Crisis fiscal, Junta imperial y un futuro para Puerto Rico

peter ryan

Introducción

La Junta de Control que se cocina por ley del Congreso no la elige la población de Puerto Rico, será nombrada por el Presidente de Estados Unidos, tendrá poderes absolutos sobre los recaudos, presupuesto y operación del gobierno de Puerto Rico, hace inoperantes las elecciones de Puerto Rico ya que sustituye las facultades y prerrogativas de sus representantes electos, no viene acompañada de ayuda financiera, ni con deberes prioritarios de reestructurar la deuda general, tiene facultades para implementar medidas de austeridad contra la población, vetar leyes y sus integrantes estarán inmunes a acusaciones por delitos o reclamaciones. Podrán violar leyes o robar fondos y nada les pasará. La ley que crearía la junta deroga la Constitución del ELA. Eso se llama golpe de estado, dictadura contra nuestra nación. Y la institución sale de mentes del partido republicano que comulgan con el supremacismo blanco y el fascismo.

La pregunta de umbral que tenemos que hacernos es si en el caso de Puerto Rico el Congreso y el Presidente han seguido un método científico, verídico, honesto y serio  al diseñar esta solución de una Junta de Control imperial extranjera. Evidentemente no.

En adecuada metodología, previo a ofrecer una solución para un problema, hay que estudiar el mismo de la manera más precisa y honesta posible, conocer su historia, sus causas, efectos y  quien o quienes son los responsables del mismo. Una vez aclaramos esos asuntos, intentamos diseñar soluciones, cursos de acción y mecanismos justos y efectivos.

Sigamos esa metodología. Comprendiendo claro está que se trata de fenómenos sumamente complejos y que el estudio  y solución de los mismos requerirá muchas voluntades actuando de la mejor buena fe.

Las Causas de la Crisis Fiscal y la Deuda Pública de Puerto Rico

¿Cuál es la causa primaria de la crisis fiscal actual de Puerto Rico? De inmediato surge el dato de que la causa de la crisis fiscal actual se debe a una deuda pública del gobierno central, municipios y corporaciones públicas que ronda los $ 72 billones de dólares, y que el Gobernador de   Puerto Rico ha anunciado públicamente que es impagable. Deuda pública que podría ser el doble de esa cifra cuando se realicen estudios actuariales sobre el estado de déficit de los sistemas de pensión de los empleados públicos.  Esa deuda trajo la degradación del crédito territorial, la estampida humana de la migración y la devaluación y pérdida de propiedades y empleos. En Puerto Rico 11 familias pierden sus casas en ejecuciones de hipoteca cada día y el nivel de pobreza alcanza al 46% de la población. Cerca de 500,000 puertorriqueños han abandonado la isla en los últimos 10 años.

De inmediato surgen otras preguntas: ¿cual ha sido la causa de la deuda pública y quienes son los responsables de la misma? La contestación a estas preguntas depende en realidad de los hechos verídicos y no de las mentiras del causante del problema que manipula las respuestas, es inmoral, deshonesto y totalmente  parcializado en la protección de sus propios intereses y de los acreedores.

Los estudios y reflexiones que he realizado en los últimos años me han llevado a concluir que la responsabilidad  de la deuda pública recae en el gobierno federal bajo teorías morales y jurídicas del derecho imperativo internacional sobre deuda colonial odiosa y bajo teorías de control e incumplimiento de deberes fiduciarios y contractuales derivados del derecho anglosajón.

Para abordar con rigor el fenómeno de la deuda pública y la responsabilidad del gobierno federal sobre ella  es necesario hacerlo desde una perspectiva de la totalidad, es decir, la interrelación de procesos globales, históricos, políticos, económicos, culturales, migratorios, jurídicos y morales. con los aspectos concretos pertinentes de la deuda.

Teorías Morales y Jurídicas 

La moral de los  prestamistas, protegida con celo por el derecho anglosajón, parte de las siguientes premisas: que han ayudado al territorio deudor a proveer financiamiento para mejoras y bienestar social, que la norma general dispone que los contratos son ley entre las partes, que quien toma prestado tiene que pagar, que el deudor debe cumplir sus contratos de préstamo, cuyos términos no se deben variar porque se afecta el mismo deudor para futuros financiamientos. Eso podría ser así en situaciones ordinarias.

