y la democracia, incluyendo el combatir las malas prácticas de partidos en el pasado con la compra-venta del voto; 2) La apertura del PPD a la participación política de masas en las comisarías de barrio y de crecientes grupos de la clase media a posiciones de liderazgo en el partido (ya no era sólo una élite de ricos y poderosos los que monopolizaban los cargos políticos); 3) con el establecimiento del Estado Libre Asociado como gobierno constitucional autónomo bajo la soberanía de Estados Unidos, se amplió el acceso a la administración pública por nuevos sectores sociales de las clases medias puertorriqueñas (donde quiera que en el gobierno interno hubo un directivo estadounidense, eso cambió hacia el liderazgo interno puertorriqueño) incluso en los centros de educación universitaria; 4) surgieron múltiples sindicatos, sobre todo en el sector público, y de esa forma se les otorgó un poder compensador para conseguir reformas en el estado y beneficios para sus miembros; 5) La propia Asamblea Legislativa, no sólo había pasado totalmente a manos puertorriqueñas en 1917, sino que después de 1940 y de 1950 se ampliaron los partidos políticos participantes y aún en el partido más ligado históricamente a las elites tradicionales poderosas, el Partido Estadista Republicano, se dio cabida a líderes de pueblo ligados a sindicatos o que representaban al sector afrodescendiente del país como Don Leopoldo Figueroa; al mismo tiempo, el PPD dejó llegar a las lides políticas a más mujeres como Felisa Rincón de Gautier en la alcaldía de la capital y María Libertad Gómez en la Asamblea Legislativa, 11 al tiempo que otro afrodescendiente era el más distinguido líder obrero y uno de los pilares del PPD: Don Ernesto Ramos Antonini. El mayor reparto del acceso a los cargos públicos se dio en las legislaturas de 1948 y 1952 cuando el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) hizo llegar a la Asamblea Legislativa a magníficos líderes legislativos, algunos de ellos representativos de cooperativas y de la clase magisterial del sistema público de educación; 6) En el año 1968 surgieron aún nuevos partidos políticos: una disidencia de PPD comandada por el ex Gobernador Popular Roberto Sánchez Vilella abandonó ese partido –clamando por procesos internos más justos y democráticos– fundo el Partido Del Pueblo. Al dividirse el PPD para las elecciones de 1968 pudo triunfar un entonces nuevo partido, el Partido Nuevo Progresista (PNP), cuyo candidato a Gobernador, Don Luis A. Ferré, repartió más los cargos públicos dando cabida a sectores del pueblo disidentes del PPD y que no habían tenido acceso al gobierno durante los largos años de predominio de ese partido. El surgimiento del PNP pudo verse como una mayor inclusividad política por tales sectores, algunos de los cuales, sin embargo, trajeron al gobierno de Ferré sonados casos de corrupción y mucha ambición política personal. 7) Mediante la ley 138 del 28 de junio de 1969, también en la administración Ferré, se aprobó extender el derecho al voto a los jóvenes de 18 años lo cual amplió más el padrón electoral puertorriqueño que antes requería 21 años para ejercer el voto; 8) La ley electoral de 1995 dispuso para la celebración de primarias para cargos electivos en los principales partidos de Puerto Rico ampliando con ello la inclusividad ciudadana en los procesos internos de los partidos; 9) Mediante iniciativas primero de la sociedad civil puertorriqueña y luego de los dirigentes políticos de los partidos se dio una lucha exitosa de derechos humanos en Puerto Rico a favor de la salida de la Marina de Estados Unidos de la Isla de Vieques (2000-2003) que demostró que la sociedad civil se había fortalecido durante todo ese proceso. Otros indicadores de creciente fuerza de la sociedad civil fueron las huelgas exitosas de algunos sindicatos, las protestas ambientalistas efectivas de Casa Pueblo y otras agrupaciones y protestas como la de La Nación en Marcha del 14 de julio de 1996, “una convocatoria unitaria hecha por un gran abanico de sectores políticos, ideológicos y sociales, que incluía independentistas y no independentistas” convocados a Fajardo en un momento en el que el anexionista PNP esperaba adelantar sus metas estadistas y anti-nacionales frente a una Convención de Gobernadores estadounidenses celebrada aquél día en el hotel El Conquistador. (La cita es de Julio Muriente Pérez) 12
Como se ha visto, las décadas de la mitad del 1940 a la mitad de la del 1970 ampliaron continuamente no sólo la inclusividad económica para los puertorriqueños (aun cuando permanecían empresas altamente extractivas, sobre todo entre las estadounidenses) sino también la inclusividad política de más y más ciudadanos en las tres ramas del gobierno autónomo de Puerto Rico, a pesar de que el país permaneció bajo su condición colonial-territorial como una dependencia y posesión de Estados Unidos de América. Y a pesar de la creciente dependencia de los sectores empobrecidos en los fondos de ayuda federales. Las debilidades inherentes a aquel modelo aún dependiente hicieron crisis más adelante.
