Derecho a protestar contra la PROMESA estadounidense y su junta imperial
Pedro A. Padilla Torres
Publicado: 23 de septiembre de 2016
foto por Eli Jacobs-Fantauzzi
Aunque en Puerto Rico hay tantos abusos que me indigno casi a diario y lo que en esa mañana ocurrió no es lo peor que ha pasado en este país por causa de la represión, me indigné mucho cuando presencié cómo decenas de personas, entre ellas hombres y mujeres de la tercera edad que se colocaron en la línea de protesta y resistencia, fueron vilmente atacadas por los abusadores de la Fuerza de Choque y seriamente afectadas por la nociva sustancia conocida como “pepper spray”. No obstante sus químicos, armas largas, cascos y escudos, los manifestantes detuvimos una embestida policiaca que tenía el muy claro y mal intencionado objetivo de provocar la confrontación física, pues ya era mediodía y estábamos a punto de declarar el éxito de la protesta/resistencia y marcharnos del lugar. Hubo forcejeos, empujones, macanazos, pimienta química y hasta una pedrada, pero nadie dio un paso atrás hasta que la Fuerza de Choque recibió la orden de replegarse. Lo que no ocurre las veces que me gustaría, la solidaridad entre los que allí estábamos y el muro humano de dignidad y decencia que construimos pudo más que la fuerza bruta con la que se pretendió (y se pretenderá) silenciar y abatir el muy justo reclamo de que los EE.UU. no nos gobierne sin nuestro consentimiento, como marionetas de su recién constituida junta imperial (reclamo muy justo aún en el caso que sean más los puertorriqueños que aceptan la antidemocrática junta imperial sin que tan siquiera se les sonroje la cara de vergüenza y celebren conferencias para, qué se yo, estudiarla, explicarla, discutirla, en lugar de valientemente combatirla. Imperfecciones de la democracia, supongo).
Cuando los manifestantes nos convencimos de que la “conferencia” había fracasado, se declaró alcanzado el objetivo y nos marchamos por el mismo medio del puente Dos Hermanos con la frente muy en alto porque ganamos esta batalla. Fue un gran día para quienes estamos dispuestos y tenemos toda la intención de darnos a respetar sin importar que nuestro enemigo sea la nación más poderosa del planeta y una buena parte de nuestros “compatriotas” sean sus cómplices.
A esta protesta le siguieron otras contra el periódico El Nuevo Día y la cadena de megatiendas Walmart. Vistos sus objetivos, muy exitosas también, por cierto. En estas ocasiones, por un lado, se protestaba contra el periódico más poderoso del país, no por simplemente aceptar, si no abiertamente apoyar la contrallá junta. Un periódico que bajo el manto de su derecho a la libertad de expresión y prensa ha manipulado la opinión pública a su antojo para proteger sus intereses, posiciones políticas y las fortunas y privilegios de sus dueños, la acaudalada familia Ferré Rangel. También se protestó, por otro lado, contra una depredadora empresa estadounidense que, por más que nos quiere hacer creer que son los más nobles benefactores de Puerto Rico, son unos malhechores que han destruido el comercio autóctono con sus muy conocidas, injustas y anticompetitivas prácticas de negocio (véase mí artículo de opinión en 80grados intitulado Walmart go home!). A cambio de unos alegados 14,000 empleos, mal pagos y sin beneficios marginales apreciables (¿o algunos de ustedes cree que se le puede ofrecer una vida decente a una familia con lo que estos esclavistas modernos pagan?), nuestros políticos y gobernantes le han obsequiado a Walmart una serie de incentivos económicos y exenciones contributivas que le cuestan al fisco decenas de millones de dólares para que la familia Walton y sus otros accionistas y oficiales corporativos de alto nivel sigan haciéndose más y más ricos, mientras que el país en el cual viven sus “empleados” sufre carencias de bienes y servicios básicos y vive una angustiosa incertidumbre sobre su futuro. ¿A usted no le indigna ni le provoca protestar contra la manipulación y jaibería de El Nuevo Día o la injusticia económica que encarnan los negocios de Walmart en Puerto Rico?