En las audiencias del Congreso se ha puesto énfasis por congresistas, cabilderos y acreedores  irresponsables,    que la deuda pública ha sido causada por la mala administración, ausencia de transparencia, tardanza en someter estados financieros auditados, negligencia, vagancia y corrupción de los puertorriqueños.  De esas premisas falsas e inmorales imperialistas surge la obsesión del victimario de imponer a los puertorriqueños una Junta Dictatorial de Control Federal. Estas posturas son típicas manipulaciones y acciones de los acreedores de la deuda y de la metrópolis. En la colonia de Puerto Rico hubo corrupción antes del año 2000, y hasta el año 2000 como veremos más adelante la deuda era pagable.

Es fundamental exponer  un discurso moral y jurídico verídico para rechazar la acusación torcida y falsa de culpa única que pretende imponernos a los puertorriqueños un sector retrógrado del Congreso federal aliado de los acreedores. En primer lugar no han sido los puertorriqueños sino una pequeña élite política desgastada, ciega y adicta a las instrucciones de Washington quienes han incurrido en actos de corrupción y mala administración no ahora, sino de muchos años, porque incluso aceptar y no denunciar el coloniaje ha sido un acto de complicidad y corrupción. Igual que ha existido corrupción en Estados Unidos. Esos son sus empleados y mayordomos y sus conductas le son imputables al principal fiduciario controlador territorial, es decir al dueño del circo. Como veremos esa no es la causa de la crisis ni de la deuda. Ese es simplemente un montaje imponente de una oligarquía poderosa y su burocracia política contra un pueblo pequeño.

La deuda pública es inmoral, fruto de una relación excepcional y única de control colonial total de la metrópolis sobre el territorio. Es la herencia que nos deja el gobierno mas poderoso del planeta, acostumbrado a dilapidar los fondos de sus ciudadanos en guerras de agresión a otros pueblos y quien por cierto es el mayor deudor de este mundo.

No siempre un contrato de deuda  tiene que ser cumplido.   Existen las deudas injustas. El derecho privado y público reconocen doctrinas bajo principios de equidad y justicia con remedios de excepción para exonerar al deudor de las mismas.

La repudiación de la herencia exonera a los herederos de las deudas del causante.

El derecho público de quiebras reconoce el valor moral y derecho humano fundamental de los deudores de buscar un nuevo respiro mediante la reorganización o cancelacion de todas sus deudas cuando no puede pagar las mismas.  Ese derecho natural a la rehabilitación material lo deben tener las naciones. A la nación puertorriqueña se le niega el derecho de organizar su propio sistema de quiebras y se le saca del Código de quiebras federal en el 1984 y lo han dejado en el limbo, en tierra de nadie.

Existen teorías del control que exoneran de deudas a otras entidades. Así tenemos la doctrina corporativa del alter ego para imponer responsabilidad a quien ejerce el control de la entidad.

En el derecho bancario federal, el estatuto Federal Banking Holdings Company Act, impone responsabilidad al banco acreedor que controla la administración del deudor o efectúa actos dañinos no tradicionalmente bancarios («tying arrangements»). (12 U.S.C sec. 1972).

En los casos de las naciones indias el Tribunal Supremo Federal ha resuelto que en asuntos, propiedades o contratos bajo el control del gobierno federal es éste el único responsable frente a los componentes de esas naciones o terceros.

Una doctrina de derecho internacional público diseñada políticamente por los Estados Unidos para condonar el pago de la deuda pública de Cuba a España luego de la Guerra Hispanoamericana del 1898 fue la doctrina conocida como «deuda odiosa».

Según una variante de dicha doctrina, «deuda odiosa» es una deuda incurrida en el transcurso de una relación colonial o dictarorial con el conocimiento de los acreedores. Esta doctrina fue desempolvada por los Estados Unidos luego de su invasión a Iraq en el 2003 para exonerarle de la deuda pública con intereses de Europa, pero fue retirado el argumento por Estados Unidos al considerar que el precedente causaba detrimento a los acreedores y el alivio de la deuda iraquí fue concedido por razones de sostenibilidad. De ésta doctrina se valió la República del Ecuador para decretar el impago de la deuda pública   luego de su auditoría ciudadana, y  devaluada  en los mercados la compró a descuento.

Luego entonces existe una doctrina vigente en el derecho internacional y que obliga a Estados Unidos ya que fue diseñada por éste país, que permite la cancelación de una deuda pública con acreedores basada en que la deuda fue creada cuando una nación ha estado sujeta a un régimen colonial. Para todos los fines la nación colonizada no consintió ni tiene responsabilidad hacia la deuda pública.

