Sistema Arbona y Reforma de salud
El Sistema Arbona estaba organizado por niveles de servicio que el paciente accesaba sin restricciones. Ante la sagrada relación médico-paciente, el gobierno era un patrono amigable y respetuoso. No había aseguradoras que racionaran los servicios, ni que se interpusieran para impedir que los pacientes obtuviesen el cuidado indicado por su médico.
Todas las instalaciones y recursos humanos pertenecían y eran financiadas por el gobierno. El sistema operaba bajo cualquier circunstancia, 365 días al año. Aunque estaba dirigido hacia atender las necesidades de salud de nuestra población pobre, todos los residentes de Puerto Rico podían recibir servicios sin tener que presentar tarjeta alguna, y sin costo alguno.
Aquel sistema nos puso en el mapa mundial de la salud. Para 1970, ocupábamos la posición #14 del mundo en expectativa de vida (71.6 años). Superábamos a EE.UU (70.8 años), que 30 años antes, en 1940, nos llevaba 17 años de ventaja en expectativa de vida.
La Reforma de Salud de 1994 cambió dramáticamente la política pública de salud del gobierno. Descontinuó la prestación de servicios primarios y secundarios para la población médico-indigente del país, eliminando a su vez al Departamento de Salud como proveedor de servicios de salud. A través de la nueva Administración de Seguros de Salud (ASES), el gobierno delegó la prestación de servicios a varias aseguradoras con fines de lucro y a sus respectivas redes de proveedores. Privatizó nueve hospitales públicos, retuvo dos, cerró uno. Eliminó todos los CDT, la gran fortaleza del Sistema Arbona, pero mantuvo el nivel terciario-supraterciario (Centro Médico), su componente más caro y complejo que se nutría de los niveles inferiores que acababa de privatizar o descartar.
La Reforma de 1994 dejó maltrechas las múltiples funciones categóricas que el Departamento prestaba para toda la población: registro demográfico, registro de cáncer, vigilancia epidemiológica, estudios de prevalencia, inspecciones sanitarias, programas de promoción, protección y mantenimiento de la salud, cuidado preventivo, vacunación y muchos otros.
Hasta 1993, nuestro gigantesco Departamento de Salud de 22 mil empleados cumplía cabalmente con su rol constitucional de velar por la salud del país con un presupuesto que rondaba por los mil millones de dólares anuales. Para el año 2005, cuando ya las 10 regiones de salud del país habían sido incorporadas a la Reforma, el carapacho que quedó de la desmantelada sombrilla del Departamento de Salud (añadiendo la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción-ASSMCA, un junte en 1993 entre la Secretaría de Salud Mental y el Departamento de Servicios contra la Adicción-DESCA)) se había reducido a 12 mil empleados, aunque todavía con un presupuesto de $850 millones de dólares anuales. Para entonces, la tarjeta de salud que repartía ASES ya costaba $1,300 millones adicionales al gasto del Departamento de Salud.
Al examinar todos los presupuestos de salud hasta 2020, encontré que la población médico-indigente que al final del Sistema Arbona era de 2,100,000 pacientes, se había reducido en 2020 a solo 1,100,000 beneficiarios, casi la mitad. Que los empleados del Departamento de Salud-ASSMCA se habían reducido de 22,000 en 1993 a 5,000 en 2020, y que de un presupuesto de $1,000 millones en 1993, el gasto conjunto del Departamento de Salud-ASSMCA ($1,150 millones) y ASES ($2,945 millones) ascendía a $4,095 millones anuales en 2020.
El gasto en medicamentos del plan Vital en 2019 ($710 millones) representaba 24% de los casi $3,000 millones que gastaba el plan Vital anualmente. Era de $487 millones (19%) en 2014. Recordemos, que bajo el Sistema Arbona obteníamos los medicamentos a precio federal con sobre 50% de descuento, como lo obtenía y todavía lo obtiene la Administración de Veteranos, mientras que post-Reforma hemos tenido que pagar los medicamentos a precio de mercado.
