Desastrosa comunicación de emergencia
De inmediato le envié por correo una caja de suministros, entre los que había botellas del escaso gas, pero alguien en el camino entendió que su necesidad era mayor a la de mi madre y la caja “se extravió”. Ella esperaba ese paquete con mucha ilusión y la certeza de poder rendir lo más posible el contenido de ese paquete. No tenía acceso a los suministros que el gobierno ofrecía a las personas refugiadas y, aún viéndose carente, como no era refugiada no sabía dónde podía reclamarlos.
En ese momento de desastre la comunicación oficial del gobierno fue precisamente eso, un desastre. Los parchos, mentiras y encubrimiento de datos han sido la orden en cuanto a comunicación pública, la administración Rosselló II-Vázquez ha marcado la pauta de una irresponsable noción de servicio público y gobernanza. Mi madre no era la única que no sabía dónde reclamar ayuda. Las ayudas tampoco llegaban a personas con más daños y necesidades que ella. Los suministros estaban perdidos, pero siguen apareciendo casuales confidencias o en el caso del almacén recién hallado en Ponce, por acción de ciudadanos.
A dos semanas de un fenómeno natural de relativa menor escala que el huracán María, pero catastrófico igual, porque miles perdieron sus hogares y se han debilitado estructuras construidas en múltiples municipios del País a raíz de sismos, vuelve a evidenciarse el desastre no natural en el manejo de comunicación gubernamental y la inhabilidad de liderar con rapidez, calma y transparencia ante una situación de emergencia. La información no fluye más allá de pocas visitas a Guánica y pueblos limítrofes, avisadas por altavoces en los refugios que luego son registradas en despliegues mediáticos exagerados donde vemos un séquito de servidores públicos jugando a ser expertos en revisión de grietas mientras en conferencias de prensa se redunda con informes de pobre calidad y contenido sobre la situación del País y los damnificados.
¿Por qué es la ciudadanía la que primero llega a descubrir suministros? ¿Por qué enterarnos a cuenta gotas de la presencia de uno de al menos siete almacenes alquilados por miles de dólares mensuales para guardar suministros para quién sabe quién? ¿Por qué nadie en el gobierno local, federal, o la prensa misma le dio seguimiento a la investigación que la exsecretaria del Departamento de Justicia, actual gobernadora por default, estaba a cargo de hacer y divulgar sobre los suministros? ¿Por qué la conferencia de prensa sobre el escándalo de los suministros almacenados en Ponce desde el huracán María nos llega casi 24 horas después de que el hallazgo se hiciera público?
Un desastre se suma a otro desastre y muchos más que vemos cada hora en las decisiones y comunicaciones gubernamentales. En lugar de dar explicaciones de primera mano como responsable de la investigación sobre suministros costeados con fondos federales, las únicas acciones que vemos de la Gobernadora son solicitudes de renuncia a secretarios de agencias y otros “palos a ciegas” para desviar la opinión pública. ¿Acaso no es ella quien debería renunciar? Pregunta seria.
Habrá quién piense que soy ingenua al exigir acción gubernamental, cuando el gobierno ha demostrado ser mina de corrupción institucionalizada. Pero no podremos eximir al gobierno de sus responsabilidades inleudibles. Esta no es una anarquía. El gobierno tiene responsabilidades y, a pesar de que en Puerto Rico prácticamente el gobierno cedió entero ante la presión e intereses privados, sigue siendo elegido por una mayoría que cree en procesos democráticos y que, luego de provocar la dimisión de un gobernador en el Verano de 2019, tiene una cultura política distinta.
Los planes de emergencias que tanto tiempo toman en diseñarse no pueden ser objeto de vaivenes políticos ni ficha de juego en tiempo de veda electoral. Los planes de emergencia están ahí, listos hace años y no han sido puestos en práctica adecuadamente en el tiempo post María ni ahora con los temblores. Estos planes incluyen procedimientos para divulgar información rápida, atinada y a veces son tan específicos que hasta indican los medios de divulgación a utilizarse en cada tipo de emergencia con el fin de alcanzar al mayor número de personas.
En cambio, los oficiales de prensa de los municipios, agencias y corporaciones públicas a veces son inaccesibles. Los comunicados y las conferencias de prensa llegan a destiempo o se canalizan en medios particulares en vez de hacerse accesible a todos los medios de comunicación. Por ejemplo, ¿por qué la Gobernadora habló primero en WKAQ-AM a más de dos horas del sismo del 7 de enero en vez de hablarle al pueblo en general desde La Fortaleza mucho más temprano para que mantuviera la calma ante un evento natural desconocido para estas generaciones? Por el contrario, alimentaron la ansiedad colectiva con respuestas lentas. Pasa una semana, pasan dos y aún no hay informes específicos de evaluación de edificios públicos y condiciones o necesidades reales de los damnificados. La información entre agencias y corporaciones públicas y el gobierno central es confusa y a veces contradictoria. Regresaremos a trabajar esta semana con el corazón en la mano porque no sabemos si estamos seguros en nuestros lugares de trabajo o estudio en caso de movimientos de tierra. Peor aún, volveremos frustrados y agitados porque supimos, justo al final de las navidades más largas del mundo, que nuestro gobierno sigue mintiéndonos.
El gobierno tuvo más dos años para evaluar y enmendar las fallas garrafales en el manejo de comunicación de emergencia luego del huracán María. Ahora es muy tarde para ablandar granos y formular estrategias de comunicación creíbles en las que el gobierno luzca organizado y en dominio de sus propias labores y responsabilidades. Los sismos pudieron representar un “respiro” para la imagen pública de la Gobernadora y sus funcionarios heredados de la administración Rosselló II. Sin embargo, sacaron a la superficie los persistentes problemas sociales que acarrean nuestra sociedad: pobreza, abandono de nuestros ancianos, falta de inspección debida y permisos de construcción, falta de organización en refugios para atender las necesidades de la ciudadanía por orden de prioridad, corrupción gubernamental y, sobre todo, falta de agilidad en la difusión de información oficial y transparencia en la comunicación pública, entre otras debilidades sobre las que –en casos de emergencia– dependen vidas.
Ahora, ¿quién podrá ayudarlos cuando las consignas en las protestas gritan “Wanda está escondiendo suministros del País” y ya han empezado a tildarlos de “genocidas” o “asesinos” en las redes sociales? Se enfrentan a un Puerto Rico distinto, a una crisis de gobernabilidad producto del desastre que el propio gobierno ha comunicado, especialmente en situaciones de emergencia.