Esta doctrina ha evolucionado y reconoce múltiples variables en el derecho internacional desde que fuera implementada y luego teorizada por Alexander Sack en 1927. Se han recopilado esos avances con aportaciones del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) y el Centro para el Derecho Internacional del Desarrollo Sostenible de la Deuda (CISD) de la Universidad McGill de Canadá.

Un Poco de Historia

Cuando examinamos la historia de Puerto Rico hay datos que son incuestionables. Puerto Rico ha sido una colonia clásica de Estados Unidos durante 117 años, adquirido como botín de guerra  por los Estados Unidos al derrotar a España en la Guerra Hispanoamericana del 1898.  Conforme al Tratado de París, firmado en diciembre de 1899, sin el consentimiento de la nación puertorriqueña que ya gozaba de soberanía por virtud de la Carta Autonómica,  Puerto Rico pasó a ser una  propiedad de los Estados Unidos, a ser regido el territorio y sus habitantes al amparo de la claúsula territorial de la Constitución Federal.

Tan pronto Estados Unidos nos invadió impuso un sistema de gobierno militar durante dos años, devaluó la moneda  en circulación a un 40% de su valor y  desmerecieron las riquezas de los habitantes de la isla. Desde el 1900 hasta el presente Puerto Rico ha sido controlado por el gobierno federal mediante diversas actas orgánicas: Ley Foraker en 1900, Ley Jones en 1917 que impuso contra su voluntad la ciudadanía americana a los puertorriqueños para que sirvieran en la Primera Guerra Mundial, y la ley 600 de 1950 hasta nuestros días, mediante la cual se pretendió engañar a las Naciones Unidas en 1953 de  que en el 1952, con la creación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se había terminado  el régimen colonial sobre la isla y que el pueblo de Puerto Rico se gobernaba a sí  mismo mediante su propia constitución.

Estados Unidos siempre ha  controlado todos los poderes soberanos sobre Puerto Rico: moneda, tratados, comercio internacional, derecho público y muchas áreas del derecho privado, espacios y transportación marítima y aérea, comunicaciones, correo, banca, trabajo, ambiente, fuerzas armadas, valores, derechos de autor y de marca, comercio interéstatal y mundial, ciudadanía, aduanas, correo, migración e inmigración, energía, tratados, procesos de quiebras y sigamos sumando), imprescindibles para generar y proteger la riqueza de una nación.

Para facilitar ese control colonial la Corte Suprema Federal elaboró la doctrina política de los Casos Insulares: Puerto Rico es un territorio que pertenece a pero no forma parte de los Estados Unidos y por tanto todas las garantías de la Constitución Federal no siguen a la bandera americana a ningún territorio.

El colonialismo, igual que la esclavitud, está proscrito por el derecho internacional.  Quien practique el colonialismo es un delincuente internacional. Ese es un consenso alcanzado por toda la humanidad. Y quien practique el colonialismo debe ser controlado y acusado como transgresor de la ley y de la moralidad.

Lo ocurrido en el 1952 con el establecimiento del ELA fue un fraude. Así lo acaba de reconocer el Procurador General del Gobierno federal en su alegato ante la Corte Suprema en el caso ante su consideración de Pueblo v Sánchez Valle.  Esto no es nuevo. Los informes presidenciales del 2007 y 2011 sobre Puerto Rico y la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Pueblo v Sánchez Valle llegan a la misma conclusión. En el 1952 no hubo ningún pacto entre el pueblo de Puerto Rico y el gobierno federal y Puerto Rico sigue siendo un territorio bajo el control omnimodo del Congreso. Se ha admitido un fraude monumental a la comunidad internacional.  A la misma conclusión ha llegado la Corte Suprema Federal en las diversas opiniones que mantienen la doctrina de los casos insulares. Doctrina que elaboraron los mismos jueces que establecieron la segregación racial en Plessy v. Ferguson. Mientras Plessy v Ferguson fue derogado en la década del 1950 en el caso de Brown v Board of Education, luego de luchas incansables del movimiento de derechos civiles y martirilogio del movimiento afroamericano, la doctrina imperialista de los casos insulares se mantiene como berruga delictiva bochornosa para la potencia colonial norteamericana y su propaganda de paladín de la libertad y la democracia como concluye el Juez del Tribunal de Circuito de Apelaciones Juan B. Torruellas en su ensayo del 2007.

