400 millones de mentiras

Aunque la verdad, de ordinario, es subjetiva, hay algunas que no se pueden cuestionar, porque son de fácil corroboración y no son objeto de interpretación. Estoy convencido de que si Puerto Rico quiere progresar, el debate público debe elevarse o de lo contrario las posibilidades de progreso cada día se verán más lejos.

Esta reflexión surge en ocasión de la aprobación en el Senado de la llamada “reforma energética”. Leí una nota de prensa en la que el senador Ramón Luis Nieves decía que los subsidios de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no le hacen daño a ésta, porque solo representan $88 millones al año y, para apoyar su posición, citaba al Director Ejecutivo de la corporación pública.  Contrario a lo expuesto por el Senador, que presidió la Comisión Senatorial que examinó los proyectos de ley sometidos por Eduardo Bhatia, la AEE tiene subsidios por cientos de millones de dólares.

En el 2013, para un ejemplo, la corporación pública subsidió a los municipios en $260 millones. Entre los subsidios está, aquel que la AEE le tiene que otorgar a la AAA, en cerca de $40 millones anuales, cifra que en el 2015 aumentará en $44 millones y en el 2016 a $56 millones. Agreguemos también a la lista de los subsidios, los que reciben las industrias, hoteles, iglesias y residenciales públicos, entre otros, y tenemos, en total, cerca de $400 millones al año en subsidios. Este total, que aparece consignado en los estados financieros de la AEE y en los informes que hacen los ingenieros consultores de la corporación pública, está muy lejos de los $88 millones que alega el senador Ramón Luis Nieves.

Si el comentario sobre el monto de los subsidios que otorga la AEE viniese de un ciudadano de a pie, concluiríamos que es una repetición de lo que éste escucha en la radio o lee en los periódicos. Pero viniendo de un Senador, no podemos más que afirmar que sus expresiones son el mejor ejemplo de cómo se usa la demagogia para adelantar causas y no para aumentar las posibilidades de progreso en el País.

Nadie niega que el precio que pagamos por la luz es alto, si comparamos, por ejemplo, las tarifas en el 2000 ($0.11/kWh) con el precio a diciembre de 2013 ($0.25/kWh).  Es verdad que el precio que se paga en Puerto Rico es mayor que todos los estados de Estados Unidos, con excepción de la única isla-estado de los EEUU. Pero también es verdad que el precio que se paga en Puerto Rico es menor que el que se pagó en Hawaii, otra isla, en diciembre de 2013 ($0.33/kWh).  Incluso, nadie puede negar que el precio que se pagó en enero de 2014 en la ciudad de Nueva York ($0.23/kWh) era casi idéntico que el promedio de Puerto Rico en diciembre de 2013.

Es verdad, además, que nuestra dependencia del petróleo –para generar electricidad– es un factor que la reducción de la tarifa de la luz, toda vez que se trata de un combustible cuyo precio ha aumentado, pero nadie puede negar que, unido a la compra por energía, representa el 70 por ciento de lo que pagamos. Pero, nadie puede negar que la AEE produce electricidad (a base de todos sus combustibles, entre los que se incluye petróleo, gas natural y otros) a $0.15/kWh, mientras las empresas contratadas por la corporación para producir energía renovable lo hacen en promedio de $0.17/kWh y en el 2018 será a $0.18/kWh. Todos estos datos, que no se discutieron por parte de los promotores de la reforma energética, había que estudiarlos y considerarlos. Pero, no lo hicieron porque la intención con la reforma energética es cualquier cosa, menos reducir el precio de la luz.

Pero de todas las falsedades que se manifestaron, a lo largo del pobre debate legislativo para apostar a la mal llamada “reforma energética”, la más cacareada fue que los subsidios que reciben los municipios son resultado de una especie de “intercambio” con la AEE, por las contribuciones que los municipios no cobran. Esta falsedad parte de la premisa de que los municipios –de no ser subsidiados por la AEE– tendrían derecho a imponerle a la agencia cerca de $500 millones en contribuciones municipales que, comparados con los $260 millones, hace que sean los ayuntamientos quienes terminen subsidiando a la AEE. Esta afirmación, además de ser falsa, es un argumento irresponsable y sin base.