El regreso a la creciente extracción económica y política
Una de las hipótesis principales de Acemoglu y Robinson es que la inclusividad puede ser, no solamente parcial, sino que una época de relativa inclusividad puede estar seguida por otra época en que la extracción predomina. Creo que justamente eso es lo que viene sucediendo en el Puerto Rico contemporáneo, en el siglo XXI. Luego de que en los años 1990 Puerto Rico alcanzó un desarrollo comparable con el de un país intermedio –como Portugal– con la crisis económica que hemos vivido desde incluso antes del año 2008, con la deuda extrema e impagable reconocida en 2015, y con el efecto de desastres naturales como el huracán María (2017), los terremotos en el sur (2020) y la pandemia de Covid -19 (2020), la economía de Puerto Rico ha experimentado un descenso notable, al punto de que países como Costa Rica y Panamá, ambos con un per cápita bastante más bajo que Puerto Rico en 2010, ya para 2020 se nos han acercado mucho, según datos del Banco Mundial.13
Con el descenso continuo en nuestra economía por décadas es imposible hablar de Puerto Rico como una economía dinámica y medianamente desarrollada. Es más bien una economía en descenso y en algunos casos menos graves la producción –si no decreció– está estancada. El puntillazo externo a esta realidad se lo propinó al país la descontinuación de la sección 936 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos. Lo que antes era un “motor industrial” beneficioso a nuestra economía terminó, tanto por aceptación del propio Gobernador Pedro Rosselló en Puerto Rico (1996) como por petición del Tesoro de Estados Unidos –que no creía debía continuar una exención contributiva federal tan total en momentos en que Estados Unidos tenía que controlar su propio déficit.
La producción industrial decayó y la economía se tuvo que basar más en el sector servicios, sin un equilibrio creciente de los sectores agrícola e industrial los cuales mostraron descenso. El círculo virtuoso del crecimiento económico anterior quedó sustituido por una economía en caída libre. Las empresas estadounidenses comerciales tipo Walmart, Marshalls y otras, han beneficiado a los consumidores puertorriqueños con precios bajos por mercancías que en su mayoría se fabrican en China. No obstante, al mismo tiempo, han provisto a los boricuas empleos muy precarios, con salarios bajos y condiciones de trabajo precarizadas. El empleo industrial decayó y una proporción creciente de la población se fue a vivir a Estados Unidos en busca de empleos mejor remunerados los cuales escasearon en Puerto Rico.14 El carácter extractivo de la economía de un país subordinado y colonial como Puerto Rico se intensificó pues los acreedores de la gran deuda –incluso fondos buitres estadounidenses multimillonarios– pretenden cobrar lo más posible de la deuda del gobierno de Puerto Rico, aunque pudieran perjudicarse las pensiones en el sector público para los boricuas, así como la capacidad del gobierno central interno para ofrecer empleo público y buenos servicios públicos.