Durante  estos 117 años de dominación colonial, en las distintas etapas de modelos económicos impuestos por la metrópolis, en la etapa de las centrales azucareras hasta la década del 40, el plan de industrialización Manos a la Obra hasta la década del 70, y desde entonces hasta los años 1996-2006 bajo la operación de industrias al amparo de la Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal, la economía de Puerto Rico estuvo predicada en  excensiones contributivas al capital norteamericano, privilegios con subsidios de servicios de utilidades públicas, bajos salarios y promoción de olas migratorias para mantener la estabilidad social. Inmensas riquezas creadas con el trabajo de los puertorriqueños se expatriaron. Ello evitó el desarrollo de una economía puertorriqueña sólida, ausencia de recaudos  suficientes y ahorro nacional.

Entonces desde los años 1996-2006 comienza la cuarta etapa cuando fue eliminada esa exención  contributiva 936 por el Congreso federal. El gobierno federal no le ofreció otras alternativas al territorio. Forzado por las dinámicas del gasto público, y ante la ausencia de poderes soberanos para crear y proteger sus riquezas, y mediante la triple excensión de los bonos bajo la Ley Jones, el territorio de Puerto Rico fue empujado a las garras de los usureros del capital financiero. Esta cuarta etapa, en la que nos encontramos hoy, ha sido la del abandono total del territorio por el gobierno federal. Quitar el programa de las 936 al territorio colonial sin ofrecerle otras alternativas de desarrollo fue como quitarle la comida a un preso o el oxígeno a un paciente en coma. Ha sido un crimen de lesa humanidad.

Impagabilidad de la Deuda

Según el economista Marxuach, la deuda pública era de $24 billones hasta el año 2000, cuando termina el gobierno de Pedro Roselló. La deuda era manejable, aún cuando luego de la auditoría ciudadana se pueda determinar  que hubo ilegalidades de los mayordomos del gobierno federal con los grandes proyectos del súpertubo y tarjeta de salud. Pero la deuda se convierte en impagable despúes. Desde el año 2000 al 2014 incrementó $47 billones adicionales para una cifra que excede los $ 72 billones. Desde entonces es impagable, lo cual ya lo ha reconocido el Gobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla.

Ello demuestra que la causa eficiente y única de la actual deuda pública impagable ha sido el control histórico colonial y abandono culposo  del territorio por el gobierno federal, quien es el verdadero principal delincuente responsable de la deuda. Los acreedores cómplices  de la deuda, esos que tienen su madriguera en Wall Street y los grandes bancos deben cambiar su vista para cobrarle al verdadero deudor y socio de fechorías, el gobierno federal.

Lo ironíco es que hoy en día Estados Unidos es el mayor deudor de este mundo con su deuda trillonaria incurrida en gran medida para financiar la carrera  armamentista y agresiones militares y genocidios a otros pueblos. El derecho internacional   considera como odiosa una deuda  incurrida para financiar genocidios y guerras de agresión. El pueblo norteamericano algún día auditará su deuda pública. La lucha de los puertorriqueños,  incluida nuestra diáspora, y las  de los países del tercer mundo por anular sus deudas odiosas le impactarán, y la deuda odiosa será también arma de lucha del pueblo noble trabajador de los Estados Unidos contra sus acreedores empantanados con la sangre de multitudes.

En resumen, que de un examen histórico de la relación de control omnimodo colonial del gobierno federal sobre Puerto Rico, surge que la metrópolis colonial culpable del delito de colonialismo le ha usurpado a la nación puertorriqueña  los poderes para generar y proteger sus riquezas y que su negligencia y abandono del territorio en el cumplimiento de sus deberes fiduciarios bajo la cláusula territorial así como el incumplimiento de los deberes contractuales bajo el tratado de París ha sido la causa eficiente de la deuda pública impagable de Puerto Rico.  Estados Unidos no puede desentenderse de esa responsabilidad.

Por esa razón el gobierno federal no  puede atragantar una Junta de Control Federal a la víctima que es el pueblo puertorriqueño, que retrotraerá el sistema de control colonial a la época de los gobiernos militares, colocando todo el peso de la responsabilidad en el pueblo puertorriqueño mediante tributos y recortes de servicios esenciales para favorecer el cobro de los bonos por los acreedores y la continuación del gran exódo de población.

