muchos de los problemas de la educación pública en Puerto Rico, desde el nivel elemental hasta el nivel universitario, reflejan políticas públicas fallidas e intromisión político-partidista. A estas fallas también se le une la falta de solidaridad y de aceptación de la educación pública como un servicio esencial al que todos y todas tenemos derecho en nuestra formación académica y desarrollo profesional a lo largo de nuestras vidas.
En medio de estas disyuntivas, nos llega la noticia de que la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori retuvo su autonomía operacional dentro del esquema del Departamento de Educación de PR. Este hecho es el resultado de la lucha incansable y los esfuerzos continuos de toda una comunidad escolar que expresó su sentir mediante procesos democráticos y participativos, comprometidos con la excelencia de su filosofía y su metodología. Juntos elaboraron un reglamento de ley de educación Montessori. No obstante, el reglamento no fue acogido por los directivos del Departamento de Educación, quienes se dieron a la tarea de reestructurar el componente educativo dentro de un organigrama que no representaba ni le hacía justicia a la Secretaría Auxiliar y la filosofía Montessori, ni a miles de niñas y niños que se benefician de su enseñanza. La Gobernadora Wanda Vázquez detuvo la aprobación del nuevo reglamento que presentó el Departamento de Educación, amparada en su interés por preservar la excelencia de la educación Montessori tal cual lo concibe su Secretaría Auxiliar, asegurando así la continuidad de su proyecto y respetando los esfuerzos que lo hacen posible.
Me pregunto, entonces, porqué dicho interés y apoyo no se extiende al más alto nivel de la educación en el único sistema público de enseñanza en la isla, que es la Universidad de Puerto Rico. Nunca ha estado en duda la excelencia educativa de la UPR ni la calidad de sus programas académicos variados, que cuentan con prestigiosas acreditaciones nacionales e internacionales. Tampoco está en duda la calidad de sus egresados y egresadas, siendo la institución de educación superior con las tasas más altas de retención y graduación en todo Puerto Rico. A su vez, la UPR ostenta una posición respetada en el listado de QS World University Ranking entre las universidades de América Latina. Todos estos aspectos colocan a la UPR en un sitial prestigioso en la formación humanística, académica e investigativa.
Sin embargo, muy poco se ha hablado sobre la universidad como entidad que se nutre de la relación entrelazada de todos sus componentes, una relación que se extiende, a su vez, al ámbito social, económico y cultural de la isla. Si bien es cierto que la razón de ser de la Universidad es su estudiantado, también es cierto que existe un gran número de trabajadores y trabajadoras, docentes y no-docentes, que hacen posible esa educación tan esmerada y respetada. La mayoría de los gobernantes de turno y entidades como la Junta de Supervisión Fiscal realmente desconocen el funcionamiento operativo de la Universidad y la relación estrecha entre los sectores que la componen. Desconocen también los procesos continuos de evaluación rigurosa, al igual que los de transformación académica, tecnológica y administrativa que se llevan a cabo. Lo que no se conoce, no se aprecia y mucho menos se defiende. He aquí la gran incongruencia de cómo se percibe la Universidad: por un lado, se elogia como el gran centro de saberes humanísticos e investigativos, ecualizador social y motor económico necesario para que nuestro país prospere, pero por otro lado se aprueban medidas que desmantelan su operacionalización y arriesgan su sostenibilidad.
En el Recinto de Rio Piedras, donde he tenido el privilegio de laborar por los pasados 22 años, la relación simbiótica entre los entes que lo componen se percibe a simple vista. Sin el funcionamiento concertado entre estos distintos sectores del recinto, no se pudiera llevar a cabo el proyecto educativo universitario. Comencemos por los y las oficiales de la División de Seguridad y Manejo de Riesgos, quienes tienen turnos de 24 horas. Son responsables de custodiar los predios de la universidad y de velar por la seguridad de todas las personas que se encuentran dentro de su espacio. Por otro lado, las y los trabajadores de la Ofician de Conservación de Instalaciones Universitarias (OCIU), cuyos empleados están cobijados bajo el Sindicato de Trabajadores fundado en el 1942, y los de la Oficina de Planificación y Desarrollo Físico (OPDF), comienzan sus turnos desde las 5:00 am. Las labores de ambas entidades están divididas entre ornato, electricidad, plomería, refrigeración, mantenimiento y mejoras de edificios y sus alrededores, planificación y construcción de proyectos, subastas, coordinación de mejoras con la Administración Central de la UPR, entre otros. Además, son responsables de abrir y acondicionar los salones de clases en todos los edificios del recinto, entre otras labores.
