[dc]A[/dc]ristóteles fue, quizás, el pensador de su época que mejor definió la naturaleza de la tiranía política al señalar que los sistemas democráticos también adoptan formas arbitrarias y déspotas de gobernar, contrarias al interés público. Decía, entonces, que la tiranía es “una clase general de regímenes extremadamente malos que niegan los bienes básicos que puede ofrecer la vida política”.
Nada más cerca de nuestra realidad. De pulular entre nosotros, de seguro el filósofo griego estaría en este instante denunciando el recién aprobado Código Penal por cercenarnos, entre otras cosas, nuestra libertad de expresión al convertir en delito las protestas, manifestaciones pacíficas y marchas que se realicen contra las agencias del gobierno, con énfasis en aquellas que tienen lugar en centros educativos, entiéndase escuelas y universidades, así como en centros hospitalarios.
La pena será más severa si los manifestantes, a juzgar por esta ley, utilizan máscaras y disfraces en sus protestas acentuando el menoscabo legislativo al arte y la creatividad como mecanismo de expresión.
Desde la dimensión de lo tiránicamente absurdo, las disposiciones de este Código también tipifican como delito cualquier acción que interrumpa o distraiga los trabajos de la “honorable” asamblea legislativa, incluyendo las municipales.
Peor aún. Si el gobernador Luis Fortuño firma esta la ley quedarán marcados como delitos algunas acciones que transcurren en el espacio de nuestra muy preciada intimidad, como decidir con quién nos relacionamos.
Y ni hablar de la condena al aborto, a pesar de la jurisprudencia que ya ha establecido sobre este asunto el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Sumémosle, además, que para la mayoría de los acciones tipificadas como delitos en el actual Código Penal hay, bajo esta nueva ley, un aumento en sus condenas.
Este despliegue de tiranía se aprobó poco antes de concluir la última sesión legislativa, de madrugada, a la trágala, cual “ladrón en la noche”, tal y como estamos acostumbrados a ver actuar a los habitantes del Capitolio.
No es poca cosa lo que se ha aprobado. Es un asunto grave, por lo que nos perturba el ensordecedor silencio que nos cobija. En cualquier país ya se hubiera producido la mar de manifestaciones para advertir al Gobernador de las consecuencias políticas que tendrá que acarear si decide estampar su firma en esa inicua ley.
Para quien no se ha percatado aún, se trata, sin lugar a dudas, de la oficialización de un estado de sitio, como bien ha manifestado José Rivera Santana, candidato a representante por acumulación del Movimiento Unión Soberanista (MUS).
Hay que recordar, como señaló esta semana la dirigencia del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), que “el derecho al voto de las mujeres, la ruptura del viejo modelo de segregación racial en Estados Unidos y tantos otros derechos que hoy no se cuestionarían comenzaron a retarse en estos espacios (las instalaciones gubernamentales) para lograr revertir la legislación racista, machista y criminal”.
Es hora de actuar. El liderato del PPT ha sido el único, hasta el momento, que ha advertido que retará en la calle el despotismo gubernamental que se esconde tras este Código. ¿Dónde están los demás?
Del pepedé no podemos esperar nada más lejos que una simple expresión pública, y de algunos de sus miembros. Ellos, además, están en récord al defender en el pasado, a brazo partido, la ilegalidad de la huelga para nuestros empleados públicos.
Nos están lanzando a un abismo constitucional y no lo podemos permitir. Hoy, más que nunca, evoco a Víctor Hugo: “La luz del día se funde con la sombra y la oscuridad entra en sus corazones; y en medio de esta oscuridad el hombre se aprovecha de la debilidad de (los ciudadanos) y los fuerza a la ignominia. Luego de esto cabe todo el horror. (Los legisladores) parecen totalmente depravados, corruptos, viles y odiosos. Ellos son Los miserables”.
* Publicado originalmente en El Vocero, reproducido aquí con autorización del autor.