En esta gran tragedia, bajo normas morales y jurídicas,  la   cuota de responsabilidad  sobre la deuda pública debe recaer sobre el delincuente verdadero, el gobierno federal, controlador omnimodo  del territorio mediante un sistema colonial proscrito por el derecho internacional. El pueblo puertorriqueño no debe tener  cuota de responsabilidad alguna, no participó en el otorgamiento de los contratos de deuda, y   debe ser asumida  por el gobierno federal como potencia colonial y quien adeuda además  sumas billonarias a la nación puertorriqueña en reparación de daños y agravios durante 117 años de coloniaje.

Si este es el diagnóstico de las causas de la deuda pública,  entonces una Junta de Control Federal  constituye una solución injusta, abusiva, dictarorial, inmerecida, deshonesta, fraudulenta, en detrimento del pueblo puertorriqueño y para el beneficio de los acreedores. Hay que invertir los roles. A quien se le tiene que imponer una junta de supervisión y control por ciudadanos honestos libre de conflicto de intereses o por organismos internacionales  es al gobierno federal por su negligencia y conducta delictiva colonial, por los daños ecológicos, militares, migratorios, de transportación marítima monopólica, pérdida, devaluación,destrucción de negocios, industrias, hogares y fuga de capital humano y otros que se pueden evidenciar.

Ruta hacia el Futuro

¿Cuál es la ruta hacia el futuro?

Mirar hacia el futuro no es tarea fácil, tanto para el movimiento renovador de Sanders como para el movimiento renovador emancipador descolonizador puertorriqueño. Y son procesos complejísimos que atienden al alcance que tendrá el movimiento de Bernie Sanders y  lo más importante  la propia organización del pueblo de Puerto Rico, el desvanecimiento de quimeras ideológicas, la unidad con la diáspora y el desarrollo e implementación de una Asamblea Constitucional de Estatus del pueblo de Puerto Rico.

En cuanto al movimiento de Sanders, su candidatura  ha llegado a niveles insospechados. Sé que Sanders ha dicho, en la eventualidad improbable, si fuera derrotado en las primarias, cumpliría su palabra y no se lanzaría como candidato independiente a la Presidencia, decisión que refleja a un hombre serio y digno que cumple su palabra y que no le dejaría las puertas abiertas al fascismo de los candidatos republicanos. Pero aún ganando o perdiendo, ya el movimiento de Sanders está siendo victorioso. Y me parece que las bases de organización independiente de masas que ha levantado deben mantenerse permentemente porque será el pedestal para  sus seguidores continuar con su legado y si sale electo para ayudar a renovar el Congreso y cumplir sus promesas de campaña.

En Puerto Rico el movimiento de autodeterminación nacional y cambio social resiste contra viento y marea frente al minotauro gubernamental imperial. La  doctrina Monroe aplicada a nuestra nación durante 117 años ha significado la persecución, el asesinato, el discrimen, encarcelamiento de miles de luchadores por la autodeterminación e independencia de Puerto Rico. El Partido Nacionalista de Puerto Rico, sus militantes y simpatizantes fueron masacrados y encarcelados, el dirigente más insigne, el hombre y líder más digno y brillante de nuestra historia, Don Pedro Albizu Campos, pasó su vida adulta en los calabozos de Estados Unidos y de Puerto Rico y murió indómito a consecuencia de la radiación y las torturas de la carcel. Su ejemplo eterno mantiene viva la puertorriqueñidad. A Santiago Mari Pesquera, hijo de otro insigne patriota nuestro Don Juan Mari Bras, fue asesinado el 24 de abril de 1976, en medio de la campaña a la gobernación de su padre  por el Partido Socialista Puertorriqueño, por bandas terroristas del exilio de derecha cubano, alentadas y con la complicidad de las agencias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos. Su crimen no ha sido esclarecido y su familia, 41 años después, reclama en todos los foros su esclarecimiento.

Creo y aspiro a que  el movimiento de Sanders y su legitimidad impacte el pensamiento y la acción de nuestro movimiento  independentista y cambio social y viceversa. Y que comprendamos que es importante la propia organización del pueblo de Puerto Rico, el desvanecimiento de quimeras ideológicas, la unidad con la diáspora y el desarrollo e implementación de una Asamblea Constitucional de Estatus. Salvando las  diferencias de contenido y época,  hubo inquietudes en los independentistas  decimonónicos como Ramón Emetereo Betances, padre de nuestra patria y gestor de la insurrección de lares en el 1868 cuando cayó la monarquia, o el patriotismo en la década del 30 con el liberalismo de Roosevelt. ¿Bastaba la instauración de un movimiento liberal en la metrópolis para producir cambios en la relación política colonial? Realmente no bastaban.

