Un nuevo enfoque al manejo y protección de nuestras costas

El huracán María ha cambiado la vida de todos los puertorriqueños ya sea por los daños y pérdidas sufridas o por las dificultades que enfrentamos al vernos sin las comodidades a las cuales nos acostumbramos y que pensamos que nunca nos faltarían. Los servicios de agua potable y energía eléctrica en nuestras casas, los servicios de teléfonos móviles e Internet son esenciales para nuestros estilos de vida y era difícil imaginarnos una vida sin estos. Este fenómeno natural nos ha demostrado que somos un país tropical pobre, vulnerable a eventos naturales, que vivimos en un clima diferente al de hace apenas veinte años y que es necesario establecer un nuevo enfoque de desarrollo en nuestras costas si esperamos ser resilientes ambiental y económicamente a los mal llamados “desastres naturales” que en realidad son “desastres sociales.”

Eventos naturales como huracanes, tsunamis y frentes fríos se convierten en desastres solo cuando los seres humanos nos plantamos en áreas dinámicas como las playas, interfiriendo en sus movimientos de adaptación dependiendo de la intensidad del evento.

La vulnerabilidad de los desarrollos costeros a eventos naturales (huracanes, tsunamis, inundaciones, trombas marinas y marejada ciclónica) está directamente relacionada a la planificación y a la política pública establecida con respecto a la protección y ocupación de los bienes de dominio público de la zona marítimo terrestre. En las costas de todo Puerto Rico podemos observar que se han cometido graves errores y se han tomado decisiones incorrectas en lo relacionado a los deslindes de la zona marítimo terrestre (separación de propiedad privada de los bienes de dominio público). Este proceso es sumamente importante para salvaguardar el uso y disfrute de las playas y costas de Puerto Rico para beneficio de nuestros residentes, proteger vida y propiedad y proveer oportunidades económicas y recreativas. La destrucción que ocasionó el huracán María en nuestras costas nos ha demostrado que para ser resilientes, es necesario establecer una ordenación territorial que cambie radicalmente los paradigmas de desarrollo que se han venido utilizando en nuestras playas hasta el presente. Es necesario establecer un nuevo enfoque que salvaguarde nuestros bienes de dominio público y nuestras playas para uso y disfrute de los puertorriqueños, según establece la Constitución de Puerto Rico.

La Naturaleza lleva años enviándonos un mensaje sobre errores crasos que se han cometido en el establecimiento de infraestructura en las costas de Puerto Rico. Se han confundido las oportunidades económicas y recreativas que ofrecen nuestras playas y costas (establecimiento de hoteles, condominios de apartamentos, restaurantes, casas, plazas y áreas públicas) en la zona marítimo-terrestre que es un recurso dinámico cuyos márgenes varían según los eventos naturales que las afectan en las distintas temporadas del año. Ejemplos de los avisos que nos ha ofrecido la Naturaleza podemos observarlos cada vez que el mar destruye carreteras, condominios, hoteles, restaurantes y casas, con el oleaje generado por frentes fríos o huracanes. Así ocurre en los municipios de Loíza, Vega Baja, San Juan, Carolina, Rincón, Isabela, Humacao y Arecibo, entre otros, localizados en las costas de Puerto Rico.

Dice un buen dicho popular que “ha buen entendedor pocas palabras bastan.” Definitivamente en Puerto Rico somos unos entendedores pésimos. Evidencia del poco entendimiento que tenemos sobre los mensajes enviados por la Naturaleza incluyen: la enorme cantidad de casas, verjas, gaviones, tabla estacados, muelles, marinas, restaurantes, condominios, rompeolas, y todo tipo de infraestructura que se ha construido en las costas, retando a la naturaleza. Esta infraestructura se ha construido en el espacio que necesitan nuestras playas para entrar a tierra firme cuando aumenta el tamaño y fuerza de las olas en eventos de gran magnitud como los huracanes y frentes fríos. Ejemplos de las “Victorias del mar” sobre todo tipo de estructuras construidas en intentos fallidos para detener los embates del oleaje y la erosión sobran. Su costo no es solo para los residentes (que pierden su inversión monetaria), ya que los más que perdemos somos los puertorriqueños que vemos nuestras playas y bienes de dominio público desaparecer ante nuestros ojos por unas malas decisiones tomadas por las agencias gubernamentales que erraron en su decisión y cedieron terrenos del pueblo para beneficiar a unos pocos.

