Cuestionan designación de sala de conciertos “Bertita y Guillermo L. Martínez” del Conservatorio de Música
Esa estructura lleva los nombre del matrimonio Martínez como reconocimiento a un donativo de $750,000 que dio Guillermo L. Martínez a la corporación pública en el año 2008.
Una reseña del El Nuevo Día describe la ceremonia de inauguración:
El New Brass Quintent tocaba la danza “Felices días” cuando el gobernador Luis G. Fortuño y su esposa, la primera dama Lucé Vela, arribaron al Conservatorio de Música de Puerto Rico para inaugurar el ala nueva de la institución.
El esperado Teatro Bertita y Guillermo Martínez quedó inaugurado con el vibrante sonido del gong golpeado por Bertita y la primera dama.
“En el Conservatorio no hay cortes de cinta. Se hacen cortes con música”, dijo la rectora María del Carmen Gil al recibir a los invitados.
Pero la designación del teatro con el nombre de Martínez no ha sido bien recibida por todos.
Rafael Aponte Ledée, profesor retirado del Conservatorio y reconocido compositor de larga trayectoria, denunció que la denominación de la estructura con los nombres de la pareja Martínez no cumple con lo que dispone la «Ley para Autorizar la Venta de Derechos de Designación de Propiedades Públicas” (Ley Núm. 170 de 2007).
Si nos dejamos llevar por esa Ley, uno de los varios requisitos que no se cumplen en la designación del teatro es el hecho de que Bertita y Guillermo Martínez están vivos y que además no son personajes ilustres.
La Ley 170 deja claro que en ningún caso se utilizarán nombres de personas que no hayan fallecido. “La Comisión deberá, dentro de lo posible, escoger nombres de personas ilustres del pasado y otros nombres relacionados con la historia, geografía y la tradición puertorriqueña”.
Cuando se menciona una Comisión, la Ley hace referencia a la entidad que se supone evalúe las solicitudes de denominación que es la “Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas”, cuyas reglas están contenidas en la Ley 170.
“Esa ley dispone primero que nadie que esté vivo se le puede designar a una estructura o vía pública. Además dispone una serie de requisitos en términos del funcionamiento de esa Comisión que es la que va a evaluar las solicitudes de designación y eventualmente es la que designa”, explicó a 80grados el senador popular Ángel Rosa, quien fue contactado específicamente porque él propuso eliminar esa Comisión a través del proyecto de Ley 963 que ya fue aprobado en el Senado.
Su motivo para querer eliminar la Comisión de Designación es que la considera inoperante, y que su ley es “letra muerta” pues permite que la Asamblea Legislativa haga excepciones a sus reglas. También destacó que la Comisión no se reúne y que no se sabe quiénes son sus miembros.
“Por lo tanto lo que ha estado pasando por décadas es que la asamblea legislativa aprueba legislación que entre sus cláusulas dispone, para cada caso en particular, algunas veces eximir del cumplimiento del fallecimiento de la persona a honrarse y en la totalidad de las veces, eximir del cumplimiento de la ley que ordena que es la Comisión la que pase juicio sobre esa designación», explicó Rosa.
No obstante, en 2007, a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas le fue ordenada la designación de la nueva sede del Conservatorio con el nombre del compositor puertorriqueño Rafael Hernández, a través de una Resolución Conjunta de la Cámara, según consta en el archivo digital de Trámites Legislativos. En el mismo archivo sin embargo, no hay documentación relacionada a vistas u órdenes respecto a la designación del teatro del Conservatorio con el nombre de Bertita y Guillermo L. Martínez.
El año pasado, la designación del Centro de Convenciones con el nombre del ex gobernador Pedro Rosselló creó controversia por una situación similar. En ese momento el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Charlie Hernández, radicó un proyecto para dejar sin efecto la ley que designa con el nombre de “Dr. Pedro Rosselló González” al Centro de Convenciones de Puerto Rico.
El representante argumentó que la designación del Centro con el nombre de Rosselló iba en contraposición de lo establecido en la “Ley Denominadora de Estructuras y Vías Públicas”, en la que se dispone que en ningún caso se utilizará el nombre de personas que no hayan fallecido.
Pero en el caso del Conservatorio hay otras incongruencias con la «Ley para Autorizar la Venta de Derechos de Designación de Propiedades Públicas” (Ley 170).
Esa pieza “autoriza al Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, departamentos, instrumentalidades, subdivisiones políticas, municipios y corporaciones públicas estatales y municipales a suscribir y entrar en acuerdos para la venta de los derechos de designación (naming rights) de cualquiera de sus propiedades”.
Según el documento que sustenta la designación del teatro del Conservatorio (contrato 2008-CM0310 de la Oficina del Contralor), firmado por María del Carmen Gil, ex rectora de la corporación, Martínez donó $750,000 a la Institución. A cambio, el Conservatorio se compromete a “promocionar la donación en reconocimiento a la generosidad del donante, nombrando el edificio del Teatro de las nuevas instalaciones del Conservatorio de Miramar con el nombre Bertita y Guillermo L. Martínez”.
La Ley 170, en el artículo 7, establece que: «El pago del monto total del contrato de venta de derechos de designación deberá realizarse previo al inicio de la vigencia del mismo, y como condición para la misma».
Pero el contrato pactado entre el Conservatorio y Martínez dice que “la donación (de $750,000) será dividida en diez plazos iguales de 75,000 cada uno en un término de diez años”.
