[Publicado originalmente en el blog del autor en Noticel]
El más reciente episodio de ira del Presidente del Senado se ha producido. Ahora tiene que ver con la publicación de un informe periodístico que revela la contratación de un amigo de su amigo Héctor Martínez en el Senado a razón de $7,000 mensuales.
Thomas Rivera Schatz ha dicho que la contratación a ese abogado la hizo él y no el senador Carmelo Ríos, y que la misma es perfectamente legítima. Ha dicho además que una acusación criminal de la que fue objeto el individuo en el 2005 no es relevante, porque, como él ha dicho anteriormente en el caso de Martínez, «en ocasiones el FBI miente»
Dejando a un lado la falta de auto control de Rivera Schatz al reaccionar a la fiscalización periodística y de lo reprochable de su reciente discurso en contra de la prensa, hablemos del objeto de la controversia: Richard Roark.
Richard Roark fue acusado el 10 de febrero del 2005 (en el caso federal 05cr41) junto a otro agente federal, Jorge Rivera, de conspiración para defraudar al Gobierno de los Estados Unidos. Además la Fiscalía federal le imputó, mediante una querella, alteración y falsificación de documentos oficiales, mientras se desempeñaba como agente del Negociado de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). Laboró para ICE por 10 años. Según la acusación, el 8 de junio del 2004, Roark y Rivera allanaron una residencia en la Urbanización Floral Park de Hato Rey y no reportaron a sus supervisores el dinero incautado. Fue un aparente robo.
En aquella ocasión la defensa legal de Roark, a cargo de la abogada Anita Hill Adames, aceptó que su cliente fue responsable -mientras fue agente- de la incautación de $6 millones producto del narcotráfico y cientos de arrestos.
Estos cargos le fueron desestimados en medio de un acuerdo entre las partes. El 29 de noviembre del 2006 (caso 06cv1103) Roark se declaró culpable ante el juez federal José A. Fusté, pues llegó a un acuerdo de alegación de culpabilidad por un delito menos grave con el fiscal Charles Jenkins. Se le acusó finalmente de presentar documentos falsos. Inicialmente el juez le impuso un año de probatoria y luego, mediante una reconsideración solicitada por la defensa, le redujo la pena a una multa de $250.
Se trata de una persona que se declaró culpable de haber cometido un delito federal.
Ese es el objeto de la controversia. Cuando se tocan fibras sensitivas y cuando hay expectativa de mantener ciertas cosas en secreto, surgen reacciones como las escuchadas recientemente.
Sospecho que después de esta vendrán otras tantas distracciones, y es que parece haber más de uno preocupado con la cooperación extendida de Jorge De Castro Font…