Son preguntas y procesos muy complejos. Pero nos motivan a señalar la importancia del principio del internacionalismo. El mismo  contempla el respeto mutuo hacía cada nación y su derecho a auto determinarse y establecer el sistema de gobierno que cada nación escoja. Ese principio reconoce que las capas pobres y medias  de la nación puertorriqueña, que es una nación distinta a la nación estadounidense, de 8 millones de almas  y de la nación norteamericana, que constituyen la mayoría de ambas naciones, luchan contra una oligarquía de un 1% que controla más riqueza que el 99% de ambas naciones, y que esa riqueza tiene que ser redistribuida para lograr una vida cómoda y mejor pára las mayorías.  Nadie que trabaje merece ser pobre, padecer enfermedades sin atención adecuada o carecer de una vivienda con comodidades. Todo aquel que ha trabajado merece tener una pensión para vivir holgadamente junto a su familia. Son luchas que se entrelazan mediante alianzas que debemos valorar como de naturaleza estratégica.

En cuanto a nuestra diaspora y su derecho al voto en la isla, lo primordial y más difícil es lograr un consenso  que recoja esa política pública y debemos marchar aceleradamente hacia ello. Lo considero de naturaleza estratégica. Porque una vez madurado un consenso instrumentarlo vía legislación no es tan difícil ya que lo único que hay que hacer es enmendar el Código Electoral de Puerto Rico para eliminar el requisito del domicilio a nuestros compatriotas para que puedan  votar para los cargos y eventos electorales nacionales de Puerto Rico y avanzar en la unidad política de nuestra nación.

Adicionalmente y como medida colateral de resonancia, recomiendo a las autoridades de gobierno de Puerto Rico, y al movimiento renovador de ambas naciones, a abordar firmas legales e  instituciones de derechos civiles en Puerto Rico y los Estados Unidos para la radicación de litigios en las cortes internacionales bajo la doctrina anticolonial de deuda odiosa.  Así como litigios ante la corte federal de reclamaciones contra el gobierno federal por incumplir el contrato de París, incluso del alegado pacto para aquellos que ilusamente creen en él, por incumplir deberes fiduciarios que emanan de la claúsula territorial federal y bajo teorías de control, mediante las cuales el soberano federal ha renunciado a su soberanía y puede ser demandado en sus propias cortes. Pero deben apresurarse las autoridades gubernamentales actuales de Puerto Rico antes de  que una junta federal le controle los fondos y  no le autorice  ni un centavo para invertir en litigios.

Mientras se ventilan las reclamaciones que puedan instituirse y que tiene el pueblo de Puerto Rico contra la potencia colonial, exhorto al diseño de remedios en la mesa de negociación  de una futura Asamblea Constitucional de Estatus o en otros foros,  con  remedios creativos  justos en mitigación de daños como la formación  de un fondo en fideicomiso aportado por el gobierno federal  para que el pueblo de Puerto Rico pueda recomprar al valor de adquisición los bonos adquiridos por los fondos buitres y otros créditos de deuda. Así mismo procede un decreto de una moratoria por las autoridades puertorriqueñas, paralizar el pago del principal e intereses y las acciones de los acreedores  mientras se resuelve y negocia la responsabilidad con el gobierno federal y los acreedores sobre la deuda pública.

Pero en esta historia inmoral e ilegal de coloniaje proscrito por la humanidad, no se puede penalizar a las víctimas que son los sectores más humildes del pueblo puertorriqueño mediante una junta federal dictarorial con recortes a los servicios cruciales y básicos de salud, educación, vivienda, trabajo, pensiones y otros esenciales.