En resumen, en el sistema público de salud gubernamental que hoy queda, hay muchos menos beneficiarios y empleados regulares, mucho más personal por contrato, e inexplicablemente, mucho más gasto.
La Reforma de Salud nunca resolvió las mayores críticas que se le hicieran al Sistema Arbona. Entre las más mencionadas figuraban: que era un sistema cerrado, sin libre selección; que los pobres no tenٕían acceso a atenderse en los mismos lugares donde se atendían los pudientes; que era muy caro, que estaba produciendo déficits anuales recurrentes, que no podía ser financiado por el fondo general, que había escasez de medicamentos.
Lo que realmente ocurrió post-reforma fue, que no solamente le quitaron a los pobres un sistema dedicado a ellos, que era el único que podían utilizar sin tener que pagar y en el que tenían libre movilidad dentro de sus confines, sino que los transfirieron a la merced de las aseguradoras privadas cuya meta era hacer dinero con su salud. Aunque las aseguradoras incluían en sus directorios muchos nombres de hospitales y especialistas privados, llegar a ellos era una odisea que en el Sistema Arbona jamás existió, pues allí los pacientes podían llegar hasta el nivel de Centro Médico sin dificultad.
La libre selección prometida tampoco se materializó, excepto para escoger a su grupo médico primario. En el nuevo escenario primario, brillaban por su ausencia aquellos múltiples servicios de apoyo que el paciente tenía bajo el mismo techo en su propio municipio de residencia: nutricionista, rayos x, farmacia, laboratorio, trabajo social, educación en salud, sicólogo y muchos más. En el nuevo escenario, los pacientes también tenían que acostumbrarse a un médico y una secretaria en una oficina, y necesitaban un referido para poder ser evaluados por un especialista localizado en otro lugar, a veces distante.
Otro gran contraste con el Sistema Arbona: cualquier residente de Puerto Rico, legal o ilegal, pobre o pudiente, era atendido sin necesitar tarjeta, ni tener que pagar nada. No existían los 300 mil puertorriqueños que hoy no tienen acceso a servicios de salud por no tener una tarjeta, por no cualificar bajo los criterios vigentes de Medicaid. En el sistema de salud de hoy, no te atienden en ningún lugar (excepto Centro Médico) si no tienes una tarjeta. Te categorizan como paciente privado y te cobran.
En resumen, sacaron a los pobres de un sistema cerrado que les pertenecía, que tenía gran flexibilidad dentro de sus múltiples facilidades, y en el que gran parte de su facultad pertenecía a la acreditada alta calidad y excelencia de nuestra Escuela de Medicina de la UPR, para encerrarlos en un sistema privado con un directorio de proveedores prácticamente de adorno. Fuera del médico primario, los demás servicios eran inaccesibles. Para llegar a ellos se requerían referidos especiales adicionales de acceso para cada servicio, más allá del médico primario. Al comparar sistemas, el sistema de salud privado al que el gobierno envió a nuestros pobres en 1994 ha resultado ser 25 años más tarde, el plan de salud de peor calidad en el país, el de más bajo nivel de costo-efectividad.
Departamento de Salud
Nuestro Departamento de Salud que fue una entidad modelo y prestigiosa pre-reforma, hace tiempo que implosionó. Ninguna de las administraciones ha intentado reestructurarlo administrativa, ni operacionalmente. Ni tan siquiera para modernizarlo, restituirle su fundamental rol primario-preventivo y las funciones categóricas que equivocadamente le habían recortado.
Aquel Departamento de Salud que fue irreversiblemente diezmado en 1994, recibió otro golpe adicional con los despidos de la Ley 7 de 2009, perdiendo su capacidad para responder a situaciones de alta complejidad como huracanes, terremotos, o pandemias. Apenas quedaron recursos para atender parcialmente funciones muy limitadas.
