Y realizándose esta profecía, es que la Administración de García Padilla respondió a la demanda de Ada Conde, representada por Lambda Legal, contra el Estado Libre Asociado por el derecho al matrimonio igualitario y contra la infamia inconstitucional que es el Artículo 68 del Código Civil. Bajo las órdenes de sus superiores políticos, el Departamento de Justicia preparó una contestación mediocre basada en tecnicismos, tan mal escrita que si fuese un trabajo de primer año en la Escuela de Derecho, fracasaría en el curso (consejo a mis compañeros que tomaron la reválida: mejor renuncien antes de hacer el ridículo de firmar algo así). Además, el Gobernador justificaría la postura de su Administración, hablando de la supuesta naturaleza religiosa del matrimonio. Y así, la profecía basada en el autodesprecio se cumple actuando en conformidad con el supuesto de que los puertorriqueños somos homófobos, conservadores, fundamentalistas religiosos, machistas, etc. Por ende, para no perder las elecciones, vamos a darle la espalda al mundo y repetir argumentos que ya han sido derrotados a escala masiva en los tribunales federales a lo largo de todo Estados Unidos.
Recuerdo cuando conocí al actual Gobernador. Yo era una muchachita de 19 años que recién se había integrado a la campaña primarista de Obama, él era conocido principalmente por ser el Secretario del DACO bajo la Administración de Acevedo Vilá, y era entonces candidato al Senado de Puerto Rico. No olvido que en aquel momento, hace tan solo seis años, él había expresado su supuesto apoyo por los derechos de la comunidad LGBT, hablando favorablemente del tema.
Cinco años después, como Gobernador, firmaría los remanentes sobrevivientes del P.S. 238 tras el embate que sufrió en la Cámara, junto a la extensión de la Ley 54 a parejas LGBT. No era perfecto, aunque demasiadas partes muy necesarias del proyecto se eliminaron, y se cometieron errores en el camino. Pero por vez primera, el repudio al discrimen laboral por razón de orientación sexual e identidad de género era la política pública del Estado Libre Asociado. Por primera vez en once años, el Estado dijo a las víctimas de violencia doméstica que habían sido abandonadas por el Tribunal Supremo, que sus problemas también valían, que también iban a recibir la protección que merecen bajo la ley.
Pero, ¿después qué? Vino el nombramiento de la Lcda. Oronoz al Supremo, y me alegro mucho por ella y le deseo la mejor de las suertes en nuestro más alto foro estatal, pero el que su orientación sexual sea pública eso no ayuda a la pareja gay que desea adoptar a sus hijos y poder proveerles la estabilidad y derechos que merecen, ni a la persona trans para la cual la diferencia entre poder conseguir un empleo digno o estar en la calle puede ser tan simple como que su identificación refleje su verdadera identidad, ni a los jóvenes que son agredidos y maltratados, víctimas del bullying que es tan epidémico en nuestras escuelas.
Durante más de un año, muchos de nosotros, por distintos caminos y con diferentes métodos, hemos emplazado al Gobierno en torno a diversas áreas de importancia para la comunidad LGBT en Puerto Rico, y en todo momento la contestación ha sido la misma: el apoyo a puerta cerrada pero la inacción pública. Y cuando finalmente esa Administración es emplazada a contestar ante un tribunal federal sobre el tema del matrimonio igualitario, su contestación fue hablar de valores religiosos. Desearía estar equivocada, pero parece ser que el gobierno de turno, tras el embate y la lucha del P.S. 238, sencillamente se cansó. Le cogió miedo al tema, a la controversia, a confrontar las fuerzas de la ignorancia y el mal que representan los que alegan hablar en nombre de Dios. Y así, se cumple inevitablemente la profecía, y le damos la espalda al mundo.
Todos sabemos que sus acciones en esta demanda son inútiles, y que en pocos meses, el Tribunal Supremo de Estados Unidos tomará la apelación de los distintos circuitos que ya se han expresado sobre el tema, y para el verano que viene habrá emitido lo que ya es la crónica de una decisión anunciada, y el matrimonio igualitario será ley en todos los Estados Unidos, incluyendo en Puerto Rico. Con mucha suerte, lo único que la Administración de García Padilla podrá lograr en esta lucha particular, será retrasar la demanda lo suficiente como para que se paralice, pendiente a la decisión del Supremo de EE.UU.
Sin embargo, el problema no radica ahí. Reside en el hecho de que una vez más, se habrá perdido la oportunidad histórica de poder hacer lo correcto, lo justo y lo necesario para avanzar la igualdad de la comunidad LGBT en Puerto Rico, porque la premisa fallida de que Puerto Rico era un país demasiado conservador para hacerlo por su cuenta, o por lo menos para cooperar con el proceso, se habrá realizado. Esa inmovilidad nos debe dar vergüenza como país, pues son muchas las vidas con las que jugamos cuando sencillamente esperamos a que un tribunal federal lo obligue. Seguir ese rumbo es continuar la ruta de la complicidad con cada crimen de odio, con cada acto de discrimen, con cada muerte y vida afectada en Puerto Rico debido a la homofobia y transfobia. Y eso no es aceptable.
