Similitudes coloniales

No importa cuál de los dos principales partidos políticos del País gane la elección de noviembre próximo, la desigualdad social seguirá en aumento y el camino por la ruta del neoliberalismo continuará, aunque se experimenten algunos cambios de velocidad.

Ese es el panorama que se desprende de los discursos que comienzan a esbozar los representantes institucionales de ambas fuerzas políticas al abordar el tema económico.

Aunque hay matices de diferenciación, en su esencia el partido gobernante y el principal opositor parecen asumir la misma posición en torno a la noción del Estado y su relación con el mercado y la economía en general. Ambos develan su fe en la mano invisible del capital como motor de los cambios sociales y económicos. Basta escucharlos para reconocer que entre ellos no hay grandes distinciones.

En el caso del gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP) los objetivos han sido claros. Desde su arribo al poder en 2009 su agenda se encaminó a implantar una reforma económica que dio vía libre al despido de empleados públicos con el pretexto espurio de reducir gastos del fondo general del Estado. Había un “gigantismo gubernamental” que hacía insostenible las finanzas públicas, decían los funcionarios políticos acompañándose de un coro de voces empresariales.

Para paliar la crisis fiscal que alegan heredaron de la anterior administración gubernamental, pusieron en vigor una “medicina amarga” que, de golpe, dejó un saldo de más de 13,000 empleados cesanteados, más una pérdida terrible de miles de empleos indirectos. El plan del gobierno significó, además, la apertura a un proyecto de desarticulación de los derechos laborales del País, teniendo como uno de sus más graves efectos la paralización de la negociación colectiva de la mayoría de los sindicatos.

Asimismo, la agenda del gobierno penepé apunta a la fragmentación del tejido social con el impulso que se augura tendrá en los próximos años el proyecto de privatización a través de las Alianza Público Privadas (APP). También se esperan propuestas destinadas a la desreglamentación y flexibilidad laboral, así como al abaratamiento de los despidos porque, según aducen los grandes empresarios, en la Isla existe un andamiaje legal muy proteccionista que contraviene a sus intereses.

En su intento por salvar su apariencia, los administradores del Estado justifican su acción concibiéndose como “valientes”, porque, en voz del propio Gobernador, “hemos hecho lo que tenemos que hacer” aunque duela. Esas medidas neoliberales que han confeccionado la medicina amarga gubernamental buscan acomodo en las consignas de productividad y competitividad de los mercados justo en medio de una severa crisis económica mundial que, en el último lustro, ha golpeado fuertemente las economías capitalistas.

En Puerto Rico, el resultado neto de estas acciones nos deja un panorama desalentador: un nivel de participación laboral bajo, de sólo 35%, junto a un desempleo que, en cifras oficiales, ronda el 16%.

A eso se le añade el aumento de la pobreza y la desigualdad, un vertiginoso empobrecimiento en las prestaciones sociales, el descalabro de nuestro sistema educativo y la corrupción de líderes políticos, la violencia desmedida, el alza en las quiebras y el crecimiento significativo de la deuda pública, entre otros.

Somos, en síntesis, más desiguales y pobres que hace una década, lo que según el epidemiólogo británico Richard Wilkinson sugiere ser “menos saludable y con menos esperanza de vida”.

Cierto es que esta crisis no puede atribuírsele sólo a las acciones del actual gobierno. Es, por el contrario, resultado de la acumulación de malas prácticas institucionales arrastradas desde inicios de la década de 1990, cuando comenzaron los ensayos de las políticas neoliberales en el País. Desde entonces, ha disminuido el empleo, se ha fragmentado la estructura social, ha crecido la economía informal derivada del narcotráfico, se ha disparado la violencia, se han incrementado los márgenes de desigualdad y el Estado se ha ahogado en deudas.