¿Cómo llevamos nuestras costas y aguas a un punto tan vulnerable?

¿Cómo fue a parar en nuestras playas la infraestructura que hoy nos ocupa? Es una pregunta complicada. Tenemos que comenzar por aceptar que las playas son atracciones naturales donde muchos quieren vivir, montar negocios, vacacionar o recrearse. Este atractivo de las playas, despierta el interés también a personas que se dedican al negocio de construcción y entienden que las ganancias que se le sacan a un edificio construido en una playa puede ser tres o cuatro veces mayor que uno ubicado alejado de las costas. Debemos recordar que estos constructores son negociantes y que si solicitan permiso para construir en el agua y se les permite, van a hacerlo, pues saben que hay personas que piensan que mientras más cercano al agua, más valen las propiedades y su ganancia será mayor. Una vez se vendan las propiedades se disuelve la compañía y el problema ya no es del constructor, es ahora de los compradores y del pueblo que ve su acceso limitado y sus playas desaparecer.

La próxima pregunta obligada es: ¿Quién tiene la potestad de permitir este tipo de desarrollo colindante o en la zona marítimo terrestre? Hay tres agencias gubernamentales que tienen el mandato de implementar y hacer respetar las leyes y reglamentos establecidos para salvaguardar los bienes de dominio público: la Junta de Planificación (JP); el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA); y la Oficina de Gerencia y Permisos (OGP) .

Los bienes de dominio público le pertenecen a todos los puertorriqueños incluyendo a las futuras generaciones y son sumamente importantes ya que nos garantizan el uso y disfrute de las playas, proveen acceso así como oportunidades recreativas y económicas. El concepto “dominio público marítimo-terrestre” se refiere a: “la ribera del mar y de los ríos, incluyendo la zona marítimo-terrestre, la cual se extiende también por los márgenes de los ríos hasta donde se haga sensible el efecto de las mareas; incluye aquellas marismas (salitrales), albuferas, marjales, estuarios y en general, los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, con su lecho y subsuelo; las aguas territoriales y los terrenos sumergidos bajo ellas” (Junta de Planificación 1983). Incluye también aquellos lugares expuestos a las mayores olas en los temporales (Cartilla de la Zona Marítimo-Terrestre, 2004).

¿Qué queremos salvar: las playas o los edificios? Esa es la pregunta que debemos hacernos cuando hablamos de los bienes de dominio público y la herencia que vamos a dejar a las generaciones futuras. Estas futuras generaciones tienen derecho a recibir unos bienes de dominio público (playas) de calidad y con la capacidad de generar oportunidades económicas y recreativas, tal y como las recibimos nosotros de las generaciones pasadas.

Se que esta decisión es mucho más fácil para los que entendemos que, “si construimos castillos en la arena, estos se caerán al mar, eventualmente”.  Los que no entienden algo tan sencillo, e invirtieron grandes sumas de dinero en apartamentos, casas, hoteles y negocios en la playa, se les hace mucho más difícil tomar esta decisión, ya que todavía piensan que con los avances y conocimientos de ingeniería estructural y costera, podrán salvar y proteger su inversión por la eternidad.

No dudamos que hay métodos y tecnología que se pueden utilizar para proteger los edificios de los embates del mar. Se pueden utilizar piedras, paredes y muros, tabla estacas, rompeolas, arrecifes artificiales y una caterva de tecnologías capaces de proteger las construcciones en las playas, pero esto tiene su costo, acelerarán la erosión costera. También podemos ver casos en los que muchas personas que no poseen los recursos económicos para contratar los servicios de compañías de ingenieros costeros, utilizan la creatividad para inventar métodos criollos tales como neveras y zafacones llenos de cemento, colchones y gaviones empañetados y un sinnúmero de métodos que a veces funcionan (por un tiempo) y otras no. También hay soluciones más costosas como la re-alimentación de playas con arena. (Esta tecnología se ha aplicado con éxito en algunas playas de Florida, Texas, Carolina del Norte y Nueva York, entre otros. Por su costo, para un país tercermundista como Puerto Rico, esta tecnología puede que esté fuera de la discusión, a menos que nos atrevamos a soñar lo imposible).