La Hermandad de Empleados Exentos No-Docentes (HEEND), organización que cuenta con 47 años de historia desde su fundación y que representa una matrícula de cerca de 4,000 empleados y empleadas en las áreas administrativas y técnicas de la Universidad, se ha distinguido por su lucha social continua en defensa de la UPR y a favor de las mejores condiciones de empleo. Las y los trabajadores comienzan sus jornadas desde las 7:00 am y se encargan de todo el andamiaje administrativo que posibilita la registración y consecuente graduación de estudiantes, la tramitación de solicitudes de ayuda económica y otros servicios estudiantiles dentro del recinto. Son responsables, a su vez, del funcionamiento administrativo de oficinas y programas académicos, incluyendo el sistema de bibliotecas, seminarios, laboratorios y centros de investigación. Además, se encargan de todo lo relacionado al proceso de recursos humanos y el reclutamiento del personal no docente, la tramitación de contratos de instructores, catedráticos y profesores visitantes, los procesos de contabilidad y finanzas del recinto, la propiedad mueble e inmueble, el correo interior, los programas de adiestramiento y ayuda al empleado, y el archivo universitario, entre muchas otras labores.
El recinto también cuenta con una Oficina de Protección Ambiental y Seguridad Ocupacional (OPASO), creada desde el 1991 para mejorar las condiciones de salud y seguridad en el ambiente de trabajo, de enseñanza e investigación dentro del campus. Se encargan de garantizar la salud y seguridad ocupacional y ambiental de las y los empleados, estudiantes y visitantes mediante el cumplimiento de las políticas institucionales ambientales y ocupacionales y la divulgación de reglamentos estatales y federales aplicables al recinto. Su trabajo es indispensable para la salubridad, seguridad y control ambiental, con programas de prevención bajo parámetros y estándares estrictos de inspección y rendición de cuentas.
Las y los profesores comienzan a impartir sus clases en distintas secciones que transcurren entre las 7:00 am hasta las 10:00 pm. Muchas de las oficinas y los programas académicos son dirigidas por profesores y profesoras del mismo recinto, desde los más altos puestos en Rectoría y Decanatos hasta departamentos, programas graduados y centros de investigación. Otros y otras ejercen como consejeros profesionales a través del Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil. Además, las y los profesores forman parte de cada una de las instancias deliberativas que rigen la Universidad, como lo son el Senado Académico, la Junta Administrativa, la Junta Universitaria y la Junta de Gobierno. Un gran número de docentes pertenece a la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, fundada en el 1961 con el fin de procurar el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de jubilación de sus miembros y de defender sus intereses profesionales, culturales y económicos. Además, provee orientación y asistencia legal a sus miembros, como también fondos para viajes a congresos y actividades de mejoramiento profesional. La organización también acoge a profesoras y profesores jubilados de todo el sistema UPR y vela por sus intereses.
Así mismo, los y las estudiantes asisten a sus clases, participan de actividades culturales y asociaciones académicas y también de programas de estudio y trabajo dentro del mismo horario que laboran sus profesores y profesoras y también en aquellos que se llevan a cabo fuera del recinto. En periodos específicos, como en procesos de matrícula y exámenes finales, el horario de algunas de las oficinas y la biblioteca se extiende para beneficiar al estudiantado y lograr que completen sus trámites en las distintas unidades. Son representados por el Consejo de Estudiantes, que a su vez se nutre de estudiantes de las distintas facultades y escuelas escogidos mediante votación por sus pares. Operando de manera más orgánica y horizontal está el Movimiento Estudiantil, que no representa a un organismo oficial estudiantil como tal dentro del sistema universitario, pero quienes se mantienen activos y participativos en discusiones y eventos relacionados a la universidad. Igual que sus profesores y profesoras, los y las estudiantes cuentan con representación, voz y voto en las instancias deliberativas, desde sus respectivos recintos en reuniones de Departamentos, Consejos de Facultades/Escuelas, Senado Académico y Junta Administrativa, hasta su participación en la Junta Universitaria y la Junta de Gobierno.
