[dc]A[/dc] raíz de las matanzas de primates no humanos, de las especies rhesus y patas, por orden del Gobierno y ejecutadas por el Departamento de Recursos Naturales desde 2007, inicié una investigación sobre la historia de estas especies en Puerto Rico. Rastreando sus orígenes en la Isla, averigüé que los rhesus fueron introducidos a finales de la década de los 30, con fines de establecer en territorio bajo dominio estadounidense un criadero de primates experimentales baratos, para suplir la demanda de la industria biomédica en Estados Unidos. Establecido y fracasado el “scientific monkey business”, pronto pasó a ser administrado bajo jurisdicción de la Universidad de Puerto Rico. Durante la década de los 70 fue creado el Caribbean Primate Research Center (CPRC), del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, que asumiría la responsabilidad formal sobre el negocio en relativa quiebra.
La primera orden de los nuevos gerentes del CPRC fue exterminar cientos de rhesus cautivos en el cayo Santiago, para hacer más llevadera la carga económica de las colonias. Otros cientos fueron sacrificados con el fin de preparar una colección de huesos para “estudios” primatológicos. Hoy, algunos miles permanecen enjaulados y sometidos a experimentaciones invasivas en la antigua base militar de Sabana Seca. Todavía los “excedentes” en cayo Santiago son sacrificados; y cuando les resultan inservibles para experimentos (después de inocularles venenos mortales y someterlos a infinidad de torturas físicas y psicológicas), para evitarles sufrimiento “innecesario”, ordena la ley que sean ejecutados…
Las autoridades regentes me prohibieron acceso a las instalaciones del CPRC. Tras agotar los recursos institucionales, en 2011 radiqué una demanda por derecho propio (y en condición de indigente) ante el Tribunal de Justicia de Puerto Rico, exigiendo acceso e información pertinente a la investigación que realizo. Enfrenté a los representantes legales de la UPR y del CPRC, que fueron contratados como mercenarios corporativos para ejercer la misma función que ejercen los abogados de las grandes mafias que controlan el crimen organizado a expensas de la ley. Valiéndose de artimañas y mentiras, convencieron al Tribunal de Justicia que desestimara mi demanda. En su sentencia, firmada el 30 de marzo de 2012, la jueza se limitó a copiar al pie de la letra las argumentaciones frívolas y falsas de los abogados contratados por la UPR.
El Tribunal de Justicia de Puerto Rico pasó así a convertirse en pieza servil del esquema de encubrimiento corporativo del CPRC, del que la UPR ya había confesado complicidad formal. Por mi parte, la investigación continúa; se multiplican las dudas y la voluntad de saber se acrecienta. Me pregunto, ¿qué será lo que no quieren que sepamos? 