El deteriorado Departamento de Salud ha tenido que hacer malabares para manejar la presente pandemia COVID-19, la cual ha puesto al descubierto lo seriamente maltrecho que realmente estaba el antiguo rey de la salud pública del país. Las seis administraciones que pudieron rehabilitarlo en las últimas dos décadas, creyeron que la tarjeta de salud era mágica, que todo lo resolvería, que no había que hacer nada más.
Es imperativo reconstruir nuestro Departamento de Salud en ruta hacia ajustarlo a la modernidad y a la realidad puertorriqueña del siglo 21, para que esté debidamente acreditado por el Public Health Accreditation Board, entidad que acredita con gran éxito a la mayoría de sus pares en EE.UU, y que será de incuestionable ayuda para que recuperemos la excelencia que tuvimos en el pasado.
La reconstrucción del Departamento de Salud tiene que restablecer una organización interna que asegure la capacidad y la competencia perdida, que pueda cumplir cabalmente con las responsabilidades constitucionales y las exigencias de cualquier catástrofe. Que detenga el uso del Departamento como refugio de batatas políticas por contrato (2019, según Informe de Oficina del Contralor, $301 millones gastado en 2,522 contratos por el Departamento de Salud, casi el doble de lo gastado en 2012) que no tienen, ni la preparación, ni las destrezas, para realizar las funciones esenciales del Departamento y quienes además no le dejan espacio a muchos de los recursos cualificados disponibles.
El Departamento de Salud tiene que recuperar su capacidad para establecer política pública y regulaciones que gobiernen nuestro sistema privado de prestación de servicios, y para lo que quede del sistema público después que hagamos un inventario que redefina lo que debe retenerse y los servicios duplicados que deben eliminarse. Entonces procederíamos a realinear lo público con lo privado para que funcionen coordinadamente, con excelencia, con costo-efectividad. El Departamento entonces se podría convertir nuevamente en verdadero campeón de la protección y mantenimiento de la salud de nuestra población. Podría también volver a contar con una plantilla de profesionales competentes, y con toda la tecnología necesaria para realizar las funciones demográficas y epidemiológicas esenciales en condiciones normales o durante cualquier evento catastrófico.
Centro Médico de Puerto Rico
El Centro Médico de Puerto Rico (CM), otro de los pilares de nuestro sistema de salud, requiere una rigurosa reevaluación y reestructuración operacional y económica. Al momento de comenzar la Reforma en 1994, el CM ya contaba con nueve hospitales en sus 225 cuerdas, cinco de ellos (Universitario Adultos, Universitario Pediátrico, Centro Cardiovascular, Oncológico y Centro de Trauma) piezas centrales para la educación médica pre y post-grado, y para seguir prestando servicios a nuestros pobres y población general. Posterior al 1994, la adición de tres nuevas instituciones (Hospital Psiquiátrico Forense, Health South y Centro Comprensivo de Cáncer) han aumentado a doce los hospitales del CM.
Previo a la reforma, el Centro Médico no tenía que facturar a sus entidades participantes por cada servicio individual prestado. Fijaba las tarifas por sus servicios y se sostenía totalmente del consumo de sus entidades participantes. Recibía sus pagos por anticipado trimestralmente, de acuerdo a un estimado de consumo, aunque el retraso en los pagos era la norma. Lo anticipado y lo realmente consumido, se cuadraba trimestralmente.
Bajo el nuevo escenario post-Reforma de 1994, el CM perdió su fuente natural de pacientes provenientes de los CDT y hospitales públicos. Tendría que competir con los hospitales privados y depender de referidos para algún servicio que allá no pudiesen ofrecer, o de que fueran casos muy especializados que solo pudiesen atenderse en CM (trauma, ortopedia, neurocirugía, obstetricia complicada, entre otros), o que allá rechazaran atenderlo por ser de alto costo o por no tener plan médico, ni dinero para pagar. Y los hospitales públicos del Centro Médico dejarían de recibir apoyo económico regular del gobierno. Tendrían que generar y depender de sus propios ingresos.