El mismo artículo indica que «ningún contrato de venta de derechos de designación de una facilidad pública podrá exceder de diez (10) años de duración. De igual manera, los contratos de venta de derechos de designación no son renovables, requiriendo para su nuevo otorgamiento por un término adicional, un nuevo proceso de negociación entre las partes».
No obstante, el Conservatorio se comprometió a que la denominación del teatro con el nombre de «Martínez» sea a perpetuidad. De lo contrario, según el contrato, si alguien decide cambiar el nombre al edificio tendrá que devolverle el dinero donado a Martínez. El documento también estipula que el compromiso de perpetuidad debe permanecer aun luego de finalizado el contrato y completado el compromiso de pago de parte de Martínez.
Otro compromiso que asume el Conservatorio con este contrato es el de “defender al donante de toda y cualquier acción, reclamación, demanda, juicio, sentencia, y cualquier gasto de cualquier naturaleza que recaiga en la figura del donante y que surja a causa de, o sea atribuible a, el manejo o toma de decisiones de la Donación, exceptuando aquellas acciones, reclamaciones que surjan de actos negligentes u omisiones del donante”.
Rafael Aponte Ledée también denunció que con su donativo, Martínez ha ganado influencia indebida en el Conservatorio de Música.
“Yo iba a tener un concierto en el teatro y a mi no me dio la gana de ponerle el nombre de él en el programa. El llegó y se metió en la oficina del rector y le dijo que si no ponía el nombre iba a retirar la donación que da al Conservatorio. El Conservatorio me dijo que pusiera el nombre o tenía que buscar otro lugar”, sostuvo Rafael Aponte Ledée en entrevista con 80grados.
En ese momento, la administración del Conservatorio envío una carta al compositor -firmada por Wilma Colón, directora de la Oficina de Actividades Institucionales, y Luis Hernández Mergal, rector del Conservatorio en ese momento- indicándole que para realizar la construcción de la sede el Conservatorio de Música contó con la aportación de personas y entidades que hicieron posible el mismo.
“A ellos les debemos la concretización de este proyecto. En el caso específico de los espacios de concierto, se contó con una generosa aportación del señor Guillermo L. Martínez, uno de los pocos mecenas del arte en Puerto Rico. Por esa razón, ese complejo de salas de ensayos y conciertos lleva su nombre”.
En la misiva se cita una sección de las normas para el uso y alquiler de las salas y facilidades que requiere que “en toda publicidad que se realice (anuncios, programas, comunicados de prensa, etc.) es requisito incluir el nombre de la sala seguido del nombre del teatro”. Y concluye que el concierto de Ledée no está exento de esa norma.
“Fuimos al tribunal para un injuction pero Martínez no estaba en Puerto Rico y no se pudo citar, la jueza declaró no ha lugar. El rector defendió su posición porque veía amenazada la donación de Guillermo Martínez”, explicó Ledée.
“Tuve tiempo de mover el concierto para el teatro Tapia y esto era lo que se iba a hacer con motivo de mis 75 años. Pero tampoco se hizo en el Teatro Tapia porque increíblemente la gente que iba a tocar se solidarizó con el rector y dijo ‘como tú demandaste a mi rector yo no voy a participar en tu concierto’, todos, excepto la soprano que vino de Alemania que me dijo, ‘si yo viviera en Puerto Rico actuaba igual que tú’. Es un bochorno que un teatro público, una institución pública, tú se lo entregues a un señor para que el señor diga quién puede y quién no puede usarlo”.
Aponte Ledée hizo las denuncias en una conferencia de prensa celebrada en el centro cultural Casa Aboy en Mirarar a la que no asistió ningún otro miembro de la prensa.
“Parece que no están enterados de este contrato de Guillermo Martínez”, comentó el compositor.
¿Quién es Guillermo L. Martínez?
A Guillermo Martínez se le considera un filántropo, incluso “un mecenas para estos tiempos”, según la prensa tradicional, por diversos donativos que ha hecho a instituciones públicas y privadas del arte y la cultura. Incluso fue honrado en el 2012 con el Premio a la Filantropía del Museo de Arte de Puerto Rico, donde Martínez es miembro de la Junta Directiva.
Martínez también es empresario propietario de la compañía de seguridad St. James Security. En el 2012, el Centro de Periodismo Investigativo reveló que esa compañía fue favorecida por el gobierno con contratos de seguridad.
El empresario además es donante del Partido Nuevo Progresista (PNP) y tiene varios contratos con el gobierno a través de GM Group, compañía matriz de diversas empresas dedicadas a la seguridad física y electrónica, a servicios especializados de computadoras, inversiones y bienes raíces de la que Martínez es el principal ejecutivo.
El Conservatorio de Música no es la única estructura que lleva su nombre o incluso el de algún familiar. El “Museo y Centro de Estudios Humanísticos” de la Universidad del Turabo tiene el nombre de la madre de Martínez, Dra. Josefina Camacho, por un donativo de $1 millón que él hizo para la expansión de estructuras en esa Universidad.
Varias llamadas y mensajes dejados en la recepción de la administración del Conservatorio, en la oficina del actual rector, Carlos R. Conde, y en el Departamento de Actividades para obtener reacciones en torno a este caso no fueron devueltas. Los intentos de contactar a Martínez también resultaron infructuosos.