Vía Verde: millonaria publicidad engañosa

Foto por Carla Cabina. Foto suministrada.

Un gasto publicitario de más de tres millones en manos de una agencia de publicidad cuyo principal socio es donante del PNP y de republicanos y demócratas, y cuyo monto de contratos con el gobierno es de casi 30 millones de dólares… ¿de cara a una campaña publicitaria engañosa?: esta es la nueva trama detrás de la llamada “Vía Verde”.

Para “vender» el propuesto gasoducto bajo el eslogan de «Vía Verde» la administración de turno ha hecho una inversión publicitaria agresiva, que es visible en anuncios de televisión, páginas de internet, facturas de agencias públicas, billboards, anuncios en guaguas de la AMA, spots radiales y entrevistas insertadas en los medios como si fueran contenidos informativos, cuando en realidad son publicitarios. La campaña ha estado a cargo de la agencia Ballori & Farré, pero no ha convencido a miles de ciudadanos, organizaciones civiles y profesionales y agencias del gobierno federal que están opuestos a su construcción.

Un intento de Prensa Comunitaria por conseguir información de la Autoridad de Energía Eléctrica sobre la inversión publicitaria fue infructuoso, y lo mismo ocurrió con la solicitud que se hizo a La Fortaleza, siendo ésta una información que debe ser pública. Pero la Oficina del Contralor de Puerto Rico tiene registrados en su sistema digital un total de 55 contratos adjudicados a Ballori & Farré Inc. que totalizan más de 29 millones 400 mil dólares en los últimos tres años.

De estos contratos, dos son con la Autoridad de Energía Eléctrica, y totalizan más de tres millones y medio de dólares, ($3,521,062.00 para ser exactos). El primer contrato con la AEE (#2010-P00009) es de noviembre de 2009 a noviembre de 2010, por servicios de publicidad, representación o artísticos, con $800,000.00 como cuantía. El segundo contrato (#2011-P00002) cubre de julio de 2010 a enero de 2012, por los mismos servicios, y es por $2,721,062.00.

Eduardo Ballori, socio principal de Ballori & Farré, fue miembro del gabinete del gobernador penepé Carlos Romero Barceló entre 1978 y 1984 como Comisionado de Energía. Fue miembro de las Juntas de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Desperdicios Sólidos y otras corporaciones. En 1984 fundó la agencia de publicidad Ballori & Farré, cuya junta de directores ha presidido desde entonces. También participa en las juntas directivas de varias fundaciones y asociaciones, y de una compañía de bienes raíces.

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Pero además, Eduardo Ballori aparece en récords públicos como contribuyente del partido republicano y fiel defensor de George W. Bush; fue jefe financiero de campaña en Puerto Rico para las elecciones Reagan – Bush en 1984, y jefe de campaña en el 1988 y 1996 para Elizabeth Dole, quien reporta donativos suyos en el 2000. También fue donante de Carlos Romero Barceló en 2006. Sin embargo, en 2008 pareció darle un giro a su visión política, y donó $2,300 al demócrata Pedro Pierluisi.

Lavado de cerebro, ¿VERDE?

En el foro llamado “Greenwashing”, celebrado la recientemente en el Hotel Caribe Hilton y auspiciado por la Asociación de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico, la consultora en gerencia sostenible y mercadeo ambiental de BusinessWise  Ada Torres Ramírez consideró que la campaña Vía Verde de AEE podría estar violentando el Reglamento para el Mercadeo de Productos con Atributos o Beneficios Marginales del Departamento de Asuntos del Consumidos (DACO), aprobado en septiembre del 2010, en especial la regla 7919, por no evidenciar las alegaciones sobre el verdadero impacto ambiental, económico y social.

La experta expresó como parte de la conferencia “Greenwashing” varios tópicos para determinar si el producto se ajusta o no a las disposiciones reglamentarias. Desglosar los impactos ambientales, documentar los beneficios ambientales y crear una métrica que sustente los reclamos fueron algunos de los requisitos que Torres Ramírez dio a conocer.

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Dicho reglamento establece claramente que se cataloga un “Reclamo Ambiental Publicitario Engañoso” y citamos “aquel hecho por un publicista a través de la mercadotecnia susceptible de engañar y tendiente a distorsionar ya sea directamente o por implicación a través de la publicidad de un producto, empaque o servicio, ofreciendo un beneficio ambiental general sin mayor explicación que lo cualifique”.

El Lic. Luis José Torres Asencio opinó que “el gasoducto es el ejemplo típico de “greenwashing”, a saber, un proyecto del que los proponentes sólo discuten los aspectos ambientalmente positivos (el cambio de petróleo por gas natural), pero nunca los negativos, que, en este caso, son interminables. Estoy seguro que, si el Reglamento fuera de aplicación, podría hacerse un argumento fuerte a favor de la conclusión de que la AEE y sus publicistas están violando el Reglamento”.

El reglamento de DACO sobre productos verdes no define lo que son productos o servicios. Sin embargo, el reglamento de DACO sobre anuncios engañosos define servicio como cualquier labor, obra, trabajo o servicio prometido, suplido, prestado, vendido, realizado o susceptible de ser ofrecido al público consumidor.

La oficina de prensa de DACO informó que no impone multas a agencias de gobierno, sino al comercio privado, por lo cual las querellas de consumidores presentadas en este foro relacionadas a alguna agencia se refieren a la Oficina del Procurador del Ciudadano. La Procuradora del Ciudadano es la ex- representante penepé Iris Miriam Ruíz. Entre sus responsabilidades se encuentra “velar por el cumplimiento de la política pública para la conservación del ambiente, lograr acciones afirmativas de parte de las entidades públicas dirigidas a resolver problemas ambientales, y el aunar esfuerzos para prevenir las violaciones a las leyes y reglamentos ambientales”.

Sin embargo, una revisión realizada por varios abogados encontró que no hay ninguna limitación en la ley orgánica que creó a DACO que especifique que no puede regular a agencias públicas. Más bien, la ley, al referirse al tiempo que tiene un comercio privado para responder a querellas, luego hace alusión a “en todos los otros casos”, dando a entender que sí aplicaría a casos no privados, es decir, públicos.

Por su parte, en la Oficina del Procurador del Ciudadano, Lcdo. Rolando Meléndez, director asociado de la división legal, explicó que: “El ciudadano o entidad que desee proceder con este tipo de reclamo, debe someter a la OPC los hechos que entienden que fundamentan su planteamiento para formalizar la querella. Depende de varios aspectos, en este caso, de lo complicado de la reglamentación federal. Tenemos las mismas facultades de la Oficina del Contralor, para hacer un señalamiento público y un referido, en este caso, al Departamento de Justicia o agencias federales, si procediera”.

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“Evaluaríamos a raíz de la ley federal en este caso ya que DACO no puede ir contra una agencia. Tiene que haber, a nivel federal o estatal, una violación reglamentaria, legislativa o de política pública para poder expresarnos sobre alguna querella,” dijo Meléndez.

Explicó Ada Torres Ramírez que las guías de la Federal Trade Comission sobre publicidad verde están en proceso de revisión, tras terminar el proceso de comentarios el pasado 10 de diciembre. Las guías fueron creadas desde 1998. Sin embargo, el portavoz de la FTC, Mitchell Katz, indicó que las guías federales sólo aplican al sector privado.

“Podemos tener opiniones sobre lo que hubiese sido más o menos apropiado, pero tenemos que tomar en cuenta el contexto en el que se dan las cosas y el «time frame». Me parece que esta campaña probablemente se diseñó sin el beneficio de las guías o el reglamento tal. Definitivamente, este es un caso que para mí es «borderline», es decir: tiene aspectos válidos y otros que no están claros y nos faltan los datos para poder llegar a una conclusión”.

Algunos ejemplos específicos en los cuales la campaña puede no cumplir con criterios locales, estar en contradicción con la política pública vigente o con las guías de la FTC han sido divulgados por organizaciones como Casa Pueblo.

Científicos y expertos independientes que han evaluado Vía Verde establecen que habrá un impacto negativo en los cuerpos de agua, bosques, especies en peligro de extinción, zona del Karso y la agricultura. Igualmente, aseguran que la premisa de ahorro económico divulgada por la publicidad no se sustenta, pues no habrá una reducción en la factura del abonado, sino que al contrario, la inversión coloca la deuda pública de la AEE en una condición precaria y pudiera causar un aumento en el costo por kW-h. También documenta el riesgo que representa Vía Verde para las comunidades a lo largo de 92 millas. Se trata de una tubería que pasaría por zonas propensas a fallas en la transmisión de este inflamable y volátil combustible; por lo que es de alta peligrosidad a la vida de la ciudadanía.

Vía Verde, indican los grupos que se oponen al proyecto, tendría un costo de $500 millones para producir una fracción mínima de la energía eléctrica que utiliza el país mientras coloca un efecto negativo desproporcional sobre los recursos naturales del país. El gas natural es un recurso no renovable.

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En cuanto a política pública, dice la plataforma de Luis Fortuño que su visión en el área energética es “un plan integrado de crecimiento económico – energético y medio ambiente en armonía con las exigencias de salud pública”. Parte de esa política incluye: “independizar a Puerto Rico de los combustibles fósiles para mantenernos competitivos en los mercados nacionales e internacionales; generar energía por medios costo efectivos y de forma ambientalmente sustentables; colocar a Puerto Rico como líder en desarrollo de estrategias de mitigación de emisiones de gases causantes del efecto invernadero”.

Manifiesta Fortuño en el mismo documento que: “Nos dirigiremos hacia la independencia de fuentes fósiles, conservaremos y promoveremos el uso de fuentes alternas y renovables de energía. Utilizaremos el sol y el viento para producir energía limpia e ilimitada. Fomentaremos el desarrollo e implantación de nuevas tecnologías y estrategias para la producción y conservación de energía, como la producción de energía con biomasa a nivel industrial o de etanol derivado de la caña”.