Ninguno de los componentes esenciales que opera dentro de la universidad es independiente; la alteración de uno desestabiliza el funcionamiento de otro. Con la admisión de estudiantes a los distintos recintos se activan todos y cada uno de estos componentes y su interrelación, acoplo y buen funcionamiento hacen posibles que los y las estudiantes lleguen a culminar sus grados. Aun en estos momentos de pandemia, esta relación simbiótica existe. Hemos tenido que recurrir a procesos y recursos tecnológicos para mantener el sistema operativo y funcional dado los estragos de la pandemia. El cambio repentino de la educación presencial a la educación en línea ha conllevado un sinnúmero de retos que no anticipábamos. Los hemos enfrentado con el mismo compromiso y la misma ética profesional que nos distinguen. Pero la educación en línea nunca sustituirá la educación presencial del todo, ni las experiencias de desarrollo personal y profesional que conlleva la experiencia de vida de las y los universitarios en su adquisición de conocimientos universales y preparación especializada. La educación envuelve más que una pantalla digital en la formación personal, profesional y académica. Aunque los recursos tecnológicos y programas en línea nos ayuden en la meta de alcanzar un grado, son a su vez solo herramientas y una modalidad de enseñanza, entre otras, que podemos utilizar a la par con otros elementos y experiencias humanísticas y socioculturales. Esto seguramente nos encamina a lo que serán nuevos formatos y escenarios educativos donde lo presencial y lo tecnológico se combinen. La pandemia pasará, pero la colaboración interrelacionada y multisectorial entre los componentes universitarios nunca cesará porque es el andamiaje mismo que mantiene corriendo efectiva y responsablemente a la Universidad.
La solidaridad y autonomía educativa comienzan con pensar en la Universidad de PR como proyecto de país y respetando su funcionamiento de manera holística. Sin embargo, no es meramente decirlo en discursos populares a viva voz, sino actuar conforme a los principios de solidaridad y autonomía. Los recortes ya hechos y los propuestos al presupuesto de la Universidad y la intromisión político-partidista que el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal han impuesto atentan contra la sostenibilidad y la capacidad de la Universidad de seguir siendo el motor de desarrollo económico y el ente de enseñanza humanística y científica por lo cual se caracteriza. La congelación de planes de reclutamiento de personal docente y no-docente, las amenazas contra el sistema de retiro de miles de empleados y empleadas, incluyendo sus jubilados, y los ataques inusitados de los directivos de su propia Junta de Gobierno colocan a la Universidad en una situación muy precaria.
Tanto el poder legislativo como el ejecutivo tienen ante sí varios proyectos bajo su consideración que impactan directamente a la Universidad de PR. Se trata, por un lado, del P. del Senado #1537 sobre la Ley de Reforma Universitaria, redactado por un comité multisectorial que entiende precisamente el funcionamiento de la Universidad y que actualizaría el esquema administrativo y componente académico bajo los cuales se rige el sistema universitario. Sería algo similar a lo que acaban de aprobarle a la Secretaría de Educación Montessori, su propio alineamiento concebido por la comunidad universitaria que lo compone, aprobado de manera participativa y democrática para el mejor funcionamiento de la Universidad. También está la R.C. de la Cámara #2572, que recoge mucho de lo antes expuesto en la Resolución Conjunta #655 aprobado por ambos cuerpos legislativos pero vetado por la gobernadora. La RC #2572 protege la pensión de miles de empleados públicos, incluyendo los de la UPR y evita el desmantelamiento del sistema de retiro por entes externos (como la Junta de supervisión Fiscal) o internos (como los directivos de la Junta de Gobierno UPR) que insisten en transformar los sistemas de retiro, en perjuicio y detrimento de la clase trabajadora. Por último, y amparada en una de sus cuatro áreas prioritarias de responsabilidad social y vínculos con la comunidad, está el R.C. del Senado #458, solicitando la transferencia de las instalaciones de la Escuela José Celso Barbosa al Recinto de Río Piedras para articular servicios a la comunidad a través de proyectos académicos y profesionales. Todos estos proyectos y resoluciones son producto de innumerables esfuerzos por la comunidad universitaria y personas interesadas en desarrollar el proyecto de la Universidad como uno sustentable y pertinente. A su vez, muestran apoyo y solidaridad hacia la Universidad, aumentan su grado de autonomía, especialmente en cuanto al nuevo reglamento se refiere, y reducen la intromisión político-partidista.
Por una vez y por todas, declarar la Universidad de Puerto Rico como servicio esencial le hace justicia a su funcionamiento e historial como el centro educativo de mayor alcance para la presente y futuras generaciones de estudiantes, especialmente los más económicamente desventajados. Seguir insistiendo y tratando a la Universidad como una agencia pública más y aplicándole las mismas medidas de austeridad encomendadas por la Junta de Supervisión Fiscal es desmantelar el proyecto educativo centenario que ha hecho tanto bien a nuestro país. El pueblo de Puerto Rico merece y necesita una Universidad fortalecida y sustentable, con su propia autonomía, administrada por funcionarios que la conocen a cabalidad y velen por su bienestar y desarrollo, no por sus intereses político-partidistas. La Universidad de PR es del pueblo. Necesitamos líderes que entiendan su funcionamiento y defiendan su pertinencia a la altura de nuestros tiempos y al amparo de su misión: servir al pueblo de Puerto Rico, cónsono con los ideales de una sociedad democrática y contribuir al desarrollo, cultivo y disfrute de los valores estéticos y éticos de la cultura. Que así sea.
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