La más dramática reducción en los empleos públicos afectó a más de 20,000 puertorriqueños durante la Administración Fortuño del PNP. El sector salud se privatizó desde la administración de Rosselló, padre (PNP) y aumentó con ello la extracción de recursos a las familias puertorriqueñas por parte de las aseguradoras privadas que sirvieron de intermediarios entre las familias y los proveedores privados de servicios de salud. Servicios públicos como los de la educación especial comenzaron a sufrir un relativo abandono por parte del gobierno central interno, lo cual fue un estímulo adicional para que las familias emigraran a Estados Unidos en busca de mejores servicios para sus hijos. El servicio más general de la educación pública ha sufrido gran deterioro debido tanto a la excesiva centralización burocrática en el Departamento de Educación y en todo tipo de corrupción con los fondos federales provistos a dicho departamento. No ha sido falta de dinero, ya que los fondos federales de adecuación profesional son considerables. No obstante, la élite del país comenzó a crear corporaciones para extraer recursos de esos contratos. Algunas, incluso de ingenieros del PNP, se tornaron rapidito en empresas educativas, o por lo menos con un departamento educativo. Todo ello contribuyó a la mayor despoblación de Puerto Rico. Se intentó que la economía dependiera más del sector turismo, pero el turismo no despegó como sí lo hizo en Portugal, por ejemplo. 15 Con el impacto del huracán María, de los terremotos en el sur y de la pandemia del COVID-19 la economía de Puerto Rico sufrió un bajón más perjudicial aún.
Sobre las limitaciones del crecimiento económico en un modelo como el existente en Puerto Rico, ya en 2003, James Dietz, economista experto en la historia económica de Puerto Rico, había escrito en uno de sus libros más recientes: “The Puerto Rican model, as opposed to the East Asian path of structural transformation, created a subordinate form of adverse path dependence that has been proven a barrier to continuous development beyond the early gains in living standards achieved in the 1960’s and 1970’s”… 16
En el nivel político la creación y triunfo del PNP en 1968, que significó al principio mayor inclusividad política en los cargos del gobierno interno y de los municipios, a la larga resultó en una reducción de la inclusividad y en un incremento de la corrupción político administrativa. Si observamos los candidatos a legislador, gobernador y alcaldes que participaron en la reciente primaria PPD-PNP, notamos de inmediato que son los mismos miembros de la élite política. Y si hay alguna cara nueva, sobre todo en el PPD, es la de un “blanquito” o una “blanquita” del partido, ya que los votantes del “corazón del rollo” de esos dos partidos casi no apoyan afrodescendientes o candidatas mujeres. No hay sino que mirar quiénes se colgaron por cada partido en estas primarias recientes del domingo 16 de agosto en las candidaturas a legislador por acumulación en la lista de cada partido. O eran legisladores o legisladoras banales y corruptos (as) que el Pueblo votante no revalidó, o eran afrodescendientes. De inmediato cae en cuenta cualquier observador acucioso que los cargos públicos se monopolizan por los mismos miembros de una élite política egoísta y extractiva, PPD-PNP.
Aunque la corrupción no ha sido exclusiva del PNP, ya que ha afectado a dirigentes del PPD, la misma ha venido acompañada de una reducción en la inclusividad política. En la medida en que la economía privada se tornó más extractiva y hubo menos oportunidades para lucrarse de ella, más y más sectores de las elites de Puerto Rico percibieron al gobierno interno, los municipios, y los beneficios en fondos federales como el terreno más apto para satisfacer sus ambiciones de poder y de enriquecimiento personal, a costa del bien común del Pueblo. Así, en el PPD y en el PNP, la apertura a nuevos sectores influyentes en la política se redujo palpablemente. Ha habido incluso alcaldes de ambos partidos que han manejado las alcaldías como un patrimonio personal, dejándolas incluso en herencia a sus hijos o esposas, de modo que el control municipal en muchos lugares de Puerto Rico se ha mantenido en las mismas manos, en control de las mismas familias y amistades de élite. Con ello obviamente se bloquea el acceso al poder político municipal en muchos pueblos. Algunos lo intentan pero no logran los votos, como el hijo del actual candidato a Gobernador por el PPD quien aspiraba a quedarse con la alcaldía de Isabela. Con todo ello, se ha reducido la capacidad del sistema político de reciclar a sus élites y de abrirse a nuevas influencias. Algunos miembros de la clase política ya no aspiran a cargo alguno. Han descubierto que enriquecen más sus caudales personales como asesores principales de un candidato, sobre todo cuando son buscadores de fondos privados para el partido.