De todos los municipios costeros que hemos podido visitar no hay ninguno que el huracán María haya dejado sus playas y costas en peores condiciones que al municipio de Rincón. Aquí hay condominios, hoteles y casas vacacionales de alquiler seriamente afectados estructuralmente y amenazados con desplomarse. Se puede observar un edificio que ya se desplomó parcialmente y cerca de seis casas completamente desplomadas. Aparte de esto hay más de treinta casas parcialmente destruidas, negocios, áreas públicas y calles desplomadas, verjas y muros en el agua, la villa pesquera y la Capilla de la Virgen del Carmen del barrio Barrero destruidas y en el agua;  la antigua vía del tren desplomada y rota en diferentes puntos, y la calidad del agua y seguridad de los bañistas amenazadas por tubería de aguas usadas descargando en la playa; varillas, piedras, pedazos de piscinas de cemento, verjas y materiales peligrosos dentro del agua y enterrados en la arena. Aunque parezca una escena dantesca, esta es la triste realidad.

Como era de esperarse, las personas ya comenzaron a arreglar sus propiedades amparándose en la orden administrativa aprobada el 6 de octubre de 2017, por la Junta de Planificación (JP) y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) titulada Para Eximir del Trámite Ordinario de Permisos de Construcción y Urbanización y el Pago de Derechos a Ciertas Actividades Esenciales Afectadas por el Huracán María con el Fin de Realizar Trabajos de Reconstrucción.  En esta orden administrativa, ambas agencias eximen a todo aquella persona natural o jurídica de realizar y cumplir con el proceso de evaluación ambiental relacionado a la reconstrucción de toda aquella estructura o instalación afectada por el Huracán María a través de una solicitud de exclusión categórica. La orden administrativa hace mención que se puede llevar a cabo mejoras sustanciales que impliquen ampliación, reconstrucción, rehabilitación u otra mejora de una estructura en «Areas Costaneras de Alto Peligro, que son aquellas áreas en la costa sujeta a la inundación base y a altas velocidades de aguas que incluyen marejadas ciclónicas».

A pesar de que en las costas de Puerto Rico el manejo está a cargo del DRNA y su Oficina para el Manejo de la Zona Costanera, vemos cómo este tipo de orden administrativa crea una confusión entre manejadores y dueños de estructuras que no abona a los esfuerzos por hacer de nuestra isla una más resiliente a eventos naturales. Es aquí cuando tenemos que preguntarnos, ¿son estos los pasos que debemos seguir para reducir nuestra vulnerabilidad a las amenazas costeras y aumentar la resiliencia de nuestro país? Como decía  Albert Einstein: “Es una locura hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.

Plan de trabajo para Rincón: un caso modelo

Nuestra propuesta para las playas de Rincón plantea un nuevo enfoque costero donde primero se limpien los escombros y basura de construcción resultado del azote del huracán María y otras marejadas y frentes fríos anteriores. Una vez se limpien estos escombros de las playas, es necesario evaluar si las estructuras fueron destruidas en más de un cincuenta porciento, pues si este es el caso, los reglamentos del DRNA establecen que la estructura debe ser removida de la zona marítimo terrestre.

Si no vale la pena reconstruir las estructuras que fueron afectadas o si podemos devolver estos espacios costeros que están contiguos o son parte de nuestros bienes de dominio públicos y zona marítimo terrestre a los puertorriqueños tenemos que hacer el ejercicio de auscultar quién será el responsable de removerlas (el dueño, el municipio, el DRNA, la JP, la EPA, el COE, FEMA). Este esfuerzo aumentará nuestra resiliencia y reducirá la vulnerabilidad de nuestro pueblo a eventos naturales que impacten las costas. Además aumentará nuestra oferta de playas accesibles y de calidad, nuestra capacidad de mercadeo y oportunidades recreativas y económicas.

Planteamos realizar una serie de reuniones entre representantes de los comerciantes, dueños de propiedades, residentes, servidores públicos, la industria de los seguros, la industria de la construcción, investigadores científicos, manejadores de los recursos, administradores municipales, desarrolladores de política pública, profesionales en los campos de: mercadeo, arquitectura, planificación, ingeniería, agrimensores, hoteles, turismo, manejo de emergencias y organizaciones no gubernamentales (ONGs’), entre otros con el propósito de auscultar y discutir acerca de cómo debemos proceder ante el gran reto de remover los escombros de construcción de las playas y rescatar bienes de dominio público, mejorar la calidad del agua, salvar vida y propiedad y de esta manera proteger los recursos y atracciones naturales que son la base de la economía de Rincón (las playas, las calidad del agua, los arrecifes de coral, la arena, las pesquerías).

