A dos años del triunfo del PPD
Aún está presente en nuestra memoria el “slogan” del candidato a la gobernación, licenciado Alejandro García Padilla, en ocasión de las elecciones del año 2012: “Primero la Gente”. Fueron muchas las promesas de campaña y luego del nefasto cuatrienio de Luis Fortuño, grande era la esperanza. Entre las promesas más importantes que se hicieron, estaba la creación de 50,000 empleos en los primeros 18 meses de mandato, la reforma legislativa, impulsar la Asamblea Constitucional de Estatus, no meterle la mano en el bolsillo a la gente y reducir la criminalidad. Durante la campaña se criticó duramente la corrupción y el otorgamiento de contratos a los amigos del entonces gobernador.
El gobernador García Padilla, hizo buenos nombramientos al gabinete de su gobierno. Entre ellos, el de Carmen Guerrero, para el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el de Salvador Santiago para la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, el de Myrna Comas, para el Departamento de Agricultura, el de José Negrón Fernández para el Departamento de Corrección y Rehabilitación e Idalia Colon a la Secretaría del Departamento de la Familia. Mas hubo otros nombramientos desafortunados. El nombramiento de Héctor Pesquera en la Superintendencia de la Policía o como “asesor en seguridad’, fue por demás, decepcionante. García Padilla no se atrevió a despedirlo y parecía replegarse ante este personaje a quien se reverenciaba por su trayectoria como agente federal y que resultó ser un fiasco. Javier Ferrer, uno de los abogados del bufete Pietrantoni Méndez & Álvarezque asesoró al gobierno de Fortuño en la transacción de la venta del aeropuerto Luis Muñoz Marín, fue nombrado Presidente del Banco Gubernamental de Fomento. David Chaffey, abierto partidario de Luis Fortuño fue nombrado a dirigir la Junta de Directores del BGF. Alberto Lázaro, Director de Operaciones de la AAA bajo el gobierno de Fortuño, fue nombrado a dirigir la agencia. Como si esto fuera poco y a pesar de las denuncias de corrupción del gobierno de Fortuño, nos advertía que no iba “a mirar atrás”.
Poco duró la ilusión que muchos albergaban en el nuevo gobierno. La reforma legislativa, que se ofreció sería la primera ley a someterse, se hizo sal y agua. Los presidentes de las cámaras legislativas, Eduardo Bathia y Jaime Perelló se amotinaron y la promesa de campaña comenzó a resquebrajarse. Ante el reclamo insistente del pueblo para que la promesa de la reforma se concretara, Bathia respondió que la misma “no está escrita en piedra”. Por su parte, Perelló, como presidente de la Cámara de Representantes, hizo todo lo que estuvo a su alcance para que la discusión de la reforma legislativa se retrasara. Incluso, firmó una orden administrativa aprobando reembolsos de ciertos gastos a los legisladores, orden que se vio obligado a dejar sin efecto, ante la indignación del país. La reacción del Gobernador frente a la actuación de los líderes legislativos puso en entredicho su liderato.
Muy temprano en el cuatrienio, el país se vio sumido en la lucha contra la privatización de su único aeropuerto internacional. A pesar de las múltiples expresiones en la campaña en contra de la privatización de los haberes públicos, la posición del Gobernador en cuanto a este asunto era incierta. El país esperaba que no le defraudara. Para sorpresa de muchos, en febrero de 2013, García Padilla anunció la entrega del aeropuerto internacional a la firma Aerostar Holdings. Su pretexto fue que Puerto Rico no podía faltar a su palabra, que no era otra que la palabra de Fortuño y de sus cómplices en este turbio negocio. Pocos meses después de la entrega del aeropuerto a manos privadas, el licenciado Ferrer renunció a su posición como presidente del BGF.