Como se trata de un bipartidismo cerrado, no abierto a la posibilidad de sustitución alguna por un partido nuevo, sólo el PPD y el PNP han estado en condiciones de dominar el espacio público. Todos los partidos creados para intentar romper el bipartidismo y darle acceso en la cosa pública a nuevas élites han fracasado. En el ambiente legislativo no sólo los cargos se han monopolizado por años por las mismas figuras cimeras de cada partido del PPD y del PNP, sino que ha habido muy poca participación adecuada para las mujeres, aún de esos partidos, así como para integrantes de los grupos afrodescendientes o de ascendencia cubana o dominicana. 17 En algunos casos los partidos incluso han colocado en candidaturas a artistas de dudosa capacidad política por el atractivo físico (sobre todo en el caso de las mujeres) y por el reconocimiento público previo de tales candidatos. Mucho se ha discutido en Puerto Rico, en diversos medios de comunicación, sobre el daño que se le ha infligido al bien común del País, con el monopolio bipartidista de una élite egoísta y cada vez más cerrada a dar mayor inclusividad en las estructuras del menguado poder político que queda en el país.
Esta situación ha ido aparejada a la extensión de la política partidista a la Administración Pública. En diversas agencias del gobierno central se han creado asociaciones políticas del PPD y del PNP para luchar por el poder en las agencias. Ello no sólo ha traído un clima de enfrentamiento continuo entre sectores adversarios, sino que ha destruido el principio de mérito en la Administración Pública que con tanto esfuerzo ayudaron a crear en otro tiempo Rexford Guy Tugwell, Luis Muñoz Marín y Roberto Sánchez Vilella. Es de conocimiento general cómo la lealtad partidista ha sido por décadas el criterio principal para el ingreso a la administración pública y cómo ello ha perjudicado la idoneidad de los servidores públicos muchos de los cuáles cuidan más de su lealtad al partido político que los nombró que al bien común del país. 18 La ineficiencia político-administrativa ha llegado a extremos intolerables no sólo en la administración y desgobierno de lo público sino que ha afectado incluso a instituciones como la Comisión Estatal de Elecciones, en otro tiempo modelo de conducción de comicios limpios y democráticos. La más reciente evidencia de cuán bajo han caído las instituciones políticas del país se dio el Domingo 9 de agosto cuando tanto la CEE como los dirigentes del PPD y del PNP no estuvieron listos con los materiales electorales en los colegios de modo que muchos de los pocos ciudadanos que acudieron a ellos se quedaron sin poder votar ese día. Si la ley de primarias de 1995 era un factor de mayor inclusividad política, lo ocurrido el domingo 9 de agosto de 2020, en que se bloqueó la participación de los electores por posibles conveniencias de la élite de los partidos PPD y PNP representó la demostración más extrema de un intento de regreso a los tiempos del predominio de la extracción política elitista. Y el clima de incompetencia, desprecio al Pueblo y corrupción del deber público se escenificó cuando el Centro de Periodismo Investigativo dio a conocer el contenido de un “chat” gubernamental entre el ex Gobernador Ricardo Rosselló Nevares y muchos de sus ayudantes y directivos de agencias de gobierno el cual provocó la indignación del Pueblo y las protestas que llevaron a la renuncia del Gobernador Rosselló en julio de 2019.
