[dc]P[/dc]or primera vez, desde que hace más de tres décadas comenzó la lucha por viabilizar el dragado del Caño Martín Peña, cinco agencias gubernamentales acudieron al llamado que le hicieron los líderes del las Ocho Comunidades Aledañas al Caño Martín Peña (G8) para trabajar juntos por la realización de un plan de limpieza de alcantarillas pluviales y construcción de infraestructura, incluyendo alcantarillados sanitarios. Los líderes aprovecharon la ocasión para exigir que el dragado del Caño sea una prioridad gubernamental y la designación de fondos inicie de inmediato.
El líder comunitario narró que cada vez que llueve, la ducha de su casa parece estar conectada a las aguas sucias. Él cuida a su madre de 90 años y para evitar las infecciones, debe bañarla luego con alcohol, explicó.
Los demás residentes también traían historias que contar. Doña Carmen García compartió cómo una ambulancia fue incapaz de llegar hasta una persona
anciana que yacía enferma a causa de las inundaciones. Los servicios de ambulancia, correspondencia y recogido de basura, muchas veces se hacen imposibles, negando a los residentes el acceso a satisfacer sus necesidades básicas y haciendo más contundente su pobreza. Doña Carmen Rosario Cruz recordó entre lágrimas la muerte de su hijo a consecuencia del dengue hemorrágico. “No quisiera que ninguna madre tenga que pasar por lo que yo pasé”, manifestó.
Un presupuesto fijo
La situación actual del Caño fue calificada por los residentes como una crisis ambiental y de salud pública que amerita mayor designación de fondos. “Menos de 1% de los Fondos de Mejoras Capitales se dedican a una situación de emergencia ambiental y de salud pública”, indicó Cruz Rivera.
“En los últimos ocho años, nuestro gobierno ha hecho emisiones de bonos por $2,800 millones, sólo para el Fondo de Mejoras Públicas, de los cuales solamente $25.4 millones han ido al Proyecto ENLACE. Si en los próximos ocho o diez años dedicamos $580 millones, resolvemos el problema del Caño”, detalló la lideresa comunitaria.
La inversión sumaría aproximadamente $220 millones para el realojo de familias, $210 millones para infraestructura regional y local, incluyendo alcantarillado sanitario, y $150 millones para el dragado.
“Evitar que los excrementos lleguen a nuestros hogares o que los niños tengan que pisarlos en la escuela, debe ser una prioridad. No podemos estar pidiendo todos los años migajas. Es hora de establecer cuáles son las prioridades”, argumentó Cruz Rivera.
Las agencias que se reunieron con los líderes del G-8 fueron el Departamento de Salud, Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Junta de Calidad Ambiental y la Agencia de Proteción Ambiental de los EE.UU. (EPA).
El viernes, el liderato comunitario del G8 guiará a los funcionarios nuevamente en una visita de campo por la zona. Al recorrido también fueron invitados el Municipio de San Juan y el Departamento de Recursos Naturales.
