[dc]E[/dc]l Comité del Pueblo en Defensa de la Fianza fue constituido esta semana en el Colegio de Abogados, conformado por grupos opuestos a que dicho derecho sea limitado o eliminado de la Constitución en el referéndum que se perfila para el mes de agosto de este año.
Los ciudadanos y ciudadanas, integrantes de una gran diversidad de organizaciones de la sociedad civil, emitieron una declaración aprobada por unanimidad en rechazo a la enmienda propuesta por la administración del gobernador Luis Fortuño, que catalogaron de “caprichosa y sin fundamento”, además de argüir que afectará de manera desproporcionada a aquellos sectores del pueblo de menos recursos. “Es un recurso inútil para detener la criminalidad, relacionada más bien a la desigualdad social y económica”. La enmienda cuenta con el aval del candidato opositor por el Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla.
El derecho a la fianza tiene como propósito principal garantizar la comparecencia del acusado a los procedimientos judiciales y, además, es un derecho que busca preservar la dignidad de todo ciudadano acusado, que se presume inocente antes del juicio. Alterarlo para restringirlo trastocaría el fino balance de derechos de los acusados de delito por el Estado, entre otros, el derecho a la presunción de inocencia, opinaron varios expertos.
Federico Rentas, Director Ejecutivo de la Sociedad para la Asistencia Legal, explicó que cuando se realizaron las vistas públicas sobre la enmienda constitucional, su organización presentó una ponencia de cerca de 80 páginas en las que se oponían tenazmente a la aprobación de la medida. SAL es una corporación privada sin fines de lucro, cuyo objetivo es promover la justicia para las personas de escasos recursos económicos, facilitándoles servicios legales de excelencia que le garanticen la igual protección de las leyes. Rentas es abogado criminalista con más de 35 años de experiencia atendiendo casos de personas sin recursos.
En entrevista con Luis Francisco Ojeda en WKAQ 580, Rentas dijo que “la criminalidad está atada a la problemática de las drogas, y la respuesta de los políticos a las drogas es la criminalización…”. Hizo alusión a que cada año se imponen penas más altas, más policías y más recursos. “Aquí hay fianzas altísimas. Las drogas son un colateral de la criminalidad. Y la criminalidad es un gran negocio, una industria para los que fabrican y venden armas, para los consultores del sistema, para las organizaciones que se dedican a atender esa población, a proveerle comida, y otros servicios. El problema es el crimen, no la fianza. No tenemos que enmendar ninguna constitución. Ese es el documento que nos protege a nosotros,” dijo.
La evidencia en contra de eliminar el derecho a la fianza es contundente. SAL ya circula hojas informativas sobre el tema, donde manifiesta que la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ), que tiene la misión de dar información correcta y corroborada a los fiscales y jueces, sobre las posibilidades de incomparecencia de los imputados, confirmó que el año pasado, sólo un 1.5% de las personas violaron las condiciones de fianza que se le impusieron. El promedio de personas bajo supervisión de OSAJ que incumplieron con las condiciones impuestas es de un 2.7%; aún este bajo porciento no refleja que se les haya imputado un nuevo delito.
Según las estadísticas de la SAL, para los 100 casos de asesinato atendidos en un año, la fianza promedio fue de 725,000; ninguno fue imputado de otro delito estando bajo fianza; no existe riesgo de fuga; no existe problema de incomparecencia; no existe correlación entre fianza y criminalidad. Las estadísticas de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio claramente indican que sólo un 2.4% de las personas bajo fianza habían sido acusadas de cometer nuevo delito.
En contraste, la evidencia a favor de eliminar el derecho a la fianza, no existe. No se presentó en vistas públicas. No se ha presentado en más de cinco meses meses, desde que se aprobó el proyecto de ley.
Al momento, no se ha demostrado que la medida incida en la disminución de la criminalidad. En las vistas públicas se le preguntó por los números que justifican la medida al secretario de Justicia, el de Corrección y a la OSAJ, y ninguno proveyó los mismos. “Yo entiendo que los tienen, lo que pasa es que no les favorecen,” dijo por su parte la licenciada Ana Paulina Cruz.
“La realidad es que a las personas acusadas de asesinato le ponen un grillete. No pueden salir de su casa. Se le imponen unas condiciones bien onerosas”, comentó Cruz.
La Sección de Puerto Rico de Amnistía Internacional, en su Informe Anual 2012 presentado también esta semana, sobre el estado de los derechos humanos en Puerto Rico y en el mundo, destacó que un aspecto preocupante es la consulta que propone la enmienda constitucional para limitar la fianza. “El derecho a la fianza está fundamentado en el derecho constitucional a la presunción de inocencia del ciudadano y el habeas corpus. Eliminarlos va en detrimento de la responsabilidad del Estado en garantizar la justicia, afectando potencialmente a toda la ciudadanía. Cualquier enmienda a la Constitución debe ir dirigida a ampliar derechos y a reivindicarlos. Hacer lo contrario constituiría un retroceso a la lucha por el respeto de los derechos”.
Contra los más vulnerables
La enmienda constitucional que irá a las urnas en agosto discrimina contra la clase pobre, según han expresado los principales expertos en derecho del país y varios líderes comunitarios, porque el derecho a la fianza se le negará en su inmensa mayoría a esta población
SAL manifiesta que esta enmienda convertirá la detención preventiva en una condena anticipada y violaría la presunción de inocencia. El derecho a la fianza permite que haya una comunicación libre y efectiva entre la persona imputada y su abogado, así como preparar una defensa adecuada, a la cual tiene derecho todo ciudadano.
Líderes del sector comunitario expresaron también sobre el asunto. Amárilis Pagán, Directora Ejecutiva del Proyecto Matria y portavoz del Movimiento Amplio de Mujeres, dijo: “Nosotras sabemos que la violencia hacia las mujeres, y la violencia social en general, no se erradica con una estrategia de mano dura, sino con una estrategia de educación, prevención y de eliminación de la desigualdad y la pobreza. No nos puede complacer el ver cómo se le quitan derechos a las personas acusadas de delito y tampoco puede complacernos el que se utilice un discurso politiquero y de miedo para complacer al público de nuestra Isla que, como en un circo romano, se complace en enviar a la muerte y a la prisión a otros seres humanos sin hacer primero un análisis honesto sobre las razones de tanta violencia”.
Por su parte, Wilfredo López Montañez, de la Comunidad Sonadora de Aguas Buenas, planteó que “como líder comunitario de una comunidad pobre me opongo tenazmente a que se enmiende la constitución. Además, me parece un acto indigno que por razones de política partidista se manipule la opinión pública hacia una postura que abre la puerta para quitarle derechos fundamentales al pueblo de puerto Rico. Si se aprueba la enmienda, aumentará la cantidad de personas inocentes que pasarán por la cárcel. No todos los acusados por fiscalía son culpable del delito que se les imputa. Exhorto al liderato comunitario en particular y al pueblo de Puerto Rico en general a que votemos en contra de enmendar la constitución”.
“Pedirnos que votemos por una enmienda constitucional que nos resta derechos a todas y todos y pedir que confiemos en un gobierno en el cual se fabrican casos, se persigue la disidencia y se asesinan inocentes desde la propia policía, es pedirnos que aceptemos perder el control de nuestra democracia y de nuestro país,” opinó Pagán.
“El disuasivo más grande para la sociedad es que los crímenes se esclarezcan. Esto es una enmienda contra los pobres. Comoquiera que se vea, es una enmienda contra los pobres. Los ricos tendrán los recursos para detener ese proceso. Eso no lo tiene el que está detenido y cuyo abogado tiene que venir al penal, que no tiene acceso a los testigos, que no se puede preparar,” arguyó el independentista Noel Colón Martínez.
La estadolibrista Victoria Melo Muñoz declaró en la reunión convocada por el CAPR que “esta propuesta busca apelar al miedo, a las emociones, apelar a los prejuicios”.
Se juntan las voluntades
Resulta obvio que mientras los políticos de turno van por un carril, la sociedad civil va por otro. En el pasado, los gobernadores Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló y Pedro Rosselló han querido limitar el derecho a la fianza. El último, logró que se realizara un referéndum en 1994, en el cual no obtuvo el favor de los votantes. Sobre el referéndum de agosto, se ha expresado a favor la exgobernadora Sila Calderón, y en contra el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá.
“Hay un trabajo de divulgación grande, en las comunidades que hay que hacer. Tanto el candidato del partido en el poder como el candidato del partido que quiere estar en el poder dicen que sí. El pueblo dice que no,” expresó en el pleno Federico Rentas.
“Tenemos escasamente dos meses para enfrentar este gran reto,” planteó al pleno el planificador y candidato por el Movimiento Unión Soberanista José Rivera Santana, para imprimirle sentido de urgencia a la reunión. Allí se constituyeron comités de trabajo para coordinar el esfuerzo educativo.
A la convocatoria del Colegio de Abogados acudieron representantes del Colegio de Profesores de Trabajo Social, el Frente Amplio de Solidaridad y Lucha, la Liga de Cooperativas, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, Amnistía Internacional, el Comité Pro Derechos Humanos, el Colegio de Médicos Cirujanos, la Mesa Amplia de Diálogo, la American Civil Liberties Union, el Concilio de Iglesias de Puerto Rico, el Comité para la Descolonización de Puerto Rico, la entidad sindical Prosol Utier, ALAS, la Universidad del Sagrado Corazón, la Organización de Humanistas Seculares, la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, el Comité de Solidaridad con Haití, Acción Democrática Puertorriqueña, la Sociedad para la Asistencia Legal, Upagra, el Movimiento Unión Soberanista, el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, el Partido del Pueblo Trabajador, la Alianza Laura Aponte para la Paz, la Asociación de Maestros, el Movimiento Socialista, Puertorriqueños por Puerto Rico, el Partido Independentista Puertorriqueño, la Unión del Fondo del Seguro del Estado, Toabajeños Contra el Gasoducto, y varias asociaciones de abogados jóvenes.