A todo esto de la corrupción hay que sumar las famosas “burbujas”. Las mismas han sido particularmente importantes en operar la extracción de recursos por parte de la clase política en España, como demuestra el artículo de 2012, “Una teoría de la clase política española publicado por César Molinas.19 El mismo mecanismo se ha utilizado en Puerto Rico para favorecer empresas constructoras de inmuebles de lujo, como han sido algunas estaciones del Tren Urbano de San Juan, el Centro de Convenciones y su distrito de lujo, que a falta de muchas convenciones internacionales ha tenido que usarse hasta para graduaciones de diversos colegios de élite. Las burbujas no son otra cosa que la aprobación de proyectos con fondos públicos –a veces a base de deuda pública exagerada– para beneficiar a algunos empresarios privados que “pagan el favor” con donaciones a los dos partidos del bipartidismo o incluso con sobornos que cobran ilegalmente los miembros de la clase política. Un “exhibit” reciente de estas formas corruptas de beneficio propio a costa del bien común fue el arresto y acusación federal de María Milagros Charbonier, su hijo y su esposo (PNP) debido a un esquema en la Legislatura para subirle el sueldo a una empleada a cambio de una parte del nuevo ingreso ilegal, para la legisladora y su familia. En ese caso no fue una burbuja con una supuesta “obra pública necesitada por el Pueblo” sino un esquema similar pero más en pequeño, jugando con los fondos públicos para el enriquecimiento de alguien de la clase política.
Ya para las elecciones de 2016 –tres años antes de las protestas de 2019– se tuvo evidencia palpable del disgusto del pueblo con el mal gobierno y la corrupción. La abstención electoral fue de casi un 45% de los inscritos y por los partidos dirigentes PPD y PNP sólo votó el 72% de los participantes ya que más del 20% de los electores apoyaron candidatos independientes a la Gobernación y la Legislatura. Esos resultados electorales no han tenido precedente en la historia política contemporánea de Puerto Rico. Esto significa que la mayor extracción y consiguiente menor inclusividad en la vida política ha comenzado a afectar muy gravemente las relaciones entre gobernados y gobernantes. Ha afectado negativamente también a instituciones que anteriormente fueron símbolo de compromiso democrático y que han sido consecuentemente descalificadas por la prensa, por la oposición al bipartidismo y por lo que expresa gran parte del propio Pueblo, los gobernados. La pérdida de legitimidad que todo ello significa para la continuidad de la algarada de las élites bipartidistas es impresionante desde cualquier punto de vista.
Esa pérdida de legitimidad se ha afectado también porque en un plano político los estadounidenses se han comportado en la dirección de reducir también la inclusividad del sistema y se han dirigido a mayor extracción en las instituciones políticas. Al mismo tiempo que se han negado tanto a una mayor autonomía política del ELA como a las propuestas del PNP sobre la estadidad federada, con la Ley Promesa de 2015 el Congreso de Estados Unidos ha destruido la esencia del poder político autónomo local: la autonomía fiscal. Los que conocen de verdad la historia saben que la autonomía fiscal se le concedió al territorio no incorporado de Porto Rico en 1900, mucho antes de que los estadounidenses formalizaran la autonomía de Puerto Rico con el proceso de 1950-1953 que ha tenido desde entonces el nombre oficial de Estado Libre Asociado. Sin eliminar totalmente la autonomía gubernamental de un gobierno local, se le ha desprovisto de una parte muy importante de su poder político. En lugar de mayor autonomía, menos. Es así ya que no sólo la Junta de Supervisión Fiscal y una juez federal tienen la última palabra sobre los gastos del gobierno de Puerto Rico, sino también sobre el contenido de las políticas públicas. Toda política pública tiene implicaciones para el gasto público, por lo tanto la Junta revisa el impacto fiscal de las políticas públicas. Esto significa que los partidos políticos pueden proponer políticas públicas –pero como le ocurría a la Cámara de Delegados durante 1900-1917 en los años de la Ley Foraker– los partidos de Puerto Rico no pueden garantizar ya que las políticas públicas que han dicho desean implantar se ejecuten realmente en la práctica. Todo dependerá hoy en día de cuántos fondos en el Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico se autoricen finalmente por la Junta de Supervisión Fiscal. Y si hay discrepancias entre el gobierno interno de Puerto Rico y la Junta éstas habrán de resolverse por la vía judicial por la Jueza Federal Laura Taylor Swain. Si el PPD fue el primer partido político real y completo en Puerto Rico porque de 1940 hacia adelante pudo prometer un programa de gobierno basado en unas políticas públicas reformistas, el partido político que controle La Fortaleza y la Asamblea Legislativa luego de las elecciones de 2016 y de 2020 no podrá realizar política pública alguna si no es con la anuencia explícita en el presupuesto de la agencia concernida por parte de esa Junta de Supervisión Fiscal nombrada por el Congreso. Como en los procesos de la Junta no se le dio participación política alguna al Pueblo de Puerto Rico el ámbito de acción democrática autónoma también se encogió.
