Aumentan desalojos en las comunidades pobres

Villa del Sol. Foto por José A. Rosario

Un estudio preliminar presentado por la Coalición Cero Desalojos, Amnistía Internacional y Prensa Comunitaria demuestra que a pesar de las protecciones legales que deben impedir los desalojos de comunidades pobres en Puerto Rico, un alto número de éstas, principalmente las denominadas Comunidades Especiales, se encuentra actualmente en grave peligro. Esta cifra aumentará dramáticamente de continuar los planes gubernamentales para construir un gasoducto que afectaría a unas 48 comunidades adicionales, según la Declaración de Impacto Ambiental provista por el gobierno. Igualmente, la aprobación del proyecto de ley 1575 en la Cámara de Representantes permite que se elimine la ley 232 que protege de expropiaciones a las Comunidades Especiales.

Durante la primera Jornada sobre la Pobreza, Desalojos y Derechos Humanos celebrada en Puerto Rico se presentó un informe preliminar del Mapa Cero Desalojos, una herramienta desarrollada por Yamil Corvalán, que busca documentar la proliferación de los desalojos e identificar los motivos que los causan y los efectos que tienen. La iniciativa busca indagar sobre las comunidades que han sido o son parte de controversias de desalojo. Para esto, Corvalán ha realizado un análisis geográfico-económico recopilando información y testimonios de los líderes de estas comunidades.

Comunidades en peligro de desalojo

Corvalán ya contactó a 22 comunidades de las cuales más de la mitad están en peligro. Hay otras veinte comunidades que todavíano se han investigado como parte del Mapa, algunas de las cuales no están actualmente en controversias de desalojo, aunque en el pasado sí lo estuvieron, como lo fue San Mateo de Cangrejos, actualmente desaparecida, o Villa Caridad, que triunfó en el tribunal ante los intentos de desalojo. Unas 50 comunidades adicionales que sí enfrentan el peligro del desalojo se añaden, pues por ellas pasaría el gasoducto propuesto por la administración del gobernador Luis Fortuño1

La soledad de las personas que pasan por el proceso del desalojo, la inestabilidad e incertidumbre que viven ellas y sus familias y el discrimen que sufren cuando en busca de ayuda acuden a funcionarios públicos y políticos de turno, son patrones comunes que se revelan cuando se indaga en las experiencias de desintegración de varias comunidades. 

La Coalición Cero Desalojos define desalojo como un proceso mediante el cual personas, familias o comunidades son obligadas a salir de sus hogares o de las tierras que ocupan sin que el estado les haya dado participación al determinar el lugar al que van a ir, o les haya ofrecido opciones viables, y en el cual no se tiene acceso a formas apropiadas de protección legal. 

Una conclusión del informe preliminar es que los desalojos de comunidades se llevan a cabo en todos los casos por parte del Estado, generalmente justificando construcciones, proyectos de desarrollo e infraestructura, industriales y energéticos a gran escala, construcción de viviendas, actividades de reacondicionamiento urbano y ornato municipal, programas de reubicación, por ejemplo, a causa de proyectos de reconstrucción post-desastres naturales. También se reafirma que generalmente los más que sufren procesos de desalojo son los pobres y marginados, vulnerables económica y socialmente, especialmente las mujeres, personas de edad avanzada y niños. Estos datos encontrados en Puerto Rico son comunes a la experiencia de otros países. 

Alfonso Román, Presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), informó que luego de un desalojo, se tiende a especular desenfrenadamente en terrenos o viviendas que fueron desalojadas y que los resultados ambientales son adversos debido a las construcciones viciosas. Además, al forzar la evacuación de familias, éstos rescatan terrenos para poder comenzar una vida con dignidad debido a la escasez de vivienda adecuada para personas de ingresos mínimos. Indica Corvalán que mediante los desalojos, se viola el sentido de comunidad participativa y el valor cultural, la autogestión económica, se crea una crisis emocional a las familias antes y después del desalojo, se propicia la dependencia en el Estado, y aumenta el desempleo.

Villas del Sol por José A. Rosario

Entre las comunidades que están en peligro, identificadas al momento en el Mapa Cero Desalojos en Puerto Rico están: Los Filtros, Mainé, Barrio Vietnam y Juan Domingo en Guaynabo; Río Piedras y la Península de Cantera en San Juan; Central Cortada en Santa Isabel; Residencial Gautier Benítez en Caguas; Villa Cañona en Loíza; Barrio Boca en Barceloneta; Villas del Sol en Toa Baja; y la Comunidad El Sol en Ponce. Exceptuando el Residencial Gautier Benítez, Villas del Sol y Comunidad El Sol, éstos dos últimos por ser rescates de terrenos, todas éstas son Comunidades Especiales, regidas por la Ley 232 de expropiaciones, lo que en teoría debió asegurar su protección ante desalojos.

