Once recintos, una UPR: mito y realidad
El diccionario de la Real Academia Española define mito como una “narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico”. El mito es uno de los elementos constitutivos de toda religión, y usualmente atribuye orígenes divinos a hechos históricos fundacionales: la narrativa de Adán y Eva es un mito fundacional sobre el origen de la humanidad. Otros mitos fundacionales atribuyen origen sobrenatural a comunidades o ciudades antiguas como el de Rómulo y Remo en la fundación de Roma o la creación de Atenas por una competencia entre las deidades Atenea y Poseidón.
La consigna “once recintos, una UPR”, desarrollada en la huelga universitaria de 2010, está alcanzando carácter de mito fundacional o, en este caso, refundacional de la UPR. La transformación de los colegios regionales en “unidades”, no recintos, data de mediados de los años noventa. Entre 1962 y 1967 se crearon los colegios de Arecibo, Cayey y Humacao bajo la Administración de Colegios Regionales. En 1969 el Colegio Regional de Cayey pasa a ser autónomo y, a partir de esa fecha, se establecen colegios regionales en Ponce, Bayamón, Aguadilla, Carolina y Utuado. Estos cinco recintos, junto a Arecibo y Humacao se administraban por un rector de la Administración de Colegios Regionales. El diseño de un sistema de recintos autónomos y colegios regionales debía servir para proveer educación universitaria en carreras cortas a diversas regiones de la Isla y facilitar el acceso a los recintos autónomos que recibirían a estudiantes de los colegios regionales que quisieran continuar su educación universitaria. En los años setenta no existían ni el sistema de autopistas, ni las facilidades de educación a distancia que existen hoy. Para continuar estudios muchos se veían en la necesidad de hospedarse en los pueblos de los recintos autónomos.
En la década de los noventa la conversión de los colegios regionales en siete nuevos recintos, respondió más a la conveniencia política que a la realidad educativa. La burbuja expansionista que dio paso a obras faraónicas como el tren urbano, el “Choliseo” y el “supertubo”, produjo siete nuevas unidades que se convirtieron de facto en recintos con decenas de funcionarios de confianza (rectores, decanos y directores) nombrados por criterios extra-académicos. La UPR, que desde que comenzó la alternancia partidista en 1969 fue objeto de intensas luchas por su control, fue perdiendo autonomía y convirtiéndose en “una agencia” de gobierno que representaría un botín político para el partido que ganara las elecciones. No es secreto que los alcaldes y legisladores ejercen una influencia extraordinaria en los antiguos colegios regionales, hoy recintos de la UPR.
Hablar de “once recintos, una UPR” es mitificar o reificar una entidad altamente politizada e ignorar las contradicciones éticas y funcionales que socavan la viabilidad y legitimidad de la UPR. En una sociedad en la cual la educación no se ve como un valor, sino como una inversión o un gasto en el entrenamiento de una fuerza laboral más o menos sofisticada, se mira a esta institución con la misma óptica con que se mira la Autoridad de Energía Eléctrica o la de Acueductos y Alcantarillados. Para los banqueros, financieros y tecnócratas de la Junta de “Control” Fiscal y de la AAFAF, somos una línea presupuestaria de dudosa funcionalidad. Sea que somos un gasto o una inversión, se nos mide en función de nuestra productividad económica inmediata.
Como académico, entiendo que la educación es un valor que añade a la sociedad calidad de vida, además de productividad. La misión de la Universidad no es meramente formar profesionales con destrezas para ocupar puestos de trabajo en una economía del conocimiento. La misión de la Universidad es formar y desarrollar ciudadanos/as con capacidad para el pensamiento crítico, valores estéticos y éticos, principios democráticos, sentido del derecho y la justicia, compromiso con la igualdad moral y legal de todos los seres humanos, con la equidad social y con la búsqueda de “la verdad” como categoría histórica fundamentada en el método, la razón y la evidencia. Alguien que entienda que la humanidad partió de Adán y Eva se mueve en el ámbito de la fe, no del quehacer académico. Siguiendo esa lógica, quien entienda que la UPR es una institución cuasi sagrada, única e inamovible, no es un universitario, es un religioso o un político.
