El Gobierno de Puerto Rico enfrenta hoy una debacle fiscal que afecta directamente y a diario a sus ciudadanos por la negligencia sostenida de funcionarios clave durante, al menos, los pasados 15 años. Nadie ha sido referido o amonestado, investigado, ni procesado por lo que, según las leyes vigentes, podrían ser delitos.
V2A fue la firma consultora encargada de asesorar a la administración del ex gobernador del Luis Fortuño en la implementación de la Ley 7. Ahora tiene un contrato por $409,500 para «apoyar» al “grupo de trabajo” nombrado por el gobernador en la producción de un plan de ajuste fiscal y económico.
Varias fuentes del sector financiero aseguran que actualmente entre un 40 o un 50 por ciento de la deuda del gobierno de Puerto Rico está bajo control de los fondos de cobertura, de los que forman parte los fondos buitre.