“Que el pueblo asuma responsabilidades donde las agencias le fallaron” es, según el licenciado Alejandro Torres Rivera, el propósito principal del “Segundo Tribunal del Pueblo en defensa de los derechos humanos y civiles en Puerto Rico” a celebrarse el próximo domingo, 15 de mayo en la plaza de La Convalecencia de Río Piedras a partir de la una de la tarde. Asimismo y según el comunicado de prensa de la actividad, en Puerto Rico urge este tipo de manifestación pues “desde que Luis Fortuño tomó posesión del gobierno de Puerto Rico todos los días algún sector del pueblo puertorriqueño se ve afectado por las políticas implantadas por su administración”.
De izquierda a derecha: Héctor Pesquera, Gustavo Casalduc y Julio Fontanet. Foto por: Josian Bruno
La actividad política, que también será transmitida por Internet, busca elevar los niveles de conciencia del País, provocar la movilización ciudadana y atraer a gente que tradicionalmente no participa de eventos políticos de esta índole. Para el Dr. Héctor Pesquera, copresidente del MINH, aunque la convocatoria de la actividad sea por parte de organizaciones independentistas, el evento es una actividad para todo el pueblo puertorriqueño pues está en juego el “futuro de todo el País”.
El panel de jueces del Tribunal incluye a la abogada Wilma Reverón, activista y litigante de derechos civiles y laborales; Pedro Santiago, director de la sección de Puerto Rico de Amnistía Internacional; Jorge Oyola, líder comunitario; Teresa Harris, oficial de “Center for Constitutional Rights”; y Ajamu Baraka, director del U.S. Human Rights Network quien en el 2001 fuera elegido como abolicionista del año.
Como testigos fungirán: Lcdo. William Ramírez, director ejecutivo de la Unión de Libertades Civiles Americanas; Osvaldo Toledo, presidente del Colegio de Abogados; Linda Colón, expresidentes de la Oficina de comunidades especiales; Xiomara Caro, líder estudiantil; Elsie de Jesús, feminista; Olga Orraca, activista de la comunidad LGTTB; Pedro Julio Serrano, portavoz de Puerto Rico para Todos; Gustavo Casalduc, portavoz del Comité utuadeño contra el gasoducto; Eduardo Ibarra, ex presidente del Colegio de Médicos Cirujanos; Esteban Reyes, portavoz del Comité de Derechos Humanos y Civiles de la República Dominicana; y Alejandro Torres Rivera, abogado laboral.
El Lcdo. Julio Fontanet fungirá como examinador, y el productor Pedro Muñiz como alguacil.
Como pasara con las evidencias expuesta en el Primer Tribunal del Pueblo –incitado por la construcción del complejo residencial y hotelero Paseo Caribe- los hallazgos y testimonios que se recopilarán en esta ocasión formarán parte de un documento que se le entregará al Gobierno, a las agencias gubernamentales correspondientes, a foros internacionales y a otras agencias federales.
Para Gustavo Casalduc este tipo de juicio colectivo tiene mucha legitimidad pues “el soberano de este País es el pueblo de Puerto Rico”.