En el siglo veintiuno la reestructuración de la UPR no es solo necesaria, es perfectamente posible. La negativa a cambiar surge del interés de preservar privilegios institucionales que poco tienen que ver con la preservación y desarrollo de la Universidad como institución.
La reestructuración necesaria
Para que no haya equívoco, afirmo que: primero, es imposible recortar $300 o $450 millones del presupuesto de la UPR sin poner en peligro su existencia. Un recorte de tal magnitud socavaría radicalmente los servicios esenciales de la institución y, sobre todo, su calidad académica. Los tecnócratas que promueven recortes de esta magnitud no toman en cuenta el capital social que representa la UPR para el país y el daño que hacen al futuro económico al desvalorizar y dilapidar el trabajo intelectual y el prestigio acumulado en décadas por la institución. Segundo, defender la universidad NO ES preservar su estructura institucional actual, es imperativo que la UPR se reestructure de acuerdo a criterios de excelencia académica, eficiencia administrativa y buena gobernanza (transparencia, rendición de cuentas, equidad, efectividad y participación democrática).
La UPR se ha convertido en una burocracia costosa, ineficiente e insostenible, regida por malas prácticas de gobernanza, donde los criterios burocráticos, la política partidista y sindical, y los grupos o claques de poder priman sobre la excelencia académica, el principio de mérito y la buena gobernanza. Pero la solución a esto no es la sustitución de claques, ni recortes y aumentos indiscriminados como si se tratara de un proyecto de construcción que ha sobrepasado sus costos. La UPR es el proyecto educativo más importante del país y se debe ponderar desde esa óptica. No hay centros docentes de mayor calidad y reconocimiento internacional en Puerto Rico que los recintos de Mayagüez, Río Piedras y Ciencias Médicas.
Tres de las once unidades del sistema UPR son los recintos universitarios con programas graduados. Estos tres recintos tienen 53% de los estudiantes pero solo 41% del presupuesto. Aunque los once recintos cumplen funciones diversas, tienen programas diferentes y requisitos diferentes de calificación para el personal académico, los costos de matrícula, las escalas salariales y los requisitos de labor son las mismas. El sistema de recursos humanos de la UPR funciona con un código burocrático napoleónico donde años de servicio, escala administrativa y rango, son más importantes que los méritos y la productividad en las consideraciones para ascensos y aumentos de salario. De ahí la infinidad de quejas, por ejemplo, sobre catedráticos con permanencia que cumplen con el mínimo necesario de sus deberes (no hacen tareas de servicio, no asisten regularmente a reuniones).
Fuera de la construcción mítica de la UPR, no existen razones administrativas ni organizativas para la conservación de la estructura del sistema como está. Tampoco para la uniformidad de códigos administrativos y organizacionales arcaicos y la duplicidad programática que existe. En el estado de Illinois, por ejemplo, existen dos sistemas universitarios estatales, University of Illinois e Illinois State University. El primero consta de dos recintos, uno en Chicago y otro en Urbana-Champaign. Ambas instituciones están clasificadas como universidades de investigación con programas graduados de mucho prestigio que generan ingresos millonarios en donativos de investigación (grants), matrícula de estudiantes internacionales y otras actividades. El sistema Illinois State consta principalmente de instituciones de cuatro años y algunos programas graduados profesionales. Dentro del propio sistema la diferencia en costos de matrícula es significativa.
La Universidad de Illinois en Chicago tiene un costo de matrícula de $13,600 para residentes del estado y $26,500 para no residentes. La Universidad de Illinois en Urbana-Champaign tiene un costo diferente, $15,700 para residentes y $31,300 para no residentes. El sistema Illinois State tiene menor costo: Northeastern Illinois en Chicago cuesta menos que UIC, Chicago, $12,400 para residentes y $22,900 para no residentes; Northern Illinois $12,200 y $21,700; Southern Illinois, $12,200 y $25,900; y Normal Illinois, $14,000 y $25,100. El costo de matrícula de sistema UPR es $2,100 para residentes y $4,000 para no residentes en todos los recintos, salvo Ciencias Médicas. El costo de la matrícula de universidades privadas en Illinois como la Universidad de Chicago ($52,000) o Northwestern ($51,000) tampoco es igual a otras instituciones privadas como De Paul University ($37,000) o Lewis University ($30,000). (College Data,http://www.collegedata.
