Asociación de Estudios Puertorriqueños repudia el trato que recibe la UPR
Nuestra recién concluida 13ª Conferencia Bienal, celebrada en la Universidad de Rutgers, New Brunswick, New Jersey, se dedicó al tema: “Navegando por la inseguridad: Crisis, poder y protesta en las comunidades puertorriqueñas.” En la conferencia, la membresía presente autorizó a nuestro Consejo Ejecutivo a escribir y emitir una carta como declaración de apoyo a la Universidad de Puerto Rico (UPR). Es en este contexto que aprobamos la siguiente declaración.
Escribimos* para expresar nuestra alarma ante los recortes presupuestarios draconianos que se imponen a la Universidad de Puerto Rico por la Junta de Control Fiscal (Fiscal Oversight Management Board: FOMB por sus siglas en inglés) y con el consentimiento de las autoridades gubernamentales y universitarias. Estos recortes pondrán en peligro el futuro de la principal institución de educación superior de la isla.
La intención recién anunciada de cerrar el programa de beneficios definidos del Sistema de Retiro UPR (Plan de Retiro) y de congelar los beneficios acumulados por sus participantes hará un gran daño a nuestros colegas en la UPR. Como ustedes saben, el impacto inmediato será el agotamiento de un flujo de ingresos para el sistema. Bajo la situación económica deprimida en Puerto Rico, es altamente improbable que los profesores activos puedan cambiarse a un programa de pensiones de contribución voluntaria operado por el sector privado. Sin una facultad estable y apoyada no hay una universidad vibrante.
Otra medida de austeridad que la Junta de Control Fiscal quiere implementar es reducir las pensiones de 8,800 empleados públicos jubilados. Educadores que han dedicado décadas de trabajo en el salón de clases están viendo su futuro en peligro por políticas mal orientadas y malversación de parte de los políticos y especuladores financieros. Reducir tales ingresos perjudica a los jubilados y alimenta la espiral descendente de la economía ya que sus empleos generan actividad económica, especialmente en pueblos con recintos más pequeños.
Si bien estas medidas traerían graves dificultades a nuestros colegas, nos preocupa igualmente ver como ponen en peligro el futuro de la UPR y del mismo Puerto Rico. Otros aspectos de la política educativa actual nos preocupan profundamente. En primer lugar, los recortes pondrán en peligro la acreditación de la institución, especialmente porque la Asociación Middle States expresó su preocupación por el impacto de la reestructuración propuesta por la JCF en el estatus de la UPR y de sus finanzas.
En segundo lugar, la creciente intervención de los intereses político partidistas en la universidad, junto con la renuencia de la JCF de considerar propuestas y planes fiscales alternos socavan la estabilidad y efectividad de la UPR. La universidad ha tenido al menos siete (7) presidentes en los últimos siete años; la mayoría de sus rectores, decanos y oficiales ejecutivos fueron despedidos abruptamente sin un proceso de transición adecuado.
Tercero, históricamente cada vez que la UPR ha reducido la disponibilidad de espacio y oferta de clases, son los estudiantes de bajos ingresos quienes tienden a quedarse fuera debido a las disparidades de la educación recibida de kindergarten a duodécimo grado en el sistema de educación pública. Además, la consolidación de los recintos, propuesto en los planes recientes de la JCF, tiene el efecto de aumentar la desigualdad de ingresos en la sociedad.
Encontramos faltas en la negativa de la JCF al definir y hacer compromisos financieros claros para mantener los servicios esenciales de la isla después de la ayuda federal post-huracán María.
Esta falla permite que un aparato federal antidemocrático dé prioridad a los bonistas por encima del puertorriqueño promedio que necesita contar con los servicios esenciales. La Universidad de Puerto Rico debe verse como un proveedor de un servicio esencial. Le incumbe a la JCF tener un compromiso claro de dar prioridad a la financiación adecuada para la UPR (antes y después de la destrucción causada por los huracanes Irma y María). La actual postura de la JCF tiene el efecto de dejar la puerta abierta al uso de fondos públicos para privilegiar los pagos a los bonistas que, a sabiendas, explotaron las leyes coloniales federales y locales para recibir ganancias a expensas del puertorriqueño menos pudiente.
También está el tema del trato discriminatorio de las autoridades federales. Es evidente que Puerto Rico recibió significativamente menos asistencia educativa post huracán que estados como Louisiana y Mississippi. Después del huracán María, la isla era elegible para acceder a $41 millones para manutención estudiantil, de los cuales solo una quinta parte (o $8.2 millones) fue recibido por la UPR. En cambio, los dos estados mencionados tuvieron acceso a $190 millones post-huracán Katrina. Estas son designaciones injustas por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Otros programas de ayuda tales como estudio y trabajo han sido severamente disminuidos y el llamado a la eliminación de las Becas Federales de Oportunidad de Educación Suplementaria (SEOG), que se conceden a estudiantes universitarios de bajos recursos, comprometen aún más el sistema UPR. Estos propuestos “ahorros” socavan la capacidad de los jóvenes de invertir en su propio capital humano y probablemente alimentarán la fuga de cerebros (“brain drain”) de los puertorriqueños fuera de la patria.
La UPR es un recurso fundamental de otras formas. Es la fuente de más de dos tercios de la investigación científica en la isla. Es una institución líder en la graduación de estudiantes STEM (currículos en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) en comparación con universidades en los cincuenta estados. Esto es claramente un área de fortaleza para la reconstrucción de Puerto Rico ahora que la isla está contemplando su futuro. La universidad contribuye significativamente a la salud de los puertorriqueños, especialmente a los indigentes. Maneja tres hospitales, una serie de instituciones médicas terciarias e investiga las condiciones que afectan a una gran proporción de la población. La UPR contribuye a la custodia y promoción del patrimonio cultural de la isla y posee o administra diversos museos y archivos. Por último, mejora el acceso educativo de las poblaciones desfavorecidas a través de numerosos programas de divulgación en escuelas y comunidades marginadas y provee un sistema de bibliotecas que está abierto al público en general.
Por último, hay un aspecto importante de esta situación relacionada con la sociedad puertorriqueña civil. Creemos que los esfuerzos actuales para socavar la integridad fiscal de la Universidad de Puerto Rico, así como la de su facultad, jubilados, personal y estudiantes son una amenaza a la capacidad de la universidad para producir profesionales autónomos, quienes son una fuente de contribuciones intelectuales y de políticas públicas que contribuyen para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. La UPR enseña y entrena al grueso de profesionales en Puerto Rico e instituciones públicas como la Universidad de Puerto Rico deben ser espacios independientes, libres de las manipulaciones de los políticos. La UPR debe ser fortalecida, no debilitada, si queremos reconstruir a Puerto Rico.
En conclusión, la Asociación de Estudios Puertorriqueños (PRSA) protesta con vehemencia en contra del trato que se impone a los profesores, personal, jubilados y estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. También protestamos en contra del socavamiento sistemático de la UPR. Se necesitan más soluciones creativas y menos perjudiciales para la crisis actual. La gente no puede, ni tolera «remedios» que solo enmascaran la austeridad general apoyada por aquellos que son los verdaderamente responsables de la crisis.
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*Traducción al español por Brenda Domínguez Rosado y revisión de estilo por José Rodríguez Valentín, ambos docentes de UPR Bayamón.