Desde 1993 se celebrarán 5 consultas de estatus, todas bajo gobiernos del PNP. Si miramos las consultas de estatus y los votos por la estadidad en perspectiva histórica podemos concluir que se han reformulado arbitrariamente las alternativas y sus definiciones, dividiendo las definiciones del ELA y fusionándolas o integrándolas a la independencia.
Este evento crítico marca la transformación de la sociedad moderna a una sociedad que puede definirse como translocal. También visibilizar variables y relaciones que en la cotidianidad no percibimos.
No es que sea el fin del mundo, pero el mundo que conocimos ha cambiado irreversiblemente. El distanciamiento social ha resultado en el acercamiento humano por medios virtuales y presenciales.
Como sociólogo político, me parece claro que las tácticas de publicidad y mercadeo de esta encuesta están diseñadas para crear una imagen de “vuelta a la normalidad” al statu quo ante. La encuesta no calibra los nuevos electores ni los cambios demográficos.
Nuestro gobierno no es simplemente una kakistocracia (el gobierno de los peores), sino que está integrado por bandas de delincuentes de cuello blanco, mafias que cobran rentas y sobornos y dispensan contratos como recompensa a sus secuaces.
Los argumentos presentados hace cinco años sobre la mezquindad y prepotencia de la “alta judicatura” continúan vigentes y merecen ser traídos como contexto al debate presente.
La gobernadora suele decir que sí, que se estudiará y se tomará acción, demostrando grandes habilidades en la “cosmetología política”.
Hemos dicho basta y echado a andar, ahora tenemos que crear los mecanismos organizativos que nos lleven en una nueva dirección.
Si la hegemonía es la dominación legitimada, la poshegemonía es la aceptación del poder más allá de la coerción-persuasión. El poder se interioriza y se convierte en parte del sentido común.
Encubrir el conservadurismo y la resistencia al cambio con mitos y consignas que por dogmáticas parecen radicales no es la respuesta adecuada a la crisis.
Las reacciones al especial del Banco Popular presentado el domingo 4 de diciembre de 2016 no se dejaron esperar, algunos jubilosos y otros condenatorios.
Si no somos colonias explotadas hasta el hambre, ni culturas musulmanas menospreciadas por el colonizador occidental “cristiano”, ¿qué compartimos con los colonizados sobre los que teorizaron Memi y Fanon?
Las únicas acciones contundentes serían un voto masivo por la independencia o una abstención masiva que cuestione la legitimidad de la clase política. Lo demás será la típica zambumbia electoral que nos ha traído al colapso.
La Junta de Gobierno actuó en su perfecto derecho y, como demuestran las apelaciones recientes, sin perjuicio al debido proceso de ley para los destituidos. Pero ese proceso de ley es distinto del retiro de la confianza.
Al momento de escribir estas líneas se ha vuelto a materializar otra propuesta que parece reflejar el consenso entre republicanos pragmáticos y demócratas, el proyecto de la Cámara H.R. 5278.
Dicho en puertorriqueño, el ELA ha colapsado y su futuro será decidido no por quienes lo crearon sino por los que aspiran a su destrucción.
bservo en mis interacciones en las redes sociales, particularmente en Twitter, un diálogo de sordos en el que cada quien ignora el argumento de quienes no piensan igual. Peor aún, se ignoran hechos contundentes que deberían formar parte del registro […]
A los trabajadores se les daría el peso para el “limber” mientras que la kakistocracia se llevaría los impuestos y contratos para repartir entre familiares, miembros del partido en el poder y otros allegados.
En este ensayo adelanto algunas pistas y propuestas para estudiar y entender el proceso de realineamiento político estimulado por la crisis del Estado Libre Asociado y su modelo económico, Operación Manos a la Obra.
La historia del PPD es clara: es un partido colonialista con una retórica nacionalista cultural pero con una práctica preponderantemente antisoberanista y antisindical.
Hay salidas a la crisis fiscal y económica de Puerto Rico, pero ello dependerá de la posibilidad de establecer mecanismos que impidan que la élite rentista que gobierna continúe con sus prácticas corruptas.