Nadie puede negar que el gobierno de García Padilla asumió el poder en momentos en que el país enfrentaba una de sus peores crisis económicas: un déficit de $3,200 millones y una deuda pública que superaba los 70,000 millones de dólares, como consecuencia de una política pública de incurrir en gastos que eran sufragados mediante el constante endeudamiento público. La continua amenaza con la degradación del crédito del país llevó al gobierno a someterse a las exigencias de los bonistas quienes reclamaban se tomaran medidas para recortar el gasto público y para garantizar el pago de la deuda. Así, se impusieron múltiples tributos a la clase trabajadora, se legisló la reforma de retiro de los empleados del gobierno central, de los maestros y de la Judicatura. Todas fueron impugnadas en los tribunales por los empleados afectados con resultados ya conocidos. Se aprobó la Ley de Sustentabilidad Fiscal, conocida como ley 66, que entre otras cosas, dejaba sin efecto los acuerdos contenidos en los convenios colectivos con los empleados públicos y protegía al gobierno contra el pago de sentencias en su contra.
La Agenda de Recuperación Económica, que anunció el Gobernador en su Mensaje de sobre la Situación de Estado al país de abril de 2014, se desmoronaba frente a una realidad cada vez más precaria. Se aceleró la emigración de puertorriqueños a los Estrados Unidos y a otros países, a razón de 50,000 por año; la tasa de participación laboral sigue estancada, el desempleo aumenta, así como las quiebras y las ejecuciones de hipotecas. Continúan el cierre de empresas. Como secuela de la grave situación económica, se ha acentuado la crisis social con la violencia rampante que se manifiesta en todos los órdenes de nuestra vida: el maltrato a los niños y a los ancianos es alarmante y la violencia de género ha llegado a niveles insospechados. La ola de criminalidad continúa asediándonos. La deserción escolar, a partir de la etapa de educación intermedia, continúa en aumento. El Departamento de Educación no da pie con bola y pierde más de cien maestros al mes por las difíciles condiciones de trabajo en las que se desempeña el magisterio boricua. Mientras tanto, mantiene contratos multimillonarios con una exsecretaria del Departamento afiliada al PNP y con una agencia estadounidense que ha recomendado cerrar más de 500 planteles escolares. No hay asomo del más mínimo interés en terminar el viejo litigio de los estudiantes de educación especial mediante un acuerdo que ofrezca justicia a esta población históricamente relegada.
El gobernador García Padilla traicionó la promesa programática del PPD de impulsar una Asamblea Constitucional de Estatus, en momentos en que se vislumbraba que los proyectos sometidos en cuanto a este tema comenzarían a discutirse en vistas públicas. Aliado con el sector inmovilista de su partido, el Gobernador recurrió al pretexto de la asignación de $2.5 millones del gobierno federal para la celebración de un plebiscito en la isla, defraudándonos una vez más. Así, se ha retrasado deliberadamente, promover la discusión del estatus de la Isla y la búsqueda de soluciones al mismo. El reciente triunfo del partido republicano en el Congreso de Estados Unidos., hará desvanecer las excusas para atender este asunto.
Aunque su política sobre el ambiente ha sido aplaudida por muchos por su defensa del Corredor Ecológico del Noreste y del Bosque del Pueblo, la noticia del permiso que ha otorgado la Junta de Calidad Ambiental a la compañía Energy Answers para instalar un incinerador en Arecibo, ha opacado esa parte de su ejecutoria gubernamental. No es ningún secreto que personas estrechamente vinculadas al PPD, de gran influencia y poder económico, han impulsado la instalación de este nefasto proyecto. Su escaso activismo en cuanto al urgente dragado del caño Martín Peña es igualmente decepcionante.
Contrario a lo que muchos hubieran deseado, el gobierno de Alejandro García Padilla ha demostrado ser más de lo mismo. Su política económica y social ha dado al traste con su “slogan” de campaña: “Primero la gente”. Ha demostrado que primero son los bonistas, los grandes intereses que han financiado las campañas y su apego a la colonia anquilosada y desgastada que es responsable de la crisis que su gobierno ha sido incapaz de resolver.