Ojalá que estos tres recientes ejemplos -porque durante nuestra historia como pueblo han surgido muchos otros justos reclamos que se han valido de la protesta y la resistencia para derrotar iniquidades- sean solo el comienzo de un movimiento político y social más amplio contra la tiranía del imperio yanqui, la incompetente y pusilánime clase política boricua y demasiados empresarios inescrupulosos que colocan sus intereses, fortunas y privilegios por encima del bienestar colectivo. Hay que, de una vez y por todas, subvertir una situación política y un sistema económico desiguales, injustos, indignos e inmorales, por lo tanto, no me cabe duda, inaceptables.
Reconozco, sin embargo y desgraciadamente, que una buena parte de mis “compatriotas” piensan que quienes protestan y resisten contra la opresión política y económica son ingenuos idealistas de izquierda o una partida de delincuentes que deberían estar presos porque les violan a buenos, callados e inofensivos ciudadanos unos derechos que, según lo que a mí me parece un mal juicio, son más importantes. Como cuando el ex gobernador Luis Fortuño criminalizó las protestas y resistencias contra proyectos de obras públicas (como el gasoducto del norte) y privadas (como Paseo Caribe), como si en Puerto Rico muchas de esas obras no se construyeran ilegalmente mediante permisos obtenidos de manera fraudulenta a fuerza de mollero económico y político sin importar la opinión de las comunidades más afectadas, ni su impacto en el ambiente o los recursos naturales.
A propósito de la protesta contra la ley PROMESA, el actual gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla (quien, aunque está de salida, como buena parte del “liderato” político del país, entiende que debemos aceptar la junta imperial y trabajar con ella sin protestar porque ya el americano del Norte habló), advirtió a quienes protestamos y resistimos una ley claramente antidemocrática, injusta e indigna, que nuestros derechos terminan donde comienzan los de otros.
Para colmo de males, los medios de comunicación y las redes sociales han sido tomados por los habituales periodistas, comentaristas, analistas y otros pintorescos personajes de nuestro folclor mediático y político para, bajo la lógica de los Fortuño y García Padilla de la vida, condenar que unos pocos locos rebeldes y pelús -me imagino que para ellos, sin causa- hayan impedido que unos cuantos nobles empresarios asistieran a una conferencia por la cual pagaron algunos cientos de dólares con el objetivo de orientarse sobre cómo los afecta y pueden proteger sus intereses, fortunas y privilegios ante la llegada de la ley PROMESA y su junta imperial.
¿No les parecen muy livianas y pobres semejantes maneras de plantear las dimensiones políticas y jurídicas de la protesta y la resistencia contra las injusticias?
Claro que sería extraordinario e ideal un mundo sin conflictos y en paz duradera, y que los cambios sociales o políticos ocurran sin controversias, inconvenientes y mucho menos violencia. Sin embargo, como bien nos advirtió José Martí: “Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan”.
¿O cómo creen ustedes que se alcanzaron la abolición de la esclavitud clásica y la segregación racial formal, o los derechos hasta ahora alcanzados por los negros, las mujeres, las comunidad LGBTTQ y otras minorías discriminadas o marginadas, o los derechos laborales, o la liberación de los pueblos americanos del yugo imperial europeo (por ejemplo, irónica y paradójicamente, la liberación de las trece colonias inglesas de Norteamérica de la opresión del imperio británico, no a través de una mera protesta o resistencia, sino mediante una revolución armada violenta)? ¿Se alcanzaron enviando una solicitud para la reparación de agravios al opresor y esperando muy cómodos en un sillón que fuera atendida y concedida? No, señoras y señores. Todas esas reivindicaciones se alcanzaron gracias a la protesta, la resistencia y, en algunos casos, la sangre y la vida de oprimidos y opresores. La mayoría de las veces, el precio de la libertad (y otros derechos) es bien alto. Solo quienes están dispuestos a pagarlo serán hombres y mujeres libres (para disfrutarlos).