Según las autoridades del Congreso esto hubo que hacerlo debido a la irresponsabilidad de Gobernadores tanto del PNP como del PPD en continuar endeudando al Gobierno de Puerto Rico aunque la deuda lucía como crecientemente impagable. Y el propósito del control de la Junta de Supervisión Fiscal es –precisamente– que el gobierno interno de nuestro país gaste menos en sus funciones, de modo que sobre dinero para pagarles la deuda a los acreedores del Gobierno de Puerto Rico. En este proceso, no obstante, la junta no ha tocado aún ni los sueldos exorbitantes de los directivos de las agencias del gobierno de Puerto Rico, ni todos los contratos que el gobierno de Puerto Rico realiza para cumplir sus funciones, contratos que a menudo se hacen para beneficiar a aliados y donantes de los partidos del bipartidismo cerrado PPD-PNP. Es obvio que esta situación en que se reduce el empleo público en Puerto Rico y se deterioran los servicios públicos del gobierno a los ciudadanos con el fin de pagar una deuda en la que no participó activa y conscientemente el Pueblo gobernado de Puerto Rico, es una situación limitante y extractiva política y económicamente y no percibida como realmente justa por la mayoría de los gobernados. De ahí también viene la pérdida de legitimidad del sistema político y muy probablemente la gran abstención electoral astronómica del año 2016. Posteriormente ha habido otra razón de disgusto de los gobernados con la gestión de Estados Unidos en Puerto Rico. El manejo tardío, deficiente y discriminatorio por parte de agencias federales como FEMA, ante la destrucción del huracán María y los destrozos de los terremotos en el sur, y las fallas del gobierno local en hacer llegar las ayudas externas a los necesitados, desestimula la confianza de los gobernados, tanto en las agencias federales como en las del gobierno interno puertorriqueño. Esto se ha complicado con el mal manejo de la Administración Trump de la crisis causada por la pandemia del COVID 19, por ejemplo, enviándole ayuda a unos sectores sí pero a otros no, y abriendo el aeropuerto a vuelos desde estados que en EEUU tienen rebrotes del virus y cuyos visitantes han podido afectar la capacidad del país para controlar dicha amenaza. Todas estas situaciones que han afectado negativamente la economía de Puerto Rico –y su vida política– podrían resultar en una abstención electoral más elevada para las elecciones generales de 2020 a la ya observada para 2016. A esto puede contribuir la propia pandemia y el deterioro en los procesos eleccionarios que conduce la Comisión Estatal de Elecciones.
La única solución real al declive continuado de nuestro País
Es evidente que la hipótesis sobre extracción política y económica de Acemoglu y Robinson aplica muy bien a los procesos acaecidos en Puerto Rico en las épocas que hemos comparado en términos de la institucionalidad económica y de la política. Resta que sectores crecientes del Pueblo gobernado entiendan eso bien y, por consiguiente, le retiren su confianza y apoyo político a los partidos PPD y PNP. No basta con abandonar esos partidos mediante la abstención o incluso votando por partidos pequeños mal organizados y peor orientados hacia el cambio que el País necesita. La solución a todo este problema de la doble extracción –que nos afectará adversamente cada vez más si no la cortamos de raíz– es unirnos en un movimiento verdaderamente liberador, en un movimiento de Pueblo organizado en todo el País y que tenga dos objetivos bien claros: 1) Soberanía propia para Puerto Rico y descolonización del País y 2) compromiso genuino con un buen gobierno que ponga primero el bien común en lugar del enriquecimiento egoísta y extractivo de las élites políticas existentes. Esto significa que debe surgir de la sociedad una nueva clase política realmente comprometida con el bien común del país y contraria a la corrupción tanto pública como privada que parece reinar impune en la sociedad actual. Un nuevo contrato social sincero y pro Bien Común es lo que necesita realmente Puerto Rico. Lo demás es extracción y tiranía. ¿Estaremos a la altura de lo que requieren estos tiempos?
