Crisis y ajustes en la Universidad
La implantación de medidas “cautelares” para paliar la alegada crisis económica de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ha sido el detonante de la incertidumbre, el desconcierto y el agobio colectivo que se ventila al interior de nuestra comunidad académica.
El efecto de esas políticas de ajuste estructural ha implicado señales perturbadoras para todos los sectores de la institución. Altera los ánimos del estudiantado ante el asomo de un aumento de los costos de matrícula con el gravamen de una cuota especial de $800 anuales; aterra al sector no docente con la posibilidad de despidos y reducciones salariales; y estremece la docencia ante el desmantelamiento de la oferta académica y la pauperización de sus condiciones laborales.
Este último punto es el más espinoso entre las consecuencias derivadas de las políticas económicas que implanta la Junta de Síndicos de la UPR por suceder en la cancelación de cursos, el cierre de secciones, el aumento del número de estudiantes por curso, la supresión de contrataciones docentes y la anulación de investigaciones y proyectos que vinculan la universidad con su entorno social y comunitario.
Nunca antes en nuestra historia universitaria se habían vivido momentos de tanta inestabilidad y desasosiego con respecto al futuro de la enseñanza superior nacional. Y al interior del sector docente, pocas veces se imaginó que la implantación de medidas fiscales en tiempos de “crisis” azorarían la estabilidad laboral y las condiciones de empleo que disfrutan los académicos del sistema público.
En otra dimensión, y como resultado de los efectos a mansalva que ha traído este nuevo modelo fiscal en la UPR, vemos cómo se va parcelando el escenario de lucha universitaria con más disensos que consensos entre los diversos sectores de la comunidad académica. Por cada esquina escuchamos posicionamientos irreconciliables entre grupos universitarios y es evidente el temor entre docentes y no docentes ante el hecho que se desate una nueva huelga estudiantil.
Esos miedos riñen con los lazos de solidaridad que muchos docentes zurcieron a favor del estudiantado durante la pasada huelga sistémica. Y decimos docentes porque la frialdad que sucumbió al liderato de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) y al Sindicato de Trabajadores, temiendo posicionarse a favor de la lucha estudiantil, fue la sensación más amarga en el transcurso de los 61 días que duró el conflicto.
Sabemos, a su vez, que los temores de asumirse como poco solidarios ante la eventualidad de una nueva huelga es el fantasma más tenebroso que persigue al liderato de la HEEND. No obstante, conocemos que la lógica de su operación sindical, en un ambiente que se perfila como uno de inestabilidades laborales, llevará a ese gremio a guardar distancia de un nuevo enfrentamiento estudiantil. Más aún, hay quienes pronostican que ante la posibilidad de suscitarse una huelga en la UPR, los no docentes no actuarán pasivamente y podrían, al margen de las directrices sindicales, romper las líneas de piquete.
Para el profesorado, en tanto, las opciones ante un eventual conflicto no son muy distintas. En ese sector se murmura por lo bajo el temor de que estalle un nuevo escenario de lucha estudiantil que, en el peor de los escenarios, pudiera desembocar en el cierre patronal de las operaciones académicas y administrativas de la universidad de forma indefinida, lanzando a la calle, por primera vez en la historia de la institución, a los trabajadores de la docencia.
Pero al margen de los efectos que los ajustes fiscales viertan sobre docentes y no docentes, lo peor de todo el esquema impuesto es que la UPR se subordinará más al mercado, ampliando gradualmente las prácticas de privatización de sus actividades y servicios.
Citando al sociólogo brasileño José Dias Sobrinho, en nuestra universidad se instituirá paulatinamente “un sistema meritocrático donde cada uno tendrá la educación superior que pueda tener”.
Nada de esto nos ha de extrañar. Las políticas económicas instituidas en los últimos meses se afanan en el desmembramiento de la UPR a cuesta de generar ahorros. Basta repasar los discursos encarnizados del presidente José Ramón de la Torre y de la presidenta de la Junta de Síndicos, Ygrí Rivera, quienes advierten con claridad que, en esta nueva etapa de reajustes, la “insuficiencia de fondos” de la institución se cuadrará desde el salón de clases.
En este contexto, y desde la esfera del poder político partidista que regenta el País, se comienza a hablar de lo “innecesario” de algunos recintos, lo poco rentable de la oferta académica pública y el “riesgo” en mantener una institución bajo el “dominio de izquierdistas”.
De la misma manera, otras voces ligadas a intereses de instituciones universitarias privadas han aprovechado la escena para insistir en el fin de la era de la financiación gubernamental de la UPR y el cese de controles estatales en la evaluación de programas académicos.
Con esos vientos, nadie duda que la coartada de los administradores universitarios para “justificar” su plan estratégico fiscal se sostiene en criterios de mercantilización. Pasan por alto, sin embargo, que la imposición de una perspectiva exclusivamente amparada en la lógica del mercado amputa la esencia de la UPR, que es la buena enseñanza y el criterio de especialización académica e intelectual.
Los representantes del gobierno universitario, en tanto, se centran en la coacción de un modelo de disciplina financiera en todos los recintos controlado y vigilado desde el nivel central que, según se recoge en el Proyecto de Presupuesto aprobado por la Junta de Síndicos este verano, detalla recortes severos a los beneficios de la docencia y, lo que es peor, se sostiene en una política de amenaza institucionalizada. Así las cosas, la nueva administración de las once unidades del sistema deberá seguir al pie de la letra el libreto sobre cómo manejar los recortes del presupuesto o, de lo contrario, corre el peligro de ser sometido al régimen de sindicatura.