Al comenzar la Reforma, sin aviso previo y sin la preparación adecuada, CM se convirtió en un proveedor más de la Reforma y tuvo que aprender a facturar por servicio prestado. Entonces eran las aseguradoras las que fijaban las tarifas unilateralmente, casi siempre muy por debajo de lo que costaban los servicios y de lo que le pagaban a otras instituciones del país por servicios similares. Además, las aseguradoras objetaban arbitrariamente muchas facturas, lo cual retrasaba los pagos. Ninguna administración ha defendido al CM de esa discriminación tarifaria que ha persistido por tres décadas.
El Centro Médico quedó en 1994 a la merced de las aseguradoras de la Reforma y de sus entidades participantes. Sus dos principales instituciones hospitalarias y mayores consumidoras de servicios, el Hospital Universitario de Adultos y el Pediátrico, ni generan suficientes ingresos, ni reciben asignaciones económicas recurrentes del gobierno para cubrir sus gastos. Ambas son criaturas dependientes de un Departamento de Salud que tampoco tiene presupuesto suficiente para mantenerlos.
El Centro Médico perdió su flujo de efectivo y su solvencia para cumplir con sus suplidores, a los cuales adeuda decenas de millones de dólares. Sin embargo, siempre ha sacado la cara por sus entidades consumidoras, subsidiando a las aseguradoras, a los que están desprotegidos por ACAA, y a todos aquellos que no tienen capacidad de pago, como son los pobres sin tarjeta, las personas sin hogar y los indocumentados.
El panorama económico post-Reforma indujo a ASEM a entrar en déficits anuales, y a depender de líneas de crédito y asignaciones legislativas recurrentes para cubrir sus deficiencias económicas. Desde 1998, el Centro Médico ha tenido cuantiosos déficits anuales tan altos como los $94.7 millones de 2010. Hasta en sindicatura ha estado desde ese año. Lo han sabido políticos y funcionarios de cinco distintas administraciones gubernamentales de ambos partidos y nadie ha querido enfrentarlo con liderato y valentía. Centro Médico es representativo del gobierno, donde se gasta lo que no se tiene, y nadie responde por ello, lo que ha conducido al gobierno central a la quiebra y al impago.
El principio rector operacional que ha regido al Centro Médico desde su inicio, la centralización de servicios comunes, hace tiempo que no funciona. Perpetuarlo solo agravará sus males. La Junta de Directores de Centro Médico la componen sus instituciones participantes-consumidoras de servicios. Son ellas las que tienen que velar por la estabilidad económica y por cumplir la reglamentación institucional, pero son ellas mismas las primeras que incumplen. No pagan lo facturado, ni a tiempo. Y si no le gustan los precios que ellos mismos determinan, violan las reglas y compran más barato afuera. Si Centro Médico no genera ingresos suficientes para pagar a tiempo a sus suplidores y ofrecer precios más bajos a sus entidades consumidoras, todo será más caro cada día que pasa y el concepto de centralización jamás funcionará.
Ha sido un milagro que el déficit de más de $800 millones acumulado desde 1998 no haya paralizado la operación de nuestro centro médico-hospitalario más especializado y completo del país, la joya más preciada de nuestra sistema de salud. ¿Cuánto más podemos esperar para modernizar su fracasada fórmula operacional?
Al igual que el Departamento de Salud, CM tampoco ha tenido ninguna reestructuración operacional y económica racional post-Reforma que haya redefinido sus funciones y su nueva relación con los hospitales participantes y con las aseguradoras privadas, que haya enderezado y armonizado todos esos disloques administrativos y operacionales que le causó la Reforma. CM ha perdido personal, pacientes e ingresos. Sin embargo, sigue recibiendo los casos más complejos y costosos que los hospitales privados no pueden, o no quieren atender porque le generan pérdidas económicas.CM ha sobrevivido durante los últimos 20 años gracias a la vocación y el compromiso de sus fieles profesionales de la salud y demás empleados.
