Separación de poderes o poder absoluto

brendan smialowski

Los argumentos del equipo legal de Trump, resultan baladíes. La Constitución ni impide que el Congreso solicite o exija documentos relacionados con el cumplimiento del ciudadano Trump con sus responsabilidades tributarias, ni legalmente existe tal cosa como «inmunidad absoluta». Además, los Estados retienen sus prerrogativas legales siempre y cuando no hayan sido sustituidas por leyes o reglamentación federal, lo cual no ha ocurrido en este caso. (https://www.archives.gov/espanol/constitucion)

El Tribunal Supremo cuenta con una mayoría Republicana. Los nombramientos de Gorsuch y Kavanaugh por el presidente Trump, junto las posturas conservadoras de los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y el juez presidente John Roberts, le confieren dicha mayoría. El Tribunal ha respaldado iniciativas del presidente, como la prohibición de inmigrantes de países musulmanes, que no hubiesen sido aprobadas bajo una mayoría de jueces liberales, sin que esto signifique que estos son demócratas, como alega Trump. De hecho, Roberts se ha aliado con los jueces liberales en algunas ocasiones pero ha votado con los conservadores en 81% de los casos en que se han desestimado precedentes y 93% en los casos de claras implicaciones partidistas (https://www.nytimes.com/2019/10/07/opinion/john-roberts-supreme-court.html).

Vale la pena mencionar que el Departamento de Justicia que dirige el Secretario William Barr, ha adoptado el rol de «amicus curie», o sea «amigo del tribunal”, en favor del equipo legal personal del presidente. O sea, el Departamento de Justicia, que se supone opere al margen de la política partidista del presidente de turno, se ha aliado con la representación legal de Donald Trump, en su conflicto legal como ciudadano con el Congreso electo por los electores.

El martes 12 de mayo, si se ven los dos casos (el de Deutsch y Capitol One, y Mazars, han sido integrados), y se falla a favor del presidente, para todos los efectos, el Congreso será privado de su rol fiscalizador contenido en la Constitución. En efecto, el ejecutivo gozará de las mismas prerrogativas que goza a un monarca, cuyas acciones no son fiscalizables por los legisladores electos por los votantes. El Tribunal Supremo estaría, a su vez, renunciando a su rol como tercera rama del gobierno llamada a dirimir las diferencias entre el ejecutivo y el legislativo. Dimitiría de su rol para asegurar un saludable «imperio de la ley», o sea un sistema en el cual las leyes aplican por igual a todos sus ciudadanos, independientemente del oficio que ocupen, inclusive dentro del propio gobierno de los Estados Unidos.

Si el Tribunal Supremo falla a favor del presidente, la separación de poderes que ha caracterizado al gobierno desde que se ratificó su Constitución en 1787, y que ha sido el modelo más replicado en todo el mundo, quedará, para todos los efectos, cancelada. El sistema jurídico estadounidense está basado en el Common Law británico que establece leyes y reglamentos a base de precedentes, léase “[e]n derecho, el derecho consuetudinario (también conocido como precedente judicial o ley dictada por un juez, o jurisprudencia) es el conjunto de leyes derivadas de decisiones judiciales de tribunales y tribunales similares”.

El precedente que se establecería, dejaría sin efecto cualquier reclamo que pudiera hacer el Congreso al ejecutivo, toda vez que existe el antecedente de que el Tribunal Supremo rechazó una acción fiscalizadora del Congreso, según estipulada en la Constitución. En adelante, cualquier otro reclamo se referirá a estos casos para determinar que el Ejecutivo no tiene que cumplir con requerimientos de parte del Poder Legislativo.

Tal vez se piense que todo esto es un “juego político” entre republicanos y demócratas sin mayores consecuencias para la vida ordinaria de los ciudadanos de los EEUU. Pero no lo es. A todas luces, y la decisión del Secretario Barr de desestimar los cargos contra el convicto Michael Flynn lo atestigua, el presidente y el Poder Ejecutivo avalado por el Senado de mayoría Republicana, se han propuesto librar al poder ejecutivo de las restricciones consignadas en la Constitución precisamente para evitar que un partido pueda operar al margen de la voluntad de los electores. No es casualidad que el primer artículo de la Constitución define al Congreso como la principal «sede» del gobierno.

Los usos y costumbres de la Presidencia, no han sido específicamente estipulados por ley por el respeto que los mandatarios han asumido hacia la misma. Sin embargo, Donald Trump ha quebrantado, y continúa, violentando dicho usos y costumbres. Del Tribunal fallar a su favor, su desafiante declaración de que como presidente “puede hacer todo lo que quiera”, se convertirá en la nueva práctica irrefutable. La separación de poderes sucumbirá ante el poder absoluto.