¿Qué debería incluir esta propuesta puertorriqueña? Por supuesto, daría prioridad a las necesidades de la población de la Isla por encima de los intereses de los bonistas. Por otro lado, indicaría cómo Puerto Rico va a controlar sus gastos de ahora en adelante, por ejemplo, aprobando una Ley de Responsabilidad Fiscal, como sugiere Sergio Marxuach (ENDI, 1 de abril). Incluso debería incluir el tipo de análisis crítico pero objetivo que hace el profesor José Caraballo Cueto, quien señala que el Congreso tiene corresponsabilidad por la deuda, y que una Junta impuesta por el Congreso solo exacerbaría la depresión económica y aumentaría la pobreza (ENDI, 1 de abril).
Tal propuesta puertorriqueña debió prepararse hace tres años o por lo menos cuando el Gobernador anunció que la deuda era impagable en junio pasado. Pero mejor tarde que nunca. Trabajando urgentemente y con transparencia, un junte de representantes de la sociedad civil y política debería confeccionarla. Hay que felicitar al Gobernador por la iniciativa de invitar a los candidatos a la gobernación a reunirse con él y a casi todos ellos por aceptar, puesto que la colaboración patriótica siempre ha brillado por su ausencia. Pero una propuesta de esta envergadura tiene que reflejar a toda la comunidad, no solamente una clase política desacreditada por su dejadez y corrupción. Mientras se va preparando la propuesta, haría falta una marcha multitudinaria en su apoyo y en contra de la Junta, similar a aquella por la paz en Vieques, la cual hizo decir al presidente George Bush: “nuestros vecinos no nos quieren allí”. La unidad es el poder, y aquella marcha fue factor clave en sacar a la Marina. Eduardo Lalo ha escrito que Washington hubiese “contestado el teléfono” y liberado a Oscar López Rivera si los seis candidatos a la gobernación hubiesen hecho su reclamo de libertad juntos en vez de separadamente y luego llevado a cabo una marcha masiva de unidad con sus respectivos seguidores (Claridad, 14-20 de enero).
Pero el Gobernador y Bernier no deberían parar ahí, sino también proponer un plan para resolver el status. No se puede separar la crisis fiscal y económica de la crisis política. El problema del status es la falta de poder, la “deficiencia de democracia” que ha contribuido a esta crisis e imposibilitado salir de ella.
Es evidente que un plan de status adecuado tiene que ser aceptable a todos los sectores y no solo al partido en el poder. Por eso el gobernador y el presidente del PPD deberían incluir a los demás candidatos a la gobernación en cualquier determinación de quejarse a las Naciones Unidas, por ejemplo en el caso de que el Tribunal Supremo fallara que el ELA no tiene la misma soberanía de doble exposición que los estados.
En todo caso, finalmente es a Washington a donde hay que dirigirse. Me imagino que entre los elementos del plan de status, cada agrupación plantearía su definición preferida, por ejemplo: la estadidad (¿con autonomía deportiva?); la independencia (¿con transición económica?); la república asociada (¿con ciudadanía?), el ELA (¿con poderes adicionales precisados?). Se emplazaría a Washington para que se pronunciara sobre el plan y sus definiciones; así se iniciaría el diálogo iluminador que nunca se ha dado.
Como suele decir mi vecino, Rafael Cancel Miranda, se llega más pronto a la meta de pie que de rodillas.
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