La diferencia en el costo de matrícula entre instituciones universitarias tanto privadas como públicas parte de varios factores: (1) el nivel, real o percibido, de “excelencia académica”, el cual a su vez está asociado al nivel de recursos que se requiere para alcanzar ese nivel de excelencia; (2) costos de salarios e infraestructura (mantenimiento, utilidades); (3) costos de facilidades y equipos especializados de laboratorios de alta tecnología, recursos de bibliotecas, centros especializados de investigaciones en las ciencias naturales y sociales, así como en las humanidades.
Ante esta evidencia surgen varias preguntas: ¿Tienen los recintos facilidades y estructuras de costo idénticas? ¿Tienen programas idénticos que requieren los mismos niveles de fondos para programación de cursos, materiales, financiamiento de investigación, laboratorios, etc.? ¿Son iguales los niveles de preparación y productividad para los docentes en todos los recintos? Si la respuesta no es afirmativa, entonces por qué el costo de matrícula, las cargas académicas y las escalas salariales de los docentes tienen que ser iguales.
Se habla de reestructurar el sistema UPR creando dos polos geográfico-administrativos. Esta es una movida administrativa interesante pero insuficiente. Se propone reestructurar servicios administrativos sin adelantar una nueva visión académico-administrativa sustantiva. Se cambia todo para que nada cambie: iríamos de “once recintos, una UPR” a once recintos, dos polos administrativos un poco más eficientes. Sería más efectivo crear dos sistemas: uno de recintos autónomos graduados y de investigación, y otro de recintos de cuatro años. El sistema de recintos de cuatro años se orientaría a la educación tecnológica y profesional universitaria. Incluso algunos de estos recintos, que se dice son cruciales para las economías de los municipios en los que operan, podrían promover consorcios municipales o regionales para el desarrollo socio-económico.
Por otra parte, los recintos graduados de investigación podrían ampliar su actividad en proyectos internacionales de investigación y atraer más estudiantes internacionales, lo cual ya hacen. Facultades como Estudios Generales (que cuesta cerca de $17 millones) podrían reubicarse en los programas de recintos de cuatro años, en ninguno de los cuales la matrícula llega a 5,000 estudiantes. Los profesores que practican asesorías privadas en empresas de consultoría podrían mover sus prácticas a la universidad, que cuenta con programas de práctica intramuros. Un número significativo de economistas de la UPR, por ejemplo, trabaja como contratistas privados de compañías de consultoría económica.
Asimismo, es necesaria una reestructuración interna profunda de los recintos de investigación. De unos 3,500 créditos de sustitución de tareas en el Recinto de Río Piedras, aproximadamente 2,200 son para labores administrativas. A un costo de reemplazo estimado en $700 por crédito, estas sustituciones administrativas cuestan al menos $1,540,000 por semestre. También habría que continuar con la acreditación de todos los programas acreditables, lo cual ha sido resistido por muchos por requerir mayores esfuerzos y rendición de cuentas. La matrícula, además, debe ser ajustada en tanto que 40% de los estudiantes proviene de colegios privados que cuestan el triple de lo que cuesta la UPR.
La construcción de mitos no es la manera en que los académicos fundamentamos nuestros argumentos. La universidad no es una iglesia, ni una agencia de gobierno, ni un centro sindical. Tampoco es una casa de estudios, ni una torre de marfil. Es un centro de estudio y análisis llamado a generar nuevas maneras de entender la sociedad y de transformar nuestro entorno. Encubrir el conservadurismo y la resistencia al cambio con mitos y consignas que por dogmáticas parecen radicales no es la respuesta adecuada a la crisis. Defender la Universidad es transformarla para que responda a las nuevas realidades y necesidades de un Puerto Rico en crisis.