Uno de los riesgos de este paradigma es que descarga saña contra la producción de saberes. Como ha resumido el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos al referirse a la experiencia europea tras el Pacto de Bologna, asistimos a la macdonalización de la enseñanza, un esquema de administración neoliberal (recortes de presupuestos, eliminación de cursos y aumento de cuotas) que no es nuevo en nuestro hemisferio y cuyas tangencias más claras son los casos de Argentina, Brasil y México.
En Argentina, por ejemplo, durante la década de 1990 se ensayaron medidas fiscales severas contra instituciones de enseñanza superior pública amparadas en una llamada “agenda internacional de modernización de la educación superior”. El eje de esta movida estuvo amarrada a una nueva redefinición de la relación del Estado y la universidad.
Según ha escrito la historiadora Marcela Mollis, Argentina cumplió eficientemente los pasos propuestos en su “agenda” amparándose en una nueva ley (Ley de Educación Superior) que delegó ciertas asuntos del quehacer académico a instituciones privadas, al tiempo que puso en marcha “procesos evaluativos y de acreditación así como la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento en aras del manejo eficiente de los recursos”.
Durante esta década, ha relatado Marcela Mollis, los conceptos estratégicos fueron reducir, diferenciar, despedir y disciplinar. Los lineamientos de ese plan, examinado dos décadas después, parecen haber sido calcados por los directivos de la UPR para armar el diseño de sus políticas administrativas.
“Ajustar la estructura académica es mucho más que un ejercicio para los economistas; es cambiarle la vida a la gente, a los habitantes y ciudadanos de una nación”, manifestó, por su parte, el sociólogo David Slater con relación a lo acontecido en Argentina.
La experiencia universitaria vivida en la tierra de Carlos Gardel durante los años 90 no sólo rediseñó las balanzas económicas y las tasas de financiación, sino que trajo, a su vez, un ajuste teórico al cuerpo conceptual pedagógico con énfasis sólo en una formación general y bancaria, al tiempo que las políticas administrativas se redujeron a regentar las reformas desde indicadores cuantitativos.
Atrás quedó el potencial de la universidad dirigido a construir una ciudadanía participativa y una cultura democrática.
Una situación similar se vivió en Brasil dos décadas atrás cuando al interior de las universidades del Estado se introdujeron políticas administrativas encaminadas a adaptar la educación superior a un nuevo formato que, investigadores como Afranio Catani y João Ferreira de Oliveira, han denominado “capitalismo académico”.
Esta nueva ruta en el modelo de la enseñanza universitaria brasileña significó una nueva racionalidad mercantil en beneficio de las empresas y las clases hegemónicas sintetizado en la polivalencia y la flexibilidad profesional, según han señalado los cientistas sociales Helgio Trindade y Denise Leite.
Los acontecimientos de Argentina y Brasil fueron sucedidos por la experiencia de México, donde se inició el proyecto neoliberal universitario a finales de los años 90 mediante un esquema de acomodo del aparato educativo superior formal a las demandas del mercado y al proceso de reconfiguración del Estado-nacional mexicano.
La consecuencia de la implantación de ese modelo fue una huelga estudiantil que duró nueve meses y que llevó a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México a asumir políticas represivas contra los huelguistas, al extremo de encarcelar a más de 100 universitarios.
Al paso del tiempo, el movimiento huelgario fue perdiendo apoyo y, tras la insistencia de varios grupos en retomar la operación de la institución, se generó un proceso de polarización que fue el agravante más fuerte del desenlace del conflicto.
Cualesquiera de estas políticas administrativas –Argentina, Brasil y México– sirven de referencia para entender los entresijos del modelo que se impone en la UPR cuyo eje no parece ser otro que el sometimiento de la educación superior pública al desabrigo. No hay duda que asistimos a un esquema articulado de privatización.
Mas lo peor de todo es la indolencia con que, desde la comunidad universitaria, se han manejado las discusiones en torno al desmantelamiento de programas académicos, el cierre de sesiones de clases y la cancelación de contrataciones docentes, cuando son esas prácticas las que tejen el desarme institucional.
Hay poco debate en torno a esas medidas “cautelares”, al mismo tiempo que nos solazamos entre reclamos menores que, si bien es cierto atienden las necesidades inmediatas de algunos de los componentes de la comunidad académica (el convenio, el plan médico, la cuota, el préstamo), se manejan desde focos independientes y sin relacionarse a la complejidad del esquema que se impone desde los cuarteles de la Administración Central.
Queda camino por andar, y una universidad pública de excelencia por defender.
Bibliografía
Boaventura, Dos Santos. (2001) “La desuniversidad”. Revista Rebelión: 11 de septiembre de 2009. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=112734.
Catani, Afranio y João Ferreira de Oliveira. (2000) “A reforma da educação superior no Brasil nos anos 90: diretrizes, bases e ações”, en Catani, A. M., Reformas educacionais em Portugal e no Brasil (Belo Horizonte: Autentica).
Dias Sobrinho, José. (2000) “Avaliação e privatização do ensino superior”, en Trindade, Helgio (ed.), Universidade em ruinas: na república dos profesores. Rio Grande do Sul: Vozes, Petrópolis/CIPEDES.
Leite, Denise. (2001) “Avaliacao institucional e democracia. Posibilidades contra-hegemónicas ao redesenho capitalista das universidades”. Ponencia presentada en la XX Asamblea General de CLACSO. Guadalajara: Grupo de Trabajo de Universidad de CLACSO; 21 al 24 de noviembre.
Mollis, M. (1995) “En busca de respuesta a la crisis universitaria: historia y cultura ”,, Perfiles Educativos. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Slater, D. (1992) “Poder y resistencia en la periferia. Replanteando algunos temas críticos para los años ‘90”. Revista Nueva Sociedad. Caracas.
Trindade, Helgio (2000) Universidade em ruinas: na república dos profesores. Río Grande do Sul: Vozes.