Yamil Corvalán explica en su análisis que, por ejemplo, “aunque oficialmente, la comunidad Central Cortada está incluida como comunidad especial, hace 4 años se le cortaron los servicios de agua potable y hace dos años se les cortó la electricidad. Las casas en la comunidad se encuentran en estado deplorable e infrahumano. Sin embargo, el Municipio insiste en que los residentes no pueden arreglarlas por estar protegida la zona por la Ley de Zonas Históricas del 27 de marzo del 1992. En conjunto, se puede observar que el Gobierno Municipal claramente busca desalojar a los residentes de manera forzosa.”

Corvalán asegura que este es un caso similar al de Barrio Boca en Barceloneta. Central Cortada, al igual que el Barrio Boca, cuenta con dos atractivos muy importantes: potencial turístico y acceso a recursos naturales. “El Gobierno de Puerto Rico le ha alquilado cerca de 10 mil cuerdas situadas entre los sectores Playita Cortada y Paso Seco de Santa Isabel a la empresa Pattern Santa Isabel (una subsidiaria de la corporación estadounidense Pattern Energy Group LP). El terreno incluiría la zona donde queda ubicada la comunidad Central Cortada. Esta también recibirá cerca de $350 millones de la AEE para construir el parque eólico más grande de Puerto Rico en los terrenos, con entre 40 y 50 turbinas cuya altura alcanzará los 260 pies. El hecho de que se hayan alquilado los terrenos donde ubica Central Cortada sin el consentimiento de los residentes demuestra que el Gobierno viola la Ley 232,” argumenta el estudiante de ciencias políticas.

Según los datos de la investigación, se observa que el 48% de las comunidades en peligro de desalojo son Comunidades Especiales. Para Corvalán, esta cifra es preocupante porque representa casi la mitad de las comunidades incluidas en esta muestra. “Más aún, representa comunidades que están bajo la supuesta protección de la Ley 232 (lo que demuestra lo contrario). Si esta muestra representa una modalidad general utilizada por el Gobierno para llevar a cabo desalojos alrededor de la Isla, vemos que la situación cada vez se torna más crítica,” añadió.

Partiendo de esta investigación, se pueden poner en perspectiva las motivaciones reales al desalojar una comunidad. Se observa que los motivos predominantes para que éstas diez comunidades se encuentren en peligro son: desalojo para hacer viviendas de alto costo (42%), desalojo por proyectos de construcción del Gobierno central (25%), desarrollo urbano municipal (17%) y desalojo por ser rescate de terreno (17%). Es importante señalar que ninguna de las comunidades de la categoría de «desalojo por proyectos de construcción del Gobierno central» participó de la toma de decisiones sobre el desarrollo propuesto por el Gobierno, con la excepción de Barrio Boca, que logró deponer en el proceso de vista pública.

foto por Alberto Bartolomei Balay

Actualmente un grupo de alcaldes y legisladores, liderados por quien se ha distinguido por el atropello a las comunidades, el alcalde de Guaynabo Héctor O’neill, intenta dejar sin efecto el estatuto protector de la Ley 232 que exige que cuando un Municipio vaya a expropiar en una Comunidad Especial, se celebre una consulta comunitaria en la que el 75% de los participantes endosen las expropiaciones, y que ello se certifique vía una Resolución Conjunta de la legislatura. El proyecto de ley fue aprobado en el Senado y se encuentra en la Cámara de Representantes, donde los siguientes representantes no han expresado si protegerán a las comunidades: por acumulación, Jenniffer González y Rolando Crespo Arroyo; por San Juan, Jorge Navarro Suárez, José “Nuno” López y Gabriel Rodríguez Aguiló; por Mayagüez, José L. Rivera Guerra; por Ponce, Waldemar Quiles Rodríguez y Julissa Nolasco; por Guayama, José L. Jiménez Negrón, Rafael Rivera Ortega y Jorge L. Ramos Peña; por Humacao, Angel L. Peña Ramírez, Cristóbal Colón Ruíz; y por Carolina, Eric Correa Rivera.

Comunidades que serían afectadas por el propuesto gasoducto, según el Documento de Impacto Ambiental, provisto por la Junta de Planificación. Las comunidades ennegrecidas son Comunidades Especiales.