Sin embargo, deseo enfatizar que la ruta principal para la nación puertorriqueña  debe ser  la organización  y celebración de la Asamblea Constitucional de Estatus del pueblo de Puerto Rico para negociar de buena fe, de pueblo a pueblo el destino político de la nación puertorriqueña,  la asunción de la deuda pública por el gobierno federal y el desarrollo de relaciones económicas mutuamente beneficiosas, con un programa de transición para la protección de los derechos adquiridos de los puertorriqueños como el trato a la ciudadanía americana, beneficio de veteranos, seguro social y medicare.  Es lo menos que puede hacer un gobierno que representa a un pueblo que deriva su soberanía de una Asamblea de Delegados que le representó dignamente en sus luchas de autodeterminación contra el colonialismo inglés bajo los ideales de autodeterminación, igualdad, justicia y democracia.

Al Senador Bernie Sanders le menciono cinco áreas especiales para su estudio y para que las incluya en su programa para Puerto Rico.

1. Respalde la propuesta del Colegio de Abogados de Puerto Rico que ha desarrollado un proyecto de ley para convocar un referéndum en noviembre del 2016 para una  Asamblea Constitucional de Estatus sí o no, que dispone que si prevalece el sí se procederá a una votación para la elección de los delegados a la Asamblea, que es un cuerpo deliverativo de duración permanente hasta que no se haya resuelto el problema del estatus. Este es el mecanismo procesal que por décadas los distintos sectores ideológicos del país han elaborado trabajosa y diligentemente. Y manifieste el Senador Sanders su disponibilidad de reunirse con los delegados de la nación puertorriqueña para negociar los términos y condiciones de sus consensos y propuestas.

Un plesbiscito o referéndum si o no por determinadas fórmulas de estatus no resuelve nada, dura pocas horas mientras se celebra la votación y luego el pueblo se desmoviliza y no pasa nada. Así ha ocurrido en varios referéndums celebrados

2. Reconozca en su programa la responsabilidad primaria del gobierno federal sobre la deuda pública total de Puerto Rico con medidas específicas para asumirla y liberar a la nación colonizada y despoblada de la misma. Discutir y negociar áreas de reparación de agravios

3. Se comprometa a ir hasta las últimas consecuencias para que se esclarezcan los crímenes políticos cometidos en Puerto Rico por escuadrones de la muerte, incluyendo los asesinatos de las décadas del 70 y 80 aún por esclarecer de Santiago «Chagui» Mari Pesquera, Ángel Charbonier, Carlos Muñiz Varela, Arnaldo Darío Rosado, Carlos Muñiz Varela, Ángel Rodríguez Cristóbal y Julio Pinto Gandía.

4. El compromiso que de ser electo  indultará sin dilación a los patriotas, héroes  y presos políticos puertorriqueños Oscar López y Ana Belén Montes.

Aprovecho la ocasión para reconocer la buena voluntad, la trayectoria vertical del candidato a la presidencia y amigo del pueblo puertorriqueño Senador Bernie Sanders. Quien ha elaborado un programa detallado para el pueblo de Puerto Rico como ningún otro candidato presidencial lo había hecho previamente. Con la incorporación en su programa de esos cuatro asuntos sugeridos, su programa quedará más completo y nuestro pueblo le estará eternamente agradecido por su sensibilidad y valor. El senador Sanders ha sido un hombre vertical toda su vida y es respetuoso del derecho de las naciones a su autodeterminación. Abrigo la creencia de que será guardián celoso de los mejores intereses de la nación puertorriqueña.

El 2 de abril del 2016 nos reunimos un grupo de independentistas puertorriqueños que nunca habíamos participado en una primaria presidencial en la isla por considerarlo un evento colonial antidemocratico, ya que los puertorriqueños que allí residimos no podemos votar ni por el presidente, vice-presidente ni representantes al Congreso. Siempre los candidatos en las primarias presidenciales han ido a nuestra isla a llenarse los bolsillos buscando donaciones a Puerto Rico para irse con las alforjas llenas horas luego del recogido. El Senador Bernie Sanders no ha seguido esa práctica y en eso se distingue. Y representa a un movimiento de cambio digno y renovador con ideas y medidas socialistas y democráticas. Lo grandioso de este proceso es que lo respaldan decenas de millones de sus conciudadanos. Por esa razón y como medida excepcional histórica, este grupo de patriotas puertorriqueños vamos a votar en la isla por Bernie Sanders, y estamos exhortando, y aquí lo reitero, a todos los sectores ideológicos en la isla y en la diaspora en los diversos estados, y a los latinos y pueblo norteamericano en general a votar por Bernie Sanders.‬

* Este ensayo fue enviado a la campaña del Senador Bernie Sanders versiones en español e inglés para su consideración el 6 de abril del 2016.