El legado de Santiago Polanco Abreu debe de reencarnar en lucha y gesta de cara a una Asamblea de Estatus. El espíritu idealista y compromiso patriótico de nuestro más joven delegado de la Convención Constituyente, que culminó con la creación de la Constitución del Estado Libre Asociado, tiene que servir de impulso y luz a las generaciones más jóvenes. De ellas saldrá el sudor y las manos que ejecutarán dentro de un nuevo marco jurídico-político de las relaciones entre el gobierno de Puerto Rico y el de los Estados Unidos.
“Chaguín”, como comúnmente se le llamaba a Polanco Abreu, estudió derecho en la Universidad de Puerto Rico, donde se desempeñó como un prominente líder estudiantil, convirtiéndose en el tercer presidente del Consejo de Estudiantes de la UPR. Este natural del pueblo de Isabela, en las elecciones de 1948, fue electo representante a la Cámara de Representantes por el distrito de Isabela-Aguadilla, en el que permaneció hasta 1964. El 25 de septiembre de 1951, el Presidente de Convención Constituyente, Antonio Fernós Isern, lo nombró vicepresidente de la Comisión de Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales, que presidió Yldefonso Sola Morales. En la Convención, lideró profundos debates, entre ellos uno con Jaime Benítez para disponer la protección de nuestros recursos naturales a rango constitucional, que hoy día se consagra en el Artículo VI Sección 19 de nuestra Constitución. El 9 de enero de 1963, tras el fallecimiento del entonces Presidente de Cámara, Ernesto Ramos Antonini, Santiago Polanco Abreu se convirtió en el Speaker cameral. Luego de su paso por la Presidencia de la Cámara de Representantes se desempeñó como Comisionado Residente durante la administración de Roberto Sánchez Vilella.
Debe ser un imperativo para todo joven conocer y educarse sobre la propuesta de Asamblea de Estatus, pues la misma, además de estar esbozada en el Programa de Gobierno de la presente administración popular, puede convertirse en una posible solución de convergencia y unidad de propósitos en cuanto al tema del estatus de la isla. No es menos cierto que muchos problemas que yacen en Puerto Rico están ligados al estatus político, pero es correcta también la aseveración que los temas de índole fiscal, seguridad pública, demás temas sociales y eficiencia gubernamental deben de ser atendidos con un alto sentido de urgencia, pues los mismos trastocan de manera directa la calidad de vida de los que vivimos en Puerto Rico. Ante esa aseveración la Asamblea de Estatus se convierte en una alternativa desligada de los asuntos político-partidistas que abruman todos los días nuestros medios de comunicación. La misma funcionará con total independencia, pues sus delegados electos se encargarán de deliberar y redactar una propuesta para ser presentada ante el Congreso de los Estados Unidos y de ser aceptada, a la aprobación o rechazo del electorado de Puerto Rico.
Actualmente ante la Asamblea Legislativa están presentados seis (6) proyectos de ley relacionados a este tema, tres (3) en la Cámara de Representantes y otros tres (3) iguales en el Senado de Puerto Rico. Dentro de lo que se radicó, existe: (i) la propuesta creada por la Comisión de Desarrollo Constitucional del Colegio de Abogados; (ii) la propuesta presentada por el Partido Independentista Puertorriqueño (“PIP”) y; (iii) una tercera pieza legislativa presentada en su origen en el Senado por un grupo de senadores del Partido Popular Democrático (“PPD”) y, a su vez, radicada en la Cámara de Representantes por un grupo de representantes populares.
El primer proyecto sobre este tema fue presentado el 2 de enero de 2013, el primer día de sesión de la decimoséptima Asamblea Legislativa, por el Representante Vega Ramos. La propuesta del PIP fue radicada como proyecto por petición en la Cámara de Representantes por el propio Presidente del Cuerpo, pues como es de conocimiento general el PIP no cuenta con representación legislativa en la cámara baja. Asimismo, es de suma importancia señalar que la Resolución Concurrente cuarenta y uno (41), que crea una comisión conjunta de Cámara y Senado, tiene como objetivos: (i) evaluar todos los proyectos radicados; (ii) recibir el insumo de la ciudadanía y la opinión de estudiosos del tema y; (iii) elaborar una propuesta de consenso entre las partes proponentes.
Es de conocimiento público que tanto el PPD como el PIP respaldan la propuesta de Asamblea de Estatus. El Partido Nuevo Progresista (“PNP”) ha rechazado de plano dicha propuesta, amparándose en el pasado proceso plebiscitario de noviembre de 2012, cuyos resultados levantan cuestionamientos y que no obtienen respaldo en Washington. A pesar de ello, existen varios estadistas conocidos y líderes del PNP que respaldan esta propuesta como lo es el alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, y también ciertos miembros de la Comisión de Desarrollo Constitucional del Colegio de Abogados. Además, varios estadistas prominentes, como Benny Frankie Cerezo (QDEP), Carlos Díaz Olivo y Domingo Emanuelli, fueron participes en la elaboración de la propuesta del Colegio de Abogados sobre la Asamblea de Estatus. En las pasadas vistas de la Comisión de Energía del Senado Federal se pudo constatar por los miembros de la Comisión, del Partido Demócrata como del Partido Republicano, que el Congreso nos pide que le llevemos una propuesta sobre la que ellos puedan trabajar. Ante ese reclamo la Asamblea de Estatus se convierte en una opción realista.
Nos toca asumir una responsabilidad con nuestro destino, de la misma manera que «Chaguín» Polanco Abreu asumió la de él en el proceso constitucional de principios de la década del cincuenta. Al igual que él nos tocará ser partícipes en el mecanismo procesal que le de vida a una Asamblea de Estatus en Puerto Rico. Nos tocará como generación y como puertorriqueños practicar el diálogo y la tolerancia dentro de ella, pues si algo se puede estipular es que no todos los delegados tendrán igualdad de criterio en cuanto la opción de estatus que defienden, pero sí puede ser un punto de consenso el que todos los miembros de esa Asamblea de Estatus están de acuerdo en provocar un cambio en nuestras relaciones jurídico-políticas.
Los que favorecemos el desarrollo del Estado Libre Asociado fuera de la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos, tenemos la obligación de organizarnos y de llevar nuestro mensaje en un solo frente de cara a este proceso. El mismo debe de redundar en cómo ésta opción impacta de manera directa la vida del joven que aspira a tener acceso a una mejor calidad de vida con confianza en sus instituciones gubernamentales. A fin de cuentas, además de evolucionar políticamente, no podemos perder el norte de cómo a través de un nuevo modelo de desarrollo económico podemos seguir transformado vidas.
Convoco a los lectores de mi generación a emular el legado de un joven que no le tembló el verbo ni la acción para defender sus convicciones, pues como él mismo dijo: “Firmes en la decisión de continuar sirviendo orgullosos de la obra histórica que nos tocó desempeñar, y conscientes de la aportación que todavía nos resta por hacer”. Claramente ante el escenario actual resta mucho por hacer.
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