El saqueo, realizado por medio de un esquema principal y varios secundarios que comparten el mismo modus operandi y protagonistas similares, fue orquestado desde La Fortaleza por los allegados más cercanos del gobernador Rosselló Nevares y con su conocimiento.
[CRÓNICA] La pelea es en contra de un acuerdo entre la Junta de Control Fiscal, el Gobierno y los acreedores de la deuda de la isla en torno a COFINA, una corporación pública creada en papel en el 2006 para emitir deuda garantizada con el dinero que se recauda a través del IVU.
¿Cuánto le costará a los pensionados la quiebra del país? ¿Cuánto dejarán de devengar en salarios los empleados públicos que salen del Gobierno? ¿Cuánto perderá — o ganará — cada bonista? ¿Cuál será el recorte final a los servicios esenciales? Al cabo de todo, ¿cómo cuantificar el impacto social de la quiebra?
A dos semanas de la publicación de un informe comisionado por la Junta de Control Fiscal en torno a la deuda de Puerto Rico, el Gobierno todavía no dice qué hará con los hallazgos.
Puerto Rico todavía espera por una auditoría de los miles de millones de dólares que el Gobierno emitió en deuda y sobre los cuales aún debe más de $70,000 millones, que se suman a otros $50,000 millones que adeuda a sus pensionados.
Este no es un juicio cualquiera. Se trata de un caso de daños por represalias en el lugar de trabajo cuyos hechos incluyen investigaciones del FBI, espías rusos y un alegado ambiente laboral hostil por parte de la jefa interina de fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez Vélez.
Antes y después del huracán María, con y sin Junta de Control Fiscal y bajo administraciones del PPD y PNP, las propuestas contenidas en los planes fiscales de la Isla varían poco.
El país va de la estrategia cortoplacista de los presupuestos año a año, a los planes fiscales a 10 y a cinco años. Pero ninguno de los ejercicios ha mejorado el atolladero fiscal y económico.