NOTAS
- Este enfoque institucionalista no es nuevo en la literatura, al contrario, tiene a muchos otros autores y se puede retrotraer a los trabajos de Thorsten Veblen en 1899. En Puerto Rico se recomienda el trabajo del economista Francisco Catalá, Promesa rota: una mirada institucionalista a partir de Tugwell (Ediciones Callejón, San Juan, 2013). Para un repaso sobre los trabajos institucionalistas y una sabia lección de que los cambios institucionales no se imponen, sino se negocian en lo que el profesor Catalá llama la “mesa de diseño institucional” véase “Estancamiento institucional” artículo escrito por Sergio Marxuach, Director de Política Pública del Centro para la nueva economía publicado en El Nuevo Día, Domingo 16 de agosto de 2020, Pág. 38.
- César Molinas “Una teoría sobre la clase política española” en El País. es, Madrid, 10 de septiembre de 2012.
- La alusión al Leviatán, que es un monstruo bíblico poderoso, viene de la teoría de Thomas Hobbes sobre el contrato social que según el imaginario de ese autor, hacen los ciudadanos en un país a fin de evitar la “guerra de todos contra todos” y que la vida “breve, desagradable, brutal y empobrecida” impere, estando así dispuestos los ciudadanos a ceder algo de su libertad individual para acumular libertad de acción en un Estado monárquico y poderoso. De esa manera –teorizaba Hobbes– se crea el Estado político. Acemoglu y Robinson aluden no sólo al rostro fuerte y terrible de la represión del Estado, sino también a lo que ellos llaman, su otra cara, la amable, la de la seguridad que provee y aún más allá los servicios públicos que puede brindar a los ciudadanos, hasta culminar en lo que se ha conocido como el “Estado Bienestar”.
- Véase Roberto Mori, “Para un renacer de la sociedad y la democracia puertorriqueña: un proyecto desde Hostos para los próximos 100 años de nuestra Madre Isla” en Biblioteca Virtual Manuel de Cervantes, cervantesvirtual.com, recuperado jueves 19 de agosto de 2020.
- Acemoglu y Robinson Op.cit. La tecnología y la educación como motores de prosperidad y de destrucción creativa se analizan en las Págs. 98-101. En la Pág. 107, citando a Joseph Schumpeter, los autores definen la destrucción creativa como básicamente sustituir lo viejo con lo nuevo, especialmente nuevos modos de producir más y mejor que aplican nuevas tecnologías, aunque con ello se perjudiquen los intereses de las viejas elites extractivas. Dicen los autores que a menudo el temor a la destrucción creativa tiene su origen en la oposición (de las élites) a instituciones económicas y políticas inclusivas. A renglón seguido dan ejemplos de “destrucción creativa “exitosa e importante en la historia europea, Págs. 108 y ss.
- En este punto, la Carta Autonómica Española era más liberal ya que permitía que el gobierno insular solicitara que Puerto Rico fuera excluido de un tratado comercial español que no conviniera a nuestra economía.
- Francisco Catalá, Op.cit, Promesa rota: una mirada institucionalista a partir de Tugwell (Ediciones Callejón, San Juan, 2013).
- Ivonne Acosta, La mordaza, San Juan, Editorial Edil, Quinta Edición, 2008.
- Véase, Egardo Meléndez Vélez, Sponsored Migration, Columbus, Ohio University Pres, 2017.