La Sección 22 (b) de la Ley Orgánica de la AEE dispone que dicha corporación pública estará exenta del pago de cualquier contribución de cualquier tipo por las propiedades que ésta posee o por la explotación de sus negocios. Esta misma disposición legal aparece en idénticas circunstancias en las leyes orgánicas de prácticamente todas las corporaciones públicas importantes, como lo son: la Autoridad de Edificios Públicos, la Compañía de Turismo, la AAA, el Fondo del Seguro del Estado, Banco Gubernamental de Fomento y la Autoridad de Carreteras y Transportación. A esto se le añade que la Ley de Patentes Municipales y la Ley 81-1991 disponen que ninguna corporación pública pagará contribuciones municipales.

La única corporación pública con una disposición distinta –que hemos tenido la oportunidad de estudiar– es la Administración de Terrenos, que paga contribuciones municipales sobre la propiedad exclusivamente. No paga patentes ni arbitrios de construcción. Esta información, que es constatable con una somera revisión de los estados financieros auditados de estas corporaciones públicas, es tergiversada y manipulada constantemente en la discusión pública en voces de comentaristas radiales y políticos, muchos de ellos abogados, con el fin de justificar sus posturas en contra la AEE.

Ante toda la avalancha de expresiones falseadas en torno a los subsidios que otorga la AEE a los municipios, podríamos concluir que las mismas son una consecuencia de la falta de información o de ausencia de acceso a ésta. Pero no es Juan del Pueblo quien las dice, sino figuras que presumen de su intelectualidad y de sus títulos universitarios, por lo que uno tiene que concluir falsean la información, para engañar, o son profesionalmente ¿incompetentes?

Se plantea que en el 2013 la AEE tuvo una pérdida de $276 millones. Si suponemos que esta fue la pérdida de la AEE, se puede concluir que el 95 por ciento de la misma, es atribuible al subsidio de los municipios.

Este subsidio a los municipios, llamado Contribución en Lugar de Impuesto o CELI, es una medida de iniciativa política impulsada por legisladores en Cámara y Senado y firmada por los gobernantes de turno. CELI ha sido avalado por todos los partidos, sin distinción. Entonces, ¿de quién es la culpa de la pérdida de la AEE? ¿Quiénes son los responsables por los $400 millones en subsidios que otorga la AEE y que los clientes pagamos todos los meses en nuestras facturas? ¿De las uniones de la AEE? No. ¿De los empleados o de los jubilados de la AEE?  No ¿Del Pueblo? No.

La culpa de la situación en la AEE es de los mismos que ahora quieren hacer una mal llamada reforma, para enriquecer ciertos bolsillos y empobrecer el de todos los demás, incluyendo el bolsillo de los abonados que terminaremos pagando las facturas. Los autoproclamados salvadores de la AEE son los mismos que han aprobado las leyes que sostienen los subsidios y que ayer tuvieron la oportunidad de eliminarlos y se les olvidó. $400 millones menos en subsidios para la AEE, representa una reducción de más de 2 centavos/kWh (¡eso es casi un 10% de rebaja en la factura!). ¿No es esto una verdadera reforma energética?

Este debate que ha surgido en torno a los subsidios, los gastos y el funcionamiento de la AEE es el mejor ejemplo de cómo en Puerto Rico la mentira para defraudar reina. Puerto Rico nunca tendrá la oportunidad de avanzar políticamente, si el debate público se basa en falsedades y en el adelanto de mezquinos intereses particulares. La reforma energética es otra prueba más de que cada día estamos más lejos de alcanzar el progreso que todos anhelamos, soñamos y al que tenemos derecho. Por eso, tras el calor del debate sobre el futuro de la AEE y la mal llamada “reforma energética” que pretende forzar el senador Bhatia, y la cual defiende a ciegas su homólogo Ramón Luis Nieves, hay ocultas, al menos, 400 millones de mentiras.

El autor es asesor financiero y abogado.