Los críticos de la protesta y la resistencia parece que están ajenos, además, a la obra y pensamiento jurídico del profesor argentino de Derecho Constitucional, Roberto Gargarella (y otros tantos que antes o después de él han formulado planteamientos muy similares, pero que en este artículo no los cito o discuto por limitaciones de espacio y tiempo). Este no es el lugar para hacer una disertación académica sobre lo que tal obra y pensamiento abarcan, y que me disculpe el también sociólogo si de alguna manera malentiendo su pensamiento jurídico o político sobre este asunto, pero para comprender y actuar frente a la encrucijada en la que nos encontramos los puertorriqueños, me parece oportuno y necesario formular unos breves apuntes sobre lo que él propone en torno al derecho a la protesta.
En primer término, el profesor Gargarella está convencido que, en una Democracia Constitucional, el derecho a protestar es el primer derecho. Ello así, porque el mismo nos permite alcanzar, proteger y conservar otros muy importantes derechos. O sea, el derecho a protestar cobra una muy particular preeminencia sobre cualquier otro, pues sin aquel los demás derechos estarían en precario, dado a que no contaríamos con una manera efectiva de que se nos reconozcan y hacerlos valer cuando el Estado (lo que incluye al poder judicial, que creemos el garante de nuestros derechos; ¿o es que los jueces no pueden ser también agentes del Estado opresor?) o las mayorías nos priven de derechos o cometan injusticias.
El profesor Gargarella también opina que el derecho a la protesta no debe ceder ante el inocuo argumento que sostiene que los derechos de uno terminan cuando empiezan los del otro. En una entrevista para el periódico El País el 15 de agosto de 2005, explica que tal argumento es:
“…tan común como vacío, y es alarmante que la Justicia recurra a él [yo añado que también es alarmante que lo utilicen políticos y gobernantes]. Uno se pregunta si carece[n] de argumentos o está[n] manipulando el derecho. Es que se trata de una declaración frente a la cual todos estamos de acuerdo porque no significa nada. Los choques de derechos se dan todo el tiempo, y lo que interesa es definir qué hacer cuando se produce esa colisión. Lo que han hecho muchos jueces es utilizar ese argumento para desplazar el derecho que no les gusta sin decir por qué lo hacen. Se desplazan, así, los derechos sociales que la Constitución garantiza, el derecho a la crítica, a la protesta o a peticionar ante las autoridades. No basta con decir ‘aquí se ha tocado mi derecho al libre tránsito’ o ‘aquí está mi derecho a la propiedad’. Frente a un choque de derechos, los jueces deben decir cuáles van a proteger primero, de qué modo, hasta qué punto y por qué razones. Si no, lo suyo se convierte en una declaración dogmática, en pura ideología”.
Además, el intelectual argentino no cree que deba suprimirse la protesta por la posibilidad que durante el ejercicio de ese derecho se cometa algún acto violento. En todo caso, si la violencia de algunos no puede ser prevenida por las autoridades, se deben atender actos violentos reprochables de manera particularizada y ejerciendo la coerción estrictamente necesaria para pacificar la situación. No obstante, nunca debería usarse la posibilidad de violencia como subterfugio para acallar la voz o someter a la obediencia el cuerpo de quienes critican, protestan, resisten.
Por último, en cuanto al rol de los tribunales ante el choque del derecho a la protesta contra otros derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, es particularmente importante señalar que el profesor Gargarella sugiere a los jueces que su deber primordial es garantizar el derecho de los más débiles y con menos recursos y acceso al poder político o económico a levantar con fuerza su queja ante lo que entienden es un abuso o la privación de sus derechos.
Examinados estos valores o principios políticos o jurídicos, ¿hacia dónde debe inclinarse la balanza de la justicia cuando el derecho político de los puertorriqueños a gobernarnos (derecho reconocido por el Derecho Internacional) y el derecho a protestar y resistir cuando creamos que tal derecho político ha sido violado, sin pudor alguno, por un gobierno tan despiadado y pernicioso como el de los EE.UU., chocan contra el derecho a asociarse o expresarse, o a la propiedad privada, o el derecho que se les ocurra alegar a quienes apoyan o aceptan la junta imperial sin problema alguno, repito, para proteger sus intereses, fortunas o privilegios? Creo que saben cuál es mi contestación. Mi sugerencia sigue siendo que lean, estudien, reflexionen y, finalmente, se contesten ustedes mismos tan trascendental interrogante para el futuro de Puerto Rico.
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