- Edgardo Meléndez Vélez, Partidos, política pública y status en Puerto Rico, San Juan, Ediciones Nueva Aurora, 1998, Capítulo 3, Págs. 136-160.
- Véase, José Luis Colón González, editor, María Libertad Gómez: mujer de convicción, líder de cambios. San Juan, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2014.
- Julio Muriente Pérez, “A 15 años de la Nación en Marcha” en Red Betances.com. recuperado miércoles 19 de agosto de 2020.
- Banco Mundial, www. bancomundial.org. Recuperado 19 de agosto de 2020.
- Véase césarayala.org/prdiaspora. César Ayala, un profesor puertorriqueño radicado en California, demuestra con estadísticas cómo la diáspora ha crecido en EEUU hasta más de los 5 millones y ello ha causado un descenso en población en Puerto Rico a cerca de 3 millones.
- Sobre las malas experiencias con el sector turismo y cómo le afectan a ese sector los cambios en la facción de la elite política que domine el gobierno en cada cuatrienio y en las consignas para publicitar el turismo en Puerto Rico, véase “Cinco décadas en el sector turismo” de Ruth N. Tellado Domenech, en El Nuevo Día, Domingo 16 de agosto de 2020, Pág. 36. Véase, además, Ángel Israel Rivera, “Portugal en 2018, Contraste y Lección para Puerto Rico” en 80grados, Viernes 21 de septiembre de 2018. Aunque por fin se creó una entidad para la administración de la publicidad sobre la “marca Puerto Rico”, el turismo no ha despegado bajo las condiciones de alta extracción económica y política como las observadas en las últimas décadas. Ni siquiera se le publicita lo suficiente, está demasiado enfocado en el turismo rico desde EEUU y hace muy poco por atraer al turismo europeo, además de los costos que en Puerto Rico son mucho más elevados que en la vecina República Dominicana y en otras islas caribeñas.
- James L. Dietz, Puerto Rico: Negotiating Development and Change, Lynne Rienner, Boulder and London, 2003, Pág. 66.
- Aunque ha habido tres congresos de afro descendencia en Puerto Rico, en 2015, 2018 y 2020, no ha habido un estudio científico sistemático y reciente sobre la exclusión creciente de los afrodescendientes de las estructuras partidistas y gubernamentales de Puerto Rico, sobre todo en la época de 2008 en adelante, cuando ha crecido sensiblemente la extracción política y, por consiguiente, ha disminuido la inclusividad. Se ha disertado sobre los afrodescendientes en los medios de comunicación pero no sobre ellos en el proceso político. En cuanto a la participación de las mujeres en las candidaturas políticas éstas mostraron un leve aumento de 18% al 22% de todas las candidaturas políticas en Puerto Rico entre 2016 y 2020. La profesora Luz del Alba Acevedo Gaud ha estado estudiando las causas por las cuales las mujeres participan mucho menos que los hombres en los cargos de liderazgo en los partidos políticos y en el Gobierno interno de Puerto Rico o en los gobiernos municipales y ha indicado que se… “Han internalizado las dinámicas de género de tal forma que el producto siempre es uno de desigualdades, desventaja y subordinación. Aunque, ciertamente, se pueden ver algunas leves mejoras, en términos de cantidad”, sostuvo la catedrática del Recinto de Río Piedras. Véase, Luz del Alba Acevedo Gaud, Género y Procesos Electorales en Puerto Rico, 2012 citado por Adriana Díaz Tirado “Leve aumento de participación de mujeres en las papeletas” en Todas, recuperado 22 de junio de 2020.
- Esto lo ha demostrado excelentemente el Dr. Leonardo Santana Rabell en su libro ya clásico sobre este tema: Fulgor y Decadencia de la Administración Pública, San Juan, Editorial Torre del Viejo, 1994.
- César Molinas, Op.Cit., “Una teoría sobre la clase política española: los partidos han generado burbujas compulsivamente”, en El País. es, Madrid, 10 de septiembre de 2012.