Recinto de Ciencias Médicas UPR
El tercer pilar de nuestro sistema público de salud, y principal sostén de la educación médica en Puerto Rico, es el Recinto de Ciencias Médicas. Su misión académica, su capacidad para la investigación y su servicio clínico son esenciales en el desarrollo de estrategias y protocolos para el manejo de las condiciones de salud que padecemos los puertorriqueños. Por ser una entidad muy compleja en la que es imprescindible escuchar el sentir de su facultad, de sus empleados y de sus estudiantes como parte de una evaluación actualizada de la institución, pospondremos la misma para una ocasión futura.
Rediseño de nuestro sistema de salud
El huracán María, los terremotos y la pandemia fueron recibidos por un sistema de salud diezmado en recursos humanos y financiamiento, e incapaz de manejar eventos de tan extraordinaria magnitud. Esas frustrantes experiencias han cambiado nuestra visión de la base sobre la cual debería estar cimentado nuestro sistema de salud futuro. Hemos aprendido, que el sistema privado de salud al cual le hemos delegado tanto en las últimas décadas, jamás podría liderar tan compleja y gigantesca responsabilidad. El sector privado participa, si le pagan o lo subsidian. La prensa del pasado 25 de agosto nos recordó que 55 entidades hospitalarias privadas ya habían recibido subsidios económicos divididos en dos rondas de $150 millones cada una, provistos por el Care Act federal.
No debe quedar duda alguna, de que tenemos que devolver al gobierno de Puerto Rico la responsabilidad constitucional que le corresponde, y que el liderato de ese nuevo norte lo tenemos que asignar a nuestros tres pilares de salud del gobierno: Departamento de Salud, Centro Médico y Recinto de Ciencias Médicas, los cuales, aún maltrechos por la falta de recursos competentes y bien preparados, han hecho lo mejor que han podido dentro de sus limitaciones.
Mientras reconstruímos los tres pilares de nuestro sistema de salud y los ponemos en condiciones de garantizar la costo-efectividad deseada, podemos simultáneamente rediseñar nuestro sistema de salud.
Para rediseñarlo, tenemos que partir del sistema de salud hoy vigente en Puerto Rico, el que copiamos de EE.UU. a partir de la Reforma de 1993. Consiste de tres planes de salud que proveen acceso a servicios de salud a distintos segmentos de nuestra población, utilizando una tarjeta de acceso: el seguro patronal originado en EE.UU., en 1942 para la clase trabajadora, el seguro Medicare de 1965 para personas de más de 65 años e impedidos, y el seguro Medicaid de 1965 para los pobres. Un cuarto segmento se incluye, aunque solamente como recordatorio de aquellos que no tienen una tarjeta de acceso a servicios y que los obtienen solo si pagan por ellos directamente de su bolsillo.
El sistema de salud estadounidense adoptado por nosotros, contrasta dramáticamente con el dominante sistema público que sirvió a la gran mayoría de nuestra población durante todo el siglo 20. Al momento de la transición en 1994, nuestro segmento Medicaid de los pobres seguía siendo el más grande (2,000,000 de beneficiarios). Los segmentos patronales (980,000 beneficiarios) y Medicare (460,000 beneficiarios) crecían rápidamente. Casi tres décadas más tarde, solo Medicare se mantiene creciendo (760,000 beneficiarios). Medicaid y el seguro patronal tienen 400,000 y 300,000 menos beneficiarios en 2020 que en 2014. Desafortunadamente, más de 300 mil puertorriqueños no tienen seguro de salud.