De cara al futuro inmediato, la salida que se vislumbra en el gubernamental PNP para salir de esta crisis, a juzgar por sus discursos y acciones, es la acentuación de sus políticas desreglamentadoras que avanzan hacia la total liberalización del mercado de trabajo. Es decir, se espera menos protección laboral, más reducción salarial y más precariedad, a cuenta de que se alivie la alegada carga económica del sector empresarial para que estos puedan aportar en el desarrollo de empleos.

Para esto ya se esbozan los proyectos legislativos que, de revalidar en el poder, se impondrán de inmediato.

Desde la plataforma del opositor Partido Popular Democrático (PPD) la respuesta a esta crisis no es muy alentadora. Más allá de reciclar el discurso de apoyo a la producción agrícola e incentivar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, sin concretar aún, lo demás es más de lo mismo.

Hablar de un plan económico desde una retórica numérica depositada en una lista de deseos sin ahondar en cómo éste resolverá la desigualdad social es llover sobre mojado.

Como si la historia no cambiara, la visión del actual liderato pepedé apuesta a que el gobierno de Estados Unidos nos resolverá, olvidándose que se avecina una reducción en ayudas federales aprobadas por el presidente Barack Obama que asciende a dos mil millones de dólares y que, sin dudas, afectará la Isla.

Al mismo tiempo, en el PPD hablan, por ejemplo, de ir a Wáshington a buscar incentivos (créditos) federales para seducir a las empresas extranjeras en la Isla con la promesa de otorgarle exenciones contributivas y así promover empleos.

“Puerto Rico aprovechará al máximo la oportunidad con esfuerzos de promoción e incentivos fiscales competitivos para atraer empleos”, reza el plan económico esbozado por esa colectividad, que enfatiza en las ventajas de mantener inalterable nuestra relación colonial.

Señalan, además, que “Puerto Rico es costoso para la inversión”, lo que sugiere trabajar desde el Estado para “aliviar” la carga económica del sector empresarial porque, han expresado, esto ayudará a crear más empleos.

Atribuyen toda la crisis a los efectos de la Ley 7 pero aún no han establecido cómo revertirán los nefastos efectos de esa legislación porque, a todas luces, la formulación de su plan económico se asume desde la inalteración de las medidas fiscales asumidas por la actual administración.

Hay, en cambio, una excepción. El PPD se ha comprometido tras bastidores a eliminar el arbitrio de 4% que el actual gobierno le impuso a las empresas de capital exento en la Isla y que ha sido la fuente de ingreso que nos ha aliviado el cuadre presupuestario.

Aunque es una medida que se reduce paulatinamente hasta el 2016, sus efectos son positivos y nos ha permitido añadir a los ingresos del Estado $125.1 millones en un año.

Vale reconocer que el gobierno actual se atrevió a hacer lo que nadie había querido, a pesar que expertos economistas han señalado la necesidad de repartir la responsabilidad fiscal entre todos los componentes de la sociedad. Lo más significativo es que ninguna de las 35 empresas de capital exento en la Isla se ha marchado tras la imposición del arbitrio, lo que derrumba el mito del PPD.

Si en vez de 4% el impuesto aumentara a 10%, los recaudos ascenderían a $3,300 millones anuales, una cifra considerable para aliviar la crisis fiscal. Preocupa, en tanto, la insistencia de muchos líderes del PPD en afirmar lo “costoso” de invertir en la Isla, asumiendo el discurso en amplio espaldarazo a los intereses del capital de desatenderse de su responsabilidad social,  cuando la actitud del gobierno debería ser exigir más a quienes más tienen.

Los trazos discursivos de quienes dirigen las tropas pepedés acentúan una actitud de sometimiento y asistencialista al capital que poco se diferencia de su principal contendor. A ese paso, quienes apuestan a un cambio alterando la relación del poder gubernamental, con el clásico “quítate tú, pa’ ponerme yo”, verán tronchadas sus esperanzas.

Puerto Rico necesita cambios radicales para superar la crisis, mas para eso se necesita valentía y un proyecto que plasme una visión de país desde otro paradigma y lejos de actitudes sumisas.