Para ayudarnos a tomar la decisión sobre qué tipos de construcciones de las que fueron abatidas por el huracán María deben tener prioridad de permanecer en las costas, es bien importante analizar el tipo de uso que se le está dando. Hay varios estudios que se han realizado con relación a los diferentes usos que se les da a las costas: 1) usos que dependen del agua; 2) usos que se benefician por estar localizados cerca del agua; y 3) usos que el estar localizados cerca del agua ni los afecta ni les beneficia.  Los usos que dependen del agua son aquéllos que obligatoriamente tienen que estar en el agua para poderse llevar a cabo e incluyen las facilidades de acceso al mar (marinas, villas pesqueras, muelles, puertos, balnearios y varaderos entre otros). Por ejemplo: no podemos establecer una marina o una villa pesquera en Maricao o Jayuya pues carecería del acceso al mar requerido. Los usos que se benefician por estar localizados cerca del agua son aquellos que a pesar de que reciben beneficios por estar localizados cerca del agua, no dependen de esta localidad para poder llevar a cabo sus actividades o negocios, pero esta localidad les ofrece una serie de ventajas y beneficios (hoteles, restaurantes, complejos de apartamentos, desarrollos industriales, urbanizaciones). Todos estos usos que se benefician por estar localizados en las costas (por las vistas y paisajes atractivos, acceso y cercanía a variedad de oportunidades recreativas y económicas) muy bien se pueden localizar en lugares alejados de las costas y ser igual de exitosos y más resilientes al no estar sujetos al salitre y a los embates del mar. Hay otros usos que su localización cerca del agua no los beneficia ni les afecta (oficinas de médicos, escuelas, supermercados, ferreterías).

Estos usos que se le dan a los bienes de dominio público junto con el nivel de destrucción sufrido por las estructuras sirven para la evaluación sobre cómo proceder con estas. Una vez evaluado el tipo de uso de estas construcciones de acuerdo a cada situación (cuan destruida está la estructura), se puede entonces determinar si estas deben permanecer sobre los bienes de dominio público o si el Gobierno debe deslindar los terrenos y devolver los espacios que se determine son bienes de dominio públicos a los puertorriqueños. En el argot de los bienes raíces y manejo de recursos naturales esto puede considerarse como un “taking” o expropiación de parte del gobierno pero en varios estados, incluyendo a Texas, esto se conoce como una expropiación de la naturaleza. Claro está, esta es una situación sumamente delicada pues cada caso hay que considerarlo por separado, tener empatía con los dueños de la propiedad, y sobre todo, entender que estamos salvaguardando los bienes de domino públicos para que nuestras futuras generaciones puedan beneficiarse de las oportunidades económicas y recreativas que estas ofrecen.

Nuestro primer paso es promover la remoción de los escombros de construcción de las playas para garantizar la seguridad de recreacionistas y turistas. A este paso debe seguirle la remoción de las estructuras que estén más de un cincuenta por ciento destruidas, deslindar los terrenos utilizando las olas de huracán o las mareas (lo que más bienes de dominio público garanticen), y reclamar y establecer los bienes de dominio públicos expropiados por la naturaleza.

Mientras se realizan estas tareas se debe comenzar con los esfuerzos para nutrir las playas de Rincón con arena y garantizar las oportunidades económicas y recreativas que estas atracciones naturales pueden ofrecer.

De no poder ser exitosos en los esfuerzos por ayudar a recuperar la resiliencia de las playas de Rincón, se tiene que pensar seriamente en adoptar el modelo de desarrollo turístico de las Vegas que incluye el juego (apuestas), la prostitución y los vicios, esta es otra manera de hacer el municipio resiliente económicamente. La gran decisión está en las manos de los desarrolladores de política pública de Puerto Rico: si ya destruimos la capacidad de nuestras playas de servir como base a las industrias del turismo y la recreación dando permisos para desarrollar y construir en los bienes de dominio público, ¿vamos ahora a devolverles su capacidad invirtiendo en la re-alimentación de arena utilizando el modelo de desarrollo de Miami y Hawaii o implementamos el modelo de Las Vegas? Esa es la pregunta.