La primera encomienda del rediseño propuesto consistiría en elevar la calidad de los servicios del plan gubernamental de salud (Medicaid-Vital) al alto nivel que ostenta el programa Medicare Advantage, la vara comparativa más alta existente en Puerto Rico. Aún reconociendo la gran diferencia en financiamiento entre ambos (prima cinco veces mayor en Medicare Advantage), no podemos seguir permitiendo que dos segmentos de nuestro sistema de salud operen con niveles de calidad tan opuestos, y menos cuando el segmento de los pobres permanece en la rueda de abajo. Tenemos que comenzar a movernos en la dirección de que cada puertorriqueño siempre tenga acceso a una igual calidad, la mejor.
Subsiguientemente, y luego de evaluar las condiciones económicas del gobierno, tenemos que establecer un mecanismo para lograr que el universo de nuestra población tenga acceso a servicios de salud, y que incorporemos a los cerca de 300 mil puertorriqueños que ahora no tienen un seguro de salud. Al final del camino, los puertorriqueños lograremos un sistema universal, en el que ningún residente de esta tierra quede excluido.
Sistema universal de salud
Existen en el mundo tres modelos universales de salud para escoger. Podemos descartar el modelo inglés (Dr. William Beveridge 1942), el que fue implantado en el Reino Unido en 1948 y adoptado por nuestro sistema Arbona en 1956. El mismo ya no es viable en 2020, porque todas sus facilidades ya no existen. Fueron alquiladas, vendidas o cerradas. Tendríamos que escoger entre el modelo de pagador único, como es el programa Medicare de EE.UU. o el que utilizan en Canadá. En el Congreso, el pagador único está vivo (si ganan los demócratas) a través del programa “Medicare for All” que extenderá la tarjeta Medicare a toda la población. La tercera alternativa, el modelo universal híbrido que utiliza la mayor parte de los países europeos, es quizás el más viable para Puerto Rico, porque nos permite dejar intocable el segmento del programa Medicare vigente financiado por contribuciones a la nómina de los empleados, y proceder a crear otro segmento que unifique las tres poblaciones remanentes: los pobres, los que no tienen seguro y los que reciben un seguro de su patrono.
La población remanente no Medicare estaría acogida a un nuevo segmento que sea un clon del programa Advantage de Medicare. Tal modelo de cuidado coordinado es el que mejor está funcionando entre los segmentos vigentes en Puerto Rico en 2020, según el programa de las estrellas que lo mide y clasifica.
El modelo propuesto tiene que ser costo-efectivo, brindar al paciente los servicios médicamente indicados que necesite, sin desperdiciar dinero en servicios no indicados que no necesite. La prestación de servicios estará monitoreada mediante la medición de múltiples indicadores que garanticen la calidad de los servicios prestados y los buenos resultdos de los mismos para el paciente. Eso no solo mejora la eficiencia en la prestación de servicios, sino que también lo encamina hacia la costo-efectividad requerida para el éxito, el que cada centavo invertido produzca los mejores resultados al menor gasto.
Al final del camino, el sistema propuesto tiene que ofrecer incentivos a todos sus proveedores, de acuerdo a la calidad de los servicios que brinden. Del modelo hoy vigente, tendríamos que cambiar el que actualmente sean los pacientes y las aseguradoras que controlan el dinero y su distribución, los únicos beneficiados. Los profesionales de la salud que brindan los servicios, los que trabajan de manera costo-efectiva para que las aseguradoras ganen mucho dinero, los que no son remunerados justamente, ni bonificados de acuerdo al nivel de calidad de sus servicios, no pueden quedar rezagados, ni seguir siendo abusados de la ecuación de ganancia para todos.
El sistema que construyamos tiene que ser uno ganador para todos sus protagonistas, lo cual probablemete tenga que excluir a las aseguradoras de participar, porque las mismas solo saben participar para ganar, no para compartir éxitos y ganancias. Tenemos que perfeccionar el modelo Advantage vigente, para conseguir que cada puertorriqueño tenga acceso a un sistema que responda con igual excelencia y sentido de justicia y equidad para todos, sin que importe nivel de ingresos, edad, sexo, empleo, raza.
Para reponer los niveles de cuidado primario-preventivo eliminados por el gobierno entre 1994-2000, y para que el nuevo realineamiento público-privado propuesto sea viable, habría que hacer alianzas con hospitales privados, especialmente los sin fines de lucro, y con entidades que posean redes de médicos primarios-preventivos, como son los centros comunitarios 330 sin fines de lucro, los cuales son versiones modernas parecidas a los CDT de antes, y que ya brindan servicios en 67 de los 78 municipios de Puerto Rico. Además, cuentan con un sólido respaldo económico federal de ambos congresistas republicanos y demócratas.
Sería aconsejable determinar, si el seguro patronal que ha sido el principal seguro de salud privado en EE.UU (160 millones de beneficiarios) y de Puerto Rico (tuvo 1.3 millones de asegurados en 2014), puede cubrir a todo el que trabaja o si vamos a mantenerlo cubriendo principalmente a las grandes empresas, como ocurre hoy. Tendríamos, o que agrandarlo para que incluya a todos los que trabajan, o redefinirlo, colocando en otro segmento a los que trabajan en empresas medianas y pequeñas que no pueden financiar un seguro de salud patronal.
Tanto bajo la Reforma de Salud, como en su rol ante un terremoto, huracán o pandemia, las aseguradoras siempre se las arreglan para mantener su fin lucrativo. Si no se cumple su objetivo, o si no se le ofrecen subsidios para operar, bajo su liderato nunca habrá garantía alguna de que nuestra población estará protegida, que recibirá el cuidado que requiere en cualquier momento dado, catastrófico o no. Nuestra gente, especialmente los más vulnerables, no pueden estar sujetos a tal grado de incertidumbre.
Las aseguradoras han sido un mal necesario realizando funciones que el gobierno no sabe, ni ha aprendido, a realizar. Tendremos que seguir dependiendo de ellas hasta que haya un reemplazo gubernamental que haga su labor con igual o mejor nivel de eficiencia o que el sistema opere mediante contratación directa con los proveedores. El destino futuro de las aseguradoras tendrá que esperar hasta que reconstruyamos los tres pilares gubernamentales de nuestro sistema público de salud para tomar una decisión final sobre su permanencia, eliminación o redefinición de funciones. Lo que no podemos hacer es perpetuar que se mantengan controlando y racionando los servicios a los beneficiarios de la reforma por razones económicas y tratando abusiva e injustamente a los proveedores, especialmente a la clase médica.
Hacemos énfasis en que la reconstrucción de los tres pilares fundamentales del gobierno tiene que ser un pre-requisito para crear una infraestructura de bases sólidas que pueda sostener el futuro Sistema Universal, una vez sea completado tras la incorporación progresiva de toda la población, especialmente las personas que hoy no tienen seguro de salud alguno.
Llevamos años soñando con un Sistema Universal de Salud. La propuesta aquí descrita está totalmente enfocada y encaminada hacia el bienestar físico y mental de toda nuestra población. El paciente, y nadie más, será siempre su prioridad.
Nuestra propuesta puede ser adoptada por cualquier administración política, porque es compatible con cualquier ideología de estatus. Aún bajo la estadidad, contiene una alternativa que es la principal propuesta congresional (“Medicare for All”) del Senador Bernie Sanders del Partido Demócrata.
La única manera de evolucionar ininterrupidamente del presente sistema de salud al sistema universal aquí propuesto, es mediante un proceso de continuidad a través de años bajo diferentes administraciones, todas con un propósito común de que cada puertorriqueño y puertorriqueña tenga acceso libre y garantizado a servicios de salud de la más alta calidad, como un derecho. Que no necesariamente tenga que ser una copia del sistema estadounidense, y sí un modelo que responda a la realidad socio-económica puertioriqueña. Que nunca más, nadie tenga que depender de su capacidad económica para lograr acceso a servicios de salud de calidad.
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