Para todos los que estamos inmersos en proveer y asegurar igual acceso a la justicia en el país, los primeros meses de este año han representado momentos difíciles y de gran incertidumbre. Una vez más, en el Congreso de los Estados Unidos se debate el futuro de los servicios legales a los indigentes mientras se discute la asignación de fondos a la Legal Services Corporation (LSC), dentro de un marco de creciente austeridad fiscal.
Los 136 programas que con la subvención de LSC luchamos por nivelar la balanza de la justicia en todos los estados y territorios de EEUU nos vemos amenazados con recortes que reducirían nuestros servicios sustancialmente, debido a las acciones del Congreso de recortar la asignación que otorga a la corporación federal. Esto, si no podemos encontrar otras fuentes de apoyo que permitan estabilizar y hasta hacer crecer nuestros servicios –tan esenciales en tiempos como el presente, cuando las presiones económicas han dificultado las vidas de los pobres y la clase media en Puerto Rico.
Una de las figuras que ha entendido el reto de esta época y la urgencia del momento es el Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Hon. Federico Hernández Denton. Por eso, nos place reproducir, a continuación, las elocuentes ex-presiones del Juez Presidente recientemente publicadas en el periódico El Nuevo Día en la columna titulada «En jaque Servicios Legales»:
Con miras a aprobar un presupuesto para el próximo año fiscal, el congreso estadounidense y el presidente Barack Obama han estado inmersos en el perenne debate entre hacer recortes presupuestarios o garantizar programas sociales. al momento de suscribir esta columna, aún no se sabía con exactitud cuál sería el resultado de lo que parecía un tranque inminente.
Lo que sí resulta claro es que, como parte de ese proceso, el acceso a la justicia en nuestros tribunales podría verse seriamente comprometido si prospera una idea de la cámara de representantes federal para recortarle los fondos a la entidad encargada de financiar, entre otros, a Servicios Legales de Puerto Rico, Inc.
El año pasado, cerca de 110,000 puertorriqueños se beneficiaron de los casos tramitados por Servicios Legales ante nuestros tribunales y las agencias de gobierno. Gracias a esta entidad, los litigantes de escasos recursos económicos cuentan por lo general con una representación legal digna y vigorosa en casos de familia, vivienda, menores, empleo y educación, entre muchos otros.
Esta corporación sin fines de lucro, con 135 abogados en 17 oficinas a través de la isla, recibe el 83% de su financiamiento de fondos asignados por el congreso federal, casi todo el restante proviene de la asamblea legislativa.
Sin embargo, el recorte presupuestario que pretende imponer la Cámara de Representantes federal redundaría en aproximadamente $3.4 millones menos para servicios legales de Puerto Rico este mismo año y tendría un efecto devastador sobre las personas de escasos recursos del País y sobre el funcionamiento diario de nuestros tribunales.
De los 136 programas dedicados a proveerles representación legal a personas de escasos recursos en los 50 estados de la unión y sus territorios, el de Puerto Rico es el que más clientes atiende y el que más fondos recibe. Esto se debe, principalmente, a que Puerto Rico es una de las jurisdicciones estadounidenses más empobrecidas y a que casi la mitad de nuestra población cualifica, por razón de sus escasos ingresos, para ser representado por Servicios Legales en los casos civiles que esta corporación atiende.
El acceso a la justicia y la igualdad entre las partes en un litigio quedarían en un estado precario si la principal entidad que representa a estos ciudadanos ve diezmados sus ya magros recursos. En términos concretos, una merma de $3.4 millones en el financiamiento de Servicios Legales de Puerto Rico significaría que más indigentes llegarían a nuestros tribunales o a alguna agencia administrativa sin la representación de un abogado y sin haber recibido orientación legal, para defenderse en procesos en los que están en juego sus casas, la custodia de sus hijos, sus empleos o su derecho a que sus nietos reciban educación especial.
Lo que está en juego es nada menos que la legitimidad del sistema judicial, porque los tribunales pierden todo sentido cuando la protección de las leyes está disponible sólo para quienes puedan costearla.
Extiendo un llamado para que las ramas con el poder para establecer la política pública en Puerto Rico velen por que servicios legales cuente con suficientes recursos para continuar su labor a favor de que los intereses de cada puertorriqueño estén representados adecuadamente cuando toquen a